La Agencia Tributaria habilita una opción para realizar apoderamiento electrónico

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europapress.es

La Agencia Tributaria ha establecido un nuevo trámite a través de la sede electrónica del organismo para poder realizar el apoderamiento ante la AEAT sin necesidad de realizar desplazamientos a las oficinas, ya que el contexto actual de crisis sanitaria “aconseja potenciar medidas que faciliten la realización de trámites por vía electrónica”.

Así lo ha señalado el organismo, que explica que para facilitar la tramitación electrónica del alta del poder para trámites tributarios, y especialmente para aquellos casos en los que el poderdante no tenga identificación electrónica para apoderar, se ha habilitado una nueva forma de dar de alta el poder de representación, a través de la sede electrónica de la AEAT, sin intervención del poderdante.

Hasta ahora, el procedimiento del alta del poder para trámites tributarios podía realizarse por Internet, mediante el uso de certificado electrónico reconocido o Cl@ve (del poderdante); mediante comparecencia personal en las oficinas de la AEAT o con un documento público o documento privado con firma notarialmente legitimada presentado ante la Agencia Tributaria.

Para esos casos se ha previsto la posibilidad de presentación de la escritura de poder en el registro electrónico de la Agencia Tributaria para generar el apoderamiento, a través del trámite ‘Solicitar alta de poder para trámites tributarios’, incluido en el procedimiento ‘Apoderamiento para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet’.

En esta modalidad de solicitud de incorporación de poderes al registro de apoderamientos no es necesario que participe el poderdante, pues ya en su momento otorgó el poder ante el fedatario público correspondiente. Así, estas escrituras de poder otorgadas para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria pueden ser presentadas por el propio apoderado con su certificado electrónico o Cl@ve.

Tras la presentación, se incorporaría el poder en el Registro de apoderamientos, previa revisión por la AEAT de la subsistencia del poder otorgado en la escritura notarial.

El apoderado las presentaría por Internet ante la Agencia Tributaria con su certificado electrónico o Cl@ve, tras lo cual se incorporaría el poder en el registro de apoderamientos, previa revisión por el funcionario habilitado para ello, y mediante dos formas, que pasan por la aportación en el registro electrónico de la Agencia Tributaria de escrituras electrónicas de apoderamiento o copias electrónicas de las mismas, reguladas en la ley del Notariado y que cumplan los requisitos en él establecidos.

La otra forma es con la aportación de las escrituras de apoderamiento en formato PDF presentadas a tal efecto en el registro electrónico de la AEAT.

FENIE pide implantar la obligatoriedad de contratos de mantenimiento en instalaciones de telecomunicaciones

Un estudio de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España concluye que la implantación de esta medida beneficiaría a las comunidades de propietarios, a las empresas instaladoras y a las arcas públicas

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Que los edificios del sector residencial dispongan, obligatoriamente, de contratos de mantenimiento de sus instalaciones de telecomunicaciones con empresas registradas. Esta es la petición que ha realizado la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (FENIE) al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO).

En este sentido, FENIE insta al Gobierno a incluir esta medida dentro del Plan de Reactivación Económica y Empresarial que el Ejecutivo ha puesto en marcha para paliar las pérdidas económicas causadas por el COVID-19.

La Federación solicita que se implante esta medida a partir de un estudio, desarrollado por su propia Comisión de Telecomunicaciones, que “avala los múltiples beneficios para la economía y la sociedad española de este requerimiento”.

La normativa estatal actual delega en los usuarios las medidas necesarias para garantizar el correcto estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones. Sin embargo, según FENIE, “en la práctica se ha demostrado que, en la mayoría de las ocasiones, esto se reduce a actuaciones correctivas en caso de incidencia o avería”.

Conclusiones del estudio

La organización subraya que, ante el auge del teletrabajo y la formación online, el mantenimiento continuado de las instalaciones de telecomunicaciones se hace “aún más necesario”.

Por todo ello, FENIE ha realizado un análisis de situación del parque de edificios residenciales de España, estudiando los costes derivados del mantenimiento de una instalación de telecomunicaciones, con y sin contrato de mantenimiento, en un plazo de 10 años. A partir de este análisis, la Federación ha obtenido las siguientes conclusiones:

  • Las comunidades de propietarios con contrato de mantenimiento suscrito comienzan a ahorrar a partir del segundo año, obteniendo un ahorro superior al 30% del décimo año en adelante. En este punto, FENIE destaca, además, la reducción de los tiempos de actuación.
  • Por otra parte, los contratos de mantenimiento garantizarían a las empresas instaladoras registradas ingresos fijos y predecibles, lo que posibilitaría -añade FENIE- un incremento de la plantilla.
  • En tercer lugar, la Federación señala que la obligatoriedad de suscribir un contrato de mantenimiento exigiría la contratación de empresas registradas, lo que supondría una reducción de la economía sumergida y el intrusismo.
  • Por último, FENIE subraya que la puesta en marcha de esta medida también repercutiría de forma positiva en las arcas del estado a través de los impuestos directos e indirectos.

