Autor: Megafincas

Mediante Resolución de 18 de diciembre de 2019, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), se convocaron ayudas del Plan Renove de Ventanas 2020, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana, y se convoca asimismo la adhesión de comercios y empresas instaladoras (DOGV núm.: 8717, de 15 de enero de 2020).

En el artículo 9 de la citada convocatoria de ayudas, se establece el plazo de presentación de las solicitudes, comenzando éste el 30 de enero de 2020 y finalizando el 18 de junio de 2020, y en su artículo 11, donde se detalla toda la documentación a presentar por el comercio o empresa instaladora, se establece como plazo máximo para su entrega el 30 de julio de 2020.

Como consecuencia de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, la actividad económica se ha visto afectada en tanto el Real Decreto incluye, entre otras materias, limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos que ello supone para trabajadores, empresas y para la ciudadanía en general.

Con el fin de dar las máximas facilidades para la ejecución de los proyectos y responder a las necesidades derivadas de la prolongación de la situación excepcional de alarma, el Área de Eficiencia Energética del IVACE, mediante informe de fecha 29 de mayo de 2020, ha propuesto ampliar la fecha límite de presentación de la documentación relativa a las solicitudes presentadas, inicialmente prevista para el día 30 de julio de 2020; en su lugar se ha propuesto una fecha que se considera suficientemente amplia para la correcta realización de la actuación subvencionada y al mismo tiempo para su justificación de manera adecuada, en coherencia con los plazos de presentación de solicitudes que fueron afectados por la suspensión de términos y plazos establecida en la Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020.

En virtud de lo que antecede, y de conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 4 del Decreto 4/2013, de 4 de enero del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, y de acuerdo a la Orden 3/2017, de 3 de febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del IVACE, dirigidas al ahorro y eficiencia energética en el sector doméstico, resuelvo:

Primero

1. Ampliar la fecha límite de entrega de la documentación correspondiente a las solicitudes presentadas en el marco de la Resolución de 18 de diciembre de 2019, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocaron ayudas del Plan Renove de Ventanas 2020, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana, hasta el 30 de septiembre de 2020.

2. De acuerdo a lo establecido en el apartado anterior, queda modificado el artículo 11, apartado 2, de la Resolución de 18 de diciembre de 2019, que queda redactado como sigue:

«El plazo máximo para entregar toda la documentación especificada en los apartados e), f), g), h), i), j) y k) de este artículo será el 30 de septiembre de 2020. »

Segundo

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución no podrá interponerse recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

València, 1 de junio de 2020.– El presidente del IVACE: Rafael Climent González.

inmodiario.com

Personio señala cinco claves para que proceso de incorporación de un trabajador se pueda hacer de forma totalmente remota con éxito.

La tecnología es fundamental para la continuidad y mejora de los negocios en esta etapa de nueva normalidad en la que las empresas necesitan digitalizar sus procesos más que nunca.

La compañía, con sede central en Alemania, tiene experiencia propia puesto que ha utilizado este sistema en todas sus sedes europeas durante la pandemia del COVID-19.

Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los departamentos de Recursos Humanos ante la nueva normalidad es abordar con éxito la incorporación de nuevos empleados de manera remota, tras la crisis del COVID-19. Personio, plataforma en la nube de Recursos Humanos, aporta las claves principales para que el tándem trabajador-empresa siga funcionando en las nuevas circunstancias que nos acompañan. En este contexto, los profesionales de recursos humanos deben centrarse más que nunca en sus empleados, pero para ello deben ahorrar tiempo en las tareas administrativas, que suelen ocupar un 42% del día según un estudio realizado por la empresa en 2019. De esta forma ¿Es posible hacer procesos de incorporación cálidos y a la vez eficaces? Sin duda es un panorama completamente nuevo para el que hay que buscar herramientas que faciliten el trabajo.

Los primeros días de trabajo son muy importantes para todo nuevo empleado y suelen caracterizarse por cierta incertidumbre y nerviosismo. Pasar a formar parte de un equipo desde casa puede generar que el sentimiento de pertenencia sea uno de los mayores desafíos, ya que no podrá conocer personalmente el lugar de trabajo, ni a sus compañeros. ¿Qué puedes hacer? Facilitar su incorporación con un proceso en remoto bien estructurado. Desde las oficinas de Alemania, Personio ya ha testeado con su propio personal un método eficaz de «remote onboarding» que se basa en las siguientes líneas estratégicas:

1.Comunicación: para muchos empleados tener que trabajar desde casa debido a las limitaciones de movilidad actuales puede ser una situación tensa. Por eso con el fin de aliviar sus temores es importante que el equipo de RR. HH. mantenga un estrecho contacto con los nuevos trabajadores y les informe abiertamente de la situación. Para evitar que se preocupen, lo ideal es anticiparse. Por ejemplo, el gerente o el responsable de RR.HH. puede enviar un correo electrónico o un breve vídeo respondiendo a las preguntas más importantes y dando la bienvenida a los recién llegados a la empresa.

2.Configurar de antemano los equipos: para no abrumar al nuevo integrante lo ideal es que reciban los portátiles con todo el software y las herramientas necesarias (incluida la VPN) ya instalados, dado que desde casa será más complejo pedir ayuda al departamento informático de la empresa.

