¿QUÉ SANCIONES PUEDEN IMPONERSE EN CASO DE INCUMPLIR LAS OBLIGACIONES Y MANDATOS DEL ESTADO DE ALARMA?

E
l Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece un gran
número de nuevas obligaciones, prohibiciones y posibles intervenciones de la Autoridad. Las sanciones,
recogidas en la conocida como Ley Mordaza, oscilan entre 100 y 600.000 euros, o prisión de tres meses hasta
un año, según la gravedad de la infracción.

¿QUÉ SANCIONES PUEDEN IMPONERSE EN
CASO DE INCUMPLIR LAS OBLIGACIONES
Y MANDATOS DEL ESTADO DE ALARMA?

Infracciones
contra la
protección de
la seguridad
ciudadana.

Se impondrán multas de 100 a 600 euros a las personas que retiren o muevan vallas,
encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad para delimitar perímetros de seguridad. Asimismo, la desobediencia o la
resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones así como la negativa
a identificarse será sancionado con una multa de 601 a 30.000 euros.

Infracciones
contra la salud
pública.

La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño
grave para la salud de la población serán motivo de sanción con multas de entre 3.001 y
60.000 euros. En caso que estas conductas produzcan un riesgo o un daño muy grave para la
salud de la población la sanción se incrementará a un mínimo de 60.001 euros y hasta
600.000. De esta misma forma el incumplimiento de forma reiterada de las instrucciones
recibidas por la autoridad competente también será multado con este importe.

Infracciones
contra la
protección
civil.

Se impondrán sanciones desde 30.001 hasta 600.000 euros para las personas al
incumplir las órdenes, prohibiciones o instrucciones pongan en riesgo la seguridad de las
personas o bienes. En el caso que el riesgo sea de especial peligrosidad o trascendencia, la
sanción puede incrementar desde 1.501 hasta 30.000 euros.

Infracciones
contra el
código penal.

Pueden ser castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a
dieciocho meses, los que se resistan o desobedezcan gravemente la autoridad de los agentes
en el ejercicio de sus funciones.

Los jueces podrán suspender actuaciones procesales en zonas de riesgo por razones sanitarias noticias.juridicas.com

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este miércoles en sesión extraordinaria una instrucción de actuaciones judiciales que tiene por objeto garantizar el servicio público judicial, adaptado a las recomendaciones de las autoridades sanitarias en relación con la epidemia de coronavirus COVID-19.

La instrucción consta de dos partes, una informativa con las recomendaciones de protección individual y colectiva frente a la enfermedad y otra que establece directrices en relación con la actuación judicial en función de distintos escenarios: (1) uno general para todo el territorio nacional y (2) otro para los territorios en los que se hayan establecido medidas especialmente intensas para limitar la propagación y el contagio de la enfermedad.

Bajo la dirección de la Comisión Permanente, se constituye una Comisión de Coordinación y Seguimiento que estará integrada por el Secretario General, el Gabinete de la Presidencia, el Gabinete Técnico, el Servicio de Inspección, la Oficina de Comunicación, el Servicio de Personal Judicial y la Sección de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial.

A la vista de las instrucciones y recomendaciones que dicten las autoridades sanitarias en cada momento y de las incidencias que vayan comunicando los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, podrán adoptarse nuevas medidas por la Comisión Permanente.

Los objetivos que se persiguen con las instrucciones acordadas hoy son, por un lado, minimizar los contactos interpersonales que puedan favorecer la transmisión del coronavirus en dependencias judiciales o con ocasión de la prestación del servicio público judicial y ajustar la prestación de este servicio a las indicaciones emanadas de las autoridades sanitarias, promoviendo la coordinación de las distintas instancias con competencias en el ámbito de la Administración de Justicia; y por otro evitar actuaciones unilaterales y descoordinadas.

Medidas de protección

La instrucción recoge las medidas de protección individual frente a la enfermedad recomendadas por las autoridades sanitarias, entre ellas realizar una higiene de manos frecuente, evitar el contacto con personas que muestren signos de afección respiratoria o mantener una distancia de un metro con ellas.

Además, y para el ámbito específico de la Administración de Justicia se recomiendan la aplicación de medidas de conciliación entre la vida personal y laboral (permisos y autorizaciones), el fomento del teletrabajo para las miembros de la Carrera Judicial que en función de sus características personales o estado biológico conocido puedan ser consideradas como especialmente sensibles (embarazo, patologías previas, medicación…); o la dispensa del uso de la toga para los abogados en los actos procesales en los que este sea preceptivo.

Escenario 1

Las medidas a adoptar en el escenario 1 o escenario general incluyen la realización de los señalamientos con tiempo suficiente entre ellos para que no haya una gran afluencia de partes y de profesionales esperando la celebración de vistas en un espacio común; la restricción temporal de la asistencia de público a los actos procesales -limitándola a un número de personas que permita mantener una distancia de seguridad de un metro- y la utilización en la medida de lo posible del sistema de videoconferencia.

La instrucción identifica un catálogo de actividades o situaciones de riesgo con las correspondientes recomendaciones (por ejemplo, la distribución de las citas de presentación periódica de investigados y/o condenados en distintos días y lugares).

Escenario 2

El escenario 2 comprende los territorios en los que se hayan establecido medidas especialmente intensas para limitar la propagación y el contagio por el coronavirus.

La determinación de los territorios en los que hayan de adoptarse las medidas contempladas en este escenario será competencia de la Comisión Permanente del CGPJ, de conformidad con las decisiones que en cada momento adopten las autoridades sanitarias. 

Además de las medidas incluidas en el escenario 1, se contempla para este escenario la posibilidad de que los jueces acuerden la suspensión de plazos procesales y de actuaciones procesales ya acordadas por razones sanitarias. Estos casos precisarán de la autorización del presidente del tribunal correspondiente y de la ratificación posterior de la Comisión Permanente, sin perjuicio de su ejecución inmediata.

Suspensión de las actividades de Formación Continua

Por otra parte, el CGPJ ha acordado suspender desde hoy y hasta el próximo 13 de abril las actividades programadas por el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. Estas actividades, consistentes en la celebración de una veintena de cursos de formación, implicaban el desplazamiento de miembros de la Carrera Judicial destinados en otros territorios hasta Madrid. 

Notarios y registradores continuarán con su actividad y no cerrarán oficinas noticias.juridicas.com

Registradores y notarios no cesarán su actividad por la crisis del coronavirus. Así lo han informado el Colegio de Registradores y el Consejo General del Notariado en dos notas informativas enviadas este domingo a la luz de la crisis por el COVID-19. La comunciación se ha enviado después de que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobase un plan de continuidad del servicio público registral, así como una lista de medidas para garantizar la prestación de los servicios notariales. 

