La Fiscalía General dicta instrucciones para frenar “con la mayor inmediatez” las ‘okupaciones’

Las pautas marcadas a todos los fiscales buscan reforzar “su intervención en defensa de los derechos de las víctimas” mientras se resuelve el caso en los juzgados

Protesta vecinal contra una okupación en la localidad de Traparagan...

elmundo.es

La Fiscalía General del Estado ha dictado este martes una instrucción en la que indica a los fiscales cómo actuar para frenar “con la mayor inmediatez” las okupaciones de inmuebles y restituir el bien a los propietarios mientras se dirime el asunto en los juzgados.

El escrito analiza los delitos de allanamiento (cuando el inmueble es una vivienda) o de usurpación de inmueble (cuando no es ni primera ni segunda residencia) y marca las pautas que debe seguir el fiscal. La instrucción hace especial referencia “a los hechos de esta naturaleza cometidos en el ámbito de la delincuencia organizada”.

La instrucción tiene por objeto que los fiscales “refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los/las perjudicados/as por estos delitos, recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del/de la denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento”.

El escrito firmado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, resalta que se puede pedir que se restituya el inmueble en cualquier fase del caso, desde la inicial noticia proveniente de la Policía hasta la fase de juicio.

El Ministerio Público indica que la casuística de okupaciones es enorme y que, al margen de las pautas generales, debe atenderse siempre a las circunstancias del caso. En este punto, indica que uno de los criterios para solicitar la medida cautelar de expulsión es el perjuicio que la ocupación esté causando a los vecinos. “En todos los supuestos aludidos, al tiempo de valorar la solicitud de la medida cautelar, se tendrá en consideración no sólo a las víctimas o perjudicados por el delito, sino también a los/las vecinos/as y/o colindantes a los/las que el delito pueda suponer un perjuicio directo en el pleno disfrute de sus derechos”.

Este perjuicio para los vecinos afecta especialmente a los casos en los que el inmueble no se usa como vivienda y su propietario es una persona jurídica -un banco, por ejemplo-. En principio, estos son los supuestos en los que más difícil resulta pedir una expulsión cautelar. La nueva instrucción facilita que los fiscales reclamen la medida incluso en esos casos.

La instrucción indica que las medidas cautelares se deben adoptar “sin perjuicio de cerciorarse de que se ofrezca la asistencia personal y familiar necesaria en los supuestos en los que los/as ocupantes sean personas en situación de desamparo, riesgo de exclusión residencial o con hijos/as menores o personas dependientes a su cargo”.

La instrucción fue anunciada el pasado día 7 por Delgado en su discurso en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. La fiscal general declaró que las leyes actuales son suficientes para responder al problema y que bastaría con una instrucción a los fiscales. La iniciativa de la fiscal general sigue los pasos de otras instrucciones recientes dictadas en Baleares Valencia.

Esclarecedor esquema de la Policía Nacional para saber cómo actuar ante las okupaciones ilegales

confilegal.com

Carlos Berbell

El autor es el inspector jefe Jaime Álvarez Fernández, destinado en la Comisaría de Distrito Centro de Madrid, en la Sección de Seguridad Ciudadana  y es lo más preclaro y esclarecedor elaborado desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer frente a las ocupaciones ilegales de inmuebles.

El esquema, titulado “Actuación operativa ante supuestos de ocupación de bienes inmuebles” plantea las tres casuísticas que se pueden dar cuando se acude a una denuncia de una casa que ha sido ocupada.

SI LA VIVIENDA ES MORADA, YA SEA EL DOMICILIO O LA CASA DE FIN DE SEMANA

La primera es si la vivienda es morada. Es decir, si es el domicilio o la segunda casa del propietario. En ese caso se considera que es un delito de allanamiento de morada, contemplado en los artículos 202 y 203 del Código Penal, “ya sea el perjudicado persona física o jurídica”. 

La consecuencia es clara. Se debe entrar por delito flagrante si los autores no abren voluntariamente la puerta de la calle. La segunda medida es su detención. Y la tercera, recopilación de pruebas, tomando fotos o haciendo vídeo de aquellos elementos forzados, como la puerta, la cerradura, etc.

También aconseja “revisar el inmueble para verificar si faltan enseres de los legítimos moradores”.

El último paso es la restitución de la propiedad a su propietario.

