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Han transcurrido DOS LARGOS MESES desde que en MEGAfincas, anticipándonos a la declaración del Estado de Alarma producido por el COVID-19, decidimos suspender la jornada de formación que teníamos convocada para el día 27 de marzo.

Hoy, fruto del acuerdo de colaboración alcanzado con Informatización del Empresas S.L., nos satisface proponerte esta primera sesión de formación «on line», que celebraremos el próximo jueves día 21 de Mayo a las 17:00 horas, donde abordaremos un innovador planteamiento en la preparación y gestión de una Junta de Propietarios a través de la nueva aplicación de IESA denominada iJuntas con el siguiente contenido:

El contenido de esta sesión adquiere hoy un relevante interés debido al enfoque que esta aplicación informática representa para la gestión de una Junta de Propietarios en esta situación tan «atípica» que nos está tocando vivir.

Si eres Administrador de Fincas Colegiado y estás interesado en el contenido de esta sesión no dudes en solicitarnos antes de las 00:00 horas del día 20 una invitación para asistir de forma totalmente gratuita a través del formulario que hemos preparado. Las invitaciones las remitiremos al correo electrónico que nos facilitéis a lo largo del día 20 de mayo.

Nota: MEGAfincas se reserva el derecho de acceso a esta sesión.

Accede al formulario de solicitud pinchando aquí

inmodiario.com

Un miembro del Colegio de Aparejadores, integrante de la Comisión de Expertos que ha asesorado para la elaboración del plan; el Colegio, dispuesto a cooperar también con la Comunidad de Madrid.

Mariano Fuentes: «En dos meses de parón, las pérdidas en rehabilitación se elevan a 940 millones de euros».

«Llevamos diez años hablando de cómo agilizar, simplificar y desburocratizar expedientes y ha llegado el momento de hacerlo», indica.

Detalla ante los profesiones las ocho medidas incluidas en el plan de choque sobre licencias del consistorio.

«El Ayuntamiento debe ser agente facilitador y no fiscalizador de la acción de la sociedad civil. Queremos ser palanca en la reactivación económica del sector. Llevamos diez años hablando de cómo agilizar y desburocratizar expedientes administrativos y ha llegado el momento de hacerlo, con la crisis social y económica sin precedentes que se avecina», ha indicado en videoconferencia Mariano Fuentes Sedano (Cs), delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Como muestra, Fuentes ha indicado que en el sector de la rehabilitación, que supone en Madrid el 34% del valor global de la construcción, las pérdidas por los dos meses de parón se elevan a más de 940 millones de euros.

Ante un auditorio de más de 400 profesionales, convocados por el Colegio de Aparejadores de Madrid, Fuentes ha detallado las medidas que componen el plan de choque del Ayuntamiento para simplificar la tramitación de licencias.

La primera, agilizar y mejorar el funcionamiento de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico Natural de la ciudad. Según Mariano Fuentes, «para nosotros era importante sacar adelante el mayor número de expedientes en este periodo de tiempo y permitir la participación de técnicos de Entidades Colaboradoras Urbanísticas que hasta el 20 de abril no podían realizar la exposición de sus expedientes». Según el responsable municipal de Urbanismo, la comisión ha pasado de disponer de dos personas a las 23 actuales para elevar expedientes. «Además, se está trabajando con la Comunidad de Madrid para aprobar unas medidas específicas que agilicen también la tramitación en la Comisión Local de Patrimonio de la CAM».

En segundo lugar, Fuentes ha informado de la supresión de la Mesa de Ascensores, que «ha generado desde 2017 un lastre a la hora de tramitar expedientes urbanísticos. En dos años se han tramitado 427 expedientes, en los que el 99% llevaba aparejada una subvención a la rehabilitación por parte del Ayuntamiento. Un hecho que hacía imposible que las comunidades de propietarios recibieran la ayuda para iniciar la obra».

Otra importante medida que Fuentes ha explicado es la implantación de la licencia por fases. «La Ordenanza de Apertura de Actividades Económicas y la Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas se unirán en una única y nueva ordenanza», ha indicado Mariano Fuentes, «cuya aprobación está prevista a finales de año». Según el responsable de Urbanismo, «la mayor novedad de la nueva ordenanza será la posibilidad de solicitar un informe de viabilidad urbanística básica que servirá para iniciar la obra sin tener otorgada la totalidad de la licencia». Es decir, una licencia por fases, en la que con la validación de unos parámetros urbanísticos previos se podrá iniciar el movimiento de tierras.

La aplicación de las licencias provisionales en todos los procedimientos ordinarios simplificados fue otra importante iniciativa anunciada por Fuentes. «Esto significa que, si han transcurrido dos meses sin contestación por parte de los servicios técnicos municipales, se otorgará la licencia provisional a todas las licencias que se encuentren en el Ayuntamiento que no han sido otorgadas pero que tengan la documentación completa, en las que existe una declaración de cumplimiento de la normativa urbanística y tengan informe sectorial en caso de ser necesario», ha afirmado Fuentes. Todo ello, con la posibilidad de que a posteriori se realice una inspección para la licencia de primera ocupación y funcionamiento.

Asimismo, el Ayuntamiento ha creado una unidad técnica específica BIM, a través de un convenio con ASPRIMA, para el desarrollo de una herramienta informática en la que ya se están formando los técnicos municipales. Según Fuentes, «la transformación digital de la administración pública ha sido un bastión fundamental para nosotros desde hace seis meses».

Otro elemento anunciado por Mariano Fuentes es la intensificación de la oferta de información urbanística que ofrecerá el Ayuntamiento de Madrid. «Vamos a lanzar una plataforma en abierto que recogerá todos los antecedentes municipales de los locales, parcelas, obras y licencias que se encuentren digitalizados. Además, un asistente virtual ayudará a los técnicos proyectistas a incorporar documentos indispensables para la tramitación de un expediente mediante un check list», indicó el delegado de Desarrollo Urbano.

Adicionalmente, el Ayuntamiento reforzará el equipo humano, a través de la Agencia para el Empleo, para desbloquear expedientes que cuentan con informe técnico, jurídico e incluso con la firma del concejal del distrito, pero cuyo proceso no ha finalizado porque no se ha notificado al interesado. Con ello se evitará el fallo final de todo el proceso administrativo.

Con todos estos objetivos, ha indicado Fuentes, «queremos desbloquear 32.000 expedientes. De ellos, 2.000 de forma inmediata». El responsable de Urbanismo ha destacado la actividad de su departamento mediante el teletrabajo durante el confinamiento, «lo que ha contribuido a que se hayan otorgado licencias de primera ocupación para más de 300 hogares, licencias de construcción para más de mil viviendas y que se hayan resuelto más de 500 expedientes a través de la Agencia de Actividades».