Tal como ha informado el Colegio de Registradores, el Registro permanecerá abierto por tratarse de un servicio público esencial. Eso sí, acudir al registro sólo se podrá hacer en ciertas condiciones. Los registradores recomiendan dos medidas esenciales: intentar realizar los trámites de forma on-line o telefónica, y solicitar información registral solo a través de su web.

Por su parte, y en la misma línea, el Consejo General del Notariado (CGN) ha anunciado que los notarios tampoco echarán el cierrre. Al tener carácter de oficina pública, los despachos notariales “no pueden cerrar”, recuerda el CGN. No obstante, la regla general es no acudir presencialmente a las oficionas, y hacerlo sólo para atender “aquellas actuaciones de carácter urgente, así como las que determine el Gobierno”. 

Por ello, los notarios “se abstendrán de citar a interesados para actuaciones que no revistan dicho carácter”. En consecuencia, “la oficina notarial deberá procurar un teléfono de contacto, así como un correo electrónico para atender tales actuaciones”. Estos medios, apunta el comunicado, están publicados en la página web www.notariado.org.

Como parte del plan para evitar los contagios por COVID-19, el CGN ha lanzado una serie de precauciones para aquellas visitas al notario que tengan el carácter de imprescindible:

1. Sólo entrarán en la notaría el interesado, los intérpretes y los testigos.

2. Se pasará exclusivamente a la oficina notarial “el tiempo imprescindible”.

3. El interesado deberá aplicar las “medidas de autoprotección” que garanticen la seguridad.

4. Se mantendrán distancias recomedadas.

5. Se establecerá un sistema de turnos. 

El personal de la notaría tendrá la obligación de seguir acudiendo a la oficina. Contará con un salvoconducto para justificar que se encuentran de camino al trabajo (o de vuelta) en caso de ser requeridos por la policía. 

Las medidas económicas para responder al COVID-19: análisis del Real Decreto-ley 7/2020 noticias.juridicas.com

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión extraordinaria celebrada el jueves 12 de marzo, un conjunto de medidas dirigidas a frenar y la expansión del coronavirus y a paliar el alcance de sus consecuencias económicas. Se suman así a las adoptadas dos días antes mediante el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que decidió equiparar a la situación de accidente de trabajo los periodos de baja por aislamiento o contagio derivados de esta nueva enfermedad, así como, en el plano económico, suspender el lanzamiento de personas en situación de especial vulnerabilidad en los procesos de ejecución hipotecaria.

El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, establece medidas de refuerzo del sistema sanitario, de protección de las familias y de apoyo a las empresas afectadas, en particular a las del sector turístico y a las PYMEs. Prevé asimismo la posibilidad de que las reuniones del Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y otros órganos se celebren a partir de ahora a distancia, por medios electrónicos.

Refuerzo del sistema sanitario

El Gobierno ha decidido reforzar en 1.000 millones de euros los recursos del Ministerio de Sanidad a través del fondo de contingencia para atender los gastos extraordinarios que generen las necesidades sanitarias.

Además ha acordado adelantar 2.800 millones de euros de los pagos a cuenta a las Comunidades Autónomas para reforzar su disponibilidad de recursos con los que hacer frente a necesidades inmediatas derivadas de esta situación en sus sistemas sanitarios.

Se habilita asimismo al Gobierno, mediante la modificación del artículo 94.3 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que aprobó el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para regular los precios de algunos productos necesarios para la protección de la salud. En caso de situación excepcional, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos podrá fijar el importe máximo de venta al público de determinados medicamentos y productos.

Medidas de apoyo a las familias

Las medidas de apoyo a las familias tienen como objetivo facilitar la protección de los menores en situación de vulnerabilidad y asegurar el funcionamiento del sistema educativo ante las medidas específicas de contención adoptadas.

El Gobierno dota 25 millones de euros de recursos específicos a las Comunidades Autónomas para que, mediante becas-comedor, puedan garantizar el derecho básico de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad afectados por el cierre de centros escolares, lo cual permite además mantener la actividad económica vinculada a estos servicios de alimentación.

En el ámbito de la educación obligatoria se habilita a las administraciones afectadas por las medidas de contención reforzadas a modificar el calendario escolar para que puedan ordenar de forma flexible el desarrollo del curso.

En tercer lugar el texto establece que el personal al servicio de la Administración Pública encuadrado en el régimen especial de mutualismo administrativo que se encuentre en situación de aislamiento preventivo, así como quienes se han contagiado del virus, se considerarán en incapacidad temporal asimilada a la baja laboral por accidente de trabajo. Se extiende de esta forma a los empleados públicos la medida adoptada para el Régimen General de la Seguridad Social por el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo.

Apoyo al sector empresarial y al turístico en particular

Con el fin de evitar posibles tensiones de tesorería de autónomos y pequeñas y medianas empresas, se flexibilizan los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés. El Gobierno prevé de este modo inyectar hasta 14.000 millones de euros de liquidez.

En segundo lugar, se dispone una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación. Se refuerza y extiende así la línea de financiación prevista inicialmente para los afectados por la insolvencia del Grupo empresarial Thomas Cook, a los afectados por la crisis desencadenada por el COVID-19.

En tercer término, se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso.

En cuarto lugar, se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

Finalmente, se ha solicitado a la Comisión Europea que permita al coordinador de slots español, AECFA, no aplicar la regla que regula el uso de slots para las próximas temporadas. Esta exención permitiría que las compañías aéreas no se vean penalizadas en el futuro por haber reducido sus vuelos en las actuales circunstancias.

Gestión eficiente de las Administraciones Públicas

Mediante la aplicación de la tramitación de emergencia y al amparo del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se agiliza el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que sean necesarios, con el fin de que la Administración General del Estado pueda tomar las medidas oportunas para hacer frente al COVID-19.

Por otro lado el Gobierno, excepcionalmente y hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado, podrá autorizar transferencias de crédito entre secciones presupuestarias para atender necesidades ineludibles y en casos distintos de los previstos en el artículo 52.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A estos efectos, la Ministra de Hacienda elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta.

Consejo de Ministros a distancia

Finalmente el real decreto-ley añade una nueva disposición adicional tercera a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que permitirá que en situaciones excepcionales el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios puedan celebrar sesiones, adoptar acuerdos y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, es decir, mediante audioconferencias o videoconferencias, siempre que los miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad.

