Durante los últimos cinco años se han producido este número denuncias en la provincia
lagacetadesalamanca.es
La okupación de edificios preocupa mucho. Cada vez más. Las búsquedas de Google suelen reflejar las inquietudes y ser un pilar para sondear los temas de interés. El término ‘okupación’ se ha disparado en este 2020 debido al incremento de casos y a la situación de indefensión a la que se enfrentan los afectados: calvario judicial y concienciarse de que la situación se va a demorar durante mucho más tiempo del deseado.
Si se observa la estadística de los últimos años, desde 2015 a la actualidad se han producido 98 denuncias por este tipo en Salamanca. El último año completo fue precisamente el que más infracciones se registraron de este tipo con 23. Por el momento, en el primer semestre del año la cifra ha bajado a 6 denuncias frente a las 8 de los primeros seis meses de 2019.
Aunque las denuncias han seguido un aumento progresivo en los últimos años, los administradores de fincas están convencidos de que la «indefensión» está detrás de muchos hechos que ni siquiera se denuncian por el riesgo de que se dilaten hasta el infinito sin que haya una solución a la okupación de la vivienda. “Esta situación es la prueba evidente del fracaso del Estado de Derecho: el Estado no protege al ciudadano porque la ley está del lado del infractor, y quien tiene que modificar la ley (el legislador, es decir, los políticos a los que hemos votado) no quieren hacerlo. No es de recibo que en pleno siglo XXI el ciudadano tenga que resolver por su cuenta situaciones que debería resolver de forma inmediata el Estado. Es una sinrazón. Y alguien debería dar explicaciones, y sobre todo soluciones, a aquellos que con su esfuerzo, trabajo y ahorro han comprado una vivienda que disfrutan otros sin autorización ni compensación alguna”, explica Ángel Hernández, presidente de los administradores de fincas en Salamanca, convencido de que son muchas más los hechos denunciados que los que finalmente llegan al juzgado. La pregunta es por qué no se denuncian todas las okupaciones. «Esa es, precisamente, la prueba de que el ciudadano no confía ni en la ley ni en la justicia, porque okupaciones ilegales las hay y noticias al respecto, todos los días. La denuncia no tendría que llegar al Juzgado: una escritura de propiedad debería ser un principio de prueba lo suficientemente sólido como para que las fuerzas del orden protegieran ese derecho frente a una ocupación de hecho. Soluciones hay; voluntad de adoptarlas…».
Por ello, insiste, España como Estado social y Derecho se debería de ocupar de aquellas personas que no pueden trabajar y no pueden acceder a recursos para obtener una vivienda. «No cabe debilitar el estado de derecho para resolver problemas sociales, puesto que se genera un problema mayor: la inseguridad jurídica y la desconfianza ante la ley y la justicia». Es esta la razón por la que aboga porque sea el Estado el que analice cada caso concreto y se dé respuesta a los casos concretos y que respondan a unos criterios concretos, teniendo en cuenta los recursos limitados. Ante esta situación, son muchos los que optan por malvender su propiedad para que el nuevo propietario se encargue de la gestión, tramitar en el juzgado y esperar o aquellos que recurren a métodos para presionar a los okupas para salir de la vivienda.
