Día: 12 de agosto de 2020

Sanidad da el visto bueno al protocolo elaborado por el Instituto para la Calidad Turística Española con el consenso de los agentes sociales

elpais.com

JOSÉ LUIS ARANDA

Registrar a todos los ocupantes del apartamento y guardar ese registro durante 30 días para facilitarlo a las autoridades en caso necesario. Esta es una de las recomendaciones que se recogen en el nuevo protocolo para viviendas de uso turístico que ha elaborado el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) a petición del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Entre las medidas, figura también la de entregar mascarillas y gel o guantes a los clientes a su llegada al alojamiento. Cuando este forme parte de un bloque colectivo, dicha entrega deberá realizarse antes de entrar en el edificio, obligando a los visitantes a hacer uso de los equipos de protección.

El documento es una mera recomendación sin carácter obligatorio ni un régimen sancionador aparejado, pero ha nacido con el consenso de la Administración, la patronal Fevitur (que agrupa unos 185.000 apartamentos) y los sindicatos. Se trata del 22º protocolo que elaboran los técnicos de ICTE (tras otros 21 dedicados a otros actores del sector turístico: desde hoteles hasta las oficinas de atención a visitantes) a petición de la Secretaría de Estado de Turismo, que forma parte de la junta directiva de esa asociación empresarial que gestiona la marca Q de calidad turística. Ha recibido ya el visto bueno de Sanidad y está en manos de las comunidades autónomas, que puesto que tienen las competencias transferidas colaboran en su implementación para aquellas empresas que quieran adherirse a esas buenas prácticas.

Para ayudar a contener la expansión del coronavirus, también se recomienda prescindir en la medida de lo posible de alfombras, textiles y otros objetos decorativos en los pisos turísticos. Las llaves deben ser entregadas tras un proceso de desinfección. Las basuras, tener doble bolsa y un accionamiento no manual y las almohadas o mantas que se guarden en armarios deben estar correctamente protegidas. Tras cada cambio de cliente hay que desinfectar todas las perchas.

La guía también contiene un alto número de recomendaciones dirigidas a los empleados de los apartamentos turísticos. Se encomienda, por ejemplo, la elaboración de planes para garantizar la seguridad de los trabajadores y el respeto de las distancias mínimas de seguridad, además de facilitarles los EPI (equipos de protección individual) adecuados. También se describe cómo debe ser la limpieza de los alojamientos, cuya frecuencia debe incrementarse. Al propietario de la vivienda le corresponde asegurarse de que el personal de limpieza cuenta con las protecciones adecuadas incluso en los casos en que esa labor se encuentra subcontratada. También se hace hincapié en las medidas informativas, tanto a clientes como a empleados.

El último protocolo del sector

De hecho, el protocolo se dirige exclusivamente a las viviendas que tienen personal contratado, no a los pisos que gestiona directamente un particular, puesto que se elabora en el marco de la prevención laboral. La otra limitación del nuevo documento es que no contempla en su aplicación las viviendas que se alquilan por habitaciones. “Aunque están reguladas por algunas comunidades autónomas”, explica Miguel Mirones, presidente de ICTE, “serían más asimilables a otro modelo de negocio que ya existe, como por ejemplo una pensión”.

Mirones describe un proceso largo, por eso es el último de los 22 protocolos encargados por el Ministerio en ver la luz, a causa precisamente de la diversificación normativa que existe sobre la materia y también de las diferentes tipologías de alojamiento que aparecen bajo el paraguas de las VUT (viviendas de uso turístico) en las legislaciones autonómicas. Pese a ello, se ha conseguido sacar adelante el trabajo con el visto bueno de los sindicatos UGT y CC OO. También de Fevitur, que muestra su satisfacción por el hecho de que los apartamentos turísticos cuenten con su propio protocolo, lo que consideran “un paso más de normalización” para dicha actividad.

Aunque no sean de obligado cumplimiento, las normas pretenden ayudar a gestionar mejor las viviendas turísticas en plena epidemia. La obligación de registro de clientes, por ejemplo, pretende ayudar a las labores de rastreo del virus en caso necesario, la estrategia que están siguiendo las autoridades sanitarias para tratar de contener los últimos brotes de covid-19. Para identificar a los establecimientos que siguen las buenas prácticas, ICTE ha desarrollado el sello Safe Tourism Certified (certificado de turismo seguro) al que ya se han acogido más de medio millar de empresas tras pasar por una auditoría independiente y cumplimentar el proceso de certificación.