El Congreso aprueba la tramitación del régimen sancionador contra la morosidad

La proposición de ley contempla multas de entre 6.000 y un millón de euros en función de la gravedad de las infracciones. AECIM celebra este paso adelante hacia una futura ley contra las empresas morosas y “urge” a agilizar su tramitación para mejorar la liquidez de pymes y autónomos.

El Congreso aprueba la tramitación del régimen sancionador.

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El pleno del Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley de Junts per Catalunya para poner en marcha el régimen sancionador contra la morosidad. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en la Cámara Baja, con un total de 344 votos a favor y una abstención.

La proposición de ley contempla la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad en las operaciones comerciales, medidas de impulso a la transparencia en los plazos de pago en las sociedades mercantiles y un régimen de sanciones. Las multas pueden ser de hasta 6.000 euros para las infracciones leves, de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves, y de hasta un millón de euros para las más graves.

Asimismo, la proposición recoge la prohibición de pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente. También se modifica la regulación del IVA, para cambiar la base imponible de las facturas no cobradas y reducir el plazo, establecido actualmente en seis meses, para considerar una factura como incobrable.

AECIM: “Urge garantizar la cadena de pagos”

“Las pymes necesitan con urgencia una regulación de la morosidad”. Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Asociación de Empresas del Comercio e Industria del Metal de Madrid (AECIM)Luis Collado, quien explica que “los 130.000 millones de euros de demora en pagos afectan fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que conforman el 90 % del tejido empresarial”.

Según los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las empresas presentes en la Bolsa española, incluyendo las del IBEX 35, tenían facturas por pagar a sus proveedores por valor de 122.000 millones de euros, a los que se suma la deuda de las administraciones de 8.621 millones de euros.

El presidente de la patronal madrileña insta a “garantizar la cadena de pagos”. Collado, que además es miembro de la junta directiva de ADIME (Asociación Nacional de Distribuidores de Material Eléctrico), considera que esta es “la vía para atender las necesidades de financiación de las pymes españolas, en un momento especialmente delicado por la crisis del COVID-19“.

Desde la Plataforma contra la Morosidad advierten asimismo de que, en el peor escenario económico proyectado por el Banco de España, con una caída de hasta el 15% del PIB, el conjunto de empresas necesitará 238.000 millones de euros.

“Es preciso mejorar los procedimientos de pago y cumplir con los plazos para asegurar la liquidez del sector“, recalca Luis Collado, que celebra el apoyo mayoritario en la sesión plenaria del Congreso a la proposición de ley y destaca que la lucha contra la morosidad es un objetivo prioritario de la patronal madrileña.

Las dos primeras sentencias dictadas en Navarra por multas durante el estado de alarma avalan el procedimiento sancionador

Una de las sentencias estima el recurso presentado por un ciudadano que fue multado por encontrarse paseando a su perro a más de un kilómetro de su domicilio, extremo que no fue acreditado, mientras que la otra confirma la sanción a una persona que daba un paseo sin causa justificada

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elderecho.com

Las dos primeras sentencias dictadas por sanciones impuestas durante el estado de alarma en Navarra a consecuencia de la pandemia derivada de la Covid-19 constatan que los jueces van a analizar caso por caso las “particulares circunstancias concurrentes”. Así, en uno de los supuestos se ha estimado el recurso de un ciudadano que fue multado por encontrarse paseando a su perro a más de un kilómetro de su domicilio, extremo que no fue acreditado, y, en el otro asunto, se ha mantenido la sanción a un hombre que daba un paseo sin causa justificada. Las dos resoluciones judiciales son firmes.

Contrariamente a lo reclamado por el abogado defensor de los recurrentes, los dos jueces, en sus respectivas sentencias, avalan el procedimiento sancionador, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, por lo que ambos rechazan las solicitudes de nulidad.

Según exponen los magistrados, las conductas contrarias a lo dispuesto en el Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma suponían “desobediencia a la autoridad”, sin que resultara necesario un previo requerimiento de un agente para la comisión de la infracción administrativa.

En el recurso interpuesto por un hombre sancionado por la Policía Municipal de Pamplona el 28 de marzo por encontrarse con su perro a más de un kilómetro de su domicilio, la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pamplona explica en primer lugar que el propio Ayuntamiento no ha podido acreditar que el recurrente se hallara a la citada distancia, ya que, según la prueba aportada, podría encontrarse a 850 metros.

Debido a esa ausencia de acreditación de la distancia, y teniendo en cuenta el déficit de concreción que tenía la prohibición ya que no especificaba qué debía entenderse por “paseos cortos para cubrir necesidades fisiológicas” de los perros, la juez estima el recurso al no haberse desvirtuado la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa.

De esta forma, anula la sanción impuesta y ordena reintegrar a recurrente la cantidad por él abonada en concepto de multa, con el 50% de descuento por pronto pago, es decir, 300,50 euros. Además, impone las costas procesales al Ayuntamiento de Pamplona.

No presentó prescripción médica para pasear

En la otra sanción enjuiciada, sin embargo, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 ha fallado en favor de la Delegación del Gobierno en Navarra en una denuncia impuesta por la Policía Local de Berriozar el 18 de marzo.

