El valor de referencia del Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales

El valor de referencia del Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales

inmodiario.com

En su última reunión, el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que iniciará ahora su trámite parlamentario.

Entre esas medidas, la de convertir el valor de referencia del Catastro en la base imponible de los tributos patrimoniales, como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y Actos Jurídicos Documentados.

Argumenta el Ejecutivo que, dada la elevada litigiosidad existente en la valoración de los bienes y derechos afectados por estos impuestos, se lleva cabo una reforma para dar seguridad jurídica a contribuyentes y administraciones tributarias, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo.

En aras de la seguridad jurídica, en el caso de bienes inmuebles, el valor de referencia del Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva.

Ese valor de referencia de cada inmueble se basa en todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario.

Se calcula con unas reglas técnicas justas y transparentes y se fijará por Catastro mediante un garantista procedimiento administrativo para su general conocimiento.

Este nuevo uso del valor de referencia cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas de forma unánime y la norma que se presenta es fruto del consenso alcanzado en el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, órgano interadministrativo en el que estás representadas las CCAA, junto con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.

Asimismo, en el seno del Consejo, todas las CCAA han manifestado su voluntad de suscribir, de forma inminente, convenios de colaboración con el Estado para la coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia.

Hay que tener en cuenta que el valor de referencia es distinto del valor catastral y por ello, esta norma no afecta en modo alguno a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible (como el IRPF, el IBI o el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Ese valor de referencia de cada inmueble se fijará por catastro mediante un procedimiento administrativo garantista basado en todas las compraventas de inmuebles realizadas ante fedatario, y calculado con unas reglas técnicas justas y transparentes.

Deducción por vivienda habitual: Se abre la puerta para los que adquieran el 100 % de una copropiedad

Es la consecuencia de una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central

confilegal.com

Carlos Berbell

El puente que ahora permite esto es una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).  El criterio imperante hasta ahora se ha cambiado con respecto a la deducción por vivienda habitual en los supuestos de extinción del condominio y adjudicación del inmueble del 100% de la vivienda a una de las partes, tal como recoge la sentencia del pasado 1 de octubre de 2020 (n.00/00561/2020/00/00).

¿PUEDO DEDUCIRME, POR VIVIENDA HABITUAL, SI ADQUIERO EL 100 % DE INMUEBLE TRAS UNA COPROPIEDAD?

Hasta la publicación de esta sentencia, si una pareja o un matrimonio, o entre hermanos o familiares, se adquiría un inmueble al 50% o a otro porcentaje antes del 1 de enero de 2013 y se habían practicado la deducción por dicha vivienda en el año 2012 o anteriores, ambos podían deducir por adquisición de vivienda habitual.

Pero si, por alguna circunstancia, alguno de ellos decidía quedarse con el inmueble entero al 100% de titularidad y hacer lo que se denomina una extinción del condominio, y dicha extinción se realizaba a posteriori del 1 de enero de 2013, el que lo adquiría perdía el derecho a poder deducirse por vivienda habitual sobre el porcentaje adquirido, ya que lo hacía más tarde del 1 de enero de 2013, como explican desde el departamento de Derecho Fiscal de Legálitas.

SÍ, PERO CON MATICES

A partir de ahora, con la reciente sentencia el TEAC, se abre la puerta a la posible deducción por vivienda habitual en este tipo de situaciones, si bien existen matices, lo que significa que no en todos los casos.

De esta manera, lo que el TEAC establece es que:

“A efectos de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en caso de extinción de un condominio sobre la vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2013, si una de las partes obtiene el 100% de la vivienda, tendrá derecho a aplicarse el 100% de la deducción por adquisición de vivienda habitual siempre que se hubiera aplicado en un ejercicio anterior a 2013 dicha deducción en el porcentaje correspondiente a su participación en el condominio.”

Asimismo, se indica que la deducción a practicar por la parte adquirida hasta completar el 100% del pleno dominio del inmueble tendrá como límite el importe que habría tenido derecho a deducirse desde la fecha de extinción del condominio el comunero que deja de ser titular del inmueble, si dicha extinción no hubiera tenido lugar.

Ello significa, como se explica, que “la aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual en relación con la parte que se adquiere hasta completar el 100% del pleno dominio del inmueble estará en todo caso condicionada por el hecho de que el comunero que deja de ser propietario se hubiera aplicado en un ejercicio anterior a 2013 dicha deducción en el porcentaje correspondiente a su participación en el condominio y que no se le hubiera agotado a la fecha de extinción del condominio la posibilidad de seguir practicando la deducción por adquisición de vivienda habitual. Esto sucederá cuando dicho comunero hubiese solicitado, de forma individual o juntamente con el comunero que se hace con el 100%, un préstamo para la adquisición de la vivienda y no se encontrara totalmente amortizado a la fecha de extinción del condominio”.

Así, el anterior comunero ha de haber generado el derecho a la deducción y asimismo que le quede importe que deducir, esto es, que el que se queda con el 100% del inmueble, se subrogue en su hipoteca o similares, de tal manera que si se constituye una nueva hipoteca para la adquisición del porcentaje para obtener el 100% de la titularidad, entendemos que no es el espíritu de lo que el Tribunal quiere plasmar en su sentencia, y ello no daría lugar a la deducción del nuevo porcentaje adquirido.

¿QUÉ HAGO SI, TRAS LA EXTINCIÓN DEL CONDOMINIO, NO UDE DEDUCIRME POR VIVIENDA HABITUAL? ¿PUEDO RECLAMAR?

