Mes: noviembre 2020

inmodiario.com

Recientemente, los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y EH-Bildu, han registrado en el Congreso una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, que, de aprobarse, prohibirá todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2023.

Esta enmienda, ha sido catalogada desde el Gobierno como sorpresiva e inoportuna al mezclarse con los presupuestos. A pesar de ello, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias -AMADEI-, ha alertado de que dicha enmienda tendría serios visos de prosperar tras el debate parlamentario, dado el coste político que supondría para el PSOE rechazar una enmienda propuesta por sus socios de presupuestos.

Ante ello, el Secretario General de AMADEI, Jesús Manuel Martínez Caja, expone que, desde la patronal madrileña del sector de la intermediación inmobiliaria, se ve dicha enmienda como un golpe mortal al pequeño arrendador, que se vería obligado a mantener su propiedad sin producirle rentabilidad alguna durante dos años y, por el contrario, asumiendo los costes derivados de dicha propiedad.

«Se olvida que, la mayoría de arrendadores, son pequeños tenedores que complementan sus ingresos con estos alquileres, que, en muchos casos compensan sus hipotecas y otros gastos con dichos ingresos y que el 80% de los alquileres no son en modo alguno especulativos ni están en manos de los grandes tenedores» expone Martínez Caja.

«Entendemos que se adopten medidas sociales que busquen el bienestar de las familias más vulnerables, pero, en tal caso, también deben contrarrestarse con otras que palíen los perjuicios para los arrendadores, buscándose un equilibrio justo y, desde luego, esta enmienda no lo contempla así», continúa el Secretario General de AMADEI.

AMADEI se muestra contraria a la aprobación en el Congreso de dicha enmienda y considera que, de aprobarse en su texto original, lo que se pretende es introducir una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2022 en los desahucios por impago de rentas, por expiración del contrato de alquiler, por precario (lo que podría amparar los delitos de usurpación y okupación) y derivados de procedimientos penales por uso de vivienda sin título, por lo que sería un grave error, se estarían vulnerando derechos fundamentales de los propietarios y la legalidad de la norma acabaría, con toda seguridad, examinándose por el Tribunal Constitucional.

Reducción fiscal, una menor duración de los arrendamientos, menos gastos, poder recuperar la vivienda por causa de necesidad o antes de tiempo en el caso de un desahucio, son las cinco situaciones que benefician a los particulares frente a las empresas en el alquiler de viviendas.

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Siempre que se habla de inversiones, la creencia más generalizada es que las empresas serán las más beneficiadas, bien porque tengan un mayor conocimiento y experiencia en la materia, o porque las leyes y las normas van a ir su favor. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha comprobado que, en el alquiler de viviendas, la situación es la contraria y, «son los propietarios particulares los que obtienen mayores beneficios, no solo económicos, a la hora de comprar una vivienda para luego destinarla al alquiler residencial, señala José Ramón Zurdo, Director General de la principal empresa en intermediación y gestión de alquileres.

«Analizando la actual legislación arrendaticia se puede afirmar que cuando el titular arrendador de la vivienda que se desea alquilar es una persona física el alquiler tiene un tratamiento jurídico y fiscal mas favorable que cuando el titular arrendador es una Mercantil», afirma Zurdo.

Estas son las cinco situaciones que inclinan la balanza hacia el particular en detrimento de las personas jurídicas, a la hora de invertir en el alquiler de viviendas:

1. Reducción fiscal. Los arrendadores particulares actualmente gozan de una reducción fiscal estatal del 60% de los rendimientos netos que obtengan del alquiler. Reducción que se perdería si los arrendadores de las viviendas fueran personas jurídicas, excepto aquellas sociedades cuyo objeto social fuera la inversión en viviendas y tuvieran un régimen fiscal mas favorable, como por ejemplo fondos, Socimis y grandes tenedores de inmuebles.

2. Plazo menor. También cuando los arrendadores de las viviendas son Mercantiles, la duración de los arrendamientos es mayor, porque en estos casos los inquilinos pueden permanecer arrendados hasta 7 años; en cambio cuando los arrendadores de las viviendas son personas físicas, el plazo de duración de los arrendamientos se acorta hasta los cinco años.

3. Menos gastos. En el caso de arrendadores personas jurídicas, los gastos de gestión y de formalización de los contratos de arrendamiento (agencias inmobiliarias, abogados, etc) tienen que ser asumidos por ellos; en cambio cuando los arrendadores fueran personas físicas, podrían repercutir dichos gastos a los inquilinos.