3.Organizar sesiones de formación: pregunta siempre al nuevo empleado, antes del primer día, si conoce las herramientas de reunión y chat más comunes como Google Hangouts, Zoom y Slack. Organiza formaciones antes de que empiecen a trabajar para que todos puedan participar en las reuniones virtuales de presentación o elabora guías rápidas con las principales funciones de cada herramienta. No todos cuentan con estos conocimientos.

4.Ofrecer una incorporación personalizada: se debe promover el intercambio de información entre RR.HH., los gerentes y los nuevos compañeros tan a menudo como sea posible. Hay que tener en cuenta que las presentaciones que antes se realizaban en persona, ahora se hacen a través de un portátil. Por ello, es recomendable fomentar el contacto con el equipo ya sea a través de cafés, almuerzos o cervezas virtuales. Herramientas como Wellbeing Warrior también pueden contribuir a promover el contacto entre departamentos. Esta herramienta te sugiere compañeros de forma aleatoria con los que podrás tomarte un descanso o almuerzo virtual. Recuerda que la comunicación no solo es importante para calmar las preocupaciones y temores del principio.

5.Designar a un mentor para mantener la cercanía: Personio cuenta con un programa de mentores, tanto en la distancia como de forma presencial, para dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones. A cada nuevo empleado se le asigna un mentor que le ayudará durante la incorporación y pondrá a su disposición todos sus consejos, experiencia y habilidades. En el contexto actual, trabajando desde casa, esta figura adquiere aún más importancia. No se trata únicamente de un compañero emocional, sino que también será el encargado de presentar al resto de equipos y dar a conocer la cultura de la empresa.

«Este método ya ha sido aplicado con éxito en Alemania y ha demostrado cómo funcionarán los procesos en las próximas semanas, e incluso meses. Es clave explicar todo el proceso de onboarding en profundidad al nuevo empleado y para ello, hay que proporcionar toda la información posible por escrito para no abrumar al nuevo compañero y brindar herramientas de videollamada para establecer proximidad y calidez humana», sostiene Angelina Gentili, jefa de Equipo de RR.HH. y Adquisición de Talento de Personio España.

La crisis mundial provocada por el COVID-19 ha marcado un antes y un después en nuestros entornos laborales y ha planteado un nuevo escenario donde la digitalización es un pilar fundamental, no sólo para la continuidad y competitividad de las compañías, sino para algo mucho más importante: poder garantizar el bienestar y la seguridad de sus trabajadores.

Hoy en día podemos decir que hemos aprendido que estar preparados es la mejor forma de mitigar el golpe. Por eso es un buen momento para evaluar y valorar qué herramientas nos harán falta en un futuro cercano -y de difícil pronóstico- para tener todos los elementos posibles a nuestro favor. Contar con la tecnología adecuada ante la nueva normalidad es una apuesta segura y firme por la continuidad y la mejora de los negocios.

valenciaplaza.com

ULTIMA UN DECRETO PARA REGULAR LOS DERECHOS DEL TANTEO Y RETRACTO Y AMPLIAR EL PARQUE PÚBLICO

La situación de vulnerabilidad de muchas familias se agudiza con la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Y el mercado de la vivienda será uno de los más perjudicados. Las situaciones de desempleo y de merma de ingresos complicarán a muchos valencianos el pago de hipotecas o el alquiler. Un problema al que se le quiere poner solución desde la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige Rubén Martínez Dalmau que ultima un decreto para dar respuesta a la emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana con la ampliación del parque público de vivienda a través del derecho de adquisición preferente de la Administración.

Para ello, el texto que prepara la Conselleria da un nuevo impulso al tanteo y retracto ejercidos por la Administración, dos derechos de adquisición preferente que permiten a la Generalitat, en determinados casos, quedarse una vivienda cuando se va a proceder a su venta -tanteo- o después de que se haya vendido -retracto-. Este derecho ya estaba regulado desde 2004 para las viviendas de protección pública, cualquiera que fuera su método de transmisión.

Ahora se regula el mismo derecho para las viviendas transmitidas en ejecución hipotecaria o venta extrajudicial en sede notarial y para las transmitidas mediante dación en pago de deuda con garantía hipotecaria, cuyos adquirientes son principalmente las entidades financieras.

Con todo, la novedad más relevante para el sector inmobiliario es que, a partir de la entrada en vigor del decreto, la Generalitat podrá quedarse edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados. La idea del departamento que dirige Martínez Dalmau no es inmiscuirse en cada operación inmobiliaria sino en grandes operaciones en las que participen fondos de inversión, aunque el proyecto de decreto no hace ninguna alusión a las características del comprador o vendedor.

Concretamente, la Administración valenciana podrá ejercer el derecho de adquisición preferente y retracto en «las transmisiones de edificios con un mínimo de cinco viviendas, que constituya su destino principal, cuando se transmita un porcentaje igual o superior al 80% de dicho edificio», así como «en operaciones de venta referidas a diez o más viviendas y sus anejos». En ambos casos, podrá hacerlo tanto si es una venta directa como si se hace mediante la venta de acciones o participaciones en mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con la actividad inmobiliaria.