En el caso de encontramos en la situación que contempla el TEAC, deberíamos realizar un escrito de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos, en relación con todos los ejercicios no prescritos, y proceder a practicar la deducción por el porcentaje de titularidad que hayamos adquirido.

Se podría realizar a través de la propia Renta Web, o bien a través de un escrito en el que explicásemos nuestra argumentación jurídica aludiendo a esta sentencia.

El teletrabajo genera nuevos riesgos de cumplimiento normativo en las empresas

En la “Compliance and Risk Conference: COVID-19” (Conferencia sobre el cumplimiento normativo y el riesgo: COVID-19), organizada por la escuela de negocios EALDE Business School, participaron más de 5.000 profesionales y directivos en formato “streaming”

confilegal.com

El fomento del teletrabajo como consecuencia de la pandemia de COVID-19 va a generar nuevos riesgos de cumplimiento en las empresas relacionados con los controles horarios, las evaluaciones de riesgos laborales en el ámbito doméstico o el derecho a la desconexión.

Esta es una de las conclusiones de la “Compliance and Risk Conference: COVID-19″ (Conferencia sobre el cumplimiento normativo y el riesgo: COVID-19), un evento “online” organizado por la escuela de negocios española EALDE Business School, en cuyo “streaming” participaron más de 5.000 profesionales y directivos.

Carlos Sáiz, presidente de la asociación Cumplen, considera que las áreas de “Compliance” deben preparar a las empresas para asumir la presión normativa derivada de las nuevas condiciones laborales. “

Todo lo relativo a los controles horarios, al uso de cámaras, a la telepresencia, está cambiando. Por ello, la función de ‘Compliance’ tiene que buscar soluciones prácticas para que se cumplan estos nuevos requisitos empresariales y de derecho laboral, y proteger los derechos de los trabajadores”, señala.

Por su parte, Victoria Villanueva, consejera de Cuatrecasas, considera que la velocidad a la que el COVID-19 ha obligado a utilizar el teletrabajo en las organizaciones implica el uso de la tecnología para garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos normativos, pero también el uso de controles basados en esas tecnologías.

“Se usan programas que recopilan datos masivos, redes sociales internas, registros horarios, sistemas de localización GPS, etc. Y es necesario establecer mecanismos de control para no hacer un mal uso de esos datos e informar a los trabajadores, porque se juega con derechos fundamentales como la intimidad o la protección de datos”, destaca la experta.

NUEVOS CANALES PARA LA COMISIÓN DE DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES

La “Compliance and Risk Conference: COVID-19” también ha analizado las nuevas fuentes de riesgo de blanqueo de capitales en tiempos del coronavirus.

En este sentido, Rosa Borjas, “Risk Manager”(gestor de riesgos) y experta en “Compliance”, destaca que los delitos que generan fuentes de dinero que se mueven a nivel mundial siguen estando relacionados con el narcotráfico, la trata de personas o la minería ilegal.

“Lo que está cambiando es la manera en la que el crimen organizado mueve ese dinero. Es decir, surgen nuevos canales, como las criptomonedas, para operar y mover fondos obtenidos de manera ilegal”, indica.

Por ello, el gestor de riesgos tiene que adelantarse a estas nuevas modalidades de blanqueo.

En lo referente a la relación entre el “Compliance” y la gestión de riesgos en el nuevo escenario mundialSergi Simón, coordinador del área de gestión de riesgos de EALDE Business School y miembro de la junta directiva de Apegri, señala que se trata de dos disciplinas interconectadas.

“El cumplimiento normativo requiere de parte de gestión de riesgos, pero es mucho más que eso. Y, por otro lado, la gestión de riesgos ayuda en parte al cumplimiento, pero es mucho más que compliance”, asevera.

Por último, María Barranco, profesora del Máster en Compliance de EALDE Business School, expuso la importancia de tener en cuenta las regulaciones internas y externas en la puesta en marcha de cualquier tipo de proyecto empresarial en tiempos del COVID-19, para evitar riesgos de incumplimiento.

La “Compliance and Risk Conference: COVID-19” mostró así la importancia de fomentar una mayor cultura de la gestión de riesgos y el cumplimiento en las compañías y una mayor apuesta por la formación de los profesionales en esta área.

En este sentido, EALDE Business School se ha posicionado en los últimos 10 años como la escuela de negocios líder en formación en gestión de riesgos y compliance en español, y dispone de más de 30 programas formativos en modalidad online.

Vídeo del evento: https://www.youtube.com/watch?v=nZs_mrim0iU

CMS lanza una App única sobre brechas de seguridad de datos

Plataforma tecnológica que ofrece ventaja durante las primeras horas críticas a aquellas empresas afectadas por una potencial brecha de seguridad de datos personales

Base de Datos

elderecho.com

La firma legal global CMS anuncia el lanzamiento de su aplicación “CMS Breach Assistant”, una plataforma tecnológica que ofrece ventaja durante las primeras horas críticas a aquellas empresas afectadas por una potencial brecha de seguridad de datos personales.

Una respuesta rápida y actuar de inmediato es esencial y normalmente necesario durante las primeras horas tras la detección de una brecha de seguridad, aunque puede que las empresas no estén seguras de cuáles son sus obligaciones de notificación. Lo anterior queda claro del Rastreador de cumplimiento del RGPD de CMS (la única lista mundial de funcionamiento libre de sanciones públicas impuestas en virtud del RGPD), que muestra una cantidad innecesaria de multas impuestas por un cumplimiento insuficiente de las obligaciones de notificación de brechas de seguridad y por insuficientes medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de la información.