Su salario debería ser de 1.935,57 euros mensuales para poder destinar menos de un 30% a una hipoteca, el nivel recomendado

elmundo.com

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Los jóvenes españoles ya tenían complicado comprar una vivienda antes incluso del coronavirus. De hecho, para hacerlo respetando el nivel de esfuerzo recomendado deberían tener un salario de 1.935,57 euros mensuales, es decir, el doble (101,41% más) del sueldo actual de los asalariados de menos de 34 años, porque sólo esa cantidad le permitiría destinar menos de un 30% al pago de una hipoteca.

De esta forma, un joven que quiera comprar una casa financiando el 80% del precio de venta debería pagar una entrada de 4,1 veces su sueldo anual, ya que la entrada en estas condiciones equivaldría a unos 47.104,8 euros.

Las cifras corresponden al estudio anual del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España y se refieren al año 2019, antes del golpe laboral y social que ha supuesto el covid-19 en nuestro país. Incluso sin pandemia, las condiciones de acceso a la vivienda para la juventud ya eran complicadas por la precarización y la temporalidad que caracteriza el empleo en este grupo. Según el Observatorio, una de cada cinco personas jóvenes con trabajo se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social en 2019.

De las personas jóvenes que terminaron el año pasado con un empleo, un 55,4% lo hizo en puestos temporales y, sobre todo, en sectores donde el coronavirus ha destruido mucho empleo, como la hostelería o el turismo.

«La compra de una vivienda libre ha sido imposible para una persona joven desde hace más de una década», explicaron desde el Consejo de la Juventud. Incluso los jóvenes más mayores, los de entre 30 y 34 años, tendrían que cobrar un 48,23% más para poder hacer frente a una casa en propiedad.

Alquiler

La opción del alquiler tampoco sería válida, ya que implicaría para la mayoría de los jóvenes de hasta 29 años dedicar un 90,7% de su salario. En Cataluña, Baleares y Madrid, el coste de acceso a una vivienda libre en alquiler superaría el 100% de sueldo; es decir, es materialmente imposible que los jóvenes de estas regiones se emancipen en solitario, tal y como recoge Servimedia.

Ante la imposibilidad de comprar o alquilar una vivienda libre, las personas jóvenes que desean independizarse tienen tres opciones principales: retrasar la decisión para más adelante -la opción mayoritaria-, aspirar a participar en el proceso de adjudicación de una vivienda protegida -con poca oferta- o buscar alternativas fuera del mercado.

La única opción para los jóvenes con empleo es, según el informe del Observatorio de Emancipación, compartir piso. Esto costaría a cada joven una media de 287,45 (el alquiler medio de una habitación), es decir, un desembolso del 29,9% de su salario, cuando el porcentaje máximo de sus ingresos que una persona puede dedicar a la vivienda es un 30% para poder afrontar el resto de gastos.

Una vivienda entera de alquiler supondría para un trabajador joven el 44,3% de su salario, lo que resulta prácticamente imposible.

Falta de medidas

Y es que el precio de la vivienda en alquiler en España continúa con una considerable escalada que, de media, alcanza los 872 euros mensuales al cierre de 2019. El esfuerzo económico que conllevaría sufragar el precio de la vivienda de alquiler para una persona joven, ya tenga o no trabajo, y en solitario equivaldría al 90,7% de su salario neto.

Según el presidente del Consejo de la Juventud, Manuel Ramos, «muchas veces la realidad de las personas jóvenes pasa por debajo del radar de las medidas generales». En este sentido, mencionó las medidas adoptadas durante la crisis del coronavirus y afeó que, en ocasiones, no llegan a los jóvenes.

«No puede acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) quien está en unas prácticas extracurriculares o incluso quien trabaja sin contrato. En un escenario, además, donde la búsqueda de empleo se complica, al igual que la posibilidad de tener una primera experiencia laboral», indicó.

Asimismo, el CJE lamentó que muchos programas y ayudas a la compra o al alquiler de vivienda para jóvenes son «de facto inaccesibles para personas menores de 30 años», ya que «incluyen requisitos como contratos fijos de trabajo o cierta permanencia», algo inalcanzable para muchos jóvenes.

idealista.com

Savills Aguirre Newman ha reunido en un encuentro digital a diferentes jóvenes expertos del sector inmobiliario para discutir sobre la evolución del mercado y las tendencias del futuro. Los profesionales están convencidos de que las empresas optarán por un modelo laboral híbrido que combine los encuentros en la oficina y el trabajo desde casa.