DESCARGAR ACTUACIÓN OPERATIVA ANTE OCUPACIÓN INMUEBLES

SI LA VIVIENDA NO ES MORADA

En el caso de que la ocupación no sea el domicilio del propietario el hecho supone un delito de usurpación del articulo 245 del Código Penal.

“¿Se está cometiendo con violencia o intimidación?”, se pregunta en el cuadro. Si la respuesta es sí, hay que entrar como si se tratara de un delito flagrante. 

Si, por el contrario, la contestación es negativa, hay que identificar a los ocupantes, si abren la puerta.

Si no la abren, se recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que se identifique a los autores: “Si no abren se están negando, cometiendo de forma flagrante un delito de desobediencia grave a agente d ella autoridad. Por lo que procede la entrada en el inmueble y la detención de los autores”.

El siguiente paso es la restitución de la propiedad al titular.

Ahora bien, si los autores se encuentran desarrollando plenamente su vida en el interior, prima su derecho a la inviolabilidad del domicilio sobre el derecho de propiedad del titular.

SI NO SE SABE SI EL INMUEBLE ES MORADA O NO 

La Policía Nacional recomienda que se hagan comprobaciones previas, conocer quién es el propietario del inmueble, si hay autorización para que las personas vivan en la casa, determinar si hay un título legítimo de ocupación.

Cuadro elaborado por la Policía Nacional para hacer frente a los delitos de allanamiento de morada.

Claves para anticiparse a la temporada de calefacción

Claves para anticiparse a la temporada de calefacción 

inmodiario.com

A pocos días de finalizar el verano, las altas temperaturas darán paso a otras más suaves, momento idóneo para que los titulares de las instalaciones de calefacción, si no lo han hecho ya, pongan a punto sus calderas y circuitos de calefacción antes de la llegada del frío y del consiguiente encendido.

Para anticiparse a este momento, desde Agremia (Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía) recomiendan seguir una serie de pautas para preparar las instalaciones.

– Revisión y limpieza de las calderas. El verano y principio del otoño, con las calderas aún apagadas, es la mejor época del año para acometer la limpieza y revisión de estos equipos, sea cual sea el combustible que utilicen, y realizar un análisis de combustión, de tal manera que garantice que la misma es correcta y que la evacuación de los gases se realiza correctamente al exterior. Todo ello contribuirá a garantizar la seguridad de nuestra instalación y optimizar el consumo energético de la misma reduciendo el gasto derivado de su utilización durante todo el invierno.

– Realizar las mejoras necesarias y una revisión previa al encendido de todo el circuito de calefacción. Para evitar incidencias en el sistema, es conveniente comunicar a la empresa mantenedora los posibles inconvenientes que hayan aparecido durante el final de la temporada anterior o el verano para darles solución antes de comenzar la temporada de frío. Asimismo, y aunque no es obligatorio, sí es recomendable que el mantenedor realice una revisión del circuito previa al encendido. En dicha revisión deberá vigilarse el correcto funcionamiento de las válvulas o llaves de los radiadores, ya que podrán detectarse fugas en radiadores, y la ausencia de aire en el interior de los mismos que pueda provocar ruidos molestos, o cualquier otra anomalía en el funcionamiento de nuestro sistema de calefacción.

– Aprovechar las subvenciones que existen para la sustitución de calderas no eficientes. Es recomendable consultar en el ayuntamiento o comunidad autónoma donde se ubique la finca las ayudas existentes. En estos momentos, por ejemplo, explican desde Agremia, para calderas centrales, están vigentes en la Comunidad de Madrid el Plan Renove Privado de Salas de Calderas de (www.cambiatucaldera.com), que incentiva reformas de instalaciones térmicas comunitarias que sustituyan el combustible utilizado por gas natural, y el Plan Renove Público de Salas de Calderas, que es compatible con el anterior (www.fenercom.com). Y en breve también estará operativo el Plan Cambia 360 del Ayuntamiento de Madrid.

– En el caso de instalaciones comunes, solicitar a la comunidad de propietarios, cuando sea necesario, la instalación obligatoria de repartidores de costes de calefacción o contadores de energía. Además de las operaciones periódicas de mantenimiento que resultan del contrato que tenga suscrita la comunidad con su empresa mantenedora, Agremia recuerda que en agosto entró en vigor la regulación de la contabilización de consumos individuales en comunidades con calefacción central. Esta nueva normativa obliga, de acuerdo a un calendario prefijado según la zona climática donde se ubique el edificio, a instalar contadores de energía individuales o repartidores de coste de calefacción en los radiadores de las habitaciones, siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable, de manera que se permita a dicho usuario final conocer y optimizar su consumo real de energía.