Según el último informe de notificaciones de brechas de seguridad de los datos personales, publicado por la División de Innovación Tecnológica, relativo a septiembre de 2020, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió 94 notificaciones, siendo el total acumulado en 2020 de 1001 notificaciones. Del total de 94 notificaciones, la mayoría (74) corresponden al sector privado.

Además, en 7 de las notificaciones recibidas en septiembre se ha apreciado una posible vulneración de la normativa sobre protección de datos o requiere de investigación adicional para determinar si se habría vulnerado esta normativa.

Unas respuestas débiles a las brechas y no informar con precisión de las mismas son, con frecuencia, sintomáticos de fallos en la seguridad de la información más amplios en las organizaciones.

La aplicación, novedosa en el mercado y la primera en ofrecer tal nivel de funcionalidad y un alcance tan amplio, ha tardado más de un año en estar lista. CMS Breach Assistant ayuda a las empresas a abrirse paso en caso de crisis y les orienta sobre plazos, contactos e información que abarca la legislación en materia de protección de datos en más de 70 países – todo desde un teléfono móvil.

Emma Burnett, Responsable de Protección de Datos en CMS y del proyecto, comenta: “A pesar de que el RGPD ha estado en funcionamiento desde hace más de dos años, aún sigue habiendo mucha incertidumbre en torno al cumplimiento de la legislación y a la mitigación de los riesgos.

Cada vez es más evidente que las empresas que fracasan ante el primer obstáculo y que no incorporan reguladores desde el principio pueden resultar desproporcionadamente dañadas a largo plazo, tanto a nivel financiero como reputacional.”

La aplicación CMS Breach Assistant ha sido elaborada por personas que han estado en el centro del asesoramiento en materia de protección de datos durante años, incluyendo antiguos reguladores. Consolida toda la información y recursos que una empresa necesita para responder a una brecha de seguridad, y es fácilmente accesible desde un teléfono móvil.

Duncan Weston, Socio Ejecutivo de CMS, añadía: “En CMS, estar a la vanguardia de la innovación en tecnología legal está en nuestro ADN. Este mismo año hemos visto el lanzamiento de Lupl, la primera plataforma abierta del sector, que mejorará sustancialmente la colaboración en el mismo. El lanzamiento de CMS Breach Assistant es el último ejemplo que demuestra nuestro compromiso en dotar a las empresas con las mejores herramientas disponibles para anticiparse a los asuntos legales y a las tendencias que van a marcar la próxima década.”

Javier Torre de Silva, Socio responsable de la práctica TMC de CMS en España y codirector de la práctica a nivel global, matiza: “Las brechas de seguridad son, por desgracia, un fenómeno que antes o después afecta a todas las empresas, especialmente a aquellas que operan en muchas jurisdicciones. El escenario, cuando se sufren, es dramático, pues hay que identificar profesionales adecuados y cumplir con la normativa vigente la jurisdicción competente (en ocasiones, la de varias jurisdicciones) en un plazo de 72 horas. La herramienta creada por CMS está dirigida principalmente a empresas multinacionales, y permite, en cuestión de segundos, determinar las obligaciones regulatorias (generales y sectoriales) en las principales jurisdicciones a nivel global, así como acceso a abogados con experiencia en esta materia, disponibles en todo momento. Sufrir alguna brecha de seguridad es un riesgo inevitable, pero no estar preparado para ese escenario cuando sucede sí es evitable”.

El Supremo reconoce el derecho a cotizar el 100% al pasar de jubilación parcial a completa

Analiza un recurso en el que el interesado solicitó que se computaran las cotizaciones elevadas al 100%, pero las sentencias del juzgado de lo social y del tribunal superior de justicia entendieron que se debían computar las cotizaciones realmente efectuadas sin incremento alguno

elderecho.com

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado su doctrina en el sentido de que, cuando el interesado se jubiló previamente de forma parcial (con celebración simultánea de contrato de relevo de la empresa con otro trabajador), en la base reguladora de la pensión de jubilación deben computarse las cotizaciones del periodo de trabajo a tiempo parcial elevándolas al 100%, esto es, como si durante ese periodo se hubiese trabajado a jornada completa.

En el supuesto ahora resuelto por el Tribunal Supremo, el interesado solicitó que se computaran las cotizaciones elevadas al 100%, pero las sentencias del juzgado de lo social y del tribunal superior de justicia entendieron que se debían computar las cotizaciones realmente efectuadas sin incremento alguno.

El Tribunal Supremo unifica la doctrina estableciendo que, en estos casos, las cotizaciones correspondientes al periodo de trabajo a tiempo parcial han de incrementarse hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en la empresa el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación parcial, es decir, como si hubiera trabajado a jornada completa.

Confirma con ello el Tribunal Supremo la solución avanzada anteriormente en otras resoluciones, frente al criterio aplicado por las entidades gestoras, a la hora de aplicar el artículo 18.2 del Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre que regula la jubilación parcial y la seguridad social de los trabajadores a tiempo parcial:

Para el cálculo de la base reguladora de la pensión se tendrán en cuenta las bases de cotización correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial en la empresa donde redujo su jornada y salario, incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en la empresa, en dicho período, el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación parcial, y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato de relevo.


