Las empresas de responsabilidad limitada se podrán crear con un euro, desde casa y en un máximo de 10 días

Acometerá la reforma de la normativa concursal y medidas para eliminar obstáculos a la actividad y reducción de cargas administrativas

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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado una consulta pública para la elaboración del proyecto de Ley de impulso a la creación y crecimiento empresarial y de mejora del clima de negocios, que facilitará la creación de empresas de responsabilidad limitada con un euro, en un plazo de 10 días y de manera digital.

También avanza la mejora de la normativa concursal y propone para luchar contra la morosidad comercial un sistema de incentivos, un sistema de infracciones y sanciones o un sistema extrajudicial de resolución de conflictos.

El proyecto se enmarca en el componente 13 incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de establecer un marco jurídico adecuado que impulse la creación de empresas y fomente su crecimiento a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Esta propuesta responde a las recomendaciones específicas realizadas por los diferentes organismos internacionales en los últimos años para mejorar el clima de negocios y aumentar el tamaño y productividad de las empresas mediante la eliminación de los obstáculos a la creación y crecimiento empresarial derivados del marco regulatorio, del desigual acceso a la financiación y de las barreras al buen funcionamiento del mercado interior.

Con esta finalidad, la consulta pública recabará las opiniones y aportaciones de los operadores económicos en estos ámbitos hasta el próximo 19 de marzo, y permitirá recoger propuestas para configurar una propuesta de Anteproyecto de Ley que se elevará a audiencia pública.

Según el Ministerio, la mejora de estos elementos permitirá a las empresas tener una mayor capacidad para acometer las inversiones necesarias para seguir siendo competitivas en el contexto de la doble transformación digital y verde, e impulsar su modernización e innovación.

“Todo ello contribuirá al incremento de la productividad, factor determinante del crecimiento potencial de la economía, y a una mayor resistencia ante potenciales crisis”, ha añadido.

Preguntada sobre este proyecto, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado en la presentación del informe del comercio exterior de 2020 que la iniciativa es “muy positiva” porque redundará en las fases previas para lograr una mayor internacionalización de las empresas españolas.

Fija en un euro el capital mínimo para constituir una sociedad

Entre los ámbitos de reforma, propone eliminar el requisito de capital mínimo de 3.000 euros para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL), permitiendo su constitución con un euro de capital (funcional), mediante una reforma del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que llevaría aparejada la supresión del régimen de formación sucesiva de SRL.

En la consulta Economía subraya también que en un contexto crecientemente digital, resulta preciso establecer procedimientos que permitan la creación de empresas de forma enteramente digital.

Así, señala que la directiva de digitalización (Directiva 2019/1151) obliga a los Estados miembros a que una SRL pueda registrarse online en su totalidad en un plazo máximo de 10 días, sin necesidad de comparecencia física del constituyente cuando sea un ciudadano de la Unión Europea.

Adicionalmente, introduce otras medidas, como las dirigidas a garantizar que las sociedades mercantiles puedan presentar a lo largo de toda su vida la información al registro mercantil en formato electrónico, o la obligación de que los registros estén en disposición de responder al requerimiento del registro de otro Estado miembro sobre la inhabilitación de un particular para ejercer como administrador, o medidas destinadas a facilitar el suministro de información por parte de los registros mercantiles a terceros sobre las empresas en formato electrónico.

Reforma de la normativa concursal

Asimismo, el Gobierno abordará la modernización del régimen aplicable a la reestructuración empresarial y, en particular, la normativa concursal, con el fin de disponer de procesos ágiles para los procesos de transformación inherentes al buen funcionamiento de la economía.

Lo acometerá mediante otros proyectos de reforma normativa para la trasposición de Directiva de insolvencia (Directiva 2019/1023), que tiene por objeto incrementar la eficacia de los instrumentos preconcursales y del procedimiento de segunda oportunidad.

Mejorar la regulación, eliminar obstáculos y reducir cargas

A su vez, ve como elementos “esenciales” la eliminación de obstáculos innecesarios, desproporcionados o discriminatorios al acceso y ejercicio de actividades económicas y la libertad de establecimiento y circulación en todo el territorio para promover la creación y el crecimiento de las empresas.

Además, ve preciso analizar una mayor reducción de cargas administrativas para las empresas en forma de una mayor sustitución de autorizaciones o sistemas de control ex ante de la actividad económica por declaraciones responsables.

Economía también avanza una mejora de la regulación tras identificar cuestiones “susceptibles de mejora” en relación con la aplicación de los mecanismos de protección de operadores gestionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, relativas a los plazos o la coherencia con el sistema ordinario de recursos, entre otros.

Respecto a la morosidad comercial, indica que a la vista de la información sobre los incumplimientos de los periodos medios de pago estipulados en las operaciones entre empresas y los inconvenientes que esto plantea, considera necesario profundizar en la implementación de medidas adicionales a las de la directiva europea de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, en buen aparte ya recogidas en la vigente regulación española.

Concretamente, propone la implantación de incentivos que pueden mejorar la eficacia y transparencia de la legislación contra la morosidad comercial, con un cambio hacia una “cultura de pago sin demora” podría basarse en directrices en materia de publicidad y transparencia de los plazos de pago, mejores prácticas empresariales, reforzar el cumplimiento de la normativa nacional a través del establecimiento de un sistema de incentivos, un sistema de infracciones y sanciones o de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos.

Capital-riesgo y mercados alternativos

Para apoyar financieramente el crecimiento empresarial, baraja medidas de acceso a fuentes de financiación diversificadas que no dependan únicamente de fondos propios o financiación bancaria, por lo que ve “especialmente relevante” el papel que puede jugar el capital-riesgo y los mercados alternativos.

