Día: 20 de agosto de 2020

Una interpretación restrictiva de la norma sanciona estas reuniones si asisten mayores de 65 años

levante-emv.com

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana ha solicitado a las comunidades de propietarios que se abstengan de realizar reuniones de vecinos durante estos días para evitar posibles multas que irían de los 30.000 a los 60.000 euros. El motivo no es otro que dichos encuentros podrían suponer un riesgo para las personas mayores de 65 años en plena pandemia del coronavirus, siempre que se haga una «interpretación restrictiva» de la última normativa emitida sobre las reuniones o agrupaciones de personas» en eventos de carácter «público o privado». 

Posibles multas por celebrar reuniones de vecinos 

Así, hasta que la entidad no determine con la conselleria si una junta de propietarios en la que participen personas mayores de 65 años estaría dentro de estos supuestos sancionables dentro de las medidas contra el coronavirus, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana recomienda «aplazar la celebración de estas juntas».

En el único casos en que se podría llevar a cabo estas reuniones de vecinos o de la comunidad de vecinos (conocidas también popularme como reuniones de escalera) sería cuando «sea claro y seguro que no hay posibilidad de que acuda alguna persona mayor de 65 años» a la reunión, destaca la entidad en un comunicado.

La norma que ha llevado a los administradores de fincas de la Comunitat Valenciana a poner sobre alerta a las comunidades de propietarios se publicó recientemente. Se trata de una ampliación de una norma previa y en ella se detalla que se consideran «infracciones muy graves la organización o participación en reuniones (…), de carácter privado o público, que implique una (…) agrupación de personas, cuando se constante por la autoridad que dificulta la adopción de las medidas sanitarias de prevención» por la epidemia del coronavirus en Valencia, Alicante y Castelló»o se hallen presentes menores de edad y/o personas mayores de 65 años». 

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana entiende que, en caso de que se realice «una interpretación restrictiva» de esta norma, una comunidad de vecinos cualquiera podría ser susceptible de ser sancionada con multas que, en este caso, oscilarían entre los 30.001 y los 60.000 euros en caso de celebrar una reunión.

Para evitar estas situaciones, y sobre todo «atendiendo a la interpretación restrictiva de las normas que se ha venido realizando durante todo el estado de alarma y posterior», la entidad se ha puesto en contacto con la Conselleria de Justicia a fin de aclarar qué eventos son susceptibles de sanción y si la celebración de una reunión de escalera o de la comunidad de vecinos a la que asistiese una persona mayor de 65 años sería uno de ellos. 

Mientras recibe la respuesta y hasta que Justicia «se pronuncie expresamente», los administradores de fincas de la Comunitat Valenciana consideran que «se debe mantener una postura de prudencia y, a la vez, de protección de las comunidades de propietarios para evitar la imposición de sanciones«, por lo que aconsejan «aplazar la celebración de las juntas de propietarios» hasta disponer de la contestación de la Conselleria de Justicia. 

cope.es

La Comunidad de Madrid ha efectuado 18.096 actuaciones de atención e intervención comunitaria en materia de vivienda entre los meses de marzo y agosto, coincidiendo con la pandemia del coronavirus.

Según ha explicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, esta actividad ha sido posible gracias a que los técnicos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) han podido teletrabajar durante el confinamiento obligado por Covid-19, y una vez abiertas la red de oficinas de vivienda del Gobierno regional, han podido prestar su servicio de manera presencial.

Desde el pasado 16 de marzo –cuando se había decretado el estado de alarma– se pueden diferenciar tres periodos en la prestación del servicio por parte del Área Social de la AVS, en los que los técnicos de este organismo han ido modificando los procedimientos de atención al público para prevenir el contagio por coronavirus.

En este sentido, la pandemia ha provocado «cambios importantes» también en la temática de las peticiones de los inquilinos, atendiendo «especialmente» las demandas surgidas de la situación de «confinamiento obligatorio», los conflictos en la convivencia vecinal y las situaciones de vulnerabilidad social de los adjudicatarios, sin que desaparecieran el resto de demandas habituales.

Durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 5 de junio, los técnicos del Área Social de la AVS desempeñaron sus funciones en la modalidad de teletrabajo, con una «gran proactividad» por parte del personal para «mantener informados a los adjudicatarios, generar actitudes positivas y asegurar el cumplimiento de las normas».

Las principales actuaciones se realizaron para mantener el contacto telefónico con los adjudicatarios, realizando un acompañamiento social y gestionando telefónicamente las incidencias que surgieron.

También se produjeron comunicaciones con otros interlocutores como administradores de fincas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado, Policía Local y otras entidades sociales.

TELETRABAJO Y TRABAJO PRESENCIAL

Durante el periodo comprendido transcurrido entre el 8 y el 26 de junio se inició una etapa de transición, en la que los técnicos de la AVS mantuvieron la modalidad del teletrabajo, aunque combinada con el trabajo presencial, circunstancia que se normalizó a partir del 29 de junio.

Además, a lo largo de todos estos meses de atención a los requerimientos de los inquilinos se han puesto en marcha diferentes actividades para mejorar la situación de los vecinos gravemente afectados por la crisis derivada del Covid- 19.

Entre ellas, la aprobación de un decreto para la reducción de las rentas a los inquilinos de la Agencia de Vivienda Social (AVS), con el que se tramitaron más de 1.000 peticiones de familias que se encontraron en situación de vulnerabilidad.

En virtud esta medida se redujeron estas rentas de alquiler al mínimo de 46,56 euros mensuales, y se disminuyó el alquiler de un centenar de emprendedores con negocios en los locales comerciales propiedad de la AVS.

La Comunidad de Madrid también llevó a cabo otras iniciativas en materia de vivienda, como el envío de mensajes cortos de whatsapp para reforzar la responsabilidad social ante las situaciones de aislamiento y confinamiento de los inquilinos.

Además, se puso en marcha una campaña solidaria por la que familias y vecinos residentes en las más de 23.200 viviendas de la AVS elaboraron cartas y dibujos de agradecimiento que se hicieron llegar tanto a pacientes ingresados en los hospitales como al personal sanitario y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por otro lado, en colaboración con la Fundación Hospitalaria Orden de Malta en España, la Comunidad de Madrid colaboró en una iniciativa para facilitar de forma gratuita hasta 4.600 menús durante el Estado de alarma a inquilinos de la AVS del distrito madrileño de Tetuán que se encontraban en estado de vulnerabilidad.

Los rebrotes están llevando a muchas zonas a imponer nuevas medidas de restricción de movimiento a sus habitantes, ¿cómo puede afectar esta situación a las empresas?

elpais.com

Todas las crisis traen oportunidades y todas dejan lecciones que permiten avanzar con paso más firme y acelerar cambios ineludibles. La pandemia que aún amenaza a la sociedad y su economía, como ha quedado en evidencia por los rebrotes que salpican el país, ha trastocado la manera de funcionar de todas las empresas.

Desde el punto de vista psicológico, ha supuesto un reto en el ámbito empresarial y laboral. “Todos los trabajadores hemos visto afectada nuestra salud mental y hemos necesitado gestionar la incertidumbre y la ansiedad”, explica Marta Sánchez-Moreno fundadora de Holistic Concept, una consultora de gestión del ambiente laboral y salud mental en las empresas.

Una gestión errónea de esas sensaciones afecta tanto en lo personal como en lo profesional, alterando, incluso, el rendimiento en el trabajo. Cada vez más, las empresas, como Banco Sabadell, ponen a disposición de sus empleados psicólogos para enseñarles a afrontar estos nuevos escenarios. También el mindfulness ha tenido buena acogida como técnica preventiva para fomentar el bienestar de los trabajadores.

Para el doctor en Psicología Juan Moisés de la Serna, autor de varios manuales sobre los efectos psicológicos de la covid-19, una de las lecciones más sorprendentes de la pandemia ha sido “la capacidad de superación de una situación inédita, que hace pensar que tenemos herramientas para un nuevo confinamiento”.

Para adaptarse al escenario actual y combatir el estrés de los cambios continuos y la incertidumbre, el sector empresarial ha tenido que repensar su forma de trabajar y sus objetivos: desde el establecimiento del teletrabajo a una manera más humanizada de conectar con los clientes.