El uso de blockchain irrumpe en el sector de la Propiedad Industrial e Intelectual con la plataforma Safe Evidence

Esta nueva plataforma tiene como objetivo crear evidencias de aquellos desarrollos que pueden constituir una obra, un secreto empresarial, un diseño industrial o una futura patente, a través de una solución legaltech que ofrece cobertura legal

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El estado del Legaltech en España mejora adecuadamente. Así se refleja en un crecimiento constante del número de proyectos directamente enfocados a la especialización del sector jurídico nacional.  Tanto la aplicación de las nuevas tecnologías  como la creciente demanda acusan la transformación del mercado legal  y sitúan a nuestro país en los primeros puestos de inversión de este tipo de soluciones, por debajo de Reino Unido.

Dada la actual coyuntura económica y los requerimientos de despachos de abogados, asesores, empresarios y start up jurídicas demandando soluciones para un mercado más digitalizado, en la oferta actual surgen nuevas soluciones con funcionalidades para una mayor cobertura legal. De esta forma, con el Legaltech no solo se modifica la practica habitual del Derecho, también se consigue una renovada especialización.

¿Qué es Safe Evidence?

La cobertura legal es una de las características de Safe Evidence, una plataforma 100% digital para proteger cualquier tipo de información o conocimiento que necesite de una evidencia legal segura utilizando tecnología blockchain junto con los servicios de firma y certificación electrónica, en particular con los sellos de tiempo cualificados.

Dicha cobertura se consigue gracias a la combinación de Blockchain, del uso de firma avanzada y de los sellos de tiempo cualificados, que según la normativa europea disfrutan de una presunción de integridad con respecto a los datos a los que se vinculan y de exactitud en cuanto a la fecha y hora que indican.

Esta nueva plataforma surge de la colaboración entre PONS IP y Signeblock (Grupo Signe) y tiene como objetivo responder a la demanda de creadores y entidades que operan en el ámbito de la innovación, las tecnologías emergentes y las industrias creativas de crear evidencias de aquellos desarrollos que pueden constituir una obra, un secreto empresarial, un diseño industrial o una futura patente, a través de una solución legaltech que ofrezca además cobertura legal.

Safe Evidence permite constituir en conjunto una prueba  que podrá utilizarse en Tribunales, ya que la tecnología utilizada por esta plataforma encuentra cobertura en el Reglamento eIDAS que regula la identificación y  las transacciones electrónicas.

En opinión de Nuria Marcos, directora general de PONS IP, “el uso de tecnología blockchain ha irrumpido con fuerza en el sector de la Propiedad Industrial e Intelectual y a lo largo de esta década seremos testigos de cómo la tecnología de cadenas de bloques transformará la gestión y protección de los activos intangibles. Con Safe Evidence damos respuesta a uno de los retos más solicitados del sector, permitiendo crear evidencias con plena garantía legal y una tramitación infinitamente más sencilla y ágil a través de nuestra plataforma”.

Fusión de la Identidad Digital en Blockchain y la Firma Electrónica

El servicio Safe Evidence, que opera a través de la plataforma denominada URUK, permite gestionar y firmar de manera ágil, sencilla e inmediata aquellos archivos que incorporan todo tipo de creaciones y desarrollos, sin una limitación de volumen y con la posibilidad de incorporar ficheros de video o audio gracias a la tecnología Qualif_ID, una fusión de la Identidad Digital en Blockchain y la Firma Electrónica que cuenta con plena garantía legal.

La plataforma Safe Evidence opera bajo tecnología de servicios cloud, por lo que no requiere instalaciones en las empresas o nuevos desarrollos a medida. En función de la tipología del activo a proteger, el servicio cuenta con tres niveles de protección: Sign Evidence, permite la firma avanzada con identidad cualificada de cualquier tipo de archivo a partir de tecnología blockchain; Para la gestión documental, disponemos de Stamp Evidence, que incorpora sellado de tiempo cualificado y registro blockchain; y Full Evidence, que además incorpora la firma electrónica avanzada.

Para Marta Gutiérrez, CEO de SIGNEBLOCK, Safe Evidence es “un gran ejemplo de cómo la cuarta revolución industrial es transversal a todos los sectores y de cómo el reto que supone para las empresas abordar procesos de transformación digital, implica también enormes posibilidades para ellas. Ahora es posible ofrecer un mayor abanico de servicios de valor añadido de una forma más ágil, cómoda y eficaz para nuestros clientes, colaboradores y a la sociedad en general”

La plataforma permite el depósito de archivos en los casos en los que haya interés en que un tercero los custodie, pero también puede operar exclusivamente a través de un sistema de códigos, de forma que durante la transacción se genera un código o hash  – por medio de un algoritmo – que queda asociado de manera única al archivo original.

El lanzamiento oficial ha sido este jueves en las instalaciones de la sede central de PONS IP.

Recomendaciones de CAFMadrid sobre contadores individuales en calefacción central

Portada de la guía de CAFMadrid
CAFMadrid ha publicado una guía de ayuda al usuario

eseficiencia.es

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) ha editado la guía de ayuda para el usuario ‘Repartidores de calor en las comunidades con calefacción central’. El Real Decreto 736/2020, publicado el pasado mes de agosto en el BOE, regula la contabilización de consumos individuales en las instalaciones térmicas de edificios y, particularmente, en comunidades de propietarios con calefacción centralizada.

La presidenta de CAFMadrid, Isabel Bajo, explica que esta normativa “obliga a que las comunidades de propietarios con calefacción central analicen la viabilidad técnica y económica de la instalación de sistemas de lectura individualizada, para que en caso de ser favorable en ambos casos se proceda a la misma. De esta manera, cada vecino conoce su propio consumo y paga por lo que realmente gasta, pudiendo llegar a un ahorro medio de hasta un 24%, según el Gobierno”.