Mariano Fuentes subrayó además la petición trasladada desde el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid para que las licencias de ocupación se tramiten por declaración responsable, así como otra tipología de licencias que puedan gestionarse mediante esta figura de cara a la modificación de la Ley del Suelo.

Luis Gil-Delgado, gerente del Colegio, condujo el acto, y el presidente de la institución, Jesús Paños Arroyo, indicó que «nuestro Colegio, a través del vocal 2 de la Junta de Gobierno, Jesús Esteban, ha participado en el Comité de Expertos del Ayuntamiento para aportar su visión en este plan de choque y la experiencia de STT, nuestra Entidad de Colaboración Urbanística. Deseamos trasladar nuestro ofrecimiento y disposición a la Comunidad de Madrid para trabajar en el relanzamiento de nuestro sector en la región».

elmundo.es

Con este desplome de siete décimas, el IPC interanual encadena tres meses de retrocesos, debidos al abaratamiento de los carburantes y combustibles y de la electricidad y el gasóleo para calefacción.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,3% en abril en relación al mes anterior y recortó siete décimas su tasa interanual, hasta el -0,7%, lo que llevó a este indicador a entrar en tasas negativas por primera vez desde agosto de 2016 y a su menor tasa desde junio de ese mismo año, según ha confirmado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este desplome de siete décimas, el IPC interanual encadena tres meses de retrocesos. El organismo estadístico ha atribuido la disminución de la tasa interanual del IPC al abaratamiento de los carburantes y combustibles y de la electricidad y el gasóleo para calefacción.

El INE ha explicado que la declaración del estado de alarma ha provocado una situación «inédita» en la producción del IPC del mes de abril, ya que es la primera vez que una parte considerable de los bienes y servicios de consumo no están disponibles para su adquisición o sólo lo están a través de la web. A esto hay que añadir que la recogida de los precios se ha tenido que realizar íntegramente por métodos telemáticos. Así, para el cálculo del IPC del mes de abril se han tenido que estimar el 30% de los precios.

Debido a la situación de confinamiento de los hogares por el Covid-19, el INE ha elaborado dos agregaciones especiales en las que se recoge el efecto en los precios de los bienes y servicios que la mayoría de los hogares han seguido consumiendo en la situación actual.

Los alimentos frescos se encarecen un 2,6%

Los precios de los productos incluidos en el ‘grupo especial bienes Covid-19‘, en el que se figuran los productos de alimentación, bebidas, tabaco, limpieza para el hogar, comida para animales y cuidado personal, aumentan un 1,1% en abril respecto al mes anterior.

Dentro de este grupo, los alimentos frescos elevaron sus precios un 2,6%, destacando los aumentos de las legumbres y hortalizas frescas, que subieron un 10,4% respecto a marzo; el marisco fresco (+3,5%), el pescado fresco (+2,7%) y las patatas (+2,6%). El mayor descenso se lo anotó la carne de ovino (-2,1%).

Los alimentos envasados, por su parte, incrementaron sus precios un 0,7% en tasa mensual, debido fundamentalmente a la subida de las pizzas (+3,6%), y las pastas alimenticias y los zumos de frutas (+2,5%).

Por su parte, los precios del ‘grupo especial servicios Covid-19‘, en el que figuran los servicios de alquiler de vivienda y garaje, la distribución de agua, alcantarillado, recogida de basuras, gastos comunitarios, electricidad, gas, gasóleo para calefacción, telefonía, música y televisión en ‘streaming’, seguros, comisiones bancarias y servicios funerarios, disminuyeron un 1,5% en abril respecto a marzo.

El INE atribuye este descenso al abaratamiento del gasóleo para calefacción y la electricidad, con bajadas del 18,1% y del 5,8%, respectivamente.

idealista.com

Autor: Ana P. Alarcos

La llegada del coronavirus ha supuesto el despegue del teletrabajo, una alternativa que ya está muy instalada en las principales economías del mundo, pero que en España no terminaba de florecer.

Hasta el inicio de la pandemia y la crisis sanitaria, el porcentaje de ocupados en nuestro país que, al menos ocasionalmente, trabajaban desde su residencia ascendía al 8,3%, tras crecer apenas 2,4 puntos porcentuales en la última década, y nos encontramos entre los 10 países de la Unión Europea con las peores cifras de trabajo desde casa.

Sin embargo, el confinamiento y las restricciones a la movilidad como consecuencia del covid-19 ha llevado a empresas de todo tipo de tamaños y sectores de actividad a apostar por el trabajo en remoto para poder seguir operando.

Esta es la tesis que sostiene el Banco de España, que ha analizado en un informe cómo está evolucionando el teletrabajo y en qué tipo de sectores esta alternativa tiene mayor recorrido. 

«Con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el covid-19, el 29 de marzo se paralizó toda actividad de los profesionales y trabajadores que no se consideran esenciales o que no pueden trabajar desde su residencia habitual. Por tanto, si una actividad no se considera esencial, la única forma de seguir con ella es realizarla desde el domicilio. Asimismo, en la actual fase de desescalada, el teletrabajo puede ayudar a un retorno progresivo a los puestos de trabajo que haga compatible la actividad con el mantenimiento de la distancia de seguridad y limitar la posibilidad de rebrotes», sostiene el estudio del supervisor financiero. 

Según una encuesta reciente realizada por el organismo liderado por Pablo Hernández de Cos, prácticamente el 80% de las empresas que forman la muestra ha aumentado el teletrabajo durante el confinamiento. Además, hay diferentes estudios que adelantan un futuro boom del trabajo desde casa, al creer que el coronavirus va a servir de catalizador.

Ahora bien, el informe también pone sobre la mesa que no todos los sectores de la economía tienen las mismas posibilidades para apostar por esta alternativa, ya que no todas las tareas pueden realizarse desde el domicilio. En este contexto, las actividades inmobiliarias y la construcción son la cara y la cruz del teletrabajo: y es que, mientras el imobiliario es uno de los sectores donde tiene más recorrido, el ladrillo se encuentra en la parte baja de la tabla y cuenta con un margen de mejora muy escaso.

En concreto, las actividades protagonistas del ranking son, por este orden, información y comunicaciones, las actividades inmoviliarias, las financieras y vinculadas a los seguros y la educación. En todas ellas más del 60% de los ocupados actuales podrían teletrabajar, según el Banco de España, el doble de lo que estima para el conjunto de la economía (30,6%, lo que se traduce en 6,04 millones de ocupados en todo el país y de todos los sectores). 