Desde Agremia también se recomienda a los usuarios instalar en los radiadores válvulas termostáticas (manuales o programables) para regular la temperatura de cada estancia.

El Supremo aclara qué se puede reclamar si el piso dejado en testamento se vendió antes de morir el difunto

Pese a poner una vivienda en la herencia, el propietario puede venderla antes de su fallecimiento

FreePik

idealista.com

Hacer testamento es muy aconsejable para dejar previsto el destino de nuestros bienes. El testador puede manifestar de forma genérica cómo será el reparto tras su fallecimiento o adjudicar bienes concretos de su patrimonio, estableciendo lo que en Derecho se conoce como legados. También es posible que el testador decida vender alguna vivienda que había legado en su testamento antes de morir. En tal caso, conviene saber qué le puede corresponder en herencia a quien iba a recibir esa casa, según lo previsto en el testamento.

Salvador Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, aclara tras una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio en qué casos es posible reclamar el precio restante de la venta de un piso legado en el testamento, si finalmente se vendió antes del fallecimiento del familiar.

¿Qué es un legado?

La persona que prepara su testamento antes de morir tiene la capacidad de establecer quién o quiénes pueden adjudicarse un bien o derecho concreto de su patrimonio. A eso se le llama legado.

Es por ello que los llamados legatarios suceden al difunto únicamente en aquello que les ha sido legado. Mientras que los herederos suceden a título universal, es decir, con carácter general respecto a todos los bienes, derechos y obligaciones del fallecido.

Los legados, en todo caso, deben establecerse respetando la legítima de los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge). A su vez, los legados quedarán sujetos a unas reglas específicas en función de cuál sea su modalidad y objeto.

La situación de los legatarios en un testamento varía según la región donde se realice el testamento. En Aragón, Baleares, Cataluña o Navarra, los legados presentan algunas particularidades que se recogen en los derechos forales de dichos territorios.

¿Qué ocurre si el testador vende antes de morir la casa que había legado en testamento?

Cualquier persona puede decidir vender alguno de sus bienes antes de fallecer, pese a haber legado ese inmueble en testamento. En tal caso, siempre que estemos ante un acto propio y querido por el testador, dicho cambio de voluntad revocará el legado. Y ello, por considerar que, si el testador se despoja voluntariamente del bien, renuncia también al destino futuro que había previsto para el inmueble tras su fallecimiento. Quedando, por tanto, sin efecto el legado establecido sobre dicha propiedad.

Pero, por otro lado, si la venta se lleva a cabo por parte de algún apoderado del testador (o representante voluntario) habrá que analizar la operación. En todo caso, para determinar si el legado sobre el piso queda o no revocado, es conveniente saber si el poder es especial o general. No obstante, si la venta se realiza por el apoderado, pero con instrucciones concretas y conocimiento del testador, el legado sobre dicho inmueble quedará, en principio, sin efecto.

Cuestión distinta será la venta que realice el representante legal del testador. Representación que ostentarán, por ejemplo, los padres respecto a sus hijos menores de edad, o en el caso del tutor o defensor judicial con respecto a los que han sido incapacitados.

Por ello, con carácter general, la venta llevada a cabo por el representante legal del testador no dejará sin efecto el legado sobre dicho inmueble. Todo ello, porque se ha llevado a cabo al margen de la voluntad del testador.  

¿Qué puedo reclamar si el piso que me han legado se vendió antes de fallecer el difunto?

El Tribunal Supremo en reciente sentencia ha abordado esta cuestión con motivo de la demanda interpuesta por los legatarios frente a la heredera de la difunta. Los legatarios consideraron que la venta del piso que les legó su prima no revocó el legado. Por tanto, el bien legado ha quedado sustituido por subrogación en la cantidad restante de la venta. La heredera, por el contrario, sostuvo que nada correspondía a los legatarios, por haber quedado el legado sin efecto tras la venta del piso.

Lo cierto es que la venta del bien legado se realizó por la tutora, con la debida autorización judicial, para sufragar las necesidades de su pupila. Por ello, no puede considerarse una manifestación de la voluntad de la testadora, ni puede dejar sin efecto el legado sobre el inmueble establecido por ésta, según el parecer del Tribunal Supremo.