4. Recuperar la vivienda por causa de necesidad. También los arrendadores personas físicas podrían recuperar las viviendas arrendadas en casos de necesidad, antes del 5ª año de finalización de los arrendamientos. En cambio, un arrendador persona jurídica no podría hacerlo, porque la Ley limita esta causa de recuperación de las viviendas arrendadas, solo a arrendadores personas físicas.

5. Recuperar antes la vivienda en desahucios. Por último, en casos de desahucios promovidos por arrendadores personas jurídicas, que no sean grandes tenedores de inmuebles, cuando los tribunales detecten que los inquilinos arrendados estén en situaciones de vulnerabilidad, pueden suspender los lanzamientos hasta un periodo de tres meses, frente al mes de suspenso en el caso de arrendadores personas físicas.

Por último, José Ramón Zurdo, analiza como el alquiler residencial de las grandes ciudades, se ha convertido también en una fuente de ingresos para el pequeño propietario: «el mercado del alquiler en España está muy atomizado y precisamente más del 85% de los propietarios son propietarios particulares que obtienen una rentabilidad de esta actividad no especulativa. Estos millones de propietarios y los que puedan sumarse para ampliar la necesaria oferta de inmuebles en alquiler, necesitan más que nunca un mercado con mayor seguridad jurídica y fiabilidad futura, sin intervenciones o injerencias ideológicas».

La aparición de la pandemia provoca un gran desajuste de los plazos administrativos y judiciales.

El tiempo de espera crece a la vez que las negativas de incapacidades permanentes, que ya antes de la crisis actual superaban el 95% en vía administrativa.

Los Tribunales de Justicia comienzan a señalar juicios para 2024.

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La COVID-19 y el tiempo que han estado cerrados los juzgados, sumado a una «mala gestión» por parte de INSS según expertos, provocan un desbarajuste en los plazos tanto administrativos como judiciales que, de momento, no tiene freno.

Para Lorenzo Pérez, presidente de Fidelitis, grupo español de consultoría legal especialista en obtención de prestaciones sociales, los motivos de este descalabro de fechas son claros: La escasez de citas desde el comienzo de la pandemia y el aplazamiento de las mismas, junto con el poco personal en plantilla, la cual, en lugar de aumentar, se ha visto reducida en muchas ocasiones. Y si a eso le sumamos que los funcionarios que hacen la mitad de la jornada fuera de la Institución, cuando están en casa teóricamente teletrabajando, no pueden hacer su trabajo por falta de medios, todo junto conforma el cóctel perfecto para este despropósito.

El presidente del Grupo Fidelitis y experto es aspectos socio-laborales reivindica que: «Es inadmisible e incluso obsceno que se señalen juicios por incapacidad laboral para 2024. ¿Podemos, en serio, normalizar que una persona que no puede trabajar y por eso está pleiteando para reclamar sus derechos, tenga que resignarse a esperar más de 3 años a que se celebre su juicio? Pues parece un mal chiste de Jaimito pero por desgracia es la realidad. De hecho, hay pacientes, con cáncer, por ejemplo, que se nos están muriendo, literalmente, antes de que se celebre su juicio, ¿dónde está la Justicia para estos pacientes?».

Además, hay que tener en cuenta que este tipo de procesos, que ya suelen ser largos de por sí en la vía administrativa, ahora, con la pandemia y la falta de recursos, citas presenciales, etc., se han visto ampliados en plazos y en endurecimiento del proceso:

«La situación es ahora más alarmante que nunca. No solamente los procedimientos se han endurecido, sino que los plazos de concesión se han ampliado. Algunos enfermos llevan luchando más de cinco años por algo que les corresponde por derecho», declara Lorenzo Pérez.

Asimismo, en el caso de las incapacidades, por ejemplo, a los largos tiempos de espera se le suma una problemática que ya antes de la pandemia preocupaba y mucho: Más del 95% de solicitudes para este tipo de prestaciones eran rechazadas en la vía administrativa, obligando a los afectados a acudir a los tribunales, ahora los expertos prevén cifras mucho más graves tras verse endurecidos los procedimientos e incrementarse los tiempos de espera.

Y es que, las cifras oficiales son un tanto «confusas». Las últimas publicadas por el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las correspondientes a 2018, arrojan un 46% de solicitudes concedidas, lo cual, a priori, «parece una cifra bastante razonable, es más, una cifra de la cual el propio INSS debería sentirse orgulloso». Pero lo que no dicen esas cifras es «el porcentaje que se concede en la vía administrativa y el porcentaje que se consigue en los Tribunales de Justicia. Por desgracia, una mayoría aplastante corresponde a los casos ganados en la vía judicial».