En cambio, al otro lado de la tabla se encuentran los sectores de agricultura, ganadería y pesca, las actividades de lo hogares (que incluyen por ejemplo al personal doméstico) y la construcción. Son los únicos sectores donde el teletrabajo es una alternativa viable para menos del 13% de los ocupados. 

Sector de actividad	% de ocupados que podrían teletrabajar
Agricultura, ganadería y pesca	8.2
Indutria manufacturera	21.6
Suministro energía eléctrica/gas/vapor/aire acondicionado…	43.5
Suministro de agua/actividades de saneamiento/gestión de residuos	30
Construcción	12.9
Comercio/reparación de vehículos	32.8
Transporte y almacenamiento	45.1
Hostelería	13.5
Información y comunicaciones	67.3
Actividades financieras y de seguros	61
Actividades inmobiliarias	64.2
Actividades profesionales, científicas y técnicas	59.9
Actividades administrativas y servicios auxiliares	19
Administración Pública/Seguridad Social	34.3
Educación	61.1
Actividades sanitarias y de servicios sociales	16.7
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	40.7
Otros servicios	29.3
Actividades del hogar (personal doméstico…)	9.3
Media del conjunto de la economía	30.6

Más y menos margen de mejora

El informe recalca que «entre los sectores de actividad que tendrían más potencial para aumentar su proporción de ocupados con teletrabajo se encontrarían algunas actividades que en la actualidad ya están utilizando de forma más intensiva este tipo de trabajo, como las actividades financieras y de seguros (+51 puntos porcentuales), la información y las comunicaciones (+50 pp), o las actividades inmobiliarias (+41 pp). Asimismo, hay algunos sectores en los que, actualmente, el trabajo desde el domicilio es casi inexistente y que tendrían un potencial de mejora muy elevado, como el transporte y el almacenamiento (+42 pp); el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (+37 pp); la Administración Pública (+32 pp); el comercio (+25 pp); otros servicios (+22 pp); el suministro de agua, las actividades de saneamiento y la gestión de residuos (+22 pp), y las manufacturas (+17 pp)».

Sin embargo, añade que «en sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería y el servicio doméstico la posibilidad de teletrabajo es limitada», por lo que «apenas tienen margen de mejora».

Madrid lidera el ranking nacional

El supervisor financiero también hace mención en su informe a la capacidad de mejora del teletrabajo a nivel autonómico y destaca que «las diferencias por regiones en cuanto a la posibilidad de incrementar la proporción de ocupados con teletrabajo no son tan sustanciales, y en todas existe un amplio margen de mejora. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid (+28 puntos porcentuales), el País Vasco (+26 pp) y Cataluña (+25 pp) serían las regiones en las que se podría registrar el mayor aumento en el porcentaje de empleados que trabajan desde su domicilio».

De hecho, Madrid es la autonomía con el mayor porcentaje de ocupados podrían trabajar en remoto, seguida del País Vasco, Cataluña, Aragón y Ceuta y Melilla, que registran unas cifras superiores al promedio nacional. En cambio, Murcia y Baleares están a la cola del ranking.

CCAA/Ciudades autónomas	% de ocupados que podrían teletrabajar	Nº potencial de trabajadores en remoto
Andalucía	27.5	858924
Aragón	28.6	168151
Asturias	32.1	124059
Cantabria	28.3	69088
Castilla-La Mancha	27.2	224553
Castilla y León	27.5	272528
Cataluña	33.5	1153297
Comunidad Valenciana	29.2	609091
Extremadura	27.4	106950
Galicia	29.5	322942
Islas Baleares	26.3	150458
Islas Canarias	27.2	246032
La Rioja	27.6	38846
Madrid	35.9	1112220
Murcia	26.7	164045
Navarra	29.9	86452
País Vasco	34.2	319835
Ceuta y Melilla	30.7	17200
Total nacional	30.6	6044671

elpais.com

Un estudio del Banco de España descarta la relación entre el precio y las inversiones de particulares no residentes

Los extranjeros que compraron una vivienda en España entre 2014 y 2019 como inversión o segunda residencia gastaron hasta un 46% más por metro cuadrado que la media de lo que pagaron los compradores nacionales. Se trata de un porcentaje muy superior al observado en el ciclo de la crisis (2008-2013), cuando esa diferencia era del 19%. Sin embargo, en el crecimiento de precios experimentado por las casas en los últimos años parecen haber influido más otras variables. De hecho, un estudio publicado este miércoles por el Banco de España concluye que “no se encuentra evidencia estadística que apoye la hipótesis de que la inversión de los extranjeros no residentes haya contribuido por sí misma y de manera decisiva al aumento de los precios de la vivienda”.

El artículo La inversión extranjera en el mercado inmobiliario residencial español entre 2007 y 2019, firmado por Laura Álvarez, Roberto Blanco y Miguel García-Posada, observa la evolución de las compras de ciudadanos extranjeros en los últimos 13 años. Como advierten los autores, no se trata de un análisis sobre la inversión inmobiliaria propiamente dicha, ya que se toman los datos de notarías relativos a compradores particulares y no a empresas o fondos. También se consideran las ventas realizadas, para observar la evolución del peso de cada nacionalidad en el parque de viviendas.

Menor peso en el mercado

Una de las primeras diferencias que se constata es que, a diferencia de lo que sucede con los extranjeros residentes en España, cuya participación en el total del mercado no ha dejado de crecer en los últimos años, los que adquieren una casa como inversión o para disfrutarla en vacaciones inició una senda descendente en 2017.

En buena parte se debe al comportamiento de los compradores británicos. Estos siguen siendo la nacionalidad preferente (el 23% de las compras realizadas por extranjeros no residentes entre 2014 y 2019 les correspondieron), pero en los últimos tres años han vendido más que han comprado. Los investigadores del Banco de España lo atribuyen a “factores como la incertidumbre en torno a la salida de su país de la Unión Europea, que también se ha reflejado en la devaluación de la libra”, algo que ya se observó, aunque entonces por motivos de la crisis económica, entre 2009 y 2013.

Quienes, por el contrario, en los últimos años más han aumentado su presencia en el mercado (con un balance positivo entre lo que han comprado y lo que han vendido) son los franceses, belgas y suecos. En términos generales, la inversión de compradores particulares extranjeros en España sigue muy condicionada por los países de su entorno. Un 84% de las compras en el último lustro correspondieron a nacionalidades de la Unión Europea (incluido el Reino Unido) o Noruega.