Además, estos jóvenes expertos también reclaman un marco legal y regulatorio ad hoc para otorgar seguridad jurídica a la compañía y a los trabajadores ante esta nueva situación. Con respecto al modelo de las oficinas, coinciden en señalar que, más que reducir la superficie de estas, las empresas adaptarán estos espacios a sus nuevos usos, más centrados en acoger reuniones y fomentar el espíritu de comunidad dentro de la empresa.

La primera sesión de los Savills Talks Young Talent, liderada por Lucas Piatti, Strategic Real Estate Advisory en Savills Aguirre Newman, ha contado con la participación de profesionales del sector inmobiliario y legal, que han reflexionado sobre los efectos de la pandemia y el teletrabajo en el segmento de las oficinas. Las principales conclusiones que se extraen del debate son:

• El teletrabajo ha venido para quedarse, pero los hogares necesitan estar preparados para ello y se debe crear un marco legal específico que lo regule.
• Es posible que se reduzca la superficie contratada para oficinas, aunque menos de lo que podía parecer en un inicio.
• Las oficinas pasarán a ser lugares de encuentro para formaciones, reuniones y actividades de team building.
• Ciudades como Barcelona o Madrid, donde la demanda de oficinas de alto nivel es elevada, asumirán el reajuste en el segmento sin dificultades.

Así, los profesionales reunidos están convencidos de que, tras haberse probado que el teletrabajo puede ser una opción viable y efectiva para muchas empresas, se adoptará un modelo laboral híbrido que combinará el work from home con las reuniones presenciales en la oficina. Además, consideran que la flexibilidad que ofrece el ‘homeoffice’es un atractivo extra para los trabajadores, sobre todo los más jóvenes, lo que permite a las compañías atraer y fidelizar el talento. Sin embargo, recuerdan que es necesario crear leyes específicas que regulen el teletrabajo, así como adaptar los hogares a las necesidades derivadas de este modelo.  

En relación con la contratación de oficinas, coinciden en señalar que las primeras previsiones según las cuales se reduciría drásticamente la superficie de estos activos quizás fueron demasiado catastrofistas. No obstante, tienen claro que cambiará el modelo de oficinas para dotarlas de mayor espacio para reuniones y zonas comunes para estar en contacto con los equipos y generar sentimiento de pertenencia y comunidad. Prevén una reducción en el espacio de trabajo individual e, incluso, que pueden llegar a desaparecer buena parte de los despachos privados.

Finalmente, y ligado a la idea de la flexibilidad, los invitados por la consultora han puesto sobre la mesa la posibilidad de que el modelo centralizado de oficinas, con una gran sede central y delegaciones en diferentes provincias pueda desaparecer. Así, podrían mantenerse las sedes en sus ciudades de origen y abrir pequeñas oficinas, o incluso gestionar acuerdos con coworkings, para tener presencia en ciudades más pequeñas y así poder atraer talento de estas zonas.

idealista.com

Carlos Lospitao

La okupación copa los titulares de la prensa nacional y de la especializada en el sector inmobiliario desde hace semanas. El confinamiento de la población provocado por el covid-19 ha supuesto un aumento de esta actividad ilegal en segundas residencias, la gran mayoría situadas en la costa española. Una práctica que se detectó el año pasado durante los dos meses previos al comienzo de verano y que la situación generada por el coronavirus ha agravado en 2020, según señalan fuentes policiales.

“Esta tendencia de okupar las casas en la playa, que en muchos casos son segundas residencias, es algo que ya se pudo observar el año pasado. De hecho, se produjo un incremento muy importante de esta actividad ilegal y nos dimos cuenta porque aumentó el número de denuncias con respecto a la okupación de este tipo de activos. En este sentido, observamos que uno o dos meses ante del verano de 2019 se comenzaron a okupar muchas viviendas”, afirma a idealista/news Alfredo Perdiguero, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía.

Lo que ha ocurrido este ejercicio es que la moda de okupar segundas residencias durante marzo y abril se ha acrecentado por el estado de alarma provocado por el covid-19. Una medida que redujo la movilidad entre provincias durante el tiempo que ha permanecido vigente el confinamiento. “Este año ha habido muchas más casas vacías y se han podido okupar más, pero no sólo apartamentos en la playa, sino