Sobre las 11.40 horas, los agentes denunciaron a un hombre que se encontraba en el camino de ‘La Chopera’. Esta persona alegó que es diabético y que su médico le ha prescrito que debe andar todos los días.

En la sentencia, el magistrado indica en primer lugar que este motivo no se hallaba comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el real decreto que reguló el estado de alarma.

Al respecto, añade el juez, el recurrente pudo haber presentado alegaciones en vía administrativa y no lo hizo. Optó, en cambio, por acogerse al beneficio de reducción de la sanción, por lo que ahora no puede pretender discutir elementos y circunstancias que no fueron alegados en la vía administrativa.

Pero, además, el juez destaca que, aunque se pretendiera dar algún valor a los documentos aportados con el escrito de demanda, se trata de escritos médicos “en los que en ningún lugar indican la existencia de esa prescripción facultativa alegada por el recurrente”.

“En todo caso lo único que de ellos se puede inferir es que las circunstancias del recurrente le convierten en una persona de mayor riesgo para la pandemia que dio lugar a la declaración del estado de alarma”, concluye el magistrado, que ha impuesto además las costas judiciales al ciudadano ante la desestimación íntegra de sus pretensiones.

Carteles en portales y hoteles medicalizados, novedades en Madrid frente COVID

lavanguardia.com

Otras ocho zonas de salud afectadas por restricciones en la Comunidad de Madrid, carteles informativos en los portales y reactivación de los hoteles medicalizados son las novedades principales de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno regional para frenar el avance del coronavirus.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, han detallado este viernes las nuevas medidas en rueda de prensa.

– 45 ZONAS BÁSICAS DE SALUD CON RESTRICCIONES

A las 37 zonas de salud con limitaciones de movilidad se suman ocho nuevas: Campo de la Paloma y Rafael Alberti (ambas en Puente de Vallecas); Doctor Trueta y Miguel Servet (las dos en Alcorcón); Panaderas (Fuenlabrada); García Noblejas (Ciudad Lineal); Vicálvaro-Artilleros (Vicálvaro); y Orcasitas (Usera).

Las nuevas zonas cuentan con una población de 167.381 habitantes que, sumados a los de las 37 anteriores, hacen un total de 1.025.574 madrileños afectados.

– INFORMACIÓN EN CADA PORTAL

La Comunidad de Madrid, a través del Colegio de Administradores de Fincas, ha comenzado a distribuir en los portales de más de medio millón de comunidades de vecinos carteles informativos de las nuevas medidas contra la COVID-19.

– SE REACTIVAN LOS HOTELES MEDICALIZADOS

Con el fin de aliviar la presión en los hospitales de la región, la Comunidad va a reactivar la medicalización de hoteles con la supervisión de personal sanitario.

Desde este mismo viernes podrían llegar pacientes al NH Leganés y desde el 1 de octubre al Hotel Vía Castellana. El Hotel Ayre Gran Colón no ha dejado de estar activo como hotel medicalizado desde el pasado mes de marzo.

– TRABAJO, COLEGIO, MÉDICO, CUIDADOS Y OBLIGACIONES, MOTIVOS PARA ENTRAR O SALIR DE LAS ÁREAS RESTRINGIDAS

La entrada o salida en las áreas afectadas por las restricciones solo se permite por necesidades como acudir al médico; atender obligaciones laborales, legales o educativas; cuidado de personas; o causas de fuerza mayor.

Se permiten los desplazamientos dentro de los límites de cada área afectada, pero se desaconsejan los que no sean imprescindibles.

– CIERRES A LAS 22.00 HORAS Y GRUPOS REDUCIDOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA

En las 45 áreas con restricciones los establecimientos solo podrán estar abiertos hasta las 22.00 horas, a excepción de farmacias, centros médicos o veterinarios o gasolineras.

Queda suspendida la actividad en parques y jardines y se permite la actividad en instalaciones deportivas, siempre que se respete la reducción del aforo al 50 % y que los grupos no sean de más de seis personas.

– AFOROS REDUCIDOS, PROHIBIDO CONSUMIR EN BARRA Y LÍMITES EN LUGARES DE CULTO Y VELATORIOS.

En las áreas con restricciones no se podrán celebrar reuniones -ni públicas ni privadas- de más de seis personas, salvo que convivan juntas, medida que es aplicable a toda la Comunidad de Madrid.

En las 45 áreas los aforos (incluidos los comercios) se reducen al 50 %. En los establecimientos de hostelería se prohíbe consumir en la barra, solo se permiten seis comensales por mesa y se cierran a las 22.00 horas, salvo para hacer entregas a domicilio.

Las academias o autoescuelas reducen su aforo al 50 %, con grupos máximos de seis alumnos.

Los lugares de culto reducen su aforo a un tercio, y en los velatorios solo puede haber 15 personas si están al aire libre o 10 en espacios cerrados.

– MULTAS DE ENTRE 600 Y 600.000 EUROS.

Las restricciones en las ocho nuevas zonas básicas de salud entrarán en vigor a las 00.00 horas del lunes 28 de diciembre.