Las compras se distribuyen de manera muy diferente entre provincias, ya que se concentran muy significativamente en la costa mediterránea y las islas. Alicante, con casi el 40% de las operaciones a cargo de este tipo de operadores, es la provincia con un mayor peso. Le siguen Málaga, con casi el 30%, y ya por debajo del 25%, Santa Cruz de Tenerife, Baleares y Girona. Las 15 primeras posiciones las completan Las Palmas y todas las provincias litorales que van de Barcelona hasta Huelva, aunque los porcentajes descienden mucho. En la provincia del litoral atlántico andaluz, por ejemplo, representan menos del 3% del total.

Relación dudosa con los precios

Prácticamente las mismas provincias lideran también las compras de vivienda por parte de extranjeros residentes, pero se observan diferencias significativas. La primera es que los porcentajes que representan este segmento de compradores son mucho más homogéneos. Santa Cruz de Tenerife, que está a la cabeza, apenas llega al 20%, y hay hasta 17 provincias más por encima del 10%. Además, en las 15 primeras posiciones aparecen algunas provincias no litorales de áreas con dinamismo económico (y atracción de inmigración), como Madrid o las vecinas Guadalajara y Toledo.

También es diferente el perfil de estos compradores, cuyo peso no ha dejado de crecer desde 2014, el primer año de la recuperación económica tras la Gran Recesión. El gasto que realizan por metro cuadrado es solo un 4% superior a la media de los compradores españoles. En este segmento lideran las compras de nacionalidades tradicionalmente vinculadas a la migración laboral, como son la marroquí (14% del total de compras) o la rumana (12%). Desde 2014 hasta 2019, el peso de las adquisiciones a manos de ciudadanos comunitarios se ha reducido del 58% al 53%.

Al cruzar todos esos datos con los crecimientos de población que ha habido en cada provincia y otras variables, como la tasa de paro, los investigadores intentan encontrar una correlación entre la compra de vivienda por parte de extranjeros y la evolución de los precios. Su primera conclusión es que el peso que tienen los inversores no residentes en el parque de viviendas de cada provincia y los aumentos de precios experimentados entre 2013 y 2019 no tienen un vínculo “estadísticamente significativo”.

Más correlación ven entre el aumento de la población, particularmente en las provincias con mayor densidad de población, y el alza de precios. Por ello, concluyen que en ese caso el aumento de compradores extranjeros residentes sí “habría contribuido a elevar los precios de la vivienda a través de su efecto sobre la demanda”. El estudio no cuantifica el aumento de la demanda que pudiera deberse también a los compradores españoles.

La irrupción de nuevas herramientas en la educación presencial y en remoto abre un mundo de posibilidades, también para las mentes dispersas

elpais.es

Autora: Montse Hidalgo Pérez

Las herramientas digitales no han traído la posibilidad de distracción al aula, pero multiplican los estímulos pixomedesign / Getty Images

En las aulas analógicas, las formas de perder el hilo de la clase ya parecían infinitas. Pasar una nota, mirar por la ventana, lanzar bolitas de papel, darle un toque personal al estuche, clavar la vista en el techo… Nada comparado con las posibilidades disponibles al otro lado de la pantalla de un ordenador, una tablet o un smartphone. “Las herramientas digitales no han traído la posibilidad de distracción al aula, pero multiplican los estímulos, el tipo de estímulos y las posibilidades de interacción”, señala Maite López, investigadora del departamento de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Pública de Navarra.

Usar apps de mensajería instantánea, mirar la hora, enviar correos, ver redes sociales, navegar por Internet y jugar son, en este orden, las actividades favoritas de los estudiantes que emplean dispositivos digitales durante las clases. Así lo revela un estudio de la Universidad de Nebraska, centrado en estudiantes de la generación Z (los nacidos después de 1997), que también cifra la duración de estas distracciones en un 19,4% de del tiempo lectivo. “Los estudios demuestran que la idea de un alumnado nativo digital que es capaz de realizar tareas múltiples, como chatear o leer un correo mientras escucha una clase o participa en un grupo de trabajo, es falsa, ya que el cerebro humano solo es capaz de realizar una tarea cognitiva al mismo tiempo. Lo que sucede es que el cerebro se conecta y desconecta de forma continua y esto afecta a la capacidad de concentración y al aprendizaje”, continúa López.

El hecho es que ni siquiera hace falta abrir la caja de Pandora, basta que el móvil esté encima de la mesa para que nuestras capacidades cognitivas se reduzcan. Pero ahora incluso móvil puede haberse convertido en la ventana al aula para quienes no tienen tablets y ordenadores en casa. “Hoy en día, en la situación que nos ha venido no hemos podido digerir todo en su justa medida. El profesor primero tiene que arbitrar diferentes sistemas para que no online un alumno no se pierda y haya equidad”, señala Esteban Vázquez-Cano, profesor del departamento de Didáctica y Organización Escolar de la UNED.

El problema, además, no acaba en la falta de acceso a dispositivos adecuados que medien este aprendizaje en remoto. “En la clase presencial, la interacción con el profesor y con sus compañeros y compañeras ayuda a centrar la atención. Los vínculos sociales y emocionales que se generan en el aula y toda la información y estímulos comunicativos no verbales tienen gran importancia en el contexto educativo, en la motivación del alumnado y en sus procesos de aprendizaje. Además, no todos los niños y niñas tienen en sus casas un espacio propicio para realizar el trabajo escolar, tanto físico como el apoyo psicológico y emocional ante las dificultades”, explica López.

¿Cómo se mantiene la atención cuando el único medio disponible es el digital? Para Esteban Vázquez-Cano, profesor del departamento de Didáctica y Organización Escolar de la UNED, lo primero es reconocer que el problema viene de lejos y no es ajeno al ámbito estudiantil: “Exigimos a los estudiantes lo que los adultos, profesionales, no profesionales, con y sin estudios no logramos hacer”. Según una encuesta llevada a cabo en 2018 por la plataforma de enseñanza online Udemy, tres de cada cinco trabajadores dedican más de una hora de sus jornadas laborales a sus teléfonos personales. De nuevo, esta incapacidad general para mantener la concentración en entornos de trabajo empeora a través de las generaciones y toca fondo en millennials e integrantes de la generación Z, un tercio de los encuestados admitió dedicar dos o más de sus horas de trabajo a estas pantallas. “El tipo de distracciones a las que nos solemos enfrentar varía en función de la edad de las personas”, confirma Llibert Argerich, vicepresidente de marketing de Udemy. Sin embargo, Vázquez-Cano encuentra otras particularidades en el ámbito educativo. “Las personas más mayores tienen menos habilidades para el ocio digital, pero no se ve tanta diferencia en la competencia para crear contenidos digitales. Un alumno de 20 años tiene muchas veces la misma dificultad que uno de 40”, señala.