La digitalización es el camino

Si ha habido un momento óptimo para ganar adeptos y romper barreras con la compra online, ha sido durante la pandemia. Esta tendencia ha obligado a las compañías a implementar cambios. Parte del sector Horeca (acrónimo de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) es buen ejemplo: la digitalización, apoyada por los pedidos a domicilio y el take away (para llevar), ha sido clave para su supervivencia.

Muchos proveedores de restaurantes viendo cómo sus stocks se estancaban han irrumpido en Internet, bien a través de sus propios canales (como Instagram); mediante aplicaciones digitales como Glovo o Deliveroo u otro tipo de plataformas comunes como Mercado de Productores de Gastroactitud, nacida en la cuarentena, un negocio en línea donde se puede comprar una selección de alimentos directamente a los productores. Julia Pérez Lozano, una de las fundadoras, confirma la pérdida del miedo a comprar en línea, lo que permitiría a muchos negocios seguir en marcha si hubiera un nuevo confinamiento.

La rápida transformación digital también afecta al sector de gran consumo. Montse Porras, experta en consumo de la consultora Nielsen, asegura que “la demanda online ha experimentado una elasticidad desconocida. Llegó a crecer un 70% en momentos pico del confinamiento y hasta 700.000 hogares se han sumado al comercio electrónico”. Para Diego Coquillat, director la escuela online sobre digitalización e innovación para restaurantes que lleva su nombre, “se ha acelerado en cien días el trabajo que se haría en tres y cinco años”. En su opinión, el corto y medio plazo en este ámbito nos va a llevar a modelos híbridos, de virtual y presencial, con el objetivo de optimizar la experiencia, independientemente del canal que se utilice, lo que se conoce como omnicanalidad.

La digitalización, no obstante, afecta a todos los procesos de las empresas. Hoy , un 57% de los directivos tiene como prioridad la transformación digital de su organización, como indica La empresa española ante el covid 19, de la compañía de servicios de negocios KPMG y la patronal CEOE. Sin embargo, según el estudio de la consultora Genetikomm Nuevos tiempos, nuevos hábitos solo un 54% de las empresas estaba preparada para afrontar el momento y el 80% de los encuestados reconoce tener que efectuar cambios.

“Las que estaban preparadas para este momento han salido reforzadas”, asegura uno de los fundadores de Genetikomm, Claudio Lara. El experto en seguridad de redes e información Matías Katz, de la empresa tecnológica Byos, le secunda: “Las compañías nativas digitales son más adecuadas para el trabajo en remoto que las que traen herencia de otro tiempo”. Katz pide que revisen sus niveles de seguridad para hacer frente a una posible vuelta al teletrabajo de muchos empleados que ya están de nuevo en las oficinas.

Una buena logística ha sido (y será) imprescindible

El éxito de los canales de consumo es también el de la logística y la distribución , que no han dejado de abastecer supermercados durante el confinamiento ni de atender los pedidos en línea de los consumidores. Las empresas más avanzadas en este ámbito han obtenido mejores resultados y responderían eficazmente ante nuevas restricciones de movimiento. Trucksters, dedicada al transporte de mercancías por carretera con relevo de conductores, defiende que “un sistema más flexible atraería más talento a un colectivo que aporta el 4,8% al PIB”. Por eso, la compañía anima al sector a “sacar partido al big data, a la digitalización y a la inteligencia artificial para ser eficiente y sólido” para dar prioridad a la transformación de las cadenas de suministro e innovar más en la última milla, el paso del proceso logístico en el que se entrega la mercancía al cliente final.

Cambios culturales profundos en la empresa

Las consecuencias del confinamiento presionan para cambiar la cultura empresarial. Y en ella está el teletrabajo, fenómeno que se reivindica desde hace tiempo, pero que ha saltado a la primera fila del debate durante estos meses. Muchos sectores han demostrado que funciona y no solo en las oficinas tradicionales: se ha hecho televisión desde casa, se han rodado anuncios a través de Zoom, se han gestionado prácticas en fábricas gracias a gafas de realidad virtual y se ha trasladado la escuela a casa. “El teletrabajo ya es una realidad consolidada y obliga a las empresas a replantearse su cultura corporativa, aún jurásica en gran parte”, plantea Peter Lozano, socio de Imascono, un estudio creativo que trabaja con realidad aumentada y realidad virtual. En su opinión, “estos cambios han beneficiado al estrechamiento de la brecha digital entre generaciones y el acercamiento al mundo tecnológico de toda la población”.