Antes de proceder a la instalación de estos dispositivos se debe comprobar su viabilidad técnica (están exentas las instalaciones de calefacción cuando sea por monotubos en serie, ventiloconvectores o aerotermos) y económica (la amortización debe ser inferior a cuatro años).

Estudio previo de la viabilidad técnica y rentabilidad económica

CAFMadrid explica que se debe solicitar a la empresa que lleve el mantenimiento de la instalación un estudio previo de la viabilidad técnica y rentabilidad económica (por zona climática). Si este estudio previo es positivo se debe solicitar entonces un estudio económico que analice la rentabilidad de la instalación.

“Las empresas mantenedoras están obligadas a realizar dichos estudios de forma totalmente gratuita. Si ambos resultan positivos, la instalación es obligatoria. Si resulta negativo, no siendo obligatoria su instalación, la comunidad interesada deberá adoptar un acuerdo por 3/5 partes, según la Ley de Propiedad Horizontal, por tratarse de una instalación que mejora la eficiencia energética”, añaden desde CAFMadrid.

Fecha límite para la instalación obligatoria

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid informa que la fecha límite para la instalación obligatoria depende de la zona climática en la que se encuentre el edificio (quedando exentas las zonas climáticas A y B que corresponden a parte del litoral mediterráneo y las islas) y el número de viviendas que tenga (por encima o debajo de 20), pero siempre será antes de 2023.

Además, el Real Decreto establece que al menos 15 meses antes de la fecha obligatoria de la instalación, las comunidades de propietarios han tenido que solicitar los presupuestos para cumplir con la nueva normativa. Concretamente en Madrid capital, donde la fecha límite para instalar los contadores es octubre de 2022, los plazos para solicitar los presupuestos serían: antes de 1 de julio de 2021 para edificios de 20 o más viviendas, y antes de 1 de diciembre de 2021 para edificios de menos de 20 viviendas.

Asimismo, el Real Decreto determina que cada vivienda tendrá que disponer de algún tipo de regulación que le permita controlar su propio consumo, según informa CAFMadrid. Aunque la tipología de este sistema de regulación no se define, se recomienda poner válvulas termostáticas para regular la temperatura.

Por último, desde CAFMadrid recuerdan que, según la norma, aquellos propietarios que no permitan la instalación de los repartidores de costes, se les facturará el máximo consumo que se registre en la comunidad de propietarios.

Extracto de la Resolución de 8 de octubre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en la Comunitat Valenciana cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea

boe.es

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/527862)

Primero. Beneficiarios:

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 6 y las obligaciones recogidas en el artículo 7 de las bases reguladoras.

2. Las empresas de servicios energéticos, con la definición más amplia posible de las organizaciones que aporten este tipo de servicios.

3. Las comunidades de energías renovables o comunidades energéticas, cuando cumplan con las condiciones establecidas en el criterio de evaluación de “Comunidad energética renovable, otras modalidades de comunidades energéticas, incluidas las comunidades ciudadanas de energía y otros proyectos con mecanismos de participación ciudadana” establecido en el Anexo I de esta Convocatoria.

4. No podrán obtener la condición de beneficiario:

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en quienes concurra alguna de las circunstancias que prohíben el acceso a dicha condición, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente como consecuencia de una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior.

Las personas jurídicas, públicas o privadas que sean consideradas como empresas en crisis según lo definido en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

Segundo. Finalidad:

Avanzar en el cumplimiento de los objetivos vinculantes establecidos en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, mediante la puesta en marcha de instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en el marco de lo establecido en la Orden TED/766/2020, de 3 de agosto de 2020, que contribuyan a la integración de las energías renovables en el sistema energético, en la adecuación de las distintas tecnologías entre sí y con sistemas novedosos de gestión de la demanda, como puede ser el almacenamiento, a nivel técnico, o las comunidades de energías renovables y la financiación colectiva de proyectos, micromecenazgo, a nivel estructural y social. Todo ello, en el marco de las actuaciones de Economía Baja en Carbono dentro del Programa Operativo Plurirregional de España para el periodo 2014-2020 (POPE), objetivo temático 4 (OT4), en iniciativas cofinanciadas con fondos de la Unión Europea.

Tercero. Bases reguladoras:

Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea.

Cuarto. Importe:

La dotación presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en esta convocatoria es de 2.750.000 euros, del presupuesto del IDAE, con origen de fondos en la transferencia a este Instituto del importe de 300.000.000 Euros consignado en la partida presupuestaria 23.03.425A.82107: “Al IDAE para el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables”, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados para el año 2019.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día hábil siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el BOE y finalizará a las 12:00 horas del 21 de diciembre de 2020.

No podrán ser objeto de ayuda las solicitudes que se hayan iniciado antes de la fecha de registro de la misma, por parte del beneficiario, en el programa.

Sexto. Otros datos:

1. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, pudiendo incluir actuaciones de inversión que mejoren la gestión y optimicen la producción, permitiendo el uso de autoconsumo y la incorporación de la energía a mercados locales, incluidos en la disposición quinta de la Convocatoria.

2. El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva, conforme al artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria.

3. La resolución de concesión de la ayuda especificará el importe de la ayuda total concedida, expresado en €, que no podrá superar el límite de 15 millones de euros por empresa por proyecto, en virtud de lo establecido en los apartados 1.s y 2 del artículo 4 del Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio 2014.

4. Las ayudas reguladas en esta convocatoria son incompatibles con otras ayudas que se otorguen para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.