Asimismo, Economía implementará medidas financieras para impulsar la financiación privada para la creación de ‘startups’ y el proceso de ‘scale up’, así como de impulso de las plataformas de financiación participativa (crowdfunding), de mayor interés para las pymes.

Por último, otras reformas conllevarán la eliminación de barreras regulatorias para el crecimiento empresarial y la creación de incentivos para que las pymes y los autónomos decidan apostar por el crecimiento de su negocio.

Los arrendadores no tendrán que tributar por las reducciones de alquiler pactadas en la pandemia

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Las empresas propietarias de inmuebles en alquiler no tendrán que tributar por un ingreso no recibido, en el caso de reducciones pactadas en los contratos de alquiler por la Covid-19, según ha confirmado el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Así lo ha confirmado el organismo en su consulta sobre el tratamiento contable de las reducciones de rentas acordadas en un contrato de arrendamiento operativo de local de negocio por causa de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria del Covid-19.

Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) valoran que la consulta del ICAC confirma su opinión y destacan que los arrendadores y arrendatarios “pueden respirar hoy un poco más tranquilos”, tras haber soportado el “dolor de cabeza” adicional al perjuicio cuando sus asesores y auditores les explicaron que las condonaciones o reducciones de alquiler que habían pactado a causa de la Covid-19 no supondrían, como pensaban, un menor ingreso para los arrendadores y un menor gasto en el caso de los arrendatarios, sino que su efecto habría que distribuirlo en el resto de los años del contrato.

Esta situación venía motivada, explican los asesores fiscales, por dos consultas publicadas por el ICAC en 2011 y 2013, la primera en relación con un periodo inicial de carencia en un contrato de alquiler y la segunda, referente a un contrato con rentas anuales progresivas. Estas consultas indican que las reducciones en las rentas del alquiler deben distribuirse durante toda la duración del contrato.

El miembro de Aedaf Jordi Baqués explica que “el ICAC y por tanto la AEAT, a la luz de estas dos únicas consultas que no contemplaban la situación extraordinaria de paralización de la actividad económica vivida, consideraban que los arrendadores debían contabilizar y tributar en el año 2020 por buena parte de estas reducciones concedidas, a pesar de no haber obtenido estas rentas de alquiler, que pasaban en su mayoría a ser consideradas una menor renta futura.

También consideraban que los arrendatarios no podían contabilizar estas reducciones del alquiler en este año 2020, puesto que buena parte también debían contabilizarse como menor importe del alquiler en años futuros.

En este último caso, añade Baqués, “las cuentas de resultados de estas empresas arrendatarias quedaban así perjudicadas artificialmente en el año 2020 por unos alquileres que, en realidad, se habían condonado total o parcialmente, lo que en no pocos casos les podría conducir a una situación de insolvencia”.

Los asesores fiscales han venido reclamando un cambio en esta consideración y que el ICAC aclarara “que cuando las reducciones del alquiler han sido fruto de una norma legal, una causa prevista previamente en el contrato inicial, o finalmente también, de un acuerdo concreto entre arrendador y arrendatario con motivo de una situación totalmente extraordinaria como ha sido la del Covid-19, dichas reducciones tuvieran pleno e inmediato efecto en los resultados del ejercicio”.

Según los asesores, esto es lo que a grandes rasgos hizo el IASB, organismo que emite las normas internacionales de contabilidad (NIIF) en mayo de 2020, pero que pocas empresas en España podían aplicar.

Aedaf proponía que los ingresos de la empresa arrendadora de 2020 se reduzcan de inmediato y no tributar por un ingreso que no se ha recibido y que, paralelamente, el arrendatario debe también poder reducir de inmediato sus pérdidas en estos ejercicios.

Eso sí, Aedaf ha apuntado que durante 2020 el ICAC no publicó la esperada consulta y muchas empresas cerraron sus cuentas con unas cifras más altas de ingresos y de gastos que las realmente acordadas. Ahora, señala Aedaf, las empresas arrendadoras y arrendatarias afectadas deberán rehacer sus contabilidades y el cierre del ejercicio 2020 para incorporar esta consideración en sus cuentas.

Los seguros de impago del alquiler cubren la renta mensual del inquilino hasta un año

El arrendador también tiene la obligación de notificar la deuda al arrendatario y puede interponer una demanda de desahucio por impago

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Una de las consecuencias de la crisis del covid-19 es el aumento del número de impagos en el alquiler. Desde el despacho Sanahuja Miranda recomiendan a los arrendadores alcanzar un una moratoria o una rebaja temporal de la renta con el inquilino para seguir recibiendo la mensualidad. También pueden protegerse contratando seguros dedicados al impago de las rentas, ya que suelen cubrir la renta mensual entre seis y 12 meses.

La situación actual provocada por la pandemia del coronavirus está generando incertidumbre entre muchas personas que han visto mermados sus ingresos para hacer frente a gastos tan importantes como el de la renta del alquiler. Según la última actualización del Fichero de Inquilinos Morosos, desde el pasado septiembre las comunicaciones por falta de pago de las rentas se han incrementado casi un 70%.

“En caso de impago prolongado, sobre todo durante esta crisis sanitaria que estamos viviendo, es aconsejable llegar a un acuerdo con el inquilino para seguir recibiendo la mensualidad. Lo más común es la negociación de una moratoria o una rebaja temporal de la renta”, señala Ignasi Vives, abogado especialista del despacho Sanahuja Miranda Abogados.

Los arrendadores que decidieron invertir en una vivienda como valor refugio para poder obtener una rentabilidad con el arrendamiento de la vivienda también están viviendo de primera mano las consecuencias de la crisis del covid-19.

Desde el despacho de abogados recomiendan a los propietarios de pisos en alquiler la posibilidad de contratar seguros dedicados al impago de alquiler. Lo habitual es que este tipo de seguro se contrate a la vez que se firma un contrato de alquiler, pero también podría hacerse en cualquier momento mientras dure el contrato de arrendamiento.