En casi todos los municipios

Estos derechos, excepto cuando son sobre vivienda protegida, tienen dos limitaciones para la Generalitat. Por un lado, la colisión con otros derechos de tanteo o retracto que estuvieran reconocidos a su favor. Y por otro, una limitación territorial que vendrá fijada en un Catálogo de Áreas de Necesidad de la Vivienda que se elaborará antes de seis meses desde que entre en vigor el decreto y que fijará las zonas en las que la administración valenciana no dispone de medios suficientes para satisfacer la necesidad de vivienda. «De esta forma se garantiza que la intervención es la mínima e imprescindible», explican a Valencia Plaza fuentes de la Conselleria.

No obstante, desde que entre en vigor el decreto y hasta que se apruebe el Catálogo se considerará ‘zona de necesidad’ los municipios beneficiarios de la línea del Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento y los incluidos en el Informe de Necesidad de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2020 realizado por el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana. Según ha podido comprobar este periódico y como se puede ver en el mapa, son la mayoría, incluidas las tres capitales de provincia, Elche y casi toda la costa.

El objetivo, según las mismas fuentes, es utilizar esta fórmula, «muy recurrente en capitales europeas como Berlín, Viena o Paris», para ampliar el parque público. Pero, además, en este nuevo escenario se quiere hacer partícipes a los ayuntamientos para que puedan ir incorporando vivienda a sus parques municipales o, incluso, crearlos desde cero. «No tiene sentido que la Generalitat se ocupe de si se ha roto un grifo en un piso en Aspe o si hay que pintar una pared en Vinaròs. Lo que tiene sentido es que las competencias logísticas a la hora de gestionar el parque público vayan poco a poco pasando a ser municipales. Poco a poco tenemos que ir involucrando a los ayuntamientos en garantizar el derecho a la vivienda», subrayaba Dalmau en una entrevista con Valencia Plaza. 

El decreto, todavía pendiente de los informes favorables de la Abogacía de la Generalitat y que el Consell espera aprobar la próxima semana, se ampara en la Ley de Arrendamientos Urbanos cuya modificación en su artículo 25.7 en marzo de 2019 abría la puerta a las Comunidades Autónomas a regular el derecho de tanteo y retracto en la compraventa de edificios.

El precio de adquisición por parte de la Generalitat será el que estuviera fijado para la compraventa o el que se pagó en el caso de los retractos. Este será probablemente el principal obstáculo para Administración autonómica, que tendrá que pagar precios de mercado para ejercer el tanteo, mucho más altos que el que supone la promoción de vivienda pública. En el caso de las subastas judiciales o venta extrajudicial en sede notarial, el precio será también aquel por el que se haya adjudicado el inmueble.

Vivienda protegida «permanente»

Otra de las novedades del decreto de la Conselleria es la calificación de los inmuebles. Y es que, a partir de la aprobación de la norma, todas las viviendas adquiridas a través de estos mecanismos serán viviendas protegidas permanentes. «De esta forma no se van a descalificar con el transcurso de los años, sino que serán vivienda pública para siempre porque hemos detectado que todas las políticas de vivienda de los últimos años han supuesto una cantidad ingente de recursos públicos y, sin embargo, a día de hoy estamos en la casilla de salida porque no hay vivienda pública», inciden desde este departamento.

La futura norma valenciana recuerda que están sujetas a los derechos de tanteo y retracto legal en favor de la Generalitat las viviendas de promoción pública o bajo cualquier régimen de protección pública en segundas y sucesivas transmisiones inter vivos, gratuitas u onerosas, voluntarias o derivadas de un procedimiento de ejecución patrimonial. Quedarán excluidas las transmisiones gratuitas a favor de descendientes, ascendentes o cónyuge o pareja de hecho, salvo que la vivienda no vaya a ser destinada a residencial habitual o permanente del nuevo titular.

Los propietarios de estos inmuebles protegidos deberán notificar a la Generalitat, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, la decisión de enajenarlos, especificando, el precio y forma de pago proyectados, las condiciones esenciales de la transmisión, así como los datos del interesado en la adquisición, con referencia expresa al cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la vivienda. En 60 días la Generalitat deberá mostrar su interés. El precio en ningún caso podrá superar el precio máximo legalmente establecido en los casos de vivienda protegida.

Colaboración municipal

El decreto prevé también diversos mecanismos para que aquellos municipios que lo deseen puedan ejercer los derechos de adquisición preferente y retracto o bien pedir a la Generalitat que los ejercite a su favor en caso de no tener posibilidad de llevar a cabo la tramitación administrativa. En estos casos, la administración local será la que asuma el gasto.

Otra novedad incluida en el decreto es la posibilidad de comprar inmuebles para entidades sin ánimo de lucro que realicen funciones de inserción de colectivos en situación de  vulnerabilidad, pero también hacerlo a favor de personas que hubieren consolidado un derecho subjetivo a la vivienda y de las personas inscritas en el Registro de demandantes de vivienda de protección pública.