Dorar el aula

En Udemy, procuran adaptar para neutralizar las debilidades del medio digital en cuanto a su capacidad para mantener la atención del estudiante. “Potenciamos es que los cursos sean en formato vídeo, que sean dinámicos y atractivos visualmente, con un enfoque muy práctico que permita al estudiante saber aplicar al momento lo que ha aprendido. Además, apostamos por un modelo de pequeñas cápsulas de formación, de esta forma la atención se concentra en ese momento”, añade Argerich.

Vázquez-Cano, por su parte, prescribe un mayor esfuerzo en el aspecto interactivo y participativo de estas herramientas, que se beneficiarían de la incorporación de sistemas de analítica el aprendizaje que ofrecieran feedback tanto a profesores como alumnos. Además, insiste en la necesaria formación de alumnos y docentes para que las aprovechen mejor. “Si yo no sé cómo vincular los contenidos más relevantes a la actividad digital más propicia para que el alumno lo entienda, no voy a hacer nada con el ordenador. Es como si me das los ingredientes de una paella y yo no he hecho una en mi vida. O me enseñas, o la voy a poder hacer”, argumenta.

¿Y ahora qué?

Mientras todo eso llega, Argerich recomienda establecer metas realistas a quienes se ven arrollados por las distracciones de las aulas digitales impuestas por el coronavirus. “El hecho de contar con una planificación hará que los propios estudiantes controlen cómo de rápido o lento avanzan y, en el caso de que no avancen al ritmo deseado, evaluar si esto es debido a distracciones”, añade. Además, si todo lo demás falla, está la opción de dejar de lado el móvil o utilizar aplicaciones como HeyFocus o StayFocusd, que limitan sus funcionalidades y cerrar las pestañas del navegador que no estén relacionadas con la clase que estamos tomando.

En el medio plazo, López subraya la necesidad de desarrollar una relación más saludable con estas pantallas y adquirir hábitos de trabajo efectivos que incluyan saber cuándo desconectar y la construcción de un pensamiento crítico sobre la información que consumen. “Hace falta que se entienda la importancia de esto y cómo baja la concentración cuando estamos mirando continuamente el chat”. Vázquez-Cano coincide con ella en la necesidad de lograr una mejor integración de estos dispositivos en todas las edades. “El camino que hay que andar no es tanto el de prohibir el dispositivo, sino el de hacer un uso responsable, seguro, ético y formativo. Y formar a los padres para que en casa no se utilicen como un chupete digital”.

elpais.com

Autora: M. Victoria S. Nadal

La amenaza que sentimos, la incertidumbre y la sensación de falta de control son algunas de las razones psicológicas por las que es difícil ser resolutivos en esta crisis sanitaria global.

Una pandemia global amenaza a la humanidad y está deteriorando la salud y la economía de países de todo el mundo. La crisis del coronavirus está cambiando las prioridades de los ciudadanos e influyendo en su forma de procesar la información, tal y como ha sucedido anteriormente con otras situaciones traumáticas. A la vez, los ciudadanos se ven obligados a seguir tomando decisiones, más o menos vitales, que tienen como contexto una situación estresante sin precedentes y un futuro incierto.

Hay varias razones psicológicas por las que puede ser difícil decidir qué hacer en una crisis como esta. Algunas decisiones que antes carecían de importancia ahora son trascendentales. Por ejemplo, elegir quién baja a hacer la compra y corre más riesgo de infectarse, cuál es la mejor forma de llevar un medicamento a una persona mayor sin ponerla en peligro o cuánta intimidad debemos tener con las personas con las que compartes hogar. Otras están más relacionadas con la vida laboral o con cómo resolver problemas como afrontar los pagos y facturas pendientes.

Lo que todas esas encrucijadas tienen en común es que dejan la sensación de inseguridad que genera el no saber si se ha escogido la mejor opción. La incertidumbre, la sensación de falta de control y la ansiedad, según explican los psicólogos, influyen en la dificultad para gestionar la información y elegir. Para empezar, los ciudadanos perciben que tienen muy poco control cuando están en mitad de una crisis. “Sentir que no puedes hacer nada por mejorar tu situación crea una ansiedad adicional, así como un deseo de hacer algo, lo que sea, para reafirmar el control”, explica Art Markman, profesora de psicología y marketing en la Universidad de Texas”.

Evitar actos impulsivos

El pánico empuja a querer actuar rápidamente, incluso cuando la inacción puede ser más prudente. “Pensar detenidamente antes de tomar decisiones personales y comerciales importantes es clave. Hay muchas cosas que las personas deberán hacer durante las próximas semanas y meses, pero la decisión de actuar debe basarse en la deliberación, la reflexión sobre los datos y la discusión con expertos, no en la reacción a un titular o un tuit”, añade Markman. “Tomar decisiones rápidas puede reducir parte de la ansiedad a corto plazo, pero es probable que creen más problemas de los que resuelven”.

Pero mantener la calma y pensar detenidamente es difícil porque estamos bombardeados por emociones. “En mitad de una emergencia pasamos por distintas fases, tal como sucede con los cambios imprevistos o los duelos”, explica Elisa Sánchez, psicóloga laboral. “Pasamos por momentos de shock, miedo, tristeza y aceptación. No es algo lineal, se van intercalando. Y, dependiendo de en qué fase estemos, interpretaremos la información para tomar decisiones de una forma u otra”. Según Sánchez, los cambios emocionales en mitad de una crisis son habituales porque la información también varía mucho, incluso a lo largo de un mismo día. “Por la mañana sabes que alguien conocido ha salido de la UCI y por la tarde te cuentan que tu empresa va a hacer un ERTE. Vivimos en una montaña rusa y estamos aprendiendo a gestionar las emociones mientras nos mantenemos a salvo”. Por eso, es recomendable evitar tomar decisiones en momentos en que las emociones sean muy intensas.

Esta volatilidad emocional influye en cómo procesamos la información, por eso es habitual que caigamos en los sesgos, esas pequeñas trampas que utiliza el cerebro para llegar a conclusiones de la forma más rápida posible. “En épocas de incertidumbre como la actual, junto al miedo y la falta de perspectivas seguras, es muy probable que se incremente la aparición de los denominados heurísticos cognitivos, que son las normas que aplica el cerebro para simplificar la selección y procesamiento de la información y que provocan esos sesgos”, cuenta Sánchez.