Sin embargo, cinco de cada 10 contratos de alquiler firmados durante el año pasado ya contemplaban la contratación de uno de estos seguros, según el Observatorio Español del Seguro de Impago de Alquiler (OESA).

En caso de impago, la contratación de estos seguros suele cubrir la renta mensual durante un período que va de los 6 meses a los 12 meses. Además, el seguro puede alcanzar también la cobertura de daños a la vivienda, robos de objetos pertenecientes al inmueble alquilado y los honorarios de la defensa jurídica en el caso de tener que interponer una demanda de desahucio.

“Si el propietario de una vivienda se encuentra frente al impago de la renta de alquiler y tiene un seguro de impago contratado, deberá notificarlo en cuanto se produzca la deuda. se considera impago tras un mes de la fecha de pago acordada. Si el tiempo es inferior, se tratará de retraso. El arrendador también tiene la obligación de notificar la deuda pendiente formalmente al actual arrendatario”, destacan desde Sanahuja Miranda

Si el impago persiste, añaden desde el despacho, se puede interponer una demanda de desahucio por impago, y la aseguradora contratada podrá adelantar las cuotas impagadas según lo estipule la cobertura. 

Cabe recordar que durante el actual estado de alarma el Real Decreto 11/2020 establece la suspensión de todos los desahucios y lanzamientos de aquellos inquilinos que se encuentren en situación vulnerable sin alternativa habitacional. “Se podrán suspender los desahucios para aquellos individuos que, debido a la pandemia, hayan perdido una parte considerable de sus ingresos, por lo que no superen tres veces el IPREM, es decir, los 1.613,52 euros mensuales, y que tengan una renta de alquiler superior al 35% de los ingresos mensuales. Pero será un Juez quién deberá analizar cada caso en concreto y determinar si se cumplen o no los requisitos para paralizar el procedimiento”, aclara el abogado Vives.

Extinción del contrato de trabajo por causas objetivas basadas en la pérdida o finalización de la contrata. Comentario a la STS de 3 de noviembre de 2020

La sentencia del TS aborda la extinción del contrato de un trabajador que fue despedido por su empleadora

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Ernesto Hernán García

La sentencia del Tribunal Supremo número 955/2020 de 3 noviembre (RJ 2020\4637) aborda la extinción del contrato de un trabajador que fue despedido por su empleadora, al amparo de lo previsto en el artículo 52.c) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, tras la pérdida de la contrata con el Ayuntamiento de Madrid en la que el actor se encontraba adscrito.

La cuestión que resuelve esta sentencia ha sido tratada por la Sala Cuarta en numerosas ocasiones, tal y como la propia sentencia demuestra al hacerse eco de los distintos pronunciamientos y contenidos que conforman la jurisprudencia existente en la materia.

La sentencia dictada en suplicación (Sentencia núm. 113/2018 de 26 febrero del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) desestimaba la procedencia del despido interesada por la empresa recurrente al entender que no constaba acreditada la amortización del puesto de trabajo del actor. Para alcanzar esa conclusión, dicha sentencia se apoya en la existencia de otras contratas y la falta de prueba dirigida a acreditar que el puesto del actor “quedara vacío de contenido” por la finalización del contrato con el Ayuntamiento. La sentencia no niega la virtualidad de la causa extintiva alegada por la empresa, a la que se refiere y reconoce como algo “evidente”, si no que rechaza la razonabilidad del despido al considerar que la empresa tenía otras alternativas.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo y encaje en el supuesto de hecho. La sentencia del Tribunal Supremo de referencia recoge de forma muy ilustrativa la doctrina jurisprudencial dictada en los distintos aspectos de esta materia y nos lleva, desde la idea fundamental que informa esta doctrina, hasta el aspecto en el que corrige a la sentencia de suplicación y que constituye la mayor enseñanza que, genuinamente, cabe extraer de la misma.

En efecto, recoge y ratifica la idea fundamental en cuya virtud la rescisión de una contrata puede constituir una causa productiva u organizativa en aplicación del artículo 52 c) ET y nos recuerda que dicho escenario lleva implícita la amortización del contrato de trabajo de tal suerte que el encaje de la extinción del contrato de trabajo, con base en dicho precepto legal, no precisa de mayores elementos. En principio.

Además, la sentencia reconoce como parte integrante de la doctrina jurisprudencial, que la existencia de causa objetiva que permite extinguir el contrato de trabajo no queda enervada por el  mero hecho de la existencia de vacantes y ello en la medida en que de la ley no se deriva obligación alguna a cargo de la empresa para recolocar en otro puesto al trabajador. La norma “no impone al empresario la obligación de agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador en la empresa; incluso hemos dicho que ésta no está obligada a destinar al trabajador a otro puesto vacante (aspectos ambos reiterados en la  STS de 7 de junio de 2007  (RJ 2007, 4648)  -rcud. 191/2006 -).”

La propia sentencia completa su fundamentación haciendo referencia al contrapunto que supone la sentencia dictada en Pleno, el 29 de noviembre de 2010, pronunciamiento con el que la ponente traza el límite de la doctrina, al señalar que, en aquel caso, la razonabilidad de la extinción del contrato de trabajo quedó “desvirtuada por el dato de que la empresa había cubierto a la vez otros puestos vacantes o de nueva creación”. Debemos apuntar que la Sala en Pleno aceptó esta posibilidad en un caso en el que la cobertura de vacantes se calificó como “masiva”.

Volviendo a nuestro supuesto y los hechos que lo conforman, ocurre que dicha cobertura de vacantes por la empresa, así como el contenido y objeto de las otras contratas, no constan acreditados, tal y como expresamente se indica en ella. Tales extremos no se presentan en el relato fáctico, si bien el razonamiento de la sentencia analizada revela que, de concurrir, tendrían que hacerlo con la intensidad del supuesto resuelto por medio de la STS de 29 de noviembre de 2010 ya que como se dijo, aunque hubiera vacantes en la empresa, la norma no obliga a la empresa a encontrar “acomodo” en otro puesto al trabajador.