Modificaciones legislativas

– Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio: se modifica el artículo 94.3
– Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: se añade una nueva disposición adicional tercera.

Entrada en vigor y régimen transitorio

El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, entra en vigor el 13 de marzo de 2020, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno determina que persisten las circunstancias extraordinarias que motivaron su aprobación.Lo dispuesto en el artículo 16 -en relación con los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado para atender las necesidades derivadas de la protección frente al COVID-19, a los que resultará de aplicación la tramitación de emergencia- será de aplicación a los contratos necesarios para hacer frente a la situación objeto del real decreto-ley, cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a su entrada en vigor.

Estado de alarma: ¿qué pasa con los plazos administrativos y procesales? noticias.juridicas.com

Todos los procesos administrativos o judiciales se paralizan como consecuencia del estado de alarma sanitaria motivada por la pandemia del coronavirus. Las Administraciones Públicas, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han emitido comunicados explicando las medidas que se están tomando en sus respectivos ámbitos. 

Para evitar que los derechos de los administrados y justiciables se vean afectados por la situación, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 estipula la suspensión de los plazos procesales y administrativos, así como los de prescripción y caducidad de los plazos legales para el ejercicio de todo tipo de acciones.

Plazos procesales 

La disposición adicional segunda del citado decreto establece: “se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales”. El precepto prevé así mismo que el cómputo de plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia este decreto, esto es, cuando se ponga fin el estado excepcional de alarma. Los profesionales jurídicos (especialmente abogados y procuradores) echan en falta un comunicado que aclare cómo han de proceder en la plataforma Lexnet, el sistema de gestión de notificaciones telemáticas con los juzgados.

Excepciones

En el orden penal, especifica, esta suspensión o interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Además, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente puede acordar la práctica de actuaciones inaplazables, por su carácter urgente. 

En cuanto al resto de órdenes jurisdiccionales, no se interrumpirán los plazos de algunos procedimientos considerados como prioritarios:
– el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.
– Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
–  La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
–  La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.
No obstante, el juez o tribunal de lo civil, administrativo, mercantil o social, podrá acordar la práctica de las actuaciones judiciales “que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso”.

Plazos administrativos

También se suspenden e interrumpen los plazos parala tramitación de procedimientos con las entidades administrativas (salvo los referidos a hechos justificativos del estado de alarma), según dispone la disposición adicional tercera del decreto. Esta medida afecta a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
También se prevé que el órgano competente pueda acordar motivadamente “las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento”. Para ello este debe manifestar antes su conformidad. 

Prescripción y caducidad de acciones

Por último, el decreto se ocupa también de los plazos de las acciones. Así, estipula en su disposición adicional cuarta que los plazos de prescripción y caducidad de cualquier tipo de acciones y derechos “quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”. 

Cómo afecta en el alquiler de un local el cierre de los comercios por el coronavirus

El Gobierno se ha visto obligado a cerrar durante, al menos, 15 días naturales la mayoría de los locales comerciales en España, tal y como está previsto en el Real Decreto 463/2020, por la crisis del COVID-19, también llamado coronavirus. Este cierre imposibilitará a muchos negocios asumir los gastos de personal o el pago del alquiler mensual, un hecho que de producirse no sólo será negativo para el inquilino, sino también para el propietario que cuente con esas rentas para vivir.

Por el momento la clausura de los locales es de 15 días, pero probablemente se alargue en el tiempo, una medida que puede poner contra las cuerdas a muchos negocios y que finalmente se vean abocados al cierre definitivo. “Ante tal coyuntura es la Administración quien debe evitar que muchos de estos comercios se vean forzados al cierre definitivo de sus negocios. Ningún sentido tendría que la solución al problema se hiciera recaer en los propietarios de los locales, obviando que en muchos casos están necesitados de esas rentas de alquiler para subsistir”, señala Salvador Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.

El experto asegura que previsiblemente las medidas del Gobierno llegarán tarde o serán insuficientes, con lo que considera necesario que sean inquilino y arrendador los que aborden el problema. “Desde hace unas semanas, según me consta, algunos comerciantes chinos que decidieron adelantar voluntariamente el cierre de sus negocios, comenzaron a plantear a los propietarios de los locales que ocupan una moratoria para afrontar el pago de los alquileres”, señala Salcedo.

El socio de Ático Jurídico sugiere que el inquilino que no pueda pagar íntegramente la renta, le proponga al propietario abonar una parte difiriendo el resto en varios pagos. Y en caso de que al inquilino le toque una actualización de la renta, ésta podría demorarse, de tal manera que el propietario exija la aplicación más adelante y con efectos retroactivos desde que le tocaba actualizar la renta. Ante cualquier acuerdo alcanzado entre las partes, lo más conveniente es redactarlo y firmarlo como un anexo al contrato de arrendamiento.

Otra situación que es posible que se esté dando es que se hayan quedado en el aire la formalización de muchos contratos de alquiler de un local que estaban previstos. Para evitar que esas operaciones se queden en agua de borrajas, el propietario puede ofrecer al inquilino un periodo de carencia, con lo que así no tendrá que esperar a cerrar el arrendamiento una vez pase la crisis del coronavirus.  

Otros aspectos relevantes además de la renta en sí es el pago de otros gastos como el IBI por parte del inquilino. “El pago de otros gastos, al que se compromete el inquilino en muchos contratos, se devenga anual o trimestralmente. Lo cierto es que serán muchos los contratos que en los próximos meses incrementen las obligaciones de pago por estos conceptos a los inquilinos, agravando su situación como consecuencia del cierre”, sentencia Salcedo.  

El presidente de la comunidad ha vendido su casa, ¿quién le sustituye?

En la actualidad, soy vicepresidente de la comunidad de vecinos. La persona que ostenta la presidencia ha vendido su casa y el nuevo copropietario todavía no vive en ella

Explicaría lo del coronavirus a los mayores como lo deberían hacer los responsables, siendo claros. Es una enfermedad emergente, altamente transmisible y causante de una mortalidad baja pero no despreciable. Por ahora no hay vacunas y las opciones de tratamiento son limitadas, por lo que los pacientes más graves suelen requerir oxígeno o, incluso, cuidados intensivos. Y para evitar que los servicios hospitalarios se saturen, es fundamental ralentizar la epidemia, para lo que, a su vez, será necesario reducir los movimientos de personas y evitar los contactos sociales.