La testadora, en este caso, siempre conservó su voluntad de legar el bien mientras mantuvo su capacidad. La venta, por tanto, fue consecuencia de la decisión de la tutora, que solicitó para ello autorización judicial, no de un acto voluntario de la testadora.

Por ello, concluye el Supremo, la venta no puede considerarse un cambio de voluntad de la testadora, y el bien legado ha quedado subrogado por el remanente del precio de la venta, una vez aplicado a satisfacer las necesidades de la testadora. Importe que corresponde a los legatarios.

Los arquitectos solicitan al Gobierno bajar el IVA y el IBI para fomentar la rehabilitación de viviendas

Andimac

idealista.com

El Colegio Superior de los Colegios de Arquitectos de España reclama medidas fiscales de urgencia para aumentar el número de rehabilitaciones de viviendas en España. En este sentido, el organismo solicita al Gobierno de Pedro Sánchez poder desgravar las inversiones realizadas en este tipo de trabajos, un IVA superreducido para todo el sector y una rebaja del IBI en la rehabilitación integral de casas, según informa Invertia.

Estas reivindicaciones no son sólo una necesidad para un sector que necesita reactivarse tras el covid-19, sino también para la ciudanía, porque el CSCAE recuerda que el 75% de las 25,5 millones de viviendas españolas se construyó antes de 1979. O lo que es lo mismo, tres cuartas partes del parque inmobiliario se levantó antes de la entrada en vigor de la primera directiva europea sobre eficiencia energética. El problema es que el 80% de estas casas seguirán en pie en el 2050, año en el que la Unión Europea espera alcanzar la neutralidad de emisiones en el Viejo Continente. Esta circunstancia obliga a España a tener que rehabilitar al menos 10 millones de hogares antes de esa fecha, según las previsiones de este organismo.

En este sentido, cabe destacar que los fondos europeos para la recuperación económica van a priorizar aquellos proyectos que mejores la competitividad de los países de la UE. Pero hasta que esos fondos lleguen, el Consejo Superior de Arquitectos de España reclama la necesidad de fomentar la rehabilitación de viviendas. Una necesidad que tiene tres objetivos: cumplir con los objetivos de neutralidad en las emisiones de gases de efecto invernadero, renovar las ciudades de nuestro país y que no se paralice el sector de la construcción

Pero no son las únicas reivindicaciones del sector. El CSCAE también reclama que el Estado no limite los trabajos de rehabilitación a un simple cambio de la caldera. El organismo señala que cambio de caldera ronda los 1.200 euros y el ahorro energético estimado ronda los 800 kilovatios hora, que, traducido a euros, significa un ahorro económico de 103 euros, con una amortización de la inversión en ocho años.

Por este motivo, si se conjuga el cambio de caldera con arquitectura, y se interviene también en la envolvente del edificio, los resultados mejoran exponencialmente, con ahorros energéticos que pueden superar el 60%, según sus datos.

La Comunidad de Madrid crea ‘112 Okupación’, línea de atención al ciudadano ante posibles ocupaciones ilegales

idealista.com

La Comunidad de Madrid ha decidido poner en marcha una Oficina de atención al ciudadano dedicada exclusivamente a luchar contra la ocupación de inmuebles. Junto a la línea de emergencia 112 ya existente, se creará un teléfono 900 gratuito que asesorará al usuario en sus derechos, los primeros pasos a seguir y avisará a las autoridades competentes.

“Pretendemos contribuir a la lucha contra la usurpación ilegal de inmuebles”, ha destacado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su intervención durante el Debate del Estado de la Región.

La Oficina contra la ocupación estará coordinada en las instalaciones de la Agencia de Seguridad y Emergencia de Madrid (ASEM 112), que estará en comunicación con las fuerzas de seguridad y las administraciones competentes en los casos de ocupación ilegal de inmuebles.

“Se coordinarán actuaciones entre víctimas, administraciones y fuerzas de seguridad para agilizar al máximo la resolución de las ocupaciones ilegales, siempre garantizando el principio de seguridad jurídica y respetando el marco legislativo de aplicación”, aclaró la presidenta.

La propia Comunidad de Madrid ha sufrido la ocupación de unas 2.000 casas de su programa de la Agencia de la Vivienda Social, según denunciaron a la Fiscalía el pasado enero.

Durante esta legislatura se han iniciado 650 expedientes para la recuperación de viviendas y locales públicos. De ellos, la agencia autonómica ya ha recuperado 230 viviendas, pero otros 329 casos han llegado ya a los juzgados.