JUSTICIA

La Fiscalía General dicta instrucciones para frenar “con la mayor inmediatez” las ‘okupaciones’

Las pautas marcadas a todos los fiscales buscan reforzar “su intervención en defensa de los derechos de las víctimas” mientras se resuelve el caso en los juzgados

Protesta vecinal contra una okupación en la localidad de Traparagan...

elmundo.es

La Fiscalía General del Estado ha dictado este martes una instrucción en la que indica a los fiscales cómo actuar para frenar “con la mayor inmediatez” las okupaciones de inmuebles y restituir el bien a los propietarios mientras se dirime el asunto en los juzgados.

El escrito analiza los delitos de allanamiento (cuando el inmueble es una vivienda) o de usurpación de inmueble (cuando no es ni primera ni segunda residencia) y marca las pautas que debe seguir el fiscal. La instrucción hace especial referencia “a los hechos de esta naturaleza cometidos en el ámbito de la delincuencia organizada”.

La instrucción tiene por objeto que los fiscales “refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los/las perjudicados/as por estos delitos, recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del/de la denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento”.

El escrito firmado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, resalta que se puede pedir que se restituya el inmueble en cualquier fase del caso, desde la inicial noticia proveniente de la Policía hasta la fase de juicio.

El Ministerio Público indica que la casuística de okupaciones es enorme y que, al margen de las pautas generales, debe atenderse siempre a las circunstancias del caso. En este punto, indica que uno de los criterios para solicitar la medida cautelar de expulsión es el perjuicio que la ocupación esté causando a los vecinos. “En todos los supuestos aludidos, al tiempo de valorar la solicitud de la medida cautelar, se tendrá en consideración no sólo a las víctimas o perjudicados por el delito, sino también a los/las vecinos/as y/o colindantes a los/las que el delito pueda suponer un perjuicio directo en el pleno disfrute de sus derechos”.

Este perjuicio para los vecinos afecta especialmente a los casos en los que el inmueble no se usa como vivienda y su propietario es una persona jurídica -un banco, por ejemplo-. En principio, estos son los supuestos en los que más difícil resulta pedir una expulsión cautelar. La nueva instrucción facilita que los fiscales reclamen la medida incluso en esos casos.

La instrucción indica que las medidas cautelares se deben adoptar “sin perjuicio de cerciorarse de que se ofrezca la asistencia personal y familiar necesaria en los supuestos en los que los/as ocupantes sean personas en situación de desamparo, riesgo de exclusión residencial o con hijos/as menores o personas dependientes a su cargo”.

La instrucción fue anunciada el pasado día 7 por Delgado en su discurso en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. La fiscal general declaró que las leyes actuales son suficientes para responder al problema y que bastaría con una instrucción a los fiscales. La iniciativa de la fiscal general sigue los pasos de otras instrucciones recientes dictadas en Baleares Valencia.

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