Coronavirus más y menos graves

Los coronavirus son muchos, en su mayoría limitados a sus hospedadores animales, frecuentemente murciélagos. Algunos, al menos cuatro, se han adaptado muy bien al hombre y causan resfriados. Otros se han adaptado a cerdos y a otras especies. Pero algunas veces, hay coronavirus nuevos que ‘saltan’ de los murciélagos a las personas, normalmente a través de algún intermediario, como ocurrió con el SARS (‘severe acute respiratory syndrome’) en 2002 o el MERS (‘Middle East respiratory syndrome’) en 2012 con civetas y dromedarios, respectivamente. Estos virus de adaptación más reciente a las personas son más peligrosos, bien por su letalidad o bien por su transmisibilidad.

El MERS se lleva la palma en letalidad, con un 35%, seguido de SARS, con el 10%. El coronavirus es mucho menos letal, pero muy transmisible

MERS, el de los dromedarios de 2012, se lleva la palma en letalidad, con un 35%, seguido de SARS, el de las civetas de 2002, con un nada despreciable 10%. Comparado con ellos, el nuevo coronavirus emergido en diciembre de 2019 en Wuhan, China, es mucho menos letal, más cerca del 1% y posiblemente aún menor. Pero, a cambio, es enormemente transmisible.

Un virus muy contagioso

El coronavirus SARS-CoV-2002 causó unos 8.000 casos, el MERS-CoV-2012 solamente 2.600, y, en cambio, el nuevo SARS-CoV-2 de Wuhan (también llamado Covid-19) ya hace días que superó la barrera de los 100.000 infectados. La tasa reproductiva del nuevo coronavirus es elevada, seguramente mayor que la de los anteriores coronavirus emergentes y desde luego mayor que la del virus de la gripe. Y esta es la explicación de la preocupación de los epidemiólogos.

No se trata de un virus con mucha mortalidad, sino de un virus con muchísima capacidad de transmisión, que da lugar a muchos casos en poco tiempo. Muchos casos multiplicados por relativamente poca mortalidad, siguen dando lugar a demasiadas muertes: cerca de 4.000 hasta el momento, cuando ni SARS ni MERS llegaron a superar el millar.

Objetivo: no saturar el sistema de salud

Pero el problema no queda ahí. El mayor reto está en cómo encajar un número de pacientes en crecimiento exponencial con los recursos, siempre limitados, de nuestros sistemas sanitarios. El número total de camas de enfermos críticos adultos en España es de 5.000 (10/100.000 habitantes), de las que el porcentaje de ocupación, además, es elevado (un 79% en 2008).

Una joven con mascarilla, en el Hospital Universitario de Álava en Vitoria. (EFE)Una joven con mascarilla, en el Hospital Universitario de Álava en Vitoria. (EFE)

Si los casos graves, aquellos que necesitan cuidados intensivos, aumentasen exponencialmente en poco tiempo, pronto se agotarían las camas disponibles y se generarían situaciones angustiosas para pacientes y familiares, como está a punto de ocurrir en Italia. ¿Podremos salir de ese laberinto?

La solución viene de China

La solución, igual que el virus, viene de China. Dos medidas han permitido reducir significativamente el número diario de nuevos casos en ese país, y limitar la expansión geográfica del virus: la restricción de movimientos y la evitación de contactos sociales. Italia ha copiado esta estrategia en los últimos días y será interesante ver el efecto de estas medidas en comparación con otros países próximos.

[Última hora sobre el coronavirus]

Entre ellos, el nuestro, que aún están pensándose los pasos a seguir. Tampoco es una idea nueva. En Estados Unidos, durante la epidemia de gripe de 1918, las ciudades que cerraron escuelas, iglesias, teatros y eventos tuvieron menos mortalidad y casos más espaciados en el tiempo, frente a aquellas otras que no restringieron los contactos sociales.

¿Qué va a pasar ahora?

Entonces, ¿qué cabe esperar en las próximas semanas? Pues un crecimiento exponencial de los casos en la mayoría de los países, con serio riesgo de superar la capacidad de los sistemas de salud. La buena noticia, además de otras ya conocidas, es que sabemos qué hacer para ayudar a que el número de casos sea menor y crezca de forma menos explosiva: actuar sobre los movimientos de personas y sobre sus interacciones sociales, nos guste o no.

Cabe esperar, por tanto, medidas de intervención que afectarán a nuestra actividad (desplazamientos, centros de enseñanza y trabajo, reuniones) y a nuestras relaciones sociales (eventos, ocio) durante un tiempo indeterminado. Y, seamos claros, habrá un impacto económico significativo, unido a unas protestas y un descontento que serán tanto mayores cuanto menor sea la percepción de que hay una intervención planificada y efectiva ante esta emergencia. La esperanza es alcanzar pronto una ‘inmunidad de grupo‘, el punto en el que el virus ya no encuentra suficientes nuevos individuos susceptibles, y retornar a la normalidad.

Lo que puede hacer cada uno

El mayor riesgo lo corren las personas mayores. Algunos, muy prudentes, ya han sustituido el teatro, los conciertos o las actividades que reúnen a muchas personas por paseos en solitario; y han renunciado a las comprillas del día a día para hacer la compra una sola vez por semana. Esa es una forma eficaz de reducir los contactos. En las interacciones imprescindibles con otras personas, conviene evitar el contacto físico y mantener en lo posible las distancias, aunque parezca de mala educación. En Madrid ya se han restringido las visitas a las residencias de mayores, y es probable que esta medida se extienda pronto al resto de España.

Funcionarios toman la temperatura de los ciudadanos que llegan al aeropuerto internacional El Dorado. (EFE)Funcionarios toman la temperatura de los ciudadanos que llegan al aeropuerto internacional El Dorado. (EFE)

Los niños y jóvenes, en comparación, corren muy poco riesgo, pero pueden ser una fuente de contagio para otros. Por eso, y porque los jóvenes son especialmente dados a las interacciones sociales, es importante que también ellos cambien por un tiempo su estilo de vida. Por el bien de todos, conviene evitar eventos y grupos más allá de lo estrictamente necesario, al menos por unas semanas.

Los niños y jóvenes corren muy poco riesgo, pero pueden ser una fuente de contagio para otros

Además, en cualquier edad, es importante maximizar las medidas de higiene elementales, como el lavado de manos, y usar pañuelos desechables al estornudar o toser. Estar atentos a posibles signos de enfermedad como tos, congestión nasal, dolor de garganta, fiebre o malestar, o incluso diarrea.