Por tanto, del análisis de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2020, en contraste con el razonamiento utilizado en la sentencia de suplicación, nos permite extraer que la pérdida de la contrata a la que esté adscrito el trabajador constituye causa válida de extinción del contrato de trabajo bajo los requisitos contenidos en el artículo 52 c) ET, debido al desajuste entre la carga de trabajo y la plantilla,  y que la misma lleva implícita la amortización del puesto de trabajo salvo que pueda cuestionarse la razonabilidad de la medida a través de una analogía con el caso resuelto por la STS de 29 de noviembre de 2010.

Finalmente, resulta de interés apuntar que la doctrina que confirma la sentencia de 3 de noviembre de 2020 se ubica en un planteamiento más global completado por el Tribunal Supremo a través de la Sentencia de la Sala Cuarta de 29 de diciembre de 2020 que, de forma definitiva, rectifica para determinados supuestos en los que la contrata pueda constituir la actividad normal y habitual de la empresa, la tradicional doctrina según la cual el contrato temporal de obra o servicio determinado podía tener por objeto y justificación una contrata. Con ambos pronunciamientos, nuestro Alto Tribunal, por un lado, nos enseña que el contrato de trabajo puede extinguirse válidamente por la pérdida o extinción de la contrata a través del artículo 52 c) ET, pero no así los contratos de obra o servicio determinado en supuestos como el resuelto por la STS de 29 de diciembre de 2020, cuyo análisis queda al margen del propósito del presente.

Guerra abierta en el Gobierno por el control del alquiler

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David Marrero

El ruido en torno a las directrices que incluirá la futura Ley de Vivienda en relación al mercado del alquiler sigue levantando ampollas entre PSOE y Podemos. El acuerdo alcanzado en octubre, que propició la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, llevaba en su letra pequeña aprobar la normativa en el Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses, con la inclusión de los mecanismos necesarios para controlar los precios del alquiler de forma puntual y en zonas más tensionadas. Una regulación que llega en pleno descenso de las rentas por el impacto de la crisis del coronavirus y que congela (al menos de momento) la premura de tomar medidas al respecto.

La normativa lleva varios meses sobre la mesa y se ha retrasado hasta en dos ocasiones en lo que llevamos de año. El aplazamiento de los plazos ‘sine die’ ha colmado la paciencia de la formación morada, que acusa al PSOE de eternizar la negociación y no mantener una actitud proactiva para alcanzar un acuerdo. El partido de Pablo Iglesias exige establecer límites a los precios del mercado de alquiler, similar al que se aplica en Cataluña desde el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha confirmado esta semana que el PSOE prefiere incentivar fiscalmente a aquellos propietarios que alquilen por debajo de los precios que marquen los índices de referencia, como el publicado por su propio Ministerio. De hecho, ha confirmado que esta iniciativa ya se encuentra en fase de consultas con el Ministerio de Hacienda, que analizará cómo articular esta posibilidad.

Lo que ha quedado claro a lo largo de este mes es quelos partidos de Gobierno tienen unas concepciones muy distintas a la hora de afrontar una mejora del mercado del alquiler de viviendas en España.

De hecho, Ábalos ha destacado ahora que no comparte una limitación a las rentas del arrendamiento porque “puede haber una detracción del mercado y hacer que esas viviendas acaben el mercado de la compraventa”, y ha destacado que “es más eficaz promover que imponer”.

El ministro, además de velar por la mejora de la oferta, cree que deben ser las Administraciones Públicas en todos sus ámbitos las que deben dar prioridad a la vivienda y “no transferir esa responsabilidad a los particulares”.

Ábalos ha pedido, además, paciencia y tiempo para aprobar la que será la primera Ley por el Derecho a la Vivienda en España, en un claro aviso a Podemos de no se va a llevar, al menos, en este mes al Consejo de Ministros.

Pero estas palabras han indignado a Podemos, y en las últimas horas se han sucedido las reacciones. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha considerado en unas declaraciones a los medios en el acto de ceremonia del 40 Aniversario del 23F en el Congreso de los Diputados que “es un error tensionar al Gobierno planteando que se puede incumplir un acuerdo o que se puede traicionar la palabra dada. Nosotros vamos a ser leales al Gobierno de coalición”, en una clara alusión a las declaraciones de Ábalos, y al acuerdo firmado en el pacto de Gobierno firmado a finales de 2019 que incluía el freno a las subidas abusivas del alquiler.

Medidas jurídicamente compatibles con el derecho a la propiedad

Las fricciones entre los miembros del Gobierno de coalición también han llegado al Consejo de Ministros y la portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha tenido que salir en defensa de Ábalos. “El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) nunca se ha desdicho de su compromiso de combatir los precios abusivos del alquiler. No se ha alterado la hoja de ruta del Gobierno para evitar las subidas abusivas de precios de alquiler en zonas tensionadas, la discusión está en cuál es el instrumento que mejor lo posibilita”, ha afirmado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

La portavoz del Ejecutivo ha insistido en que se mantiene la negociación entre ambos partidos, y que deben abrirse a otros mecanismos más allá del control de precios. Además, reiteró que se están estudiando las mejores herramientas contando con la adecuada legalidad y certidumbre.

“Todas las medidas en favor de la vivienda como derecho social tienen que ser jurídicamente compatibles con los derechos que también concede la Constitución en materia de propiedad privada, que son igualmente importantes para hacer un texto que tenga todas las garantías tanto para los propietarios, como arrendatarios y los inversores”, aclaró la ministra portavoz.