Es por ello que conocer muy a fondo la normativa y procedimientos y, sobre todo, contar con un equipo especializado de profesionales para asesorar a los afectados en este largo camino, será una máxima si se pretende obtener un resultado óptimo para el enfermo y reducir al máximo los tiempos de lo que para muchos es un «calvario».

AL SUMAR A LAS 16 SEMANAS DE BAJA DE MATERNIDAD, LAS OCHO SEMANAS ADICIONALES REGULADAS COMO PERMISO PARA EL OTRO PROGENITOR

confilegal.com

Rosalina Moreno

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha reconocido el derecho de una madre soltera a disfrutar de 24 semanas de permiso por nacimiento y cuidado de hijo, al sumar a las 16 semanas de baja maternal las ocho que habrían correspondido a la baja paternal.

La trabajadora, y abogada del sindicato ELA, tuvo una hija en junio de 2019, formando una familia monoparental.

El 8 de julio se le reconoció el derecho a la prestación de nacimiento y cuidado de menor hasta el 5 de octubre.

Tras acogerse al permiso de maternidad (actualmente denominado permiso por nacimiento y cuidado del menor), el 4 de septiembre solicitó a la Seguridad Social las ocho semanas adicionales del permiso del otro progenitor a disfrutar entre el 6 octubre y 30 de noviembre, un permiso que le fue denegado el 10 de octubre “por no encontrarse en ninguna de las situaciones protegidas”, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 183 y 318 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

Interpuesta reclamación previa, fue desestimada por resolución el 13 de noviembre en aplicación del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo.

La afectada presentó una demanda y el pasado 18 de mayo el Juzgado de lo Social número la desestimó entendiendo que la prestación de nacimiento y cuidado de menor es un derecho intransferible de cada progenitor, con lo que si solamente existe uno de ellos no concurre ninguna prestación más.

La afectada recurrió en súplica y ahora el TSJPV ha condenado al Instituto Nacional y a la Tesorería General a abonar la prestación correspondiente y reconoce su derecho al permiso de 24 semanas, en base a “la protección del menor”, por cuanto que la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado (perteneciente a una familia monoparental) iba a sufrir una “clara merma” respecto a aquellos otros en una situación semejante, encuadrados en un modelo familiar biparental.

Esta sentencia, número 1217/2020, la firman los magistrados de la Sala de lo Social del Alto Tribunal vasco Juan Carlos Iturri Garate (presidente en funciones), Florentino Eguaras Mendiri (ponente) y Maite Alejandro Aranzamendi.

No es firme. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de la doctrina.

La Fiscalía la ha recurrido.

La resolución fue dictada el pasado 6 de octubre y se ha conocido esta semana.

Ha sido dada a conocer en una comparecencia en la sede de ELA, en la que han intervenido la propia promotora de la demanda, Zuriñe Kintana; la coordinadora de los servicios jurídicos del sindicato, Iratxe Ordorika, y la responsable del área de Igualdad, Jone Bengoetxea.

Han recordado que mientras los menores de familias biparentales en 2019, y en base al Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, tenían derecho a disfrutar del cuidado de sus progenitores, por un tiempo de 24 semanas (16 + 8), “los de las familias monoparentales solo tenían derecho a disfrutar del cuidado de su única progenitora, es decir 16 semanas”.

Asimismo, han señalado que el TSJPV entiende que las normas de protección de la maternidad “han de ser interpretadas” a la luz del principio general del “interés superior del menor”, que se integra en el núcleo familiar con el progenitor, o progenitores, que le prestan atención y los cuidados conforme a lo establecido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y al mandato del artículo 39 de la Constitución.

CONCULCACIÓN DE DERECHOS

El tribunal añade que, “desde el paraguas general de la no discriminación, si se deniega la prestación a la beneficiaria, en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño”.

ELA ha señalado en la comparecencia que en la propia sentencia, “se habla de que las familias monoparentales y las mujeres indirectamente, se verían discriminadas de no ser reconocidas esta prestación adicional de 8 semanas, entendiéndose la quiebra del principio de igualdad del articulo 14 de la CE”.

Tras recordar en su comparecencia que la sentencia ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal, “algo poco habitual”, la trabajadora ha señalado que esta resolución “presenta una lectura de género clara ya que la inmensa mayoría de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres”.

Ha indicado que el hecho de ser una mujer representa “un factor de vulnerabilidad social y económica” y ha destacado que “son las mujeres las que presentan los peores datos socio económicos y laborales de un mercado de trabajo basado en la división sexual del trabajo y en una repartición desigual de los cuidados”.