A falta de su aprobación y de los últimos detalles que se puedan incorporar, el decreto «para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto» pretende, según el departamento que dirige Martínez Dalmau -líder de Unidas-Podemos en la Comunitat Valenciana-, evitar que la ciudadanía «quede privada del derecho de una vivienda en un contexto económico desfavorables» como el actual. Según estas fuentes, va en la línea del objetivo de legislatura de ampliar el parque público de viviendas. «Se trata de un mecanismo eficaz para crear una verdadera red de vivienda pública que permita, con la mayor urgencia posible, dar alternativas a quienes no pueden acceder al mercado libre», concluyen.

eleconomista.es

Autor: Xavier Gil Pecharromán

La formulación de cuentas acaba el 31 de agosto y el 30 de septiembre la legalización de libros

La aprobación de las cuentas anuales de 2019 para las sociedades mercantiles se podrá dilatar este año hasta el próximo día 31 de octubre, como consecuencia del desplazamiento del ciclo contable experimentado por la paralización de los plazos procesales, que volverán a regir a partir del próximo día 1 de junio.

Por otra parte, las sociedades tienen de plazo hasta el próximo día 31 de agosto para formular o reformular sus cuentas anuales de 2019 (ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas), según se establece la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en su Instrucción de 28 de mayo de 2020, sobre levantamiento de suspensión de plazos administrativos. Así, esta Dirección General a por supuesto que habrá que reformular las cuentas como consecuencia del impacto de la crisis del coronavirus Sars-Cov-2.

Las sociedades para las que el 14 de marzo no había finalizado el plazo para formular sus cuentas anuales y a las que es de aplicación el articulo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020 -la inmensa mayoría de ellas-, pueden legalizar sus libros obligatorios desde el 1 de junio de hasta el 30 de septiembre de 2020.

La auditoría de cuentas deberá estar finalizada cuando acaba el plazo para formular cuentas (31 de agosto), sin que sea relevante el plazo transcurrido desde el cierre del ejercicio hasta la declaración del estado de alarma.

El artículo 40.5 del RD-L 8/2020, de 17 de marzo, establece que, en el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante su vigencia, el órgano de gobierno o administración de una sociedad obligada hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría es obligatoria como voluntaria, se entiende prorrogado por dos meses desde que finalice el estado de alarma.

El plazo para que la minoría nombre auditor, es el mismo que para formular cuentas, el 31 de agosto.

Teniendo en cuenta que el plazo máximo para formular las cuentas acaba el 31 de octubre, con cierre ordinario y cuando las cuentas se aprueban el último día, el de depósito concluye el último día del mes siguiente, es decir, el 30 de noviembre. Nada obsta, como es lógico a que se depositen antes en el Registro.

confilegal.com

Autor: Luis Javier Sánchez

Esta es una pregunta que los ciudadanos nos hacemos habitualmente ante llamadas o correos electrónicos de determinadas empresas que se dirigen a nosotros.

Ahora responder a esta pregunta puede ser más fácil. Desde Barcelona la empresa startup legaltech ‘Reclamadatos’ acaba de desarrollar una herramienta online gratuita que permite a las personas identificar qué empresas tienen sus datos y exigirles que cesen de usarlos en un plazo de 30 días.

Desarrolla una tecnología gratuita que permite que los ciudadanos recuperen el control de sus datos mediante la reclamación de los seis derechos que recoge el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): derecho de acceso, modificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al uso de esos datos.

Esta plataforma ofrece a los usuarios la posibilidad de conocer en un minuto el nombre de la mayoría de las empresas que disponen de sus datos personales y su ubicación en cualquier parte del mundo.PUBLICIDADPUBLICIDAD

A partir de ahí se podrá reclamar cualquiera de los citados seis derechos que recoge el Reglamento General de Protección de Datos y realizar un seguimiento del estado de las reclamaciones y las respuestas que dan las empresas a las mismas.

La herramienta gratuita Reclamadatos pretende concienciar a los usuarios de internet de la necesidad de recuperar el control de sus datos personales para evitar los abusos que se producen, especialmente mediante publicidad online o llamadas comerciales no deseadas.

Esta tecnología basa sus servicios en un “Sistema de Gestión de Información Personal” o “PIMS” por sus siglas en inglés, el cual ha sido analizado y validado por el European Data Protection Supervisor, máximo organismo europeo de protección de datos.PUBLICIDAD

“La tecnología PIMS puede ayudar a dar a las personas y a los consumidores a tener un mayor control sobre sus datos personales. El EDPS anima a la Comisión Europea a apoyar el desarrollo de herramientas digitales innovadoras como esta y tomar iniciativas políticas que inspiren el desarrollo de modelos de negocio económicamente viables para facilitar su uso”, indica Pau Enseñat, socio director de esta firma.

A su juicio, “la implementación efectiva de la protección de datos requiere iniciativas tecnológicas, económicas y legales, que nos ayudarán a recuperar el control de nuestras identidades en línea”.

Diariamente la Agencia Española de Protección de Datos está publicando en su página web nuevas brechas de seguridad que afectan a datos personales, que finalmente acaban en la ‘deep web’ donde se hace un uso no autorizado de los mismos.PUBLICIDAD

En los últimos 12 meses se han notificado a la Agencia Española de Protección de Datos 1.717 brechas de seguridad de las que están siendo informadas más de 26 millones de personas. Curiosamente, tal y como comentamos en Confilegal, durante el pasado mes de abril descendieron dichas incidencias.PUBLICIDAD

En un momento en el que los ataques a sistemas informáticos provocan tantos problemas a los usuarios de internet, Reclamadatos ofrece una solución sencilla y efectiva en un entorno seguro para exigir a las compañías que utilizan datos de las personas físicas que se abstengan de hacerlo.