El Gobierno no puede obviar que varios artículos del Decreto-ley de la Generalitat catalana en materia de vivienda han sido declarados inconstitucionales y nulos recientemente por el Tribunal Constitucional.

“Hay que aprovechar la experiencia de otros países, y de algunos ayuntamientos y evitar efectos secundarios no deseados con la aplicación de la normativa como la de una contracción de la oferta del alquiler”, ha sentenciado Montero.

La defensa de la propiedad privada y la necesidad de buscar fórmulas como los incentivos fiscales en lugar de apostar por las limitaciones de precios precisamente son algunas de las peticiones más repetidas por los expertos del sector inmobiliario. Desde las asociaciones de propietarios de viviendas de alquiler, hasta economistas, pasando por gestoras de viviendas e inversores internacionales, el mercado lleva semanas alertando del peligro que puede suponer la nueva normativa para el stock de viviendas en alquiler y la evolución de los precios, y del perjuicio de minar la seguridad jurídica.  

Según explican fuentes de mercado a idealista/news, “Podemos exige cumplir un acuerdo que se firmó a finales de 2019, antes de la pandemia y sobre todo antes del desplome de los precios. Viendo cómo está cayendo el alquiler no parece razonable insistir en cumplir unas exigencias que simplemente ya han dejado de tener sentido. Además, tras la experiencia de la regulación catalana, que ha sido declarada inconstitucional recientemente, es lógico que el Gobierno actúe de manera prudente. Aprobar una regulación que podría ser declarada inconstitucional en el futuro sería una locura política”. 

Lo que dice el acuerdo de coalición

Podemos se encuadra en el acuerdo programático que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a finales de 2019 donde se incluía un apartado sobre los precios en el mercado de alquiler. Esto es lo que pone en el texto, donde no se propone explícitamente un límite, pero sí de medidas para “poner techo a las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas” y que se “puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler”.

Frenaremos las subidas abusivas del alquiler.

  • Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado. Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha.
  • Los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda.
  • El objetivo de los índices de referencia mencionado en los párrafos anteriores es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.

El propio ministro Ábalos avanzó pocos días antes del estallido de la pandemia del coronavirus en una Comisión de su área en el Congreso de los Diputados que llevaría “una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas”. Pero todo quedó paralizado con la crisis del covid-19, cuyo impacto se está dejando notar en las rentas de las principales ciudades españolas.

En Madrid, Barcelona, Palma, Sevilla o Málaga, por ejemplo, los precios del alquiler registraron una bajada récord en 2020, según los datos de idealistaY durante el pasado mes de enero, los descensos continuaron: en la capital española, la renta media retrocedió un 1,3%, mientras que en la capital catalana bajó un 2% y en Málaga, otro 2,4%. Así, desde los máximos de la serie histórica alcanzados el pasado mes de mayo, el precio del alquiler ha caído un 16,8% en el caso de Barcelona y un 11,9% en el de Madrid.

Las otras medidas que exige Podemos

Pero las pretensiones de Podemos no se quedan ahí, y en las últimas semanas ha añadido nuevos puntos a la negociación como la de introducir algún tipo de impuesto sobre las viviendas vacías, sean de grandes tenedores o de particulares, para empujarles a sacarlos al mercado, sobre todo de arrendamiento. 

La salida al mercado de la vivienda vacía es un tema recurrente que vuelve a ponerse de actualidad cuando se debate sobre los problemas de accesibilidad a la vivienda, la falta de oferta en el mercado de compraventa y de alquiler y los altos precios de las casas. Pero la realidad es que no se sabe exactamente cuánta vivienda vacía hay en España, ni dónde está ni cómo se encuentran.

La otra cuestión que Podemos ha querido introducir en la negociación es la de la obligación a los grandes tenedores de viviendas de destinar el 30% de sus viviendas a uso social. La Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, es la persona elegida por el vicepresidente Iglesias para seguir la negociación por la parte de sus competencias sociales, mientras que por parte de Vivienda se encuentra David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, quien dejó claro en una entrevista a idealista/news que “la mejor política para reducir el precio de la vivienda es aumentar la oferta”.

Hacienda vigilará los domicilios “ficticios” en el extranjero para pagar menos con hasta 70 fuentes de datos

Prevé retomar este año las visitas a los domicilios según mejore la situación sanitaria

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El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha avanzado este martes que el organismo dispondrá de hasta 70 fuentes de datos diferentes que cruzar mediante técnicas de ‘big data’ para comprobar deslocalizaciones ficticias de contribuyentes y cotejar si realmente se reside en el extranjero. Además, prevé poder retomar a lo largo de 2021 las visitas con “plenas garantías jurídicas”.

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha avanzado este martes que el organismo dispondrá de hasta 70 fuentes de datos diferentes que cruzar mediante técnicas de ‘big data’ para comprobar deslocalizaciones ficticias de contribuyentes y cotejar si realmente se reside en el extranjero. Además, prevé poder retomar a lo largo de 2021 las visitas con “plenas garantías jurídicas”.

Así lo ha indicado durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda a petición propia para informar sobre el Plan de Control Tributario y Aduanero de 2021, en la que ha destacado que las técnicas de ‘big data’ permiten una aplicación “más generalizada” en el ámbito del análisis patrimonial y, por consiguiente, detectar en mayor medida las deslocalizaciones ficticias de contribuyentes a otros territorios.

Gascón ha apuntado que el tema de las deslocalizaciones “se ha puesto de moda últimamente”, tras la polémica por la marcha de algunos ‘youtubers’ e ‘influencers’ a Andorra y otros territorios con una imposición más baja.

En este sentido, ha precisado que actualmente hay 2,5 millones de españoles que viven fuera del país, un dato que “hay que darlo por bueno” al ser en general verdad, si bien se producen también “deslocalizaciones ficticias”. De su lado, hay unos 5 millones de extranjeros que residen en España.