5. Los proyectos seleccionados en esta convocatoria son susceptibles de ser cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea, tanto procedentes de Fondos Comunitarios FEDER, incluidos en el Eje 4 de Economía Baja en Carbono, del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) para el periodo 2014-2020, como de otros instrumentos dirigidos a apoyar la recuperación económica. A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en los Programas Operativos e instrumentos aplicables a dicho Fondo FEDER, así como las normas específicas relativas a la información y publicidad, criterios de selección de operaciones, etc., cuya aplicación sea de obligado cumplimiento. El cumplimiento de dichas normas será verificado por el IDAE como Organismo Intermedio designado responsable de la gestión del Objetivo Temático 4 “Economía Baja en Carbono” dentro del Programa Operativo Plurirregional de España.

6. Las solicitudes para la obtención de las ayudas se dirigirán al IDAE, y estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en el Portal de Ayudas alojado en la sede electrónica del IDAE (https://www.idae.es), donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda necesarios.

7. El IDAE, podrá conceder anticipos de las ayudas a los beneficiarios que lo soliciten, previa aportación de una garantía regulada, de acuerdo a las especificaciones de la convocatoria y de la Orden TED/766/2020, de 3 de agosto.

Madrid, 8 de octubre de 2020.- El Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Joan Groizard Payeras, por delegación del Consejo de Administración según Resolución de 9 de septiembre de 2020, publicada mediante Resolución de 11 de septiembre de la Secretaría de Estado de Energía, en B.O.E. número 247, de fecha 16 de septiembre de 2020.

Contratos de alquiler en tiempos de pandemia: las ‘cláusulas covid’ que debes tener en cuenta

Gtres

idealista.com

A la hora de firmar un alquiler, se deben de tener en cuenta una serie de condiciones, y ambas partes deben dedicar el tiempo suficiente a revisar el contrato con detenimiento.

Antes de la irrupción del coronavirus, prácticamente ningún contrato de alquiler incluía ninguna cláusula referente a las condiciones del arrendamiento en el caso de una pandemia, pero hoy en día ese escenario ha cambiado totalmente, y cada día más inquilinos y propietarios buscan dejar ciertos escenarios recogidos en el contrato. Es fundamental tanto para arrendadores como para arrendatarios reflejar en el contrato de alquiler de una vivienda o local comercial saber qué ocurriría en el caso de que los rebrotes que se están registrando den lugar a un nuevo confinamiento o estado de alarma que obligue a las personas a cambiar sus rutinas, modos de vida e incluso su lugar de residencia.

Muchos ciudadanos tienen la duda de si las ‘cláusulas covid’ son legales, y la respuesta es afirmativa. Este tipo de cláusulas son legales y el objetivo de llevarlas a cabo es para tener claro cómo se actuaría en esta situación hipotética de un nuevo confinamiento y esclarecer el mayor número de dudas al respecto. Repasamos algunas claves:

Qué es una ‘cláusula covid’

No es más que una cláusula incluida en el contrato de alquiler que regulará, en caso de rebrote o un nuevo confinamiento, las condiciones previamente pactadas por propietario e inquilino. Por ejemplo, pactarían las condiciones en que el inquilino, ya sea un estudiante universitario, trabajador, turista, etcétera, podría abandonar la vivienda y cancelar el contrato de alquiler, con o sin penalización, para poder volver a su domicilio en su localidad de origen; o regularían una rebaja o aplazamiento de la renta que se aplicaría de manera automática.

Cómo se debe de elaborar una ‘cláusula covid’

Lo más importante y beneficioso para ambas partes es que el contrato de alquiler sea lo más detallado posible, así llegado cualquier momento de incertidumbre frente a un supuesto recogido previamente en el contrato permitirá saber a qué atenerse siempre en cada situación.

¿Se puede solicitar la ‘cláusula covid’ en cualquier momento?

Siempre se debe solicitar dependiendo de las circunstancias que puedan afectar, y según para que sea el contrato de alquiler. Por ejemplo, el inquilino, ya sea un estudiante universitario, trabajador, turista, etc., podría pedir que el contrato se rescindiera en caso de un nuevo confinamiento que le obligara a volver a su domicilio previo en su localidad de origen.

Soy propietario de un inmueble, ¿qué ‘cláusula covid’ me interesa incluir en el contrato?

Lo más inteligente es pactar con el inquilino una cantidad determinada a percibir en caso de un nuevo estado de alarma, de modo que se garantice el seguir cobrando las rentas de la vivienda en lugar de rescindir el contrato completamente, pudiendo evitar asimismo la morosidad. Hay que tener en cuenta que son ambas partes las que deberán negociar un acuerdo para poner ese anexo por escrito en dicho contrato de alquiler.

Me interesa alquilar una vivienda por unos meses, ¿es posible?

Para hacerlo deben cumplirse una serie de requisitos. Puesto que la duración del arrendamiento se pacta libremente entre ambas partes es posible y legal un alquiler de unos meses o de unas cuantas semanas. Tal como indica nuestra Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), debe darse por una cláusula que así lo indique, y en la que se explique la razón de dicha temporalidad (si el inquilino se desplaza de su domicilio habitual por trabajo, si es un estudiante y es por uno curso, etcétera).

En general, no hay que olvidar que, al margen de la pandemia que estamos viviendo, siempre es beneficioso que un contrato de alquiler sea lo más detallado posible, que recoja todos los supuestos que acuerden las partes, de manera que en todo momento sepan a qué atenerse ambos ante cualquier circunstancia que se pueda presentar.