Por ejemplo, el sesgo de disponibilidad hace que se consideren más probables aquellas situaciones de las que tenemos más información. Si alguien solo recibe noticias de personas ingresadas o trabajadores despedidos, creerá que es más probable que le suceda a él también. “Esto hará que sus decisiones estén marcadas por el temor y sean más conservadoras”, asegura.

UN FUTURO INCIERTO A este cóctel se añade la incertidumbre. Primero sobre la propagación del virus: ¿cuánta gente lo tiene realmente? ¿Cuándo se estabilizará? ¿Acabaré teniéndolo yo? ¿Se habrá contagiado alguien de mi familia? “La incertidumbre aumenta nuestra atención y hace que necesitemos más información”, cuenta Markman. Tampoco se sabe qué pasará después. Se avecina de forma inevitable una crisis económica, pero la dificultad para anticiparse hace que los ciudadanos tengan las manos atadas a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con su futuro laboral y con su estilo de vida. También tenemos dificultad para valorar distintas opciones y tener amplitud de miras. Los humanos estamos programados para prestar atención a las amenazas que se ciernen sobre nosotros porque eso facilita nuestra supervivencia. La Covid-19 se ha percibido como una de las principales amenazas para la salud debido a su virulencia y al colapso que ha provocado en los sistemas sanitarios de todo el mundo. “Las consecuencias de esta situación se perciben como inminentes y estresantes, lo que hace que esta crisis capte más nuestra atención que otras amenazas percibidas como más lejanas, como el cambio climático”, explica Markman.

La firma de hipotecas se contrajo cerca de un 30% y la bajada de precios, del 2,2%, es la mayor en casi cuatro años

Tras semanas de valoraciones y algunos datos preliminares, este martes se ha hecho pública la primera estadística que permite cuantificar el impacto de la epidemia de covid-19 sobre el mercado de la vivienda. De acuerdo con el registro notarial, la venta de casas se desplomó un 37,5% el pasado marzo, afectado del día 14 en adelante por la declaración del estado de alarma, con respecto al mismo mes de 2019. También fueron negativas la firma de hipotecas (-28%) y la evolución de los precios, que descendieron un 2,2%. Puede parecer un porcentaje leve en comparación con el hundimiento de las operaciones, pero hay que remontarse casi cuatro años, al verano de 2016, para encontrar valores similares.

De hecho, los precios no caían en la estadística notarial desde abril del año pasado, cuando el mercado se vio afectado por la coincidencia de la Semana Santa en medio del mes. Esta vez, el parón de la actividad provocado por la alarma sanitaria ha afectado todavía más y el descenso del 2,2%, hasta una media de 1.396 euros por metro cuadrado, es el mayor desde los que se registraron en agosto y septiembre de 2016. Hay que tener en cuenta que, como sucedió aquella vez, esa cifra podría revisarse en los próximos meses, ya que la estadística se elabora sobre un volumen significativo de las operaciones y se corrige unos meses después con la totalidad de las firmas realizadas ante notario.

Por categorías de inmuebles, es llamativo el descenso del precio de los pisos de obra nueva vendidos en el mercado libre, que con 2.069 euros por metro cuadrado se abarataron un 10,5% con respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto a la segunda mano, también en el mercado libre, la caída de precios fue del 2% (1.544 euros por metro cuadrado). Las viviendas unifamiliares resistieron algo mejor e incluso se encarecieron un 0,4% (1.073 euros por metro cuadrado).

De vuelta al volumen de operaciones, en este apartado el declive del mercado fue más uniforme en todos los segmentos de inmuebles. Aunque nuevamente las viviendas unifamiliares fueron las que mejor resistieron el mes (con una caída interanual del 35,8%), mientras que el conjunto de los pisos en bloques (tanto del mercado libre como de vivienda protegida) vieron una contracción de las ventas del 38%. En total, las notarías de toda España registraron 32.332 operaciones de compraventa, una cifra más propia de agosto, el mes con menos actividad del año. Pasar del entorno de las 50.000 ventas (lo habitual en los últimos meses) al de las 30.000 supone en términos comparativos regresar a los niveles de 2017, es decir, desandar tres años de crecimiento del mercado de un plumazo.

La incertidumbre continúa

El batacazo, lógicamente, se trasladó al mercado hipotecario. En marzo se firmaron 18.446 préstamos para la adquisición de una vivienda, un 28% menos que un año antes. El derrumbe es incluso mayor que el registrado a comienzos del pasado verano, cuando un problema por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria provocó una caída de firmas que rondó el 20% en los meses de junio y julio. Es por tanto la segunda vez en menos de un año en que se produce una alteración inesperada de la demanda. Pero a diferencia de entonces, cuando el efecto se sabía puntual y se esperaba un rebrote, los interrogantes que deja la epidemia son mucho mayores.

Las cifras conocidas este martes -el INE dará las suyas el miércoles, pero como se basan en la fecha de entrada en el registro de las operaciones, se considera que los datos notariales reflejan más fielmente lo que sucede en un determinado mes– se refieren a un periodo en que las medidas de confinamiento solo estuvieron activas un poco más de la mitad del tiempo (del 14 al 31 de marzo). Nadie espera que en abril sean mejores, ya que la situación se mantuvo igual, e incluso en las dos primeras semanas se reforzó el aislamiento de la población la paralización máxima de todas las actividades no esenciales. “Los datos del mes de abril reflejarán un periodo en el que ha sido casi imposible realizar tasaciones ni actas notariales, por lo que es previsible que recojan una caída mayor”, valora Fernando Encinar, jefe de Estudios de Idealista.

En una nota remitida por ese portal inmobiliario, Encinar destaca que, con los datos de los notarios, “el porcentaje de hipotecas sobre compraventas se ha disparado al 57%, dato que no veíamos desde 2010, lo que refleja sin duda la retirada del inversor en efectivo”. En mayo, con la desescalada en marcha en la mitad de los territorios (no precisamente en los que representan la mayor parte del mercado inmobiliario) y todavía sin la posibilidad de realizar visitas de inmuebles, sigue por ver cuando el sector verá la luz al final del túnel.