Del mismo modo, las representantes de ELA han considerado “muy relevante y necesario” el hecho de comenzar a cambiar el modelo de protección social de un sistema únicamente enfocado en el derecho de conciliación de la persona cuidadora, hacia un sistema que garantice también a la persona dependiente el derecho a ser cuidado o cuidada.

Se trata de una sentencia “relevante y novedosa”, han explicado, ya que considera que las mujeres y familias monoparentales tienen derecho a tener las mismas prestaciones y permisos por nacimiento y cuidado del menor que las familias biparentales, y todo ello, en aras a proteger el bien jurídico, que es el menor”.

idealista.com

En el contexto actual de crisis, hay un tema que suele volverse común entre los propietarios dentro de una comunidad de vecinos: ¿qué pasa si no puedo abonar los gastos de la comunidad? Los gastos extra suponen una carga en nuestros bolsillos, sobre todo cuando se utilizan para cuestiones que no requieren demasiada urgencia. Durante la pandemia, se han tenido que sumar esfuerzos para invertir en cuidados extra para prevenir el contagio del virus, pero también se han priorizado las urgencias para que no deba haber derramas extraordinarias.

Según explica Mercedes Blanco, consejera delegada de Vecinos Felices: “estamos haciendo lo imposible para que el aumento de precios y la crisis no nos afecten en la liquidación final de gastos de las comunidades”. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el gasto medio por propietario en una comunidad de vecinos ronda en torno a los 1.000 euros, lo que incluye servicios básicos, mantenimiento de zonas comunes y pago de impuestos municipales.

“Todos ellos son de pago obligado, aunque cuando uno llega a vivir en un edificio se deben abonar también las cuotas de participación establecidas por cada vecino. Si a ello le sumamos los nuevos gastos por el covid-19 y la situación laboral de muchos de los propietarios, la situación se vuelve complicada”, finaliza Mercedes Blanco.

¿Cómo actúa la ley frente a una posible morosidad?

Para la ley de propiedad horizontal, está prohibido dejar de pagar las cuotas comunes, tanto ordinarias como extraordinarias, más allá de que no se utilicen elementos y servicios comunes. No existen exoneraciones ni excepciones: como tener cerrado el piso o local, no usar la calefacción central, la piscina o el ascensor, aunque sí se puede hacer uso del derecho de que todo funcione correctamente.

“Si nos encontramos con un vecino que no quiere o puede abonar los gastos de comunidad, la junta de propietarios puede reclamar por vía judicial la deuda, aprobando en una reunión previa la liquidación y la presentación de la demanda”, afirma Mercedes Blanco. Y agrega: “Si el propietario deudor continúa sin abonarlo, el procedimiento sigue su curso, realizándose una presentación judicial en la que se puede pedir hasta el embargo de los bienes.”.

En el caso de que se realicen obras pero no todos los propietarios estén de acuerdo, existen mecanismos para que los vecinos que no consideren oportunas esas mejoras no se vean obligados al pago de las mismas por el hecho de que una mayoría así lo decida.

Con respecto a la morosidad, y según los datos oficiales del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAE), antes de la pandemia, el 35% de las fincas tenía algún deudor entre sus filas. “A partir de ahora, se da por descontado que esta cifra crecerá hasta un 40%”.

“Los sobrecostes de los últimos meses incluyen los materiales necesarios para la desinfección general de los edificios: uso de mochilas pulverizadoras, geles dosificadores para pisos, alfombrillas desinfectantes, papelería informativa, toallas de papel individuales y cubos de basura para el material desechable”, comenta Mercedes Blanco.

Y finaliza: “entendemos que la situación es complicada y trabajamos en conjunto con las juntas de vecinos para tratar situaciones excepcionales y buscar la manera de reducir los costes. Sin duda ha sido un año muy complicado que dejará consecuencias a largo plazo en todos los sectores de la sociedad, incluido el nuestro”.

ideal.es

En medio de todo esto, hay muchos colectivos que de manera especial están en primera línea de batalla para cuidarnos y protegernos, como es el caso de los sanitarios, con todos los aplausos más que merecidos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, servicios de emergencias, agricultores, transportistas, labores de limpieza y mantenimiento…, todos aquellos que se enclavan en los denominados servicios esenciales, porque de una u otra forma, nos ayudan, nos facilitan la vida, nos proporcionan lo que necesitamos.

Y aunque es un colectivo no tan evidente, porque está en la sombra o en la cara menos visible, hoy queremos dedicar unas líneas a los Administradores de Fincas. Esa figura profesional que vela por nuestras Comunidades de Propietarios, procurando que todo funcione correctamente, que estemos seguros y protegidos en nuestros edificios, en nuestras casas, que facilitan y agilizan las cuestiones legales para que nuestras familias estén lo más seguras posibles donde ahora nos ha tocado estar más que nunca, en casa.