La página web permite también a los usuarios registrados conocer qué datos obran en poder de estas empresas y solicitar que se corrijan, actualicen o eliminen. Además, facilita una copia de los mismos en un formato accesible y de lectura mecánica.

Ojo al negocio de los datos personales

Pau Enseñat, CEO y cofundador de Reclamadatos, advierte que “el negocio que mueven los datos personales cada vez va a más. Hay muchas empresas sin escrúpulos que ganan mucho dinero con ellos. Nuestra iniciativa es un freno necesario a estas prácticas y una ayuda indispensable y segura para que las personas retomen el control de sus datos”.

En España, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares 2019 del INE, un 31,5% de los internautas (28,6% de las personas entre 16 y 74 años) informa haber sufrido algún incidente de seguridad mientras usaba internet en los últimos 12 meses.PUBLICIDAD

Según Enseñat, estos datos “demuestran la necesidad de que las personas tomen parte activa para reducir estas cifras tan preocupantes”.

Al final de lo que se trata es de proteger la información importante que uno tiene y presevarla de cualquier ataque pueda sufrir. En el caso del teletrabajo, recientemente la AEPD ofrecía una serie de pautas para proteger esa información que surge de dicha práctica, ahora muy en boga por la pandemia del coronavirus.

El mismo informe, fechado en octubre del pasado año, destaca que los incidentes más frecuentes han sido recibir mensajes fraudulentos o ‘phishing’, ser redirigido a páginas web falsas que solicitan información personal o pharming y uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito (3,4%).

“En una sociedad que ha visto acelerada la transformación digital por el confinamiento, esto no puede ir a más. Los internautas tienen que presionar a las empresas desde ya”, aseguraba el propio Enseñat.

La crisis del Covid-19 ha demostrado la importancia de los datos personales en la lucha contra la pandemia. Desde la aparición de las primeras ‘apps’ sobre el coronavirus, los ciudadanos han descargado y compartido voluntariamente sus datos de salud y localización.

Datos personales y Covid-19

El Gobierno español y las CCAA tendrán que dejar de utilizar todos los datos personales que hayan obtenido a través de las ‘app’ oficiales del COVID-19 cuando finalice el estado de alarma o lo soliciten los usuarios, según nos explica Enseñat.

Según indican los textos legales de las propias app, dejarán de utilizar los datos recabados (entre otros, DNI, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género, número de teléfono, dirección, código postal, datos de salud relacionados con los síntomas y geolocalización de los usuarios) cuando finalice la crisis sanitaria.

A priori, debería producirse en el momento en que cesen las circunstancias que motivaron la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo.

De este modo, todos aquellos ciudadanos que en algún momento de la crisis sanitaria hayan descargado y utilizado alguna de estas aplicaciones de forma voluntaria podrán reclamar su derecho de oposición para que dejen de utilizar los datos e inicien los procedimientos oportunos para su supresión.

Asimismo, todas las empresas que presten servicios para el mantenimiento y/o correcto funcionamiento de dichas apps (por ejemplo, Telefónica, CartoDB, Medensaltren y Tritium Software para el caso de “Asistencia COVID-19”), también deberán dejar de utilizar los datos personales a los que hayan tenido acceso.

Pau Enseñat recuerda que “debemos ser muy cautos y descargar únicamente las aplicaciones oficiales de las instituciones públicas, porque todas ellas están sujetas a la normativa europea. De lo contrario, corremos el riesgo de que nuestros datos acaben siendo comercializados o en manos de terceros desconocidos sitos en países con escasa o nula regulación en materia de privacidad”.

Desde su punto de vista “es importante que los ciudadanos tomen conciencia del valor de sus datos y empiecen a recuperar el control de los mismos reclamando sus derechos”.

Sin embargo, hasta el momento, visto lo visto, hasta que no tenemos un problema con nuestros datos, nadie advierte que posiblemente se esté haciendo un uso excesivo de esos datos.

Expansión.com

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado los trámites para regular el teletrabajo con el objetivo de eliminar algunos de sus inconvenientes, entre los que el departamento dirigido por Yolanda Díaz ha identificado la posibilidad de que las empresas estén trasladando costes productivos a sus trabajadores sin ninguna compensación.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere aprobar próximamente una nueva ley que regule el teletrabajo para garantizar que aquellos trabajadores que voluntariamente acepten esta modalidad no sufren una merma de ingresos o de derechos laborales.

Así figura en la consulta pública que ha publicado el Ministerio en su página web como paso previo para la elaboración de un proyecto normativo consistente en la modificación y elaboración de las condiciones para prestar trabajo por cuenta ajena a distancia. Los interesados en enviar sus aportaciones pueden hacerlo hasta el 22 de junio.

El departamento de Yolanda Díaz quiere proporcionar una regulación suficiente que dé respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter «voluntario y reversible».

Asimismo, asegura que es preciso velar por el principio de «igualdad de trato» en las condiciones profesionales, en especial en lo concerniente a la retribución, incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional o el ejercicio de derechos colectivos.

Descanso

La nueva norma regulará también los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento.