Ante el “caos” de las deslocalizciones ha valorado el “avance” que supone combinar 70 fuentes de datos diferentes con técnica de ‘big data’ en casos de indicios, lo que le ha llevado a afirmar que los datos “son mayores de los que han sido nunca” para poder disponer de indicios ante una posible deslocalización ficticia.

A continuación, ha añadido, se posibilitará acometer una actuación comprobatoria y, si es preciso, abrir un expediente, si bien ha reconocido que se trata de procedimientos “complicados”, ya que “una cosa es que tengas indicios y otra es que seas capaz de probarlo”.

En todo caso, cree que la combinación de fuentes, algunas estructuradas y otras informaciones obtenidas en fuentes abiertas, es “absolutamente crucial” porque los procesos probatorios son “muy complicados. En este asunto tiene “mucho que decir” la central de coordinación de control de patrimonios relevante, ha apuntado Gascón.

Espera recuperar las visitas “a lo largo de 2021”

En el ámbito de control, Gascón ha indicado que hay que regularizar incumplimientos y obtener el cobro de deudas, impulsando el cumplimiento voluntario, en un contexto en el que se tendrá que asumir el reto “extraordinariamente importante” de gestionar por primera vez las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ y profundizar en el control del mundo digital.

El director general de la AEAT ha afirmado también que el organismo tiene previsto la realización de un “buen número de visitas”, si bien el plan ha quedado suspendido hasta que la situación sanitaria mejore.

Dentro de las visitas, ha indicado que las de “mayor intensidad” son las entradas con autorización judicial en domicilios “constitucionalmente protegidos”, tras la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado en la que se establecían determinados límites.

“Si la situación sanitaria lo permite, queremos retomar (las visitas) a lo largo del año 2021 con plenas garantías jurídicas, teniendo en cuenta la doctrina del Supremo y los posibles cambios normativos que se puedan producir al respecto”, ha indicado.

Las indemnizaciones por los daños de los terremotos en Granada ascenderán a 15 millones

El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido ya más de 6.680 solicitudes, la mayoría de Atarfe (1.610) y la capital (1.602)

Un hombre muestra grietas en su casa de Santa Fe tras un seísmo intenso

granadahoy.com

El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido ya más de 6.680 solicitudes de indemnización por la serie de terremotos que afecta al área metropolitana de Granada y prevé que estas puedan alcanzar un montante global, de acuerdo a una primera cuantificación inicial, de unos 15 millones de euros. Alejandro Izuzquiza, director de Operaciones de este consorcio adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos, ha informado de que el coste final real dependerá de si se confirma que los daños han sido efectivamente producidos por el enjambre sísmico o si hay otros reclamados que son previos.

La cifra estimada de 15 millones es por tanto todavía “orientativa”, “de referencia inicial”, y se irá ajustando conforme se concluyan los informes periciales de cada uno de los más de 6.680 expedientes abiertos, ha indicado, al tiempo que ha destacado que el consorcio ya haya acabado las primeras peritaciones y efectuado incluso las primeras transferencias bancarias.

Según Izuzquiza, se trata todavía de cantidades “más bien simbólicas” pero que ponen de manifiesto que el ritmo de elaboración de informes periciales y de transferencias irá progresivamente aumentando cada semana, hasta acabar en un plazo que no debería de ser superior a cuatro meses a partir de este momento.

En concreto, se ha completado la gestión de las primeras 127 solicitudes de indemnización y se han abonado 132.000 euros a través de transferencia bancaria a los asegurados, lo que supone de momento un 2 % de las registradas. De las 6.683 peticiones recibidas por el CCS, que atenderá los daños causados por la serie sísmica siempre y cuando que los bienes afectados contaran con un seguro vigente en el momento de los terremotos, 6.149 corresponden a viviendas y comunidades de propietarios.

Además, otras 430 se refieren a comercios, almacenes y otro tipo de inmuebles públicos o privados de uso no industrial, 45 a locales de oficina, 28 a industrias y 31 a automóviles. Del total de solicitudes, la mayoría de ellas se han concentrado tanto en Atarfe (1.610) como en la capital (1.602), seguidos de Santa Fe (867).

La tecnología marca diferencias en las comunidades de vecinos

Las nuevas tecnologías, como los pagos online, los drones de vigilancia y las aplicaciones móviles para controlar la luz y el agua, llegan con paso firme para gestionar y mantener los inmuebles con máximas garantías

laopiniondemurcia.es

Eva Moya

Las nuevas tecnologías ya han cambiado a mejor la forma de vivir y gestionar el día a día, por lo que no es de extrañar que conglomerados como por ejemplo, las comunidades de vecinos se animen a hacer uso de ellas para gestionar, mantener y facilitar la convivencia.

Si ya se emplean dispositivos conectados y apps para realizar todo tipo de gestiones, como pagar facturas, hacer videoconferencias, hacer la compra, hablar con amigos y familiares, ¿por qué no emplear esas mismas tecnologías en el ámbito de la comunidad de propietarios? Las tecnologías acabarán llegando a las comunidades de vecinos para cambiar y, sobre todo, facilitar las relaciones entre vecinos, administradores de fincas y proveedores.

Por el momento, las reuniones de vecinos no van a desaparecer y habrá que seguir acudiendo para llevar a cabo las votaciones de muchas cuestiones, pero las tecnologías sí pueden ayudar a gestionar ciertos aspectos de relevancia en las fincas.

Apps «comunitarias»

Informes presentados en la plataforma digital tucomunidad.com, explican y detallan que hay apps y ciertas tecnologías que muy pronto empezarán a usarse en las fincas y comunidades. Por ejemplo, los pagos online. La utilización de plataformas que permitan pagar y cobrar de manera automática y segura las cuotas de la comunidad se popularizarán entre propietarios y administradores. Una perfecta solución para resolver el problema de los pagos de los propietarios extranjeros, o vecinos que no vivan de forma continuada en la propiedad, ya que se evita el abono en metálico.