En nuestra provincia de Granada, más del 80% de las personas vivimos en una comunidad de vecinos. Eso implica cumplir unas normas para el adecuado funcionamiento de la misma, y el bien de todos, y disponer de medidas de seguridad y garantía de que estemos protegidos en dicha comunidad.

Esta ha sido siempre la labor de nuestros Administradores de Fincas Colegiados. Y lo ha sido con mayor relevancia durante esta crisis sanitaria, sucedida de multitud de normativas continuas, de recomendaciones sanitarias y de uso de las instalaciones comunes. Y su labor, como la de otros muchos colectivos necesarios para la sociedad, ha sido la de involucrarse de lleno y la de informar continuamente a sus comuneros, la de velar en la sombra por el correcto funcionamiento de todo nuestro espacio alrededor de la vivienda. La de seguir cuidándonos también.

Esta información para comunidades de propietarios que a continuación os mostramos es una de tantas que se ha ido adaptando según ley durante esta situación de pandemia, es la última publicada por el Colegio de Administradores de Fincas para que sus Colegiados puedan seguir debidamente informando y velando por la seguridad de todos, también en nuestras casas y espacios que nos rodean.

interempresas.net

Kone, referente mundial en la industria de los ascensores, escaleras mecánicas y puertas automáticas de edificios, equipará la nueva promoción de viviendas residenciales de Inmobiliaria Espacio. Se trata del proyecto Espacio Icon, un conjunto de 76 viviendas situadas en primera línea frente al Parque de Valdebebas, en Madrid, que destaca por su innovador diseño, calidad y sostenibilidad, y que contará con las innovadoras soluciones de Kone Residential Flow.

Por las características del proyecto, estas soluciones encajan a la perfección ya que Kone Residential Flow permite ir un paso más allá en cuanto a accesibilidad, controles de acceso y sobre todo soluciones contactless en las zonas comunes. Gracias a Kone Residential Flow y a través de un lector de acceso ubicado en el portal, cuando los residentes acceden al edificio el ascensor baja automáticamente al vestíbulo y los lleva a sus respectivas plantas, sin necesidad de pulsar ningún botón o tener contacto físico con ninguna superficie, lo que minimiza la posibilidad de contagio. Además, con una sencilla aplicación móvil los residentes pueden abrir la puerta de acceso a las visitas o consultar información relevante sobre el mismo.

Así, el proyecto Espacio Icon contará con las tres soluciones Kone Residential Flow: ´Kone Access´, que controla las puertas de los edificios y llama automáticamente al ascensor para que lleve al usuario a su planta de destino, eliminando la necesidad de tener que pulsar los botones del ascensor; ´Kone Visit´ que incluye un sistema de intercomunicación conectado que permite a los residentes dar acceso a las visitas y permitirles el acceso al edificio y al ascensor con su smartphone a modo de videoportero, y por último ´Kone Information´ para que los administradores de fincas o la comunidad de propietarios puedan compartir información relevante relacionada con el edificio enviándola directamente a los móviles de los residentes o a las pantallas de información que se encuentran en los ascensores o en el vestíbulo del edificio.

Además, Espacio Icon cuya obra finalizará en 2022 contará con un total de nueve ascensores Kone E MonoSpace DX. La última innovación de Kone posibilitará que los usuarios disfruten de una nueva experiencia en el ascensor gracias a su conectividad incorporada para mejorar el desplazamiento de personas y de una combinación de diseño, tecnología, nuevos materiales, aplicaciones y servicios. En un edificio donde el diseño es un elemento clave, es importante que todo se adapte a la estética creada por lo que “hemos valorado muy positivamente la posibilidad de diseñar conjuntamente con Kone el interior de la cabina del ascensor mediante herramientas web para asegurar que se integra perfectamente con el edificio”, señala Alberto Muñoz, CEO de Inmobiliaria Espacio.

Espacio Icon de Inmobiliaraia Espacio.“Estamos muy satisfechos porque Kone nos ha aportado herramientas para dotar al edificio de elementos de desplazamiento inteligentes y diferenciadores. Desde el principio apostamos por dar un paso adelante y tomar la iniciativa para buscar e implementar soluciones que hiciesen de nuestros nuevos proyectos inmobiliarios hogares más seguros, modernos, sostenibles y polivalentes, tales como las soluciones avanzadas de información o contactless, etc. Somos conscientes de que a partir de ahora el consumidor será más exigente y querrá personalizar su vivienda gracias a lo aprendido de los productos o servicios que recibe, involucrando así al usuario en el proceso, y ahora estamos preparados para ello”, explica Alberto Muñoz, CEO de Inmobiliaria Espacio.