Aunque admite que el teletrabajo aporta «notables ventajas» como la mejor conciliación de la vida laboral personal y familiar, reducción de costes en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos o caída del absentismo, Trabajo afirma que también presenta posibles «inconvenientes», como «tecnoestrés», horario continuo, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral y traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin compensación alguna, entre otros.

Por ello, cree necesario establecer una nueva regulación que equilibre ambos aspectos y que aporte «certezas» para los trabajadores y para las empresas.

También apuesta por introducir los elementos precisos para asegurar que el trabajo a distancia y el empleo de los dispositivos digitales y otras formas de trabajo en red no supongan «una desprotección o merma de los derechos a la privacidad», sin perjuicio de las formas de control empresarial que puedan ejercerse de acuerdo con las exigencias de la ley.

Regulación insuficiente y desfasada

«La norma proyectada es necesaria para desarrollar y concretar las disposiciones legales que permitan garantizar un régimen jurídico seguro y suficiente sobre estas formas de prestación y organización del trabajo por cuenta ajena», subraya el departamento de Yolanda Díaz, que dice que el actual artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores donde está regulado es «insuficiente y obsoleto».

Por último, Trabajo asegura que el impacto real del teletrabajo se ha visto incrementado «de manera exponencial» por la pandemia del Covid-19, lo que ha puesto de manifiesto sus «ventajas y debilidades», así como la necesidad de que se aborde su regulación desde un marco jurídico «de seguridad, certeza y transparencia».

idealista.com

Autor: David Marrero

En la gran mayoría de los tejados de edificios de viviendas y casas unifamiliares que hay en España es posible instalar fuentes de energía fotovoltaica, según la información de idealista/energy, el nuevo proyecto del principal marketplace inmobiliario en España. Madrid (88%), Navarra (87%) y Murcia (85%) son las regiones que cuentan con mayor porcentaje de cubiertas disponibles para el montaje de placas solares en los hogares.

Con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, idealista/energy ha elaborado un informe sobre la instalación de placas solares en España. Durante 2019, la potencia instalada de origen renovable en la península experimentó un crecimiento del 13,6% interanual, con la entrada en funcionamiento de 6.528 MW ‘verdes’. La mayoría proceden de la energía eólica, aunque la energía solar fotovoltaica cerró 2019 con un incremento del 93,2 % respecto al año anterior en capacidad de generación instalada, según los datos de Red Eléctrica de España (REE).

Con la derogación del llamado impuesto al sol y la apuesta del Gobierno por la Agenda Urbana 2030, que supone aplicar medidas para favorecer el ahorro de energía en los hogares y el uso de energías limpias y no contaminantes para luchar contra el cambio climático, la implantación de alternativas como la energía solar fotovoltaica ha ganado impulso en los últimos años.

Para calcular el potencial fotovoltaico de tu vivienda, ya sea un piso o una casa unifamiliar, idealista cuenta con el nuevo proyecto idealista/energy. Con toda la información facilitada podrás descubrir el patrón de luz solar que recibe su tejado y calcular lo que podrías ahorrar anualmente en energía en caso de instalar paneles solares.

“idealista es consciente del problema medioambiental al que nos enfrentamos y quiere aportar su granito de arena en la concienciación y en la transición energética necesaria para el futuro”, afirma Daniel Pardo, responsable de idealista/data.

De hecho, cerca de ocho de cada 10 tejados en inmuebles residenciales en España son viables para la instalación de placas solares. Madrid (88%) es la comunidad que cuenta con la mayor capacidad para el montaje de esta energía en los asolados sobre los edificios disponibles.

Por detrás de Madrid, se encuentran Navarra (87%) y Murcia (85%), y por encima del 80% se pueden encontrar también Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña o la Comunitat Valenciana. Las regiones con menor viabilidad para la instalación en tejados se dan en País Vasco (70%), Asturias (72%) y Castilla y León, Aragón y La Rioja (las tres con un 74% de tejados viables). Tejados viables para la instalación de placas solaresComunidades AutónomasValues% de tejados viablesAndalucíaAragónAsturiasBalearesCanariasCantabriaCastilla y LeónCastilla – La ManchaCataluñaComunitat ValencianaExtremaduraGaliciaMadridMurciaNavarraPaís VascoLa Rioja0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Fuente: idealista/energyFuente: idealista/energyCompartir

Porque no en todos los tejados puede instalarse una placa solar, todo depende de su inclinación o su orientación y las horas de luz solar que tenga disponible. Las propias placas solares necesitan estar orientadas, principalmente al sur y oeste, para aprovechar al máximo la luz solar. La inclinación también es un factor importante ya que, por la situación geográfica de España, cada placa necesita una inclinación óptima para una mayor irradiación solar. Por ejemplo, en Canarias las placas apenas deben tener unos 23,1 grados de inclinación, mientras que para una instalación en Asturias hace falta colocar la placa a 33,9 grados.

«Para calcular el potencial solar de todos los tejados de España se ha desarrollado una tecnología capaz de procesar las grandes cantidades de información provenientes de los vuelos LIDAR (mediciones láser aéreas elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional) para reconstruir y modelar en 3D cada uno de los más de 25 millones de edificios del territorio nacional. Además, el CIEMAT ha aportado los algoritmos de optimización de radiación fotovoltaica”, agrega el responsable del proyecto energy de idealista. “Este proyecto es un excelente ejemplo de la colaboración público-privada sin el que hubiera sido imposible realizarlo.