A veces contactar con el administrador puede ser muy complicado, por lo que la tecnología puede facilitar la recepción y gestión de incidencias de modo online. Según el portal, los administradores emplean tres quintas partes de su jornada laboral contestando a llamadas y mensajes de los vecinos que les informan sobre un problema. Llevar a cabo las notificaciones de incidencias de modo online es mucho rápido y, de hecho, permite que los demás vecinos sepan qué es lo que se ha comunicado y estén al tanto de todo.

La gestión online de reserva de espacios ayuda en las comunidades que tienen locales o pistas deportivas. Estas aplicaciones benefician tanto a los propietarios como a los administradores, que pueden destinar su tiempo a la resolución del problema o a otras tareas. Incluso se puede dar acceso a la plataforma de la comunidad, a los proveedores de servicios como los técnicos de ascensores, fontaneros, jardineros, servicio de limpieza, electricistas, seguridad… para que reciban al instante una alerta de avería y se pueda agilizar la reparación.

Otro aspecto interesante es la gestión online de la reserva de espacios comunes. Muchas comunidades cuentan con locales multiuso para el uso de los vecinos, pistas de tenis o pádel, gimnasio, etcétera. Una aplicación puede ayudar a agilizar las gestiones, ofreciendo información acerca de las horas libres y permitiendo la reserva anticipada.

¿Dónde tienen lugar el 75% de los contagios de Covid-19?

¿Dónde tienen lugar el 75% de los contagios de Covid-19?

okdiario.com

Un estudio ha dado conocer nuevas informaciones sobre dónde tienen lugar el 75% de los contagios de Covid-19. Los espacios cerrados siguen siendo los ejes centrales de contagio de esta pandemia, si bien los científicos ponen especial énfasis en que estos espacios deben estar correctamente ventilados.

Ahora un nuevo estudio reafirma lo que ya sabíamos, que el 75% de los contagios se producen en lugares cerrados que especialmente no tienen suficiente ventilación.

Esto sucede en todo tipo de espacio, sea bares, restaurantes, casas, centros de trabajo,  colegios, etc. Así tales lugares deben estar abiertos y cumplir con determinadas medidas que son clave para que evitar o reducir los contagios de Covid-19.

Da igual que estemos a 5 metros de las personas dentro de un espacio interior, si no está bien ventilado, tenemos más posibilidades de contraer el virus.

En cambio, los científicos creen que es en exteriores donde normalmente hay menos probabilidad de este contagio, pero no estamos exentos de ello, especialmente cuando estamos tiempo con grupos de personas hablando. Así se recomienda llevar mascarilla, mantener la distancia entre personas, el lavado de manos, etc.

Otros espacios

En las comunidades de vecinos hay determinadas normas a cumplir. Por esto desde un inicio de la pandemia, se recomendó evitar el uso del ascensor porque era un lugar demasiado cerrado y compartido por determinadas personas del mismo edificio.

¿Dónde tienen lugar el 75% de los contagios de Covid-19?

Según este estudio, los ascensores son un foco de contagio del coronavirus importante y no se le da tanta importancia. Son lugares con prácticamente ningún lado de ventilación. En este caso, las comunidades de vecinos recomiendan no compartir ascensor con otros vecinos, solamente con las personas convivientes o de la misma burbuja, y en la medida de lo posible no cogerlo y subir por las escaleras.

También se recomienda que las puertas permanezcan abiertas para que el aire circule, pero es complicado al no tener ventilación.

Las famosas partículas de los aerosoles se propagan y pueden hacer circular el coronavirus por el aire. Se ha explicado que tales partículas pueden estar y mantenerse durante tres horas en lugares cerrados como en los ascensores.

Entornos laborales

Según el Ministerio de Sanidad, uno de los entornos  donde  se  produce  mayor  transmisión  de  SARS-CoV-2  son  los  entornos laborales  cerrados y las actividades    que  suponen  una  mayor  cantidad  de  contactos interpersonales.

Además  del  personal  de  los  sectores  sanitario  y  sociosanitario,  que  son  los  que  conllevan  un mayor  riesgo  de  exposición  al  SARS-CoV-2,  determinadas  ocupaciones  están  más  expuestas  a personas  y  por  tanto  podrían  tener  un  mayor  riesgo  frente  a  la Covid-19,  como  por  ejemplo  los conductores  de  transporte  público,  vendedores,  carteros,  repartidores,  limpiadores y  personas que  trabajan  en  servicios  domésticos.

Un estudio  en  Suecia  que compara los  riesgos  de  las diferentes ocupaciones, encontró un riesgo relativo 4,8 superior (IC 95% 3,9-6) en los conductores de  taxi  frente  a  otras  ocupaciones,  seguido  de  los  conductores  de  autobús.

Desde el Ministerio y los médicos recomiendan el teletrabajo para aquellas profesionales donde es posible hacerlo así para evitar el contacto con otras personas y los contagios de Covid-19.

Centros sanitarios

En la fase inicial del conocimiento  de  la  enfermedad, aunque  la  transmisión  comunitaria  era  inexistente  o  muy baja,  el  desconocimiento  de  la  transmisión  de  la  infección  a  partir  de  casos  asintomáticos  pudo generar casos entre sanitarios indebidamente protegidos. Y había contagios de Covid-19.

Si bien el colectivo sanitario es más vulnerable  por  su  mayor  exposición,  el  curso  clínico  de  la  enfermedad  en  este  grupo,  es relativamente  benigno. Las cifras de hospitalización (10,7%), de ingreso en UCI (1,2%) y letalidad (0,1%) corresponden a lo esperable para el conjunto de la población de la misma estructura de edad, según Sanidad.