ANÁLISIS DE JUAN VELARDE, CATEDRÁTICO EMÉRITO DE ECONOMÍA. PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE CIENCIAS SOCIALES

inmodiario.com

Mis colegas, en este y en otros lugares, han estudiado a fondo cómo intentar que se resuelvan problemas esenciales que, en estos momentos, tienen que estar presentes, forzosamente. Tal sucede con los básicos de la Unión Europea, y de qué manera se nos puede ayudar, igualmente en los problemas del mercado laboral y en las derivaciones económicas que se generen. No digamos que no tienen importancia en los temas del funcionamiento de los problemas financieros, sobre todo en estos momentos de crisis económica. No hay que olvidar, de ningún modo, el papel fundamental que sigue teniendo el presupuesto y el panorama fiscal derivado de él, y aportar más noticias sobre COVID-19, por motivos obvios. Pero, respecto a España, es necesario tener en cuenta, a mi juicio, muy en primer lugar, todo lo relacionado con decisiones causadas por planteamientos doctrinales del presente Gobierno.

En el caso de la España actual, tenemos que tener muy presente que se puede hundir nuestra prosperidad siempre que dejen de funcionar tres características de nuestra vida económica. La primera de ellas está relacionada con el modelo económico español que desde 1959 nos ha impulsado, de forma muy clara, y nos sigue permitiendo estar moviéndonos con fuerza en el mundo económico internacional. La segunda característica que precisamos es la de mantener un mercado laboral muy flexible. La tercera, la existencia, con mínimas restricciones, del mercado libre de bienes y servicios, con un complemento claro de eliminación de mecanismos estatificadores e intervencionistas.

A las dos primeras características, ya se han presentado problemas en nuestra historia económica reciente, y se ha visto cómo lograban superarse. Pero amanece, con creciente claridad, la tercera gran amenaza, que es precisamente la que parecía no serlo por imposibilidad legal. Me refiero, nada menos que a la idea de un cambio en la Constitución, por el carácter normativo de esta, lo que sostengo, con permiso de Raúl Canosa, apoyándome en García de Enterría. ¿Por qué esa cuestión tiene consecuencias incluso más preocupantes que la de los fallos de las otras dos citadas quiebras de nuestra prosperidad? El motivo de la diferencia se encuentra en que otro elemento fuerte de nuestra economía se debió al creciente papel que desde mediados del siglo XX pasó a tener, de manera creciente, la economía libre de mercado.

Pero para cambiar radicalmente la estructura económica española, y generar una realidad social y política diferente, no basta el logro de una victoria electoral, ya que se les puede venir abajo a los deseosos de cambio, si se mantiene la libertad económica que ampara la Constitución. Por eso, está claro también que pretendan estos últimos llevar a cabo una reforma constitucional. Y por supuesto, es evidente que, con tal reforma, desparecería la monarquía y, asimismo, amanecerían muchas posibilidades para el triunfo de separatismos políticos. Es preciso que estas cuestiones queden muy claras, y los economistas somos los que, forzosamente, percibimos por dónde se mueven ciertas amenazas muy fuertes, evidentemente para lo económico, pero mucho más preocupadamente en lo político.

confilegal.com

Autor: Felipe Herrera Herrera

Las estafas, el robo de credenciales mediante “phishing” y los ficheros maliciosos son los ciberdelitos más frecuentes desde que se decretó el estado de alarma, según se recoge en un análisis realizado por la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior.

Asimismo, del último estudio de la compañía de seguridad informática Bitdefender (ciberamenazas durante los meses de marzo y abril), se desprende que España está entre los seis países en todo el mundo que más ciberataques recibe, por detrás de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Sudáfrica y Canadá.

Es decir, que la actividad maliciosa se desarrolló principalmente en los países que están más afectados por la pandemia y, habitualmente, a través de temáticas vinculadas a información sobre el COVID-19, ofertas de suministros, de equipos de protección individual o de donaciones para la Organización Mundial de la Salud u otras organizaciones de ayuda y ONG, entre otras cosas.

Por tanto, estas amenazas están aprovechando el interés que las personas tienen sobre el COVID-19, buscando los presuntos criminales los mejores métodos para aprovecharse de la adopción masiva del teletrabajo, donde numerosos recursos y servicios quedan expuestos. PUBLICIDAD PUBLICIDAD

EL CÓDIGO PENAL NO DEFINE LO QUE ES UN “CIBERDELITO”

Dicho esto, ¿qué debemos entender por ciberdelito y cómo debemos proteger nuestra información cuando trabajamos desde casa?

El Código Penal no define qué es un “ciberdelito”, aún así, podemos extraer una correcta definición del diccionario del español jurídico donde se expresa que un ciberdelito o delito informático es aquella infracción penal cometida utilizando un medio o un instrumento informático. 

De ese modo, debemos entender el delito informático como aquella acción antijurídica y culpable que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de internet. PUBLICIDAD

O lo que es lo mismo, estamos ante una actividad delictiva que va dirigida contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos.

De entre los muchos ciberdelitos, nos detendremos a profundizar sobre el “phishing”, ya que debido al COVID-19 se ha vuelto muy popular y es bastante común encontrarlo cuando teletrabajamos.

“PHISING” O “PESCA ON LINE”

El “phishing” consiste en el robo de datos mediante la técnica de la “pesca on line”, que permite el libre acceso a los mismos y a las cuentas del afectado sin su consentimiento. PUBLICIDAD

De esta forma, es un delito que se encuentra recogido en el apartado segundo del artículo 248 de nuestro Código Penal, que introduce lo que en términos coloquiales se puede llamar como estafa informática: “También se considerarán reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero”. PUBLICIDAD

Dentro de la misma, se incluye el “phishing”, es decir, aquella estafa basada en técnicas de ingeniería social, la utilización de código malicioso o la combinación de las dos anteriores.

El delincuente, haciéndose pasar por alguna empresa o institución de confianza, y utilizando la tecnología, trata de embaucar a la víctima para que le proporcione información confidencial que, posteriormente, será utilizada para conseguir el desplazamiento de cualquier activo patrimonial.

Además, los artículos 250 y 251 de nuestro Código Penal condenan este tipo de estafas informáticas con penas de prisión que pueden ascender hasta a seis años en los casos más graves debiendo tenerse en cuenta, para la imposición de la pena, elementos tales como el perjuicio patrimonial causado por el “phishing”  o los medios utilizados por el ciberdelincuente para cometer la estafa, entre otros.