El Supremo debe explicar la contradicción de que el IRPH pueda carecer de falta de transparencia y no ser abusivo

La votación, tomada en Pleno, no fue por unanimidad: 9 a 1 con el voto disidente de un magistrado

confilegal.com

Luis Javier Sánchez

El fallo del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) mantiene la incertidumbre de su argumentación jurídica.

En una breve nota de prensa, hecha pública ayer, sorpresivamente la Sala desliga la falta de transparencia con la abusividad de este índice oficial.

Una contradicción en términos que tendrá que aclarar con pelos y señales, máxime cuando la aplicación del IRPH encareció los préstamos. El Supremo aprecia falta de transparencia en el IRPH, pero no abusividadLa Sala de lo Civil se posiciona así sobre esta cláusula después de resolver cuatro recursos de casación sobre esta materia.

En el Pleno participaron 8 de sus 10 miembros: Francisco Marín Castán, Francisco Javier Arroyo FiestasIgnacio Sancho GargalloRafael Sarazá JimenaPedro José Vela TorresMaría de los Ángeles Parra LucánJosé Luis Seoane Spiegelberg y Juan María Díaz Fraile.

Ni Antonio Salas Carceller ni Eduardo Baena Ruiz estuvieron presentes.

No fue una decisión unánime. 9 a 1.IRPH: Inadmitida la recusación de Bankia contra el magistrado González de AudicanaLa decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona deja las manos libres al magistrado para interponer una seguna cuestión prejudicial.

Arroyo Fiestas votó en contra, emitiendo un voto particular disidente.

 Francisco Javier Arroyo Fiestas es el autor del voto disidente sobre el IRPH. Foto: Carlos Berbell.

A falta de conocer la sentencia y sus argumentos jurídicos, el Supremo se reitera en sus tesis de 2017, cuando ya estableció que el IRPH no era abusivo.

Esto contradice la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en su fallo de marzo pasado, dijo que si no supera todos los controles de transparencia, esta cláusula es abusiva y como tal nula.El abogado José María Erausquin envía un escrito de alegaciones al TJUE explicando los últimos acontecimientos del IRPH en EspañaMuestra su preocupación por la interpretación que algunos magistrados están haciendo de la jurisprudencia del TJUE.

El otro gran titular derivado de esta noticia tiene que ver con el alivio de la banca ante esta tesis que el Supremo y su Sala Civil esgrime. La no abusividad de ese índice oficial puede mantener a la banca al margen de indemnizar a consumidores afectados por IRPH.

Sin perjuicio de un análisis más profundo porque no conocemos aún la argumentación jurídica, Confilegal ha podido recoger las primeras impresiones de asociaciones de consumidores y juristas.

Francisco González de Audicana, magistrado del juzgado 38 de Barcelona y autor de la cuestión prejudicial que generó la sentencia del TJUE del 3 de marzo del 2020, prefiere esperar a conocer las argumentaciones jurídicas del Supremo antes de dar una opinión sobre este asunto.

Ya avanzó a Confilegal que su intención era de preguntar al TJUE, a no ser que el fallo del Supremo fuera claro sobre el IRPH y su validez. En los próximos días conoceremos su decisión definitiva.La Audiencia Provincial de Barcelona dicta una sentencia sobre el IRPH a contracorriente de la del TJUEEste fallo se adelanta a la resolución de la cuestión prejudicial del magistrado del juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona aún sin resolver.

MUCHAS DUDAS SOBRE ESTE FALLO

Para José María Erausquin, abogado que lleva más de siete años metido con su socia en Abogados Res, Maite Ortiz, en cuestiones de IRPH, señala con ironía que “estamos contentos con lo que conocemos de la sentencia. Es tan burda que va a causar estupor en Europa y será revocadaSabíamos que el Supremo iba a buscar cualquier excusa para inclinar el fallo para la banca. El problema es si realmente está bien orientada”.

Erausquin considera que “esta sentencia es contraria a derecho y a su propia jurisprudencia del Supremo y al mismo tiempo es contraria a la jurisprudencia del TJUE”.

José María Erausquin y Maite Ortiz el pasado 25 de febrero, minutos antes de intervenir ante la Gran Sala del TJUE.

A nivel nacional, el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios “señala que las condiciones generales incorporadas de forma no transparente se entenderán nula de pleno derecho. Al mismo tiempo, el Supremo dijo que las cláusulas que no son transparentes son directamente abusivas. Lo hico con la cláusula suelo que se declaró nula por falta de transparencia”.

“Y el TJUE ha dicho, y el Abogado General lo señala en su considerando 127 de sus conclusiones sobre IRPH, que las condiciones que afectan al precio, si estuvieran redactadas de forma transparente deberían superar un control de abusividad. Las que no pasan el primer filtro, no pasan a otro estado”, señala este jurista.

EL SUPREMO SE ALEJA DE LA DOCTRINA DEL TJUE

Por su parte, Dionisio Moreno, abogado, sostiene que las tesis del Supremo sobre el IRPH van en la línea de la Audiencia Provincial de Barcelona.

“Hay que diferenciar el control de incorporación que se aplica a todos, consumidores o no, frente al control de transparencia propio de los consumidores que se estructura en dos elementos: control de contenido que sea claro y compresible y que se sepan las consecuencias económicas del mismo, del control de abusividad, fundamentado en el equilibrio y la buena fe”.“No comparto la sentencia de la Sección Quinta de la AP de Sevilla sobre el IRPH”Carlos Ballugera analiza la sentencia de la Sección Quinta de la AP de Sevilla sobre el IRPH y explica por qué es errada, desde su punto de vista.