Escuelas

Es otro de los lugares cerrados que necesitan de mayor ventilación. A destacar, según Sanidad, respecto a la transmisión niño-niño, se  puede  decir  que  la es menos  eficiente  para  SARS-CoV-2  que  para  otras  infecciones  respiratorias como la gripe.

La evidencia de esta afirmación deriva de brotes escolares donde se detectaron los casos sintomáticos, lo que podría haber subestimado el total de infectados por no  detectar  los  asintomáticos.

Así, en algunos  de  estos  brotes  en  Francia,  Irlanda  y Finlandia, los niños enfermos no generaron ningún caso secundario. Del mismo modo, en Singapur no se identificó ningún caso secundario entre los 103 contactos de dos niños  de  prescolar  y  secundaria.

Por  el  contrario  en  Israel, en  una  escuela  de secundaria, diez días después  de  la reapertura de  los colegios con medidas higiénicas de seguridad,  se  detectó  un  brote  importante  con  una  tasa  de  ataque  de  13,2%  entre  los estudiantes y 16,5% entre los adultos.

Respecto a la transmisión  niño-adulto, parece  por  la  evidencia  disponible  que  los  niños  no  son  los transmisores primarios a los adultos en el contexto escolar. Hasta el momento no se han detectado casos secundarios adultos de niños enfermos en este entorno.

En  un brote  en  Irlanda,  ninguno  entre  102  niños  expuestos  a  un profesor infectado desarrollaron la enfermedad, aunque sólo se hizo PCR a aquellos niños que referían síntomas.

¿Puede oponerse una comunidad de propietarios a los pisos turísticos?

¿Puede oponerse una comunidad de propietarios a los pisos turísticos?

burgosconecta.es

Las plataformas online de alquiler vacacional impulsaron el surgimiento y auge de los pisos turísticos. Un fenómeno que llegó incluso a superar la oferta de plazas hoteleras en el año 2018, 406.905 frente a 430.350 en las 22 principales ciudades españolas, según un informe de Exceltur. Su proliferación afectó no solo al mercado de alquiler tradicional, forzando al alza su precio, sino también a la convivencia entre vecinos.

El hecho de que muchos propietarios se decidan a alquilar sus pisos a turistas en edificios originalmente diseñados para uso residencial, y que estos se conviertan en una especie de aparta hoteles con un ir y venir constante de gente desconocida -y en numerosas ocasiones incívica- genera mucha tensión y desconfianza en los residentes habituales. Son situaciones que se viven, sobre todo, en el centro de los grandes núcleos urbanos. Y que ponen sobre la mesa la pregunta de si una comunidad de propietarios puede oponerse a los pisos turísticos.

Qué dice la ley

Hasta el año 2019 no existía ninguna norma a nivel estatal que legislara sobre el alquiler de los pisos turísticos. Es decir, que para prohibir el alquiler vacacional se necesitaba del acuerdo de todos los miembros de una comunidad de vecinos. Sin embargo, en marzo de ese año, con la reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal que trajo el Real Decreto Ley 7/2019 y la consiguiente modificación de su artículo 17, se abrieron nuevas posibilidades para limitar o condicionar el alquiler vacacional o turístico.

En pocas palabras, la reforma faculta a las comunidades de propietarios para adoptar acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad de alquiler turístico de vivienda con una mayoría de tres quintas partes. Luego hay que atender a la legislación autonómica o local que en cada comunidad o municipio rija a este respecto. En Cataluña, por ejemplo, se exige que el 80% de los propietarios se pongan de acuerdo. Son varias las ciudades que ya han implementado normativas propias para frenar la proliferación de estos alquileres. Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca o Donostia-San Sebastián están entre ellas.

Además, con la modificación de la normativa convalidada por el Congreso, las comunidades de vecinos ahora también pueden adoptar acuerdos para establecer cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice la actividad turística. Siempre y cuando estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%.

Cómo frenar el alquiler turístico

Raro es encontrar comunidades de propietarios en cuyos estatutos o títulos constitutivos se hiciera referencia a los alquileres turísticos antes de que estallara este boom en regiones ajenas a los destinos de playa. Pero a partir de la aparición y proliferación de este fenómeno, las comunidades más activas de vecinos sí que se empezaron a plantear revisar estos acuerdos de cara a establecer si no la prohibición total, al menos condicionamientos y normas específicas.

Desde marzo de 2019, con la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal ya tienen un respaldo legal en el que poder apoyarse. Es verdad que, desde el punto de vista doctrinal, no existe una posición unánime que avale la posibilidad de prohibir esta actividad sin una causa justificada. Una rama considera que las comunidades de propietarios solo están facultadas para limitarla o condicionarla, mientras que otro sector cree que si la mayoría de los miembros de una vecindad están de acuerdo e inscriben los estatutos o su modificación en el Registro de la Propiedad sí que pueden prohibir de raíz el alquiler vacacional. Eso sí, esto nunca afectaría a aquellos propietarios que lo hicieran con anterioridad.

Como el Registro de la Propiedad es de carácter público y puede ser consultado por cualquier persona -de hecho, es un paso obligatorio para alguien que vaya a adquirir un inmueble si quiere asegurarse de que esté libre de cargas o limitaciones-, nadie podrá alegar que se desconocían los condicionantes en el momento de comprar la vivienda.

En comunidades de propietarios en las que no existan estatutos se necesita de un acuerdo de la junta de propietarios para permitir, limitar o prohibir esta práctica, además de atender a la normativa de la comunidad autónoma en la que se sitúe la propiedad. Claro que una vez adoptados estos acuerdos, lo más conveniente es que queden inscritos en el Registro de la Propiedad para otorgarles oficialidad.