Por ese motivo, habiendo sido víctimas de un “phishing”, no debemos dudar en acudir a la autoridad competente (juzgados de instrucción o policía) a fin de interponer la correspondiente denuncia para que, tras la oportuna investigación, se inicie el procedimiento penal que juzgue los actos ilícitos cometidos por el ciberdelincuente. PUBLICIDAD

PROTEGER NUESTRA INFORMACIÓN 

Llegados a este punto y antes de pasar a explicar cómo debemos proteger nuestra información de los posibles ataques cuando trabajamos desde casa, resulta esencial recordar que la obligación de adoptar medidas de seguridad para proteger determinada información es una obligación legal y no decae por el hecho de que las circunstancias motivadas por el coronavirus no sean las habituales.

En este sentido, quien ha hecho una mejor referencia a la “seguridad de los datos” ha sido el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

A través de su artículo 5. f) establece que los datos personales deben ser “tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas (‘integridad y confidencialidad’).”

Asimismo, en su artículo 32 establece que “teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo.”

Por tanto, de lo anterior podemos extraer el deber de asegurarnos el cumplimiento de una serie de mínimos que garanticen la seguridad de la información.

Dicho esto, y como bien indica mi compañero y experto en derecho penal y ciberseguridad Alberto F. Bonet, las recomendaciones sobre la seguridad de la información desde casa, podemos dividirlas en 3 grandes grupos: Dispositivos, Conexión y Personas.

CÓMO HACERLO 

En primer lugar, un dispositivo de trabajo debería ser personal e intransferible, es decir, o tiene capacidad para hacer particiones absolutamente seguras o no debe ser usado por nadie que no sea el titular para el desempeño de su labor profesional.

Del mismo modo, es imprescindible tomar medidas de seguridad físicas como que no quede al alcance de otros, que no se pierda de vista en ningún momento, que esté en un lugar seguro y que si tenemos que irnos o dejarlo temporalmente, se quede con la sesión/tarea cerrada.

En cuanto a su acceso, siempre debe requerir al menos un sistema de autenticación, ya sea mediante contraseña (no, no vale 123456), ID card o biometría.

Por otro lado, si es un dispositivo de trabajo o que va a dedicarse al trabajo, deberíamos limitar los accesos, descargas, instalaciones, copias o transferencias de archivos que hagamos en relación a actividades no profesionales, para que nunca contenga nada de procedencia incierta.

Además, debe tener medidas de seguridad imprescindibles como firewall y antivirus y todo debidamente actualizado (por ejemplo, sistema, programas, herramientas, plugins, complementos).

Finalmente, debemos comprobar y valorar si tenemos herramientas de cifrado de la información y regularmente debemos realizar copias de seguridad para que la información y archivos importantes estén respaldados en otro dispositivo o arquitectura.

En segundo lugar, en cuanto a las conexiones, debemos tener en cuenta varias cuestiones.

Lo primordial es tener una conexión wifi segura.

Es cierto que la mayoría de los sistemas wifi actuales tienen una protección correcta de serie pero la experiencia demuestra que muchos usuarios no actualizan la contraseña o la modifican para hacerla fácilmente recordable y accesible a otros miembros del entorno.

De esta manera, la conexión wifi es más insegura, lo que supone que cualquier persona cercana puede espiar su tráfico.

Para evitar esta problemática sería aconsejable:

1. Cambiar el nombre de la red ya que en su mayoría está relacionado con el proveedor de servicios que tengamos contratado, lo cual indudablemente proporciona información innecesaria sobre el operador de internet y nuestro modelo de router.
2. Cambiar la contraseña que se nos proporciona por defecto aunque a primera vista parezca segura. Eso si, no la cambiemos por una menos robusta, recuerda que debe tener cierta longitud y utilizar combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.
3. Asegurarnos de que el router está configurado con cifrado WPA3 y no con modalidades desfasadas y que han demostrado ser inseguras como WEP, WPA o WPA2.
4. Incluyamos y filtremos en la configuración del router las direcciones MAC (identificador único de cada dispositivo) que tendrán acceso a Internet.
5. Verifiquemos que no está activada la administración remota y que el software y firmware se actualizan con regularidad.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que muy posiblemente a esa red Wi-Fi tendrán acceso otros dispositivos del hogar, ya sean de aquellos con los que convivimos o de determinados aparatos.

En este sentido, lo ideal sería auditar y asegurarnos de que el resto de dispositivos del entorno doméstico cumplen las mismas medidas de seguridad que aplicamos nosotros antes de conectar los dispositivos de trabajo.

LO MEJOR, TENER UNA RED PRIVADA VIRTUAL 

Si bien, siendo conscientes de la dificultad que entraña verificar la seguridad y correcto uso de dispositivos que nos son ajenos, quizás la mejor opción es establecer para nuestro dispositivo una red privada virtual.

Las Redes Privadas Virtuales o VPN (Virtual Private Network) son herramientas que nos posibilitan la creación -como su propio nombre indica- de una red privada. Es decir, menos expuesta a intrusiones.

De esta manera, cualquier conexión quedará restringida a quien esté autorizado y la transmisión será cifrada, otorgando al usuario mayor confidencialidad y seguridad.

A pesar de ello, debemos tener en cuenta que hay distintas modalidades de VPN y que algunas se adaptarán mejor que otras a nuestros propósitos.

Asimismo, su utilización tiene un coste económico y en general ralentizan la velocidad de la comunicación.

Finalmente, desde el punto de vista de la empresa, sería conveniente que sólo se permita acceso a la red interna de la organización a aquellos dispositivos que sean de su propiedad o que hayan sido debidamente identificados, autenticados y auditados.

Del mismo modo, aunque pueda ser algo más complejo de implementar, la autenticación multifactor (MFA) con un token de hardware que identifique inequívocamente cada dispositivo, así como el uso de máquinas virtuales que generen un entorno controlado pueden ser soluciones superiores a largo plazo.

Por último, y respecto a las personas, ninguna medida de seguridad funciona si aquellas que deben aplicarlas no son conocedoras de las mismas.

Para ello, lo ideal es que desde el primer momento se dé formación a todo el personal sobre qué medidas se deben aplicar y cómo.

Posteriormente con carácter periódico debe revisarse qué está haciéndose, qué debe modificarse y cuáles son los riesgos actuales que se detectan.

En nuestro contexto actual se han incrementado los “phishings” relacionados con el COVID-19. Por ello deben vigilarse los emails sobre el tema, en especial si piden abrir enlaces o archivos.

Del mismo modo, hay que establecer un procedimiento claro a seguir en caso de incidente de seguridad.

En conclusión, debemos cumplir con una serie de mínimos (por ejemplo, accesos limitados a dispositivos de trabajo, hacer copias de seguridad, una wifi segura o un software actualizado), que garanticen la seguridad de la información de nuestra empresa con independencia del lugar desde el que trabajamos.