En ese caso, es preferible no acudir inmediatamente al centro de salud sino quedarse en casa y llamar al centro de salud para informar de los síntomas y de cualquier contacto reciente con personas infectadas, o viajes a zonas de riesgo. Es importante avisar a familiares y amigos y vigilar la fiebre. Lo ideal es intentar pasar el episodio, como haríamos ante otros episodios parecidos, sin acudir al hospital.

La hospitalización solo conviene en casos graves, por ejemplo, ante una dificultad respiratoria. Todo sea para contribuir, en la medida de lo posible, a reducir la circulación del virus y evitar la saturación de los servicios de salud. Si todos, jóvenes y mayores, contribuimos a reducir el número de contagios y evitamos saturar los servicios de salud, pasaremos esta epidemia con holgura, y con muchas lecciones aprendidas para la próxima.

Galicia publica una convocatoria de ayudas para mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas

La Xunta de Galicia ha publicado la convocatoria de ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con un presupuesto total de 4,9 millones de euros.

ventana en fachada
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 26 de marzo de 2020.

Tal y como se indica en la resolución, el programa cuenta con dos líneas de ayudas, una destinada a mejorar la eficiencia energética y la otra enfocada en la conservación y accesibilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOG, finalizando el 26 de marzo de 2020.

Obras subvencionables de eficiencia energética

La primera línea está destinada al fomento de la mejora de la eficiencia energética y de la sustentación en viviendas. Su finalidad es financiar obras de mejora de la eficiencia energética y de la sustentación, con especial atención a la envolvente edificatoria, y tiene un presupuesto total de 1.900.000 euros para las anualidades 2020 y 2021.

Entre las actuaciones consideradas en esta primera línea se encuentran obras de mejora de la envolvente térmica de la vivienda o del edificio, instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación para incrementar la eficiencia energética, instalación de equipos para la generación de energías renovables, y actuaciones que mejoren el cumplimiento de la normativa técnica en cuestiones como el aislamiento sonoro.

Esta línea incluye también obras que afecten a elementos cuyo tratamiento permita reducir de forma efectiva en el interior de la edificación a promedio anual de concentración de radón a niveles inferiores a 300 Bq/m3 o en las que, sin alcanzar dicho nivel, se reduzca la concentración inicial en, por lo menos, un 50%.

Además, en edificios de tipología residencial colectiva se subvencionará la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación; la mejora del suministro de agua y ahorro de la misma; mejora del saneamiento separativo y otras que afectan a factores como la reducción del consumo de agua en zonas comunes o el fomento de la movilidad sostenible.

Conservación, seguridad y accesibilidad

La otra línea corresponde a la ayuda al fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, para financiar obras de conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad, bajo un presupuesto total de 3 millones de euros para las anualidades 2020 y 2021.

En esta línea se consideran actuaciones sostenibles las relativas a la conservación de la cimentación, de la estructura, de las instalaciones, de cubiertas y fachadas, la adecuación interior de la vivienda unifamiliar, instalación de ascensores, salvaescaleras, cuestas u otros dispositivos de accesibilidad, y otros como la instalaciones de señalización, elementos electrónicos de comunicación, domótica y cualquier elemento que facilite la accesibilidad.

Autoconsumo compartido: generación distribuida de electricidad fotovoltaica como el futuro de nuestras ciudades. ¿Es posible?

Comunicación presentada al VI Congreso Smart Grids

Autoras

  • Celia Sánchez Mayoral, Estudiante, Universidad Politécnica de Madrid
  • Estefanía Caamaño Martín, Investigadora, Instituto de Energía Solar, Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

En España predomina la tipología de viviendas multifamiliares. El autoconsumo compartido aparece como una alternativa para posibilitar la generación distribuidade energía eléctrica gracias a instalaciones fotovoltaicas en edificios, cuyo uso prioritario sea cubrir el consumo de las viviendas. Este trabajo presenta las posibilidades técnico-económicas de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo ubicadas en cubiertas de edificios multifamiliares en Madrid. Para ello es necesario tener en cuenta tipologías de edificios representativas; diseñar y dimensionar las instalaciones fotovoltaicas; calcular la generación eléctrica esperable, respetando consideraciones estéticas y estudiar las características de los consumos eléctricos de las viviendas, para obtener los resultados de variables relevantes, como el autoconsumo y la  autosuficiencia, con el fin de poder crear una gestión inteligente del uso de ciertas cargas, o incluso el uso de almacenamiento. Además, se analiza la rentabilidad económica de las instalaciones en el contexto regulatorio actual, considerando distintos escenarios de gestión de la electricidad y la posible retribución por la venta de excedentes.

Palabras clave

Energía Solar, Energías Renovables, Cambio Climático, Autoconsumo Compartido, Autosuficiencia, Fotovoltaica, Módulo Fotovoltaico, Sistemas Fotovoltaicos, Instalación Fotovoltaica Residencial, Sistema Energético

Introducción

El autoconsumo es la capacidad de consumir lo que uno mismo genera, cuando es compartido, implica que pueden ser uno o varios quienes generen y se beneficien. Para este trabajo, significa la capacidad de instalar unos módulos fotovoltaicos en un edificio de viviendas para generar electricidad, y aprovechar entre un grupo de hogares la energía producida. En España el autoconsumo compartido en edificios residenciales ha sido ilegal, solo se podía permitir tener una instalación de autoconsumo una vivienda unifamiliar, hasta la aparición del Real Decreto 244/2019 (Gobierno de España, «Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica» Ministerio para la Transición Ecológica, I. Disposiciones generales, 6 de abril de 2019. ). Este presenta un marco legal con muchas posibilidades, dado que las ciudades son sumideros de energía que necesitan de grandes centrales para alimentarlas, además, su dependencia eléctrica está aumentando con la creciente electrificación, así como con la incorporación del coche eléctrico. A su vez, muchas zonas urbanas tienen altos potenciales de generación fotovoltaica que se están empezando a estudiar, como los polígonos industriales. Pero también dentro de las ciudades los edificios pueden pasar a tener una función activa, siendo las cubiertas y fachadas las que generen toda o parte de la energía que se consume en su interior. En los últimos años el precio de la tecnología fotovoltaica se ha reducido de manera importante, haciéndola muy competitiva. Es el momento de analizar la viabilidad técnico-económica de esta tecnología teniendo en cuenta las particularidades de su uso en edificios reales.