El control del cumplimiento de las medidas se harán en coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías locales, que podrán imponer multas de entre 600 y 600.000 euros.

– Y CON CARÁCTER GENERAL PARA TODA LA COMUNIDAD…

El Gobierno regional recomienda a los vecinos de toda la Comunidad de Madrid que eviten todo movimiento innecesario, tanto en las áreas afectadas por restricciones como en el resto del territorio.

Las reuniones, tanto en espacios públicos como privados, están limitadas a seis personas.

– UN MILLÓN DE TEST ANTÍGENOS EN LAS ZONAS DE MAYOR CONTAGIO

La Comunidad realizará un millón de test entre los vecinos de las zonas con más contagios, comenzando por el distrito de Puente de Vallecas.

Las pruebas se realizarán por secciones censales y se harán primero en aquellas donde se haya detectado mayor incidencia de casos.

Crevillent desplegará la primera instalación de autoconsumo colectivo

El proyecto piloto que se está instalando en la pedanía permitirá aprender sobre variables técnicas, económicas, administrativas y sociales del modelo para después extrapolar la tipología al municipio

Imagen de una de las instalaciones del Grupo Enercoop en su sede central en Crevillent. EFE/Enercoop
Imagen de una de las instalaciones del Grupo Enercoop en su sede central en Crevillent

elperiodicodeaqui.com

Grupo Enercoop desplegará en Crevillent la primera instalación de autoconsumo energético colectivo que comenzará a funcionar en España, un proyecto piloto que supondrá ahorros de entre el 15 y el 20 % para los clientes en la factura eléctrica y estará operativa a final de año en una de sus pedanías.

Hace unas pocas semanas comenzaron las obras en un espacio público (gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento) de una primera célula de 120 kilovatios para 70 vecinos, con almacenamiento energético de baterías de litio, que forma parte de un proyecto más amplio que prevé instalar 50 veces más para 2030, hasta 5 megavatios, con un coste de inversión de 400.000 euros.

El proyecto piloto que se está instalando en la pedanía permitirá aprender sobre variables técnicas, económicas, administrativas y sociales del modelo y “pasar del Power Point a una realidad, ir venciendo escollos” para después extrapolar la tipología a todo el municipio.

Así lo explica a Efe Joaquín Mas, director general de Enercoop, la primera compañía energética independiente de la Comunitat Valenciana y la empresa de mayor facturación del municipio alicantino, cuya matriz es la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, con 11.000 socios.

Mas señala que es posible que existan comunidades energéticas locales en otros lugares de España con un número muy pequeño de miembros y proyectos para la creación de instalaciones de autoconsumo, pero la de Crevillent será “la primera instalación de autoconsumo colectivo realmente desplegada en la práctica” en España.

Enercoop como promotora generará el 50 % de la energía que se consume en el barrio sin ninguna inversión inicial por parte de los vecinos, un elemento que salva las barreras sociales -nos cuesta compartir, asegura- y económicas que puedan existir.

Así, la cooperativa de Crevillent -que es cooperativa histórica porque dispone de red propia de distribución- asume la inversión y comparte los ahorros con los vecinos en su factura eléctrica y, a medida que va amortizando la inversión, crece el porcentaje de ahorro.

En las fases iniciales los ahorros dependen del rol que desempeñe el consumidor, ya sea pasivo o activo, poniendo a disposición del proyecto sus electrodomésticos para adaptar su consumo a la existencia de recursos siempre bajo la premisa de que “lo que hagamos no altere el nivel de confort del usuario”, según Mas.

El proyecto global, llamado “Comptem”, incluye además de una instalación fotovoltaica de 5 megavatios, una aplicación para móviles destinada a que el consumidor conozca sus parámetros de consumo y a partir de ellos pueda optimizar su factura mediante cambios en la potencia contratada o en la tarifación por periodos horarios; y un sistema de información energética mediante paneles digitales colocados en espacios públicos.

Con un coste de 400.000 euros, la iniciativa cuenta con una aportación de 302.000 euros de incentivo al desarrollo de un proyecto europeo de innovación tecnológica que también se desarrolla en Austria.

Según el director de Enercoop, se debe compensar el esfuerzo de los consumidores con el pago de una tarifa más barata, y cita como ejemplo incentivar con una tarifa menor la carga de un vehículo eléctrico en el momento en que se está generando energía.

Joaquín Mas, natural de Crevillent, se incorporó a Grupo Enercoop desde la administración pública hace dos años y su intención es posicionar la cooperativa en el nuevo escenario de transición energética y transformación digital, y pasar de “un modelo fósil, nuclear, centralizado y contaminante a otro descentralizado, descarbonizado, democrático y digital, centrado en el ciudadano”.

Aunque el concepto de comunidad energética está vinculado a su estrategia local, en el último año el grupo ha estado colaborando con otras iniciativas para llevar el proyecto fuera de Crevillent como socios colaboradores.

Desarrolla una de estas colaboraciones con la cooperativa eléctrica de energía verde Sapiens Energía, valenciana, que está especializada en la creación de comunidades locales de energía renovable y cuenta con proyectos en Albalat dels Sorells y Canet d’En Berenguer para la implantación de este tipo de organizaciones, actualmente en proceso de tramitación.