“La innovación y la sostenibilidad son claves en esta promoción y también son dos de los principales valores que definen a nuestra compañía y nuestras soluciones. Por ello, estamos muy orgullosos de que el proyecto Espacio Icon sea el primero en España que cuenta con Kone Residential Flow, una solución que se adelanta al futuro y que es perfecta para la “nueva normalidad” en la que el contactless ha tomado mayor importancia”, señala Sergio Álvarez, director de ventas de Kone Ibérica.

europapress.es

El Govern balear ha organizado una serie de actos como conciertos, actividades educativas y un minuto de silencio por el Día contra la Violencia Machista.

Así lo ha avanzado este miércoles la directora del Institut Balear de la Dona, Maria Duran, y la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa, Amanda Fernández, durante la presentación, recogida en una nota de prensa, de los diferentes actos para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre.

Bajo el lema ‘El derecho de las mujeres a vivir en paz’, el IBDona ha organizado una serie de actos, como son un concierto a cargo de Toñi Requena y Mavic, que se llevará a cabo en el módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Mallorca el 2 de diciembre, o la representación de la obra de teatro ‘Antígones 2077’, a cargo de la compañía We never sleep, en el Teatro de Lloseta el 12 de diciembre.

El acto central será el 25 de noviembre, cuando está convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas. Duran ha recordado que la violencia machista «es una lacra social que para Baleares nos ha supuesto este año tres mujeres asesinadas y dos homicidios frustrados. Estos son unos datos horrorosos».

También ha añadido que las Islas se suman al minuto de silencio convocado por el Ministerio de Igualdad para las instituciones, «pero quieren ir más allá y por eso invitamos a toda la ciudadanía a unirse».

Asimismo, se han unido a la convocatoria la Confederación de Asociaciones Empresariales de las Islas Baleares (CAEB), la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem), los sindicatos CCOO y UGT, la ONCE, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, el Colegio de Administradores de Fincas de las Illes Balears y empresas como el Corte Inglés, Hiper Centro o Mercadona, además de las Cámaras de Comercio de todas las islas.

También se suman al minuto de silencio los centros educativos baleares, los cuales han preparado un amplio abanico de acciones contra las violencias machistas.

Hasta 85 centros educativos –78 públicos y siete concertados– han participado en el programa ‘Acciones de sensibilización para la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia machista en los centros educativos en el marco de la celebración del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Año 2020’, que ha convocado el Govern a través del Institut Balear de la Dona y del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar, Convivèxit y que implicará la participación de 38.452 alumnos.

Amanda Fernández ha destacado que para luchar contra las violencias machistas «tenemos la necesidad de trabajar tanto para el presente y como para el futuro». «Por eso, la unión entre IBDona y Educación es básica para trabajar aspectos de coeducación tanto en los niños como en los jóvenes», ha dicho.

Además, ha añadido que «sensibilizar es uno de los ejes del Plan de Coeducación, que presentamos ya hace un año, y sensibilizar es lo que hacemos con estas actuaciones, las cuales alcanzan desde octubre a diciembre».

De estos 85 centros, 66 son de Mallorca, 15 de Menorca, tres de Ibiza y uno de Formentera. En cuanto al tipo de centro, 29 proyectos son de CEIP, 43 de IES, cuatro de centros de adultos, siete de centros concertados, uno de escuelas de arte y uno del CIFP Son Llebre.

La finalidad del programa, que se convoca por segundo año, es buscar el diseño, la implementación y la evaluación de acciones de sensibilización y prevención de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y está financiada a través de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Entre las diferentes actividades organizadas, los centros han programado talleres de prevención de las violencias machistas, lecturas dramatizadas, concursos de lemas, logos sobre prevención violencias machistas y murales representando los lemas escogidos.

Muchos centros de infantil y primaria harán cuentacuentos y los más mayores apuestan por actividades de teatro fórum y talleres sobre nuevas masculinidades, violencia de género, estereotipos de género, mito del amor romántico, diseño e impresión de mascarillas o lazos en las fachadas de los centros, entre otros.

Además, todos los centros educativos recibirán ocho carteles que van acompañados de propuestas didácticas diseñadas por el alumnado del Ciclo de grado Superior de Técnicos para la Igualdad de Género del CIFP Son Llebre, y también 20.000 mochilas con los lemas ‘El silencio nos hace cómplices’ y ‘Yo soy quien quiero ser’.