El Proyecto

Este estudio surgió como análisis de la viabilidad del uso de sistemas de generación distribuida de origen fotovoltaico para suministrar las necesidades eléctricas de los hogares españoles, teniendo en cuenta la realidad de la edificación y sus consumos, las tecnologías fotovoltaicas y precios representativos del mercado fotovoltaico español actual (C. Sanchez Mayoral, «Autoconsumo compartido de electricidad solar fotovoltaica en entornos residenciales» Trabajo Fin de Máster, Máster en Energía Solar Fotovoltaica, Instituto de Energía Solar, UPM, Julio 2019).

Para poder estudiar las capacidades de autoconsumo de edificios residenciales es necesario conocer su consumo. En España la demanda energética de las viviendas varía mucho según la zona climática y el tipo de vivienda. Con diferentes consumos reales recogidos y analizando las cubiertas de tipologías de viviendas representativas de la ciudad de Madrid, se han realizado simulaciones de la generación eléctrica esperable de instalaciones en las cubiertas con la herramienta software de referencia PVSyst, hallando el porcentaje de energía autoconsumida de cada instalación y el ahorro energético-económico que posibilita.

Materiales y métodos

Consumos eléctricos

Para realizar este trabajo era fundamental conocer la curva de consumo típica de los hogares en España y con ella estudiar las posibilidades de autoconsumo de las viviendas. Actualmente no existen estos datos públicos. De entre los escasos estudios existentes, se han considerado los del Proyecto SECH-SPAHOUSEC (2011) (IDAE, Informe Final Proyecto SECH-SPAHOUSEC, 2011. ), que ofrece datos según zonas climáticas y tipología edificatoria. En particular, la electricidad representa en el conjunto de energías empleadas en los hogares el 35% en la zona Continental, 55% en la Mediterránea y el 46% en la Atlántico. Para la zona de este estudio, la ciudad de Madrid se ha aproximado el consumo medio eléctrico anual de viviendas en bloque a 3.190 kWh y en unifamiliar a más del doble, 6.583 kWh.

Pero dentro de cada hogar, el consumo no es constante a lo largo del año, sino que varía según las estaciones y los hábitos de cada vivienda. Los datos de consumo empleados para este estudio no han sido fáciles de conseguir al no existir ningún informe oficial del consumo horario medio de una vivienda en España, a pesar de contar todas las viviendas con contadores inteligentes y estar toda la infraestructura digitalizada. La única forma de obtener datos horarios ha sido gracias a voluntarios que se han ofrecido a compartir los suyos personales, recopilando un total de 24 viviendas en Madrid que, en general, presentan consumos importantes fuera del periodo de generación solar. Gracias al software utilizado para este estudio, se han realizado simulaciones horarias de producción eléctrica de todo un año, donde se han incluido los consumos recogidos, previamente normalizados para obtener el perfil típico de consumo a la vez que valores anuales estadísticamente representativos.

Tecnología fotovoltaica utilizada

Las instalaciones fotovoltaicas se colocarían en las cubiertas de los edificios (G. Masson, J. I. Briano y M. J. Baez, «Review and Analysis of PV Self-Consumption Policies» de IEA-PVPS, T1-28:2016, 2016, p. 8). Esto implica que el espacio está limitado y es fundamental aprovecharlo. Por ello la mejor opción es que los módulos sean de alta eficiencia, para generar la mayor cantidad de energía por superficie disponible. En concreto, se han escogido dos tipos de módulos de tecnologías de silicio monocristalino, con una relación de aspecto de 2:3 típicas del mercado: uno es del fabricante SunPower y cumple con la más alta eficiencia existente comercialmente; el otro es del fabricante LG y representa el sector de los módulos completamente negros, pensados para integración en edificios ya que reducen el impacto visual del generador fotovoltaico. Así, para cada tipología de vivienda considerada se han hecho dos diseños de instalaciones, los cuales varían en potencia eléctrica instalada dadas las diferencias en eficiencia y dimensiones de los módulos constituyentes. En cada caso se ha determinado un equipo inversor (responsable de la conversión continua/alterna de la potencia eléctrica generada por los módulos) escogido según las características eléctricas del generador fotovoltaico y la disponibilidad de equipos comerciales.

Edificios

España es el segundo país europeo con mayor porcentaje de población viviendo en edificio plurifamiliar, el 66%. Globalmente este valor va en aumento debido a la continua migración a las ciudades. Esto presenta la oportunidad de tener agrupados a los consumidoresde energía en un mismo lugar. Para este trabajo se han elegido cuatro bloques de viviendas representativos en la ciudad de Madrid que tienen gran presencia (Figura 1), al ser tipologías muy usadas en ciertas épocas de crecimiento de la capital, según el proyecto MODIFICA (F. J. Gonzalez Neila, «Proyecto Modifica» ABIO Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible. UPM, 2014-2017. [Último acceso: 28 Junio 2019]) (H. Lopez Moreno, «Hacia una evaluacion energética de la influencia de la isla de calor urbana en la morfológica urbana de Madrid» de Trabajo Fin de Master, Máster de medio Ambiente y Arquitectura Biocliámtica. MAYAB, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, UPM, Marzo 2016, p. 30) realizado por la Universidad Politécnica de Madrid. Los edificios considerados son en su mayoría de cinco plantas, altura media de los edificios residenciales en las zonas donde fueron construidos. Además, se ha considerado una tipología de vivienda unifamiliar de especial interés, la cual tiene el doble de demanda energética y mayor proporción de superficie en cubierta por vivienda que en los casos en bloque.

Los edificios presentan dos tipologías de cubierta, plana o inclinada. La primera presenta como ventaja una mejor ventilación de los módulos fotovoltaicos (colocados sobre una estructura que los inclina 30°), lo que permite reducir las pérdidas eléctricas por temperatura. La cubierta inclinada necesita de una estructura de soporte de los módulos más ligera que respete la inclinación de la cubierta (los módulos quedan superpuestos a esta) y produzca un menor impacto visual.

Una instalación fotovoltaica presenta una gran oportunidad para estos edificios debido a que supondrían una mejora en su eficiencia energética. Principalmente son construcciones entre los años 1950 y 2000, lo que implica que necesitan ciertas rehabilitaciones energéticas. El Ministerio de Fomento publicó en 2014 estrategias (ERESEE 2014) basadas en la directiva europea sobre Eficiencia Energética de edificios, y en 2017 elaboró su actualización (ERESEE 2017) (M. d. Fomento, «Actualización de la Estrategiaa largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España» ERESEE 2017, Gobierno de España, 2017). Posteriormente (Real Decreto 106/2018 [Gobierno de España, «Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021» «BOE» núm. 61, p. 28868 a 28916, 10 de marzo de 2018]) se ha regulado el “Plan estatal de vivienda 2018-2021″ donde se convocaron subvenciones a la rehabilitación de edificios que, en un futuro, podrían incluir inversiones fotovoltaicas.