En Albalat instalará 53,4 kw pico de energía fotovoltaica junto con ALTERNAcoop, cuyas oficinas albergarán las placas solares de las que se beneficiarán los vecinos que vivan a 500 metros a la redonda, y además colabora con el Ayuntamiento de este municipio en otro proyecto similar, según ha indicado a Efe su presidente, Juan Sacri.

En Canet, apoya al Ayuntamiento en el asesoramiento técnico y de creación de comunidad en proyectos para la instalación de energía de autoconsumo compartido en edificios municipales y para la población.

En la pedanía de Castellar-Oliveral de València, Sapiens presta asistencia técnica y apoyo en el proceso de definición del marco de gobernanza de la comunidad energética al Ayuntamiento.

Asimismo, promueve junto con los ayuntamientos proyectos piloto en Alzira, Llíria y Fontanars dels Alforins, todos en la provincia de Valencia.

También trabaja para la Generalitat en el desarrollo del plan estratégico de comunidades energéticas locales, y participa en un centro coordinado por Avaesen junto con el IVACE y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Unión de Consumidores, la Asociación de Administradores de Fincas y Enercoop, para desarrollar acciones de formación, información, difusión y acceso a financiación de las comunidades energéticas de energías renovables.

Expertos inmobiliarios reclaman colaboración público-privada para construir más viviendas asequibles

Expertos inmobiliarios reclaman colaboración público-privada para construir más viviendas asequibles

inmodiario.com

La segunda y última sesión del encuentro digital INMOFORUM ALICANTE, que organizan SIMAPRO, Prensa Ibérica y el diario Información, se ha centrado en analizar qué marco es el idóneo para que la colaboración público privada ayude a resolver el problema de acceso a la primera vivienda, ya sea para compra o alquiler. En el encuentro celebrado hoy han participado como ponentes César Jiménez Doménech, Secretario Autonómico de Vivienda y Función Social, Adrián Santos Pérez Navarro, Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Fernández, Presidente de Provía, y Sergio Gálvez, Director general de Estrategia, Inversión y Desarrollos Alternativos. Toni Cabot, Director del Club Información, ha moderado el encuentro. INMOFORUM Alicante cuenta el patrocinio de Tinsa y Aedas Homes, la colaboración de Metrovacesa, Provía y TM Grupo Inmobiliario, y el apoyo de Aimo, Rankia, Byzness, APCEspaña y Tucasa.com.

Antonio González-Noaín, presidente de Planner Exhibitions, empresa organizadora de SIMAPRO, ha presentado el encuentro en una intervención en la que ha destacado la necesidad que tiene el sector de contar con herramientas que por una parte le permitan acceder a un mejor conocimiento del sector y, por otra, le sirvan para la toma de decisiones estratégicas. “Este es el objetivo principal de INMOFORUM, como parte de la iniciativa más ambiciosa que es SIMAPRO”, ha dicho. A continuación ha tomado la palabra Rubén Martínez Dalmau. Vicepresidente Segundo y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, para quien la vivienda se ha convertido en un derecho fundamental de las políticas sociales. “Y, nosotros, como Administración Pública, tenemos que ser los garantes de este derecho a la vivienda digna”. Rubén Martínez ha insistido en el hecho de impulsar estas políticas sociales, “para lo que necesitamos el apoyo de la empresa privada, ya sea mediante un programa de vivienda social, nuevos mecanismos de financiación para la rehabilitación o con el apoyo a la innovación a la construcción”

Dos temas han centrado los debates del coloquio. En primer lugar, la vivienda asequible. Y en segundo lugar, la naturaleza y el alcance de la colaboración público-privada. Temas que, como han reconocido todos los ponentes reunidos en INMOFORUM Alicante, no pueden disociarse. César Jiménez Domenech, Secretario Autonómico de Vivienda y Función Social, ha abierto el coloquio ofreciendo una definición de lo que es una vivienda asequible. “Aquel inmueble sobre el que se pueden ejercer políticas sociales que garanticen su uso por colectivos que precisan de un especial apoyo”, ha dicho para a continuación reconocer la urgencia de la colaboración público-privada para conseguir que estas políticas sociales resulten eficientes. Cesar Jiménez ha llamado la atención sobre el escaso peso de la vivienda social en el parque residencial español, que no llega al 4%, frente al 35% de Austria o el 38% de Dinamarca.

Antonio Fernández, presidente de la asociación de promotores alicantinos Provía, ha vinculado el acceso a la vivienda con la reactivación económica en general y del sector inmobiliario en particular. “Sin embargo, en los últimos años este acceso se ha complicado, y no solo para colectivos vulnerables, sino también para jóvenes con trabajo estable”, se ha lamentado. El presidente de Provía ha recordado que en el ciclo expansivo anterior se construyeron en Alicante una media de 4.000 viviendas sociales anuales y en torno a mil en los peores años de la crisis. En 2018, tan solo 55 y tres años antes, ninguna. “Hay que volver a poner en marcha la maquinaria privada recuperando el plan de vivienda de protección social. Necesitamos ponernos de acuerdo la Administración, que no tiene los medios económicos suficientes para garantizar el acceso a la vivienda, y el sector, que también precisa un marco jurídico que genere confianza y garantice estabilidad”, ha reclamado.