Si nos vamos a la instalación por provincias, destacan el 91% de tejados viables en Sevilla o el 90% de terrados en Albacete, por delante del ya nombrado de Madrid. Entre las provincias con menor viabilidad para poder colocar placas solares aparece el caso de la provincia de Almería, con ‘apenas’ un 70% de tejados viables en un lugar con muchas horas de sol, al igual que otras regiones del centro y norte de España como Ourense (70%), Ávila (67%), Teruel (66%) y País Vasco (65%).

Las subvenciones en las regiones donde tienen mayor capacidad de instalación van desde un máximo del 30% del presupuesto total en Madrid a la deducción fiscal de un 25% del presupuesto sobre el IRPF de Navarra. En Murcia, por ejemplo, dan diferentes ayudas por vatio de instalación conectada a la red, a instalaciones aisladas con baterías. La mayoría de las regiones enfocan las ayudas en subvenciones parciales sobre el presupuesto o en deducciones fiscales sobre el IRPF.

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Andalucía	82	35-90% del presupuesto total
Aragón	74	2.000 €/kWp instalaciones sin acumulación; 3.500 €/kWp instalaciones con acumulación
Asturias	72	800 €/kWp instalaciones sin acumulación; 2.000 €/kWp instalaciones con acumulación max. 40% del presupuesto total
Baleares	80	50% sobre el presupuesto total max. 3kWp (personas físicas) max. 50kWp (empresas)
Canarias	79	45% sobre el presupuesto total max. 200.000€
Cantabria	78	40% del presupuesto total
Castilla y León	74
Castilla – La Mancha	83	40% del presupuesto total max. 30.000€
Cataluña	84	50% del presupuesto total max. 3.500€ (vivienda) y 60.000€ (edificio)
Comunitat Valenciana	84	Deducción fiscal del IRPF del 20% sobre el presupuesto total max. 8000€ de base máxima de deducción
Extremadura	78	40% del presupuesto total max. 30.000€
Galicia	75	50% sobre el presupuesto total max. 60.000€
Madrid	88	max. 30% del presupuesto total
Murcia	85	Deducciones euro/vatio según instalación conectada a red o aislada, con baterías o sin ellas. Max. 50% sobre el presupuesto de la instalación
Navarra	87	Deducción fiscal del de un 25% del presupuesto sobre el IRPF Instalaciones con baterías
País Vasco	70
La Rioja	74	30% sobre el presupuesto total max. 200.000€

inmodiario.com

El Ayuntamiento de Valencia, a través del concejal delegado de Emergencia Climática y Transición Energética, Alejandro Ramón, y el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia (ICAFV), mediante su presidente, Sebastián Cucala, han firmado un convenio para colaborar en el incentivo y la promoción del ahorro y la eficiencia energética del sector residencial y de la edificación.

Según han explicado, uno de los sectores más importantes a la hora de reducir las emisiones, incrementar la eficiencia y aumentar la producción de energía solar 100 % renovable es el residencial y de la edificación en nuestra ciudad, dado que representa cerca de un 18 % del consumo total de energía de Valencia.

Además, han destacado el papel de los administradores de fincas -por su posición de proximidad- como profesionales valiosísimos para divulgar conocimientos y buenas prácticas entre las comunidades de vecinos y vecinas y propietarios y propietarias, para poder ser capaces de multiplicar esta información y que llegue así a la inmensa mayoría de la población.

«Valencia tiene vocación de ciudad limpia, sostenible, libre de emisiones y combustibles fósiles para lo cual urge promover la transición energética hacia la descarbonización», ha explicado Ramón. «Entendemos la energía como un bien social y entre nuestros objetivos está el empoderamiento ciudadano en la materia, por lo que tenemos que ofrecer el conocimiento necesario para promover el ahorro y la eficiencia energética, así como la autosuficiencia y el autoconsumo individual y compartido», ha añadido.

El convenio y el grupo de trabajo mixto que se crea a su amparo permitirá trabajar con más intensidad y apoyo en acciones de información y capacitación de sus colegiados en materia de adaptación frente al cambio climático, transición energética y, particularmente, comportamientos y acciones para el ahorro, la eficiencia energética, el consumo de energía renovable, la electrificación y el autoconsumo.

Por su parte, Sebastián Cucala, presidente del ICAFV ha definido como «un hito» la firma del convenio, «dentro de lo que nos planteamos como colegio y por la proximidad que tenemos con la ciudadanía a la hora de divulgar y hacerles llegar las iniciativas que se pueden implantar en los edificios, con vistas a obtener la eficiencia energética y a cumplir con los parámetros que desde las instituciones se implantan en cuanto a lo que se va a pedir en un futuro respecto a bajo consumo y emisión de carbono cero en las comunidades». Además, ha afirmado que «la creación del grupo reforzará todas estas iniciativas y su llegada a la ciudadanía».