Esquema dibujos edificios.
Figura 1. Conjunto de edificios estudiados.

Presupuesto de las instalaciones fotovoltaicas

El precio de una instalación fotovoltaica en una cubierta de un edificio varía dependiendo de diferentes factores, fundamentalmente la calidad de los componentes (en especial la de los módulos) y la ubicación del generador, ya que puede incrementar el coste del montaje, si el acceso es complicado, o si necesita estructura de sujeción a medida. Actualmente, las instalaciones típicas en el sector residencial son de inferior potencia a las diseñadas en este trabajo, pero cabe esperar que estas, al contar con un tamaño mayor, tendrían precios más competitivos. El informe anual que publica el Programa de Sistemas Fotovoltaicos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA PVPS [IEA, UNEF y J. Donoso, «Trends 2018 in Photovoltaic Applications. Survey Report of Selected IEA Countries between. National Survey Report» IEA PVPS, 2018.]) recopila los precios típicos de instalaciones fotovoltaicas en diferentes países: en 2017 estos fueron en España de 1,4-1,5 €/W en el sector residencial (típicamente inferiores a 10 kW). Por su parte la patronal del sector, UNEF (Unión Española Fotovoltaica) realiza estudios anuales de precios en nuestro país, siendo en el año 2018 algo superiores a los anteriores (1,67-2,19 €/W). Se ha realizado una consulta de precios actualizados de instalaciones de las dimensiones consideradas en este estudio, habiéndose obtenido precios entre 1,21-1,62 €/W que son los considerados aquí para la estimación del precio de las instalaciones. Así, dado que este trabajo considera dos tipologías de módulos diferentes, y que, a mayor eficiencia mayor es el coste de los módulos, se ha supuesto el precio más alto para el modelo de SP y el más bajo para LG.

El precio de la instalación varía según las dimensiones y el tipo de módulo elegido. La instalación diseñada más pequeña de LG supondría unos 16.500€ (en la Manzana Moderna), y la más grande, con tecnología SP, llegaría a 60.000€ (en el Bloque en H). Dependiendo del número de viviendas que hay en cada edificio, la inversión por vivienda supone entre 1.000 y 3.000€ para bloque y sobre 15.000€ para unifamiliar.

Resultados

Las simulaciones se han realizado con el programa PVSyst, teniendo en cuenta las características de cada instalación (módulos, inclinación, orientación, etc) junto con los datos de irradiancia y temperatura proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología para la ciudad de Madrid (AEMET, «Atlas de radiación solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT,» 1983-2005). Además, el programa permite representar el edificio y calcular las pérdidas por sombras simulando horariamente la producción solar fotovoltaica. Por último, incluye la opción de incluir consumos horarios y así ofrece de resultado la energía producida, la consumida y la vertida a la red (producción excedentaria con respecto al consumo).

Los resultados de las diferentes simulaciones (Tabla) muestran que, en algunos edificios, la energía producida por la instalación es mayor a la demandada anualmente por todo el edificio, ilustrando así las interesantes posibilidades que ofrece la generación distribuida fotovoltaica para el autoconsumo en edificios de viviendas.

Con el objeto de valorar el beneficio de la generación fotovoltaica en el edificio, se han calculado de manera diferenciada dos términos que, aunque relacionados, tienen implicaciones distintas: autoconsumo y de autosuficiencia.

Tabla datos.
Tabla I. Balance anual de la energía eléctrica de cada instalación.

El autoconsumo se define como la relación entre la energía que es consumida in situ de la que se genera por la instalación. La autosuficiencia indica la proporción de la demanda de electricidad de la vivienda que es cubierta con la generación local. En la Gráfica 1 se puede observar un ejemplo de la curva de consumo y la de producción fotovoltaica, que sirven para entender la diferencia entre estos dos conceptos: el numerador en ambas ecuaciones es la energía autoconsumida, pero varía el denominador, en el caso del autoconsumo, sería la generación fotovoltaica y en el de la autosuficiencia, el consumo de la vivienda.

Gráfico.
Gráfica 1. Comparación de los perfiles de generación y consumo.

Según se puede observar en la Tabla , todas las instalaciones cubren elevados porcentajes de consumo y consiguen gran cantidad de excedentes. Para viviendas en bloque, se aprecia cómo se obtienen niveles de autosuficiencia del 36-47% y niveles de autoconsumo entre el 22-75%. Por otra parte, la última tipología de vivienda, la unifamiliar, tiene mucha energía excedentaria según los valores de autoconsumo, por eso podría aumentarse la comunidad de beneficiaros de una misma instalación. Este caso es de especial interés, ya que en urbanizaciones puede ocurrir que no todas las viviendas tengan buena orientación o cubierta para una instalación fotovoltaica, por eso, colocarla en la mejor ubicación optimizaría la instalación y esta podría beneficiar a varias viviendas. En este caso particular se ha comprobado hasta diez viviendas aprovechando los excedentes de energía de una única instalación fotovoltaica.

Con tanta energía excedentaria se plantean varias opciones especificadas en el Real Decreto 244/2019: ampliar el grupo de consumidores; verterla a la red ajustándose al mecanismo de compensación simplificada; venderse en el mercado o incorporar almacenamiento. La capacidad de almacenar la energíasobrante de la instalación se está ya empleando en distintos países (Alemania, Reino Unido) como un sistema energético distribuido, ya que cuando la red necesita inyectar más energía, las baterías pueden cubrir esa demanda con una respuesta rápida, en vez de tener que arrancar una gran central. De verterse a la red, el autoconsumo acogido a compensación simplificada consiste en un balance entre los precios de la energía comprada y vertida en cada periodo de facturación, el precio de esta última puede acordarse previamente con la comercializadora o ser el precio de la energía excedentaria del autoconsumo para el mecanismo de compensación simplificada de Precio de Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC).

Tabla de datos.
Tabla II. Resultados de Autoconsumo y Autosuficiencia.