A su juicio, “para el Tribunal Supremo el IRPH no pasa el control de transparencia porque falta aportar la evolución del índice pero ello por lo visto para el Tribunal Supremo no genera desequilibrio ni atenta a la buena fe”.

Dionisio Moreno, abogado experto en derecho hipotecario.

Para Moreno “resulta relevante leer el apartado 56 de la sentencia del TJUE de 3 de marzo del 2020 cuando referido al consumidor, utiliza el debe ser comprensible y debe estar en condiciones de comprender, y que para eso habría que ver caso por caso. Sin embargo, no coinciden los resultados del Supremo con los del TJUE”.

Este experto en derecho hipotecario cree que “como nos dice el Supremo en la escueta nota que avanza el fallo había falta de transparencia por no informar de la evolución del IRPH en los dos últimos años al consumidor, estamos hablando de abusividad”.

“Lo que no entendemos es como tras el análisis hecho con posterioridad se dice que no es abusiva si esa omisión de información es para el TJUE especialmente pertinente”.Arriaga no tira la toalla tras la inadmisión de la querella: Recurrirá en súplica al TSJCat y después “más arriba”El socio director de Arriaga Asociados anuncia que piensa recurrir la inadmisión de la querella contra los cinco magistrados de Barcelona.

INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES

Para Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, este fallo es una decepción notable para el consumidor, “con la nota que hemos leído este miércoles queda clara la fertilidad inventiva del Tribunal Supremo para darle una vuelta a las sentencias del TJUE”.

Este jurista cree que a los abogados que han defendido a los consumidores en estos asuntos analizados por el Supremo “pueden ejercitar el incidente de nulidad de actuaciones, recurso ante la propia Sala Civil que podría anular el procedimiento si se apreciase indefensión. Si tuvieran el fallo contrario, podrían acudir al Tribunal Constitucional porque realmente no se aplican las normas”.

Y cita “el efecto ‘ultrapartes’ de la sentencia del Juzgado Mercantil 1 de Vitoria de nulidad del IRPH de 11 de marzo de 2016 cuya firmeza fue confirmada por auto del Supremo de 10 de mayo de 2017. Otro elemento que generaría indefensión sería contravenir la normativa sectorial bancaria que señala que el diferencial del IRPH debe ser negativo”.

Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios. Amapola.

En cuanto al mensaje que se puede transmitir a los consumidores afectados por IRPH, Ballugera cree que “se traslada una decepción importante, pese a que no conocemos la sentencia. En este tipo de situaciones es posible que se pregunte de nuevo al TJUE sobre si realmente una cláusula transparente es o no abusiva”.Patricia Suárez (Asufin): ‘Es una aberración que desestimen las demandas del IRPH tras el fallo del TJUE’Hasta el momento, 24 tribunales han fallado a favor de la interpretación favorable a los consumidores sobre el IRPH del TJUE y 9 en contra.

Por su parte, Jesús María Ruiz de Arriaga, director y fundador de Arriaga Asociados, afirma que la argumentación jurídica de la Sala Civil del Supremo podría ir en contra de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en su artículo 83 y de la Ley de Condiciones Generales de la Contratración en su artículo 5.5. Ambas leyes trasponen directivas comunitarias”.

A Arriaga le”llama poderosamente la atención que el tribunal llegue a la conclusión, con la excepción del voto particular de Francisco Javier Arroyo Fiestas, de que, a pesar de no superar el control de transparencia, pueda plantearse siquiera la posibilidad de realizarse el control de abusividad”.

Desde su punto de vista “el IRPH como cláusula, si es abusiva, genera un desequilibrio entre las partes, ya que el consumidor en igualdad de condiciones e información que el banco, no hubiera aceptado la cláusula de IRPH, así como la vulneración de la buena fe”.

Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados.

LOS CONSUMIDORES, CONTRARIADOS

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, habla de “sentencia salomónica”. “Las cuatro familias que han visto resuelto su recurso de casación tendrán que seguir pagando su hipoteca con IRPH, no así para el resto de afectados. Creo que todavía hay miles de afectados que pueden litigar y seguir demostrando que en sus casos concretos, sí hay abusividad”.

Súarez indica que “además seguimos esperando que Europa se pronuncie por una cuestión prejudicial que planteo el juzgado uniprovincial de Reus y también esperamos que el jugado 38 de Barcelona vuelva a plantear cuestión prejudicial. Además el magistrado Arroyo de la Sala Civil ha planteado un voto particular lo que supone que no está de acuerdo con el fondo del asunto. Da la sensación que el tema no ha acabado aquí”.

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN.

Víctor Cremades, coordinador del Consejo Jurídico de ADICAE SERJUR, insiste en que de nuevo el Tribunal Supremo entra en contradicción “con la propia ley de Condiciones Generales de Contratación y la propia Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que establece que las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho“.

Al mismo tiempo cree que recupera antiguos posicionamientos establecidos en la sentencia 241/2013, de 9 de mayo de que “la falta de transparencia no supone necesariamente que sean desequilibradas y que el desequilibrio sea importante en perjuicio del consumidor”, para establecer que aunque carece de transparencia no existe desequilibrio ni mala fe por las entidades que se basan en índices oficiales.

Desde ADICAE esta interpretación “a falta de la lectura de las sentencias y del voto particular supone que hay que aclarar en qué consiste el concepto de transparencia. Para la doctrina especializada, como la del catedrático de Derecho Civil y exmagistrado del Tribunal Supremo Javier Orduña, se trata de un verdadero control de legalidad, y que tiene como evidencia que la falta de transparencia implica irremediablemente la abusividad”.