Ramón ha recordado que ya existen acciones en marcha entre la ICAFV y el Ayuntamiento de Valencia que, a través de la Fundación Municipal Valencia Clima y Energía, son socios en un proyecto de financiación comunitaria que persigue aumentar la sostenibilidad y la resiliencia de los hogares valencianos frente a los impactos de la emergencia climática en la que estamos inmersos.

confilegal.com

Autora: Irene Casanueva

La presidenta de WLW, Marlen Estévez, afirma que el teletrabajo ha llegado para quedarse, pero aun hay que profundizar en el cómo

La situación generada por la pandemia de Covid-19 ha demostrado que “se puede trabajar, en muchas ocasiones, desde cualquier lugar, poniéndose de manifiesto que la flexibilidad laboral no solo es posible sino beneficiosa”, afirma Women in a Legal World (WLW).

WLW y 50&50 Gender Leadership Advisory (50&50 GL) lanzaron esta semana un proyecto sobre teletrabajo e innovación que busca aprovechar la coyuntura de los últimos meses para “asentar unas bases razonables sobre el teletrabajo y no desaprovechar las oportunidades que éste nos brinda”.

Ahora, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se suma a la ‘Declaración de teletrabajo e innovación: 12 compromisos + 12 causas’ impulsada por WLW, se trata del primer organismo de la Administración General del Estado que se adhiere a esta iniciativa.

Los 12 compromisos + 12 causas para la era post-covid que contempla la declaración son: nueva cultura empresarial, tecnología y teletrabajo, desconexión digital, entorno colaborativo, dirigir y evaluar por objetivos, liderar con seguridad, asegurar la salud y seguridad, competencias tecnológicas, manual de buenas prácticas, establecer métricas, garantizar la confidencialidad, así como teletrabajo y sostenibilidad.

La presidenta de WLW, Marlen Estévez, ha explicado a Confilegal que estos 12 compromisos “son los pilares para construir una nueva forma de trabajar”, ya que “el teletrabajo es una herramienta potentísima y súper necesaria, que ha venido para quedarse, pero que tiene que guardar un cierto equilibro si lo queremos hacer bien, porque ni todo es teletrabajo ni todo es presencialismo”.

“A partir de ahora de lo que se trata es de crear grupos de trabajo que vayan desarrollando todas estas premisas”, ha apuntado. “Hay que ser conscientes de que (el teletrabajo) ha sido un gran avance, pero hay muchas cosas que adaptar”.

Junto a la AEPD han suscrito esta declaración, entre otras organizaciones, el banco Santander, CEOE, Cámara de Comercio de España, Cámara de Estados Unidos en España, Accenture, EY, KPMG, PWC, Consejo General de la Abogacía, Colegio de Registradores, Consejo General del Notariado, Consejo General de Graduados Sociales de España, Mutualidad de la Abogacía, ESADE, Écija, Roca Junyent, Sagardoy, Pinsent Masons, Broseta, Ruiz-Gallardón Abogados y Cuatrecasas.

Son solo algunos ejemplos del conjunto de organizaciones que se han ido sumando poco a poco a esta iniciativa que busca asentar las bases del teletrabajo.

Entre los principales retos, Estévez señala determinar cómo quedará reflejado el teletrabajo a nivel regulatorio y cómo se implementará correctamente por parte de la organizaciones.

“A partir de aquí, es el trabajo que nos corresponde, qué tipos de protocolos son los que podemos ir trabajando: confidencialidad, protección de datos, conciliación…”, así como “políticas concretas que van a tener que desarrollar las empresas como políticas de flexibilidad horaria, políticas internas de teletrabajo, de fijación de objetivos… todo esto la mayoría de las organizaciones no lo tenían o no lo tenían adaptado”.

“La protección de datos no puede ser una excusa para denegar el teletrabajo”

Sobre la incorporación de la AEPD, Estévez destaca que “está super alineada” con los compromisos de la declaración porque es algo que la agencia ya venía implementando desde hace tiempo.

De hecho, Protección de Datos inició su plan de teletrabajo en 2017 con un programa piloto y, desde entonces, se ha convertido en un método habitual de ordenación del trabajo en la AEPD.

El apoyo a esta declaración, explica la AEPD en un comunicado, se engloba en el marco de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Agencia y su Plan de Igualdad, que incluye una apuesta firme por esta modalidad laboral también en el ámbito de las Administraciones Públicas.

El teletrabajo implantado en la AEPD, que permite realizar el 40% de la jornada en este régimen, “ha contribuido de manera fundamental a que la conciliación sea una realidad efectiva en la AEPD, posibilitando no solo el incremento de la productividad de los empleados y empleadas sino también su bienestar”, afirma.

La ‘Declaración de Teletrabajo: 12 compromisos + 12 causas’ suscrita por la agencia, añade, “pretende lograr una conjunción equilibrada entre el teletrabajo y el trabajo presencial”.

En este sentido, y consciente de que la protección de los datos debe mantenerse en condiciones de teletrabajo, la agencia publicó recientemente unas Recomendaciones para proteger los datos personales en situaciones de movilidad y teletrabajo, un documento en el que recoge consejos dirigidos tanto a las organizaciones como a los y las trabajadoras.

El objetivo de estas recomendaciones, además de dar pautas para que las organizaciones puedan implantarlas, es que la protección de datos no se utilice como una excusa para denegar la adopción del teletrabajo.