Finalmente, entre las actividades programadas hay la representación de la obra de teatro ‘Harley Quinn Stalkejada’ que durante todo el curso 2020-21, se podrá reproducir en línea a todos los centros educativos interesados. Se trata de una obra de teatro de la compañía El aviador enfocada a alumnado de secundaria, con un diálogo posterior y una propuesta didáctica para que se pueda trabajar con el alumnado.

Por otro lado, el IBDona llevará a cabo varias jornadas de coordinación interinstitucionales. El 26 de noviembre, habrá una jornada de coordinación interinstitucional, en la que participarán tanto el IBDona como los consells insulares y que estará abierta a toda la ciudadanía. El 15 de diciembre, además, se hará una jornada en la que se compartirán experiencias de las mesas municipales de prevención y coordinación contra la violencia machista.

Por otro lado, Maria Duran también ha informado sobre los últimos datos del servicio 24 horas de atención y acompañamiento a las víctimas de violencias machistas. Hasta el 31 de octubre, ha llevado a cabo un total de 228 acompañamientos a víctimas.

Este servicio especializado del IBDona ofrece un acompañamiento especializado a las víctimas, ya sea para ir a las dependencias policiales para interponer una denuncia, al juzgado para prestar declaración, o en el hospital en caso de haber sufrido una agresión, entre muchos otros.

En cuanto a la atención, el servicio ha recibido un total de 3.166 llamadas, de las cuales 2.481 son de Mallorca, 341 de Ibiza, 138 de Menorca y 21 de Formentera, mientras que no se tiene información de 171 llamadas. En cuanto al servicio de WhatsApp, que se puso en marcha durante el estado de alarma, ha recibido un total de 124 mensajes entre el 28 de marzo (primer día de funcionamiento) y el 31 de octubre.

El teléfono de atención 24 horas es el 971 17 89 89, mientras que la atención por WhatsApp se lleva a cabo en el número 639 83 74 76.

elderecho.com

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha advertido este miércoles de siete medidas adoptadas durante la pandemia que podrían afectar al importe de la declaración de la Renta de 2020, por lo que recomienda aprovechar la recta final del año para ajustar las retenciones fiscales de los contribuyentes que hayan recibido las ayudas puestas en marcha para paliar la crisis social y económica.

En concreto, apunta que los contribuyentes que se han visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), aunque cobren menos de 22.000 euros en total, tendrán que presentar la declaración de la renta por tener dos pagadores y es probable que les resulte a ingresar. En este caso, Gestha recomienda que, si no tienen capacidad de ahorro, soliciten a sus empresas un incremento de las retenciones sobre la nómina de diciembre para evitar «sorpresas» en junio de 2021.

Los técnicos aclaran que los trabajadores en ERTE que cobren menos de 22.000 euros en total no tendrán obligación de declarar si no reciben de otros pagadores más de 1.500 euros en el año. En caso contrario, el límite para declarar es de 14.000 euros con más de un pagador.

Asimismo, recuerdan que las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendiente podrán abaratar la cuota diferencial del IRPF hasta en 100 euros mensuales por cada hijo, siempre que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.

Sin embargo, en el caso de ERTE, la trabajadora dejaría de cumplir los requisitos para disfrutar de la deducción por maternidad, salvo que realizara un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial en supuestos temporales de regulación de empleo. En esta misma situación se encontrarían las autónomas durante los meses en los que hayan tenido que cerrar su actividad.

En cuanto a la imputación de rentas inmobiliarias durante la vigencia del Estado de alarma, Gestha indica que la Ley del IRPF establece la imputación de rentas inmobiliarias, excluyendo la vivienda habitual. Y señala que la Agencia Tributaria ha considerado que no es la utilización efectiva de la segunda vivienda, sino su disponibilidad, lo que genera la imputación de rentas. Por ello, pese a no haber tenido la oportunidad de disfrutar esa segunda vivienda, la imputación de ingresos no se altera por el confinamiento del contribuyente.

Sobre el arrendamiento de inmuebles durante el estado de alarma, los técnicos advierten de que los acuerdos voluntarios alcanzados entre arrendadores e inquilinos para rebajar la renta por el estado de alarma y la posterior crisis tendrán incidencia en la declaración de Renta 2020, ya que el arrendador reflejará como ingresos durante esos meses los nuevos importes.

De igual modo, si ambas partes hubiesen acordado diferir el pago de la renta, también tendría incidencia en la declaración de Renta 2020. En concreto, Gestha detalla que el arrendador imputará los ingresos de estos meses en función de los nuevos plazos acordados. Además, debe tenerse en cuenta que seguirán siendo deducibles los gastos necesarios y que no procederá la imputación de rentas inmobiliarias, aunque no se perciban las rentas del alquiler.