Se ha realizado una aproximación del ahorro anual en el precio que se pagaría por la electricidad si se contara con las instalaciones diseñadas en cada edificio (Tabla ). En este estudio se ha considerado el precio horario del término de facturación de energía activa del PVPC peaje por defecto del año 2018, lo que ha permitido calcular el coste anual de la compra de la electricidad típico, así como el ahorro económico que experimentarían los consumidores con la instalación fotovoltaica. Además, se han valorado los excedentes con el precio de la energía excedentaria del autoconsumo para el mecanismo de compensación simplificada (PVPC) para calcular el coste que tendrían los excedentes si se vendieran, con lo que se compensaría el precio de la energía comprada. En el momento de escribir este artículo no existen datos de un año entero, por lo que se ha extrapolado la relación horaria del precio de la energía excedentaria del autoconsumo para el mecanismo de compensación simplificada con el término de facturación de energía activa del PVPC de los meses existentes.

Tabla de datos.
Tabla III. Balance económico de la compra venta de electricidad según cada instalacion.

El ahorro medio que se produce anualmente en la vivienda en bloque es 200€. Según este ahorro anual, el tiempo de recuperación de la inversión varía entre 7 y 15 años. Para la vivienda unifamiliar los valores cambian cuando la instalación solo cuenta con dos viviendas que aprovechan la energía, anualmente el ahorro podría suponer sobre 1.100€ si se compensaran todos los excedentes, pero en meses de verano la producción es mucho mayor al consumo y dividiendo en periodos de facturación, solo se compensaría una parte equivalente al ahorro de 700€ anuales. La inversión tarda más en recuperarse por esa parte de energía no compensada, sobre 20 años. Resulta interesante ampliar la comunidad de autoconsumo, ya que con 10 viviendas dependiendo de esa instalación, la inversión que realizaría cada vivienda supondría 2.000€ y los tiempos de recuperación de la inversión serían más cortos, sobre 8 años.

Conclusiones

Las ciudades están formadas por numerosos edificios con altos potenciales fotovoltaicos al tener mayoritariamente las cubiertas infrautilizadas, donde podrían ubicarse sistemas de generación distribuida para autoconsumo, reduciendo así la dependencia energéticadel exterior. Los resultados del estudio aquí presentado realizado sobre tipologías de edificios representativos de la ciudad de Madrid son muy prometedores: como primer acercamiento a las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo compartido se ha demostrado que, aunque el espacio en cubierta sea limitado, permite cubrir más del 35% de la demanda de todos los hogares y tener excedentes de electricidad. Además, se produciría un ahorro anual mínimo en el término variable de la factura de electricidad del 40%, teniendo en cuenta la energía que no ha sido necesaria comprar y el balance de la energía excedentaria vertida a la red. En lo que respecta a los excedentes, en algunos casos podrían cubrir la demanda eléctrica anual de toda la comunidad de propietarios, lo que abre distintos escenarios para su aprovechamiento, bien sea mediante su venta a la red con la compensación en la factura eléctrica o mediante su uso a través de sistemas de almacenamiento locales. Se concluye que, los edificios de viviendas pueden generar gran parte de la energía que consumen y tener un papel activo en la producción eléctrica, participando en la generación distribuida y reduciendo la demanda energética externa de las ciudades. Además, estas instalaciones en las viviendas permitirían hacer partícipes a muchas personas de mitigar el cambio climático siendo ellas las primeras que elijan y fomenten las energías renovables, además de reducir el coste de sus facturas de la electricidad.

Agradecimientos

Este trabajo logra su importancia gracias a los 24 voluntarios que cedieron sus datos personales para poder realizar un estudio que muestra unos resultados acordes con la realidad.

El 20% de las comunidades de propietarios desconocen cómo instalar un punto de recarga de vehículo eléctrico

Las diferentes prohibiciones en las ciudades que se están implantando sobre la circulación de vehículos y las que están por llegar, están promoviendo que cada vez más conductores se planteen la compra de un vehículo eléctrico en las grandes ciudades como Madrid. La carga de estos nuevos vehículos que funcionan con electricidad está sembrando dudas en las Comunidades de Propietarios: “Todavía el 20% de las comunidades de propietarios, aquellas administradas por gestores no profesionales, desconocen los pasos a seguir para instalar un punto de recarga de vehículo eléctrico”, indican desde CAFMadrid.

Según datos recogidos por AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico), los vehículos eléctricos pueden suponer el 50% de las ventas de automoción en el mundo en 2030 y Madrid, como una de las principales capitales mundiales, verá como sus comunidades de propietarios tienen que habilitar sus instalaciones para adaptarlas a los puntos de recarga estos vehículos. 

Actualmente, los puntos de recarga son escasos en el centro de las ciudades y, aunque algunas promociones de obra nueva ya contemplan estos puntos en sus aparcamientos por el Real Decreto de 2014 que obliga a que ya lleven una preinstalación, el resto de las Comunidades de Propietarios se enfrentan a las dudas de sus vecinos.

“Madrid es el centro del vehículo eléctrico en España, por ello desde CAFMadrid ofrecemos a nuestros colegiados las novedades y normativas que se desarrollan a este respecto”, afirma la presidenta del CAFMadrid, Isabel Bajo.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula su instalación en su artículo 17.5. “La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, solo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados directos en la misma”.

La potencia requerida por los puntos de recarga varía en función del vehículo a cargar, la mayoría van a necesitar entre 3 y 10 Kw, aunque hay modelos que precisarán mayor potencia. “Por lo tanto, saber cuántos puntos se pueden instalar con la acometida existente en un garaje es complicado ya que dependerá de la potencia instalada y del tipo de punto necesario”, señalan desde CAFMadrid. 

Para un número pequeño de puntos, entre 10 y 15, la acometida existente será suficiente, pero si se requieren más, existen dos opciones con el desembolso pertinente para los propietarios: sustituir la acometida por otra de mayor sección o, como aconsejan desde CAFMadrid, instalar si hay espacio, un centro de transformación en el edificio para aumentar la potencia disponible. 

Según CAFMadrid, “no hace falta el visto bueno del resto de los vecinos, ni un acuerdo adoptado en la comunidad de propietarios. Lo que sí es necesario es la autorización si la conexión de la derivación se realiza a un contador de propiedad comunitaria, porque afecta a un elemento común”. 

“Las canalizaciones han de transcurrir desde el cuarto general de contadores hasta el punto de recarga de esa plaza de garaje y no siempre se decide el trazado en base a los intereses del resto de vecinos, lo que está produciendo una amalgama de cables similares a las que todavía tienen muchas fachadas antiguas, con el riesgo eléctrico que ello puede suponer”, advierten desde CAFMadrid.

Para evitar problemas y una aglomeración de cables sin orden, los administradores de fincas recomiendan a las comunidades aprobar unas normas internas para que todos los propietarios que estén interesados en tener un cargador de coche eléctrico sigan los mismos criterios para la instalación.