Y detrás de lo físico están las políticas vinculadas al propósito de las compañías, a su coherencia entre lo que dicen hacer y lo que hacen. Algo que también se ha demostrado que es fundamental. Kika Samblás, fundadora de la consultora Scopen, está segura de que las compañías “se van a replantear el propósito en función de la sociedad, porque los consumidores optarán por productos y organizaciones con los que comparten valores”. En esta línea destaca la exigencia de transparencia y flexibilidad que, en opinión de Claudio Lara, “no tienen posibilidad de retorno. Una compañía que ha cuidado a sus trabajadores durante esta etapa tendrá mejores resultados, implicación y reputación”, asegura.

Juan Carlos Cubeiro, presidente para Europa de AboutMyBrain Institute, experto en gestión del talento y el liderazgo, comparte la misma opinión. Para él, “es el momento de ser un líder más compasivo y empático y de tomarse en serio las llamadas soft skills”, habilidades más pegadas a lo creativo. Marta Sánchez-Moreno, fundadora de Holistic Concept, reivindica que “departamentos de personal y jefes empiecen a ocuparse del bienestar y equilibrio mental de sus trabajadores, porque la pandemia ha demostrado que todos hemos necesitado herramientas para gestionar emociones negativas“.

Personas que atienden personas (o casi): la cercanía del servicio al cliente

La humanidad es un valor en alza en tiempos de pantallas. Por eso, la atención al consumidor debe parecerse mucho a nosotros. Así lo ve Juan Carlos Cubeiro, de AboutMyBrain Institute, que, aunque aplaude los avances de asistentes como los chatbots, considera que “en tiempos de miedos e incertidumbre, la calidad humana es clave”. Esa es la máxima de Imascono, que acaba de lanzar EVA, un asistente virtual con forma de avatar “con una presencia humanizada”, apunta Peter Lozano, cofundador.

Los call centers han sido un ejemplo de este trato cercano en la distancia. Algo especialmente importante en el sector del turismo, uno de los más afectados por la incertidumbre de la pandemia. “Se han potenciado la escucha, el soporte, el apoyo; implementando una comunicación positiva y educativa”, asegura Soledad Quijano, directora general de Partner Press, especialistas en la comunicación de turismo. Margarita Prada Zuluaga, directora de Contact Center Hub, plataforma de contenidos sobre sector de la atención al cliente, pide reivindicar a estos trabajadores como “héroes anónimos. Sin ellos se habría roto la comunicación con los clientes”, dice.

Respaldo a la sostenibilidad y la responsabilidad social

Esta tendencia verde se ha visto en la movilidad, que pide a gritos un modelo eléctrico, más flexible, basado en el servicio y no en la compra: “La demanda de vehículos de renting de los particulares ha aumentado, no solo por un temor de contagio en transportes colectivos, sino también por la incertidumbre del nuevo escenario laboral”, explica Ricard Castells, director de Ventas Renting Auto, de Sabadell Renting. Estas empresas, junto a las de car sharing y de renting juegan una baza importante en el futuro.

El urbanismo “llama a crear espacios más amables y pensados para las personas, a fomentar la proximidad y a naturalizar la ciudad”, según plantean desde el estudio de arquitectura Paisaje Transversal. Las emisiones contaminantes también pueden recortarse replanteando viajes corporativos innecesarios, según Bizaway, especializados en ellos. Las empresas han hecho un cambio de chip”, aseguran desde la compañía.