Por su parte, Sergio Gálvez, Director general de Estrategia, Inversión y Desarrollos Alternativos de Aedas Homes, ha profundizado en este último argumento. En su opinión, la colaboración público-privada es buena tanto para el público, “ya que puede acceder más fácilmente a una vivienda”, como para la Administración, “puesto que se beneficia de recursos extraordinarios” y la empresa, “que colabora en facilitar este acceso y refuerza su compromiso social”. Para el directivo de Aedas Homes esta colaboración tiene que desarrollarse en el marco de “un diálogo fluido y transparente”, pues solo así podrá incentivase la concurrencia privada en los concursos públicos.

Este sentido, Adrián Santos Pérez Navarro, Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha defendido una radicalidad inteligente al insistir en la urgencia de “implementar fórmulas imaginativas que fomenten la construcción de viviendas en alquiler”, como el derecho de superficie al que previamente había aludido en su primera intervención César Jiménez Domenech junto a la petición público-privada de mecanismos de financiación al Banco Europeo de inversión. “Todas estas iniciativas -ha resumido Adrián Santos- tienen la ventaja de crear un sistema capaz de involucrar al sector privado en el marco de actuación social de la Administración. Y esto es muy beneficioso para ambas partes”. Por eso, ha afirmado César Jiménez, “hay que garantizar la viabilidad en el tiempo de estas promociones público-privadas y que no terminen como bloques de difícil mantenimiento y convivencia. Tenemos que apostar por la mixtura social”.

“Las empresas privadas poseemos capacidad para diseñar, ejecutar y gestionar parques de viviendas en régimen de alquiler levantados sobre suelos cedidos temporalmente por la Administración. A cambio la administración recibirá durante un período determinado un canon anual y al término del mismo, el inmueble” ha sostenido Sergio Gálvez, de Aedas Homes, quien tampoco ha dejado la oportunidad para recordar que allí donde hay suelo en abundancia, el precio de la vivienda está contenido. “Las administraciones, en cada uno de sus niveles, tienen que ser capaces de generar suelo”,

Algo difícil para Antonio Fernández, de Provía, “si se tiene en cuenta que el actual plan General de Urbanismo data de 1987. O lo que es lo mismo, estamos trabajando con un modelo de ciudad que ya ha caducado”. En opinión de Sergio Gálvez, de Aedas Homes, es esta situación la que alimenta la falta de disponibilidad de suelo. “Una realidad que arranca a nivel local, que asciende a nivel autonómico y termina a nivel nacional. Hay que acortar los plazos de tramitación urbanística. Yo no puedo esperar tres años en reiniciar un proceso de urbanización, porque eso encarece la vivienda”, ha concluido.

Los desahucios de inquilinos caen un 90% por las medidas especiales de la pandemia

En todo el segundo trimestre se produjeron en España poco más de 1.000 lanzamientos, tras la prohibición del Gobierno de expulsar de sus casas a arrendatarios en situación de vulnerabilidad

Protesta contra un desahucio en Barcelona, el pasado 22 de septiembre.
Protesta contra un desahucio en Barcelona, el pasado 22 de septiembre. Albert Garcia 

elpais.com

Los lanzamientos de vivienda practicados por los juzgados en España durante el segundo trimestre de este año muestran un descenso sin precedentes. Las cifras publicadas este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no son, sin embargo, comparables con la serie histórica por las circunstancias especiales del periodo, gran parte del cual comprendió el estado de alarma por el coronavirus (vigente del 14 de marzo al 21 de junio), en el que los juzgados solo prestaron servicios esenciales. Además, el Gobierno decretó el 31 de marzo una suspensión de los desahucios hasta el 1 de octubre para inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis del coronavirus.

En la práctica, todos esos condicionantes se tradujeron en 1.013 lanzamientos de inquilinos practicados por los juzgados entre abril y junio, un 89,8% menos que en el mismo periodo de 2019 (cuando la cifra se acercó a 10.000). El lanzamiento es como se conoce en el argot judicial al procedimiento que culmina el desahucio, cuando se devuelve la posesión del inmueble al propietario del mismo y se levanta un acta judicial.

Si la cifra de desahucios de inquilinos, que desde hace años constituyen la amplia mayoría de personas que son expulsadas de su vivienda en España, es llamativa; todavía lo es más la estadística de lanzamientos de personas por impago de la hipoteca. En el segundo trimestre del año los juzgados practicaron tan solo 300 lanzamientos por este motivo, un 92,1% menos que el año pasado. La suma de ambas cifras, más los desahucios que se atribuyen a otros motivos, dejaron la cifra total de lanzamientos entre abril y junio en 1.383, un 90,6% menos. Andalucía (275), Comunidad Valenciana (195) y Cataluña (148) fueron las tres comunidades con un mayor número de lanzamientos. Si se observan solo los desahucios de inquilinos, se repiten estas tres primeras posiciones.