Por otro lado, las subvenciones o ayudas recibidas tendrán que declararse, tanto las recibidas para las actividades de los autónomos como el ingreso mínimo vital, el ‘Plan Renove’ para la adquisición de vehículos, subvenciones del Plan Estatal de Vivienda y otras de las comunidades autónomas, los préstamos subvencionados de la IDAE, las subvenciones a salas de cine, o las ayudas del Fondo Covid-19 distribuidas por las comunidades autónomas.

Además, estas subvenciones y ayudas públicas obligan a presentar la declaración de Renta si las rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del Tesoro y demás ayudas públicas superan en conjunto los 1.000 euros anuales.

En cuanto a los autónomos, Gestha apunta que hay actividades, en las zonas geográficas que han sufrido nuevas restricciones en esta segunda ola de la Covid, a las que probablemente se podría autorizar la reducción de los índices o módulos por circunstancias excepcionales de aquellos empresarios que no han renunciado a este régimen de módulos con el primer pago fraccionado de 2020.

Esta medida no afectaría a los que renunciaron a los módulos y tributan en el método de estimación directa en 2020, si bien se ha establecido de forma excepcional que puedan volver a tributar en el régimen de estimación objetiva en 2021 de seguir cumpliendo los requisitos y revocan la renuncia de este año.

Por último, los técnicos de Hacienda recuerdan que los donativos al Tesoro Público para financiar los gastos ocasionados por la crisis sanitaria deducen en el IRPF un 80% de los primeros 150 euros donados, y un 35% a partir de esa cifra, porcentajes que se elevan desde el 1 de enero de 2020 también para todas las donaciones a ONGs y demás entidades beneficiarias del mecenazgo.

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Cada crisis ofrece oportunidades para mejorar y estimula el pensamiento colectivo sobre el futuro. Schindler ofrece su visión sobre la tecnología inteligente, la conectividad y la sostenibilidad antes de que se celebre el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano).

Las grandes tendencias en torno a la urbanización no han cambiado. Factores como la existencia de un urbanismo más denso con edificios más altos en las zonas metropolitanas; el desplazamiento de las personas hacia las ciudades; el crecimiento de las familias de clase media y el envejecimiento de la población; así como el aumento de los hogares unipersonales impulsan la demanda de ascensores y escaleras mecánicas. 

Aunque el volumen de desplazamientos al trabajo o los viajes se hayan reducido, las ciudades siguen necesitando soluciones eficaces para mejorar, también en materia de movilidad vertical. Estos sistemas de transporte seguros y efectivos continuarán ayudando a que las ciudades, cada vez más grandes, sean lugares más agradables.

La pandemia del COVID-19 ha servido como catalizador de la demanda, aún más centrada en la humanización del urbanismo a través de ciudades más inteligentes en las que las personas están en el centro de todas las actuaciones. El uso de tecnología inteligente para mejorar la experiencia de los pasajeros, como las aplicaciones contactless y las soluciones de saneamiento para garantizar la limpieza del aire, así como una mayor conectividad que permite, por ejemplo, realizar el mantenimiento de los equipos a distancia para reducir el tiempo de inactividad, son esenciales para mantener las zonas urbanas en movimiento.  

La tecnología inteligente y la conectividad son también pilares importantes para hacer las zonas urbanas más sostenibles. Gracias a ellos, se ayuda a reducir el consumo de energía de los equipos y, por lo tanto, la huella de carbono de los edificios. Actualmente, la nueva gama de equipos modulares de Schindler tiene un menor impacto ambiental, al tiempo que se garantiza el mantenimiento remoto y predictivo. 

En este contexto, Schindler se asocia con sus clientes para ofrecer las soluciones más eficientes y eficaces del trabajo colectivo, adaptando las nuevas necesidades de los administradores de fincas, promotores y arquitectos a las soluciones de movilidad que ofrece Schindler.

«La tecnología inteligente, la conectividad y la sostenibilidad están alineados con nuestra visión de futuro para las ciudades. Es el momento de hacer mejores ciudades», ha comentado Thomas Oetterli, CEO del Grupo Schindler. «Desde nuestra fundación, los productos y servicios de Schindler son claves para el desarrollo de las áreas urbanas. Diseñamos la movilidad vertical para nuestros clientes, con el objetivo de que la sociedad pueda continuar moviéndose de forma eficiente, cómoda, segura y sostenible. Así es hoy y será en el futuro».