Las políticas de responsabilidad social corporativa (RSC) también cambiarán. Según el profesor del Instituto Empresa (IE) Joaquín Garralda, experto en sostenibilidad, “tendrá distintas narrativas por sector, ya sea vinculado al riesgo, a la resiliencia, a la transparencia o a la incertidumbre”. Para Ignacio Babé, secretario general del Club Excelencia en Gestión, “la pandemia nos ha enseñado a relacionarnos de otra forma con la naturaleza”, por lo que entiende que “modelos más flexibles, ágiles, creativos, innovadores, honestos y comprometidos” son más naturales y beneficiosos para todos. De ahí que, en su opinión, prosperen modelos como “los ODS [los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas], con la economía circular y verde” que guían a las empresas.

La Asociación Médica de Texas ha elaborado una escala del 1 al 10 del riesgo de contraer coronavirus según la actividad que se practique. Desde sacar la correspondencia del buzón, hasta asistir al cine o comer en un buffet.

idealista.com

Uno significa bajo riesgo e incluye actos como pedir comida para llevar a casa o abrir el buzón para coger el correo. Salir a caminar, a correro o montar en bicicleta con más gente ya conlleva un riesgo entre bajo y moderado. Lo mismo que si vas a un parque infantil con tus hijos.

Las actividades que contraer un riesgo moderado son ir a la playa, salir de compras a un centro comercial, enviar a los niños a un campamento o al colegio o ir a trabajar a la oficina. Jugar al fútbol o al baloncesto, viajar en avión o comer en la terraza de un restaurante conlleva un riesgo entre moderado y elevado.

Y las actividades más peligrosas y que más riesgo suponen para contraer el coronavirus son comer en un buffet, ir al gimnasio, al cine, a un concierto, a un bar, a un estadio con mucha gente o asistir a una misa con más de 500 feligreses.

Desde la Asociación de médicos de Texas aseguran que los miembros que han participado en la elaboración de este cuadro han puntuado el riesgo de las actividades dando por hecho que se han tomado todas las precauciones posibles, como es el uso de la mascarilla.

idealista.com

Cataluña es la región de España donde más ocupaciones ilegales hay y Barcelona es su epicentro. Según el Ministerio del Interior, en los primeros seis meses de este año se okuparon 3.611 viviendas en Cataluña, 421 más que en todo 2019. Esta cifra sextuplica a las ocupaciones ilegales en la Comunidad de Madrid (657) y triplican las andaluzas (1.183).

A esas tres comunidades les siguen Valencia (566) y Castilla-La Mancha (296) en número de okupaciones entre enero y junio de este año, según datos recopilados por el diario El Español. Pero si hay una zona donde se acumulan las okupaciones es Barcelona: la ciudad sufrió 2.644 usurpaciones, aunque son datos que pueden ser mayores, ya que muchos propietarios optan por no denunciar y acudir a vías más rápidas, como contratar los servicios de empresas privadas de desokupaciones.

Es el caso de Desokupa, una empresa que ejerce técnicas (el control de acceso, por ejemplo) para devolver la casa okupada a su dueño en menos de una semana y por un precio de unos 3.000 euros.

Y es que acudir a la vía judicial ya sea por lo penal o por lo civil supone recuperar el piso más de un año después de la ocupación, además del coste del proceso judicial y el de las reformas de la propia vivienda.

El perfil actual del okupa

Los expertos coinciden en señalar que hace muchos años el perfil del okupa coincidía con una persona vulnerable socialmente. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los okupas son personas sin necesidades sociales que aparecen en los juzgados para declarar “con móviles de última generación”, comenta el juez de primera instancia de Barcelona Fernando Valdivia. Apostilla que han aumentado las okupaciones porque “desde la Administración se está provocando que pase esto, los populismos no ayudan”.

“El problema no está en los juzgados, sino en la cobardía de los políticos que no reconocen que es un proceso antisocial y lesiona la propiedad privada. Hay muy pocos okupas con estado de necesidad. Para muchos es una forma de vivir. Y luego llevan un iPhone de última generación y tienen barriga, es decir, que comen mucho”, señala el magistrado en una ponencia online organizada por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC).

En su opinión, la mayoría de okupas son “filoanarquistas, violentos y muy bien organizados, con poca necesidad de vivienda y que la mayoría se va a dormir a sus casas, u ocupantes que son niños de ‘familias bien’ que juegan a okupar”.