Pese a que el descenso de lanzamientos de personas que viven de alquiler es una constante desde mediados de 2019, cuando se invirtió la tendencia de los años anteriores y empezaron a registrarse leves caídas interanuales, el desplome registrado por el CGPJ en el segundo trimestre de este año no constituye un indicador fiable de esa tendencia. Entre las medidas para paliar las consecuencias sociales de la epidemia, el Gobierno aprobó el 31 de marzo un decreto que introdujo varias medidas en materia de alquileres.

Entre estas, destacaban la prórroga en seis meses del contrato de arrendamiento si este vence antes del 1 de octubre y el inquilino lo solicita; la obligatoriedad para grandes propietarios de vivienda de aceptar una quita de la renta o un aplazamiento de su pago; y la ya mencionada suspensión de los desahucios, igualmente hasta el 1 de octubre. Esta última, desde la finalización del estado de alarma y la consecuente reactivación de los juzgados, solo se aplica cuando el inquilino lo solicita y acredita su situación de vulnerabilidad por la covid-19. Además, también concurren otras circunstancias, como que el arrendador también demuestre que se encuentra en situación vulnerable, en cuyo caso corresponde al juez decidir.

En gran parte esas normas también afectarán a la estadística del tercer trimestre del año (julio-septiembre), pero está por ver qué sucederá una vez se levanten las restricciones. Otra posibilidad es que el Gobierno prolongue la aplicación de las restricciones a los desahucios más allá de octubre, como demandan los sindicatos de inquilinos.

La estadística del CGPJ también recoge los datos de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas desde mediados de 2018. Ese procedimiento requiere que el propietario que reclama que su inmueble ha sido ocupado sea una persona física, una entidad sin ánimo de lucro o una administración pública, por lo que no sirve para valorar el conjunto de la ocupación porque deja fuera los inmuebles que son propiedad de bancos, fondos u otras empresas. Entre abril y junio ingresaron en los juzgados 757 de este tipo, casi 200 menos que en el segundo trimestre del año pasado (953). La menor actividad de los juzgados afectó al número de casos de este tipo resueltos, 449 (frente a más de 700 entre abril y junio de 2019), por lo que continuó aumentando el número de asuntos pendientes de resolución: si a finales del pasado marzo eran 2.216, a mediados de año esa cifra había crecido hasta los 2.538 procedimientos.

El Gobierno redefinirá el concepto de ‘vivienda vacía’ para forzar que los dueños pongan sus pisos en alquiler

Obras de construcción de un bloque de viviendas en Madrid.

elmundo.es

María Hernández

Armonizar la normativa autonómica sobre vivienda, incluso en términos fiscales, e incitar a los propietarios a poner sus viviendas vacías en el mercado del alquiler para rebajar la presión que actualmente afrontan los inquilinos. Éstos son algunos de los objetivos que persigue la nueva Ley Estatal del Derecho a la Vivienda cuyo proyecto saca hoy a consulta pública el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para intentar avanzar en la creación de un parque de vivienda para alquiler asequible.

El acceso a la vivienda, bien sea en propiedad o en arrrendamiento, es uno de los mayores problemas sociales en España desde hace décadas, aunque en los últimos años se ha acentuado al calor del incremento de las rentas y de las dificultades para conseguir financiación hipotecaria.

Además, a la dinámica del mercado se suma la maraña regulatoria que se extiende en todo el país y que, en la práctica, supone que los ciudadanos no son considerados por igual cuando se trata de sus derechos o deberes en materia de vivienda.

El departamento dirigido por José Luis Ábalos ha lanzado varias iniciativas para tratar de atajar ambos problemas -el administrativo y los precios-, aunque la mayoría se encuentra en fases muy embrionarias. Es el caso de la ley que echa a andar este viernes. Según aseguró ayer el ministro, la ley “establece un completo marco de acción en favor de una oferta” de vivienda en alquiler a precios asequibles y, de paso, obligará a las comunidades a modificar sus respectivos marcos normativos para adaptarlos a la nueva norma una vez que sea aprobada.

El proyecto estará disponible durante 15 días para que las entidades y organizaciones interesadas puedan hacer sus aportaciones de cara a la configuración del texto definitivo.

QUÉ ES LA ‘VIVIENDA VACÍA’

Entre otras novedades, la ley abordará la definición de conceptos como el de gran tenedor o el de vivienda vacía, con el objetivo de empujar a los propietarios a poner sus inmuebles en el circuito del alquiler.

Actualmente no existe en España una calificación única de lo que se considera vivienda vacía, por lo que resulta imposible cuantificar el número de inmuebles en esa situación. De esta manera, el Ejecutivo pretende resolver un doble problema: subsanar la ausencia de significado y elevar la oferta disponible.

La norma pretende también convertirse en una armadura legal para blindar la función social de la vivienda y aumentar el reducido parque de vivienda pública con fines sociales, uno de los “problemas” que, según Ábalos, caracterizan a la vivienda en España. En este sentido, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presentó ayer el Boletín Especial de Vivienda Social, que recoge la evolución de la promoción de vivienda protegida en España entre los años 1981 y 2019.

Según este boletín, en los últimos 40 años el 21,6% de las viviendas construidas fueron protegidas; en concreto se levantaron 2,37 millones de casas protegidas frente a 8,6 millones de viviendas libres. En 2019, apenas se construyeron 1.031 viviendas protegidas para el alquiler.

En ese periodo, la promoción de vivienda protegida destinada al alquiler “ha sido muy limitada”, con un porcentaje “extraordinariamente reducido” en comparación con la destinada a la venta. En 2019, apenas se construyeron 1.031 viviendas protegidas para el alquiler.

Acerca del gasto medio anual en España en vivienda protegida para el periodo 2007-2017, el boletín refleja que alcanzó el 0,22% del PIB, en tanto que el gasto medio de los 28 países que conforman la UE en ese mismo periodo fue del 0,25%.

Respecto a la inversión en vivienda según los presupuestos de las entidades locales, registró “un cierto repunte” desde 2015, para alcanzar 600 millones de euros en 2018. El año pasado, la inversión en vivienda agregada de comunidades autónomas y ayuntamientos fue de 2.297,4 millones

Una sentencia reconoce el derecho a anular vacaciones coincidentes con el estado de alarma

El Juzgado de lo Social estima una demanda interpuesta por UGT y autoriza a la demandante a disfrutar de un nuevo período vacacional

elderecho.com

Una sentencia del Juzgado de lo Social de Santander ha reconocido a una trabajadora de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria su derecho a anular cuatro días de vacaciones que había solicitado porque coincidieron con el confinamiento general del estado de alarma y a sustituirlas por otro período vacacional.

La sentencia, que estima una demanda de la sección sindical de UGT en el Ejecutivo autonómico, aclara que la trabajadora solicitó a principios de año cuatro días de vacaciones, del 13 al 17 de abril, y que tras decretarse el estado de alarma que se prolongó hasta el 21 de junio, envió un whatsapp el 24 de marzo para anularlas por coincidir con el confinamiento general y volvió a solicitarlo el 2 de abril.

El fallo judicial asevera de manera textual que si la trabajadora “no puede salir de su casa por confinamiento forzado no serán vacaciones, no se corresponderá ese período con un legítimo y constitucional derecho al descanso anual que todo trabajador ha de tener”.

La sentencia compara el caso con la situación generada por una incapacidad temporal y matiza que “cuando un trabajador cae en situación de incapacidad temporal antes o durante el disfrute de las vacaciones, conserva el derecho a disfrutar sus vacaciones en un período ulterior”, por lo que “parece razonable y lógico que si se ve afectado por una causa de fuerza mayor que condicione de modo directo sus vacaciones, conserve su derecho a disfrutarlas”.

“Obviamente todo disfrute de vacaciones conlleva la posibilidad de que el trabajador pueda descansar de la prestación anual de servicios para un tercero, esto es, que pueda desplazarse, salir de su domicilio, tener su ocio particular, visitar familiares, hacer deporte, etc…”, agrega la sentencia.

Además, aclara que, aunque el Gobierno de Cantabria alegó en el juicio que el centro donde trabaja la demandante (un instituto de enseñanza secundaria) tuvo durante el confinamiento “una actividad administrativa mínima” y que si no se la convocó a trabajar fue porque estaba de vacaciones, “no tiene culpa o responsabilidad alguna en que su período de vacaciones coincidiera con una pandemia y, además, se constata que ya el 24 de marzo la trabajadora advirtió que su período de vacaciones coincidiría con el confinamiento, recordatorio que reiteró el 2 de abril; este proceder impide calificar como maliciosa o fraudulenta la actitud laboral de la demandante”.

Derechos laborales con o sin estado de alarma

La sección sindical de UGT se congratula de esta sentencia del Juzgado de lo Social número 3 y subraya que “el estado de alarma no puede ser justificación para que los trabajadores pierdan unos derechos laborales contemplados en el convenio colectivo”.

“Durante el estado de alarma se han tomado medidas que rayaban el incumplimiento, se han establecido jornadas y horarios sin negociación previa con el comité de empresa y se han generado multitud de conflictos laborales que no pueden justificarse sólo por el hecho de estar viviendo una pandemia”, agrega el sindicato en un comunicado de prensa.

UGT añade que estas situaciones de conflicto laboral se han producido incluso en cuestiones de conciliación familiar y laboral, donde el plan MeCuida no ha dado respuesta a una necesidad social y su ampliación hasta el 31 de enero de 2021 sin completarlo con un permiso retribuido, sigue sin dar solución a las situaciones de cuidado.

El sindicato destaca que en esta sentencia subyace la imposibilidad de realizar teletrabajo para prácticamente todo el personal laboral del Gobierno de Cantabria, y subraya que la interpretación de vacaciones disfrutadas de la Consejería de Educación “no tiene sentido alguno” cuando coincide con un cierre nacional de centros educativos y con unos trabajadores a los que se no se dio opciones de teletrabajo.