Manel Roger, promotor en Barcelona y director de Noucastor, señala que hoy en día los okupas son profesionales y saben perfectamente cuándo ocupar las viviendas de obra nueva, que es justo en el momento de la entrega de las llaves a los verdaderos propietarios o inquilinos. “Son profesionales, cambian las cerraduras y okupan casi todo el edificio para luego “vender” los pisos a personas que quieren realmente okupar por 1.200 o 1.500 euros. Y suelen convocar a más okupas que viviendas hay para sacarle más beneficio (ilegal)”, apunta Roger.  

Ramón Riera, fundador y propietario en Eurofincas, comenta que muchos de los okupas se organizan porque “detrás tienen un apoyo logístico, es decir, detrás hay mafias que proporcionan contratos falsos, llaves y también tienen apoyo de organizaciones o asociaciones, como Okupar Barcelona, que te dicen qué tienes que hacer para okupar una vivienda”.

Durante los últimos cinco años se han producido este número denuncias en la provincia

lagacetadesalamanca.es

La okupación de edificios preocupa mucho. Cada vez más. Las búsquedas de Google suelen reflejar las inquietudes y ser un pilar para sondear los temas de interés. El término ‘okupación’ se ha disparado en este 2020 debido al incremento de casos y a la situación de indefensión a la que se enfrentan los afectados: calvario judicial y concienciarse de que la situación se va a demorar durante mucho más tiempo del deseado.

Si se observa la estadística de los últimos años, desde 2015 a la actualidad se han producido 98 denuncias por este tipo en Salamanca. El último año completo fue precisamente el que más infracciones se registraron de este tipo con 23. Por el momento, en el primer semestre del año la cifra ha bajado a 6 denuncias frente a las 8 de los primeros seis meses de 2019.

Aunque las denuncias han seguido un aumento progresivo en los últimos años, los administradores de fincas están convencidos de que la «indefensión» está detrás de muchos hechos que ni siquiera se denuncian por el riesgo de que se dilaten hasta el infinito sin que haya una solución a la okupación de la vivienda. “Esta situación es la prueba evidente del fracaso del Estado de Derecho: el Estado no protege al ciudadano porque la ley está del lado del infractor, y quien tiene que modificar la ley (el legislador, es decir, los políticos a los que hemos votado) no quieren hacerlo. No es de recibo que en pleno siglo XXI el ciudadano tenga que resolver por su cuenta situaciones que debería resolver de forma inmediata el Estado. Es una sinrazón. Y alguien debería dar explicaciones, y sobre todo soluciones, a aquellos que con su esfuerzo, trabajo y ahorro han comprado una vivienda que disfrutan otros sin autorización ni compensación alguna”, explica Ángel Hernández, presidente de los administradores de fincas en Salamanca, convencido de que son muchas más los hechos denunciados que los que finalmente llegan al juzgado. La pregunta es por qué no se denuncian todas las okupaciones. «Esa es, precisamente, la prueba de que el ciudadano no confía ni en la ley ni en la justicia, porque okupaciones ilegales las hay y noticias al respecto, todos los días. La denuncia no tendría que llegar al Juzgado: una escritura de propiedad debería ser un principio de prueba lo suficientemente sólido como para que las fuerzas del orden protegieran ese derecho frente a una ocupación de hecho. Soluciones hay; voluntad de adoptarlas…».

Por ello, insiste, España como Estado social y Derecho se debería de ocupar de aquellas personas que no pueden trabajar y no pueden acceder a recursos para obtener una vivienda. «No cabe debilitar el estado de derecho para resolver problemas sociales, puesto que se genera un problema mayor: la inseguridad jurídica y la desconfianza ante la ley y la justicia». Es esta la razón por la que aboga porque sea el Estado el que analice cada caso concreto y se dé respuesta a los casos concretos y que respondan a unos criterios concretos, teniendo en cuenta los recursos limitados. Ante esta situación, son muchos los que optan por malvender su propiedad para que el nuevo propietario se encargue de la gestión, tramitar en el juzgado y esperar o aquellos que recurren a métodos para presionar a los okupas para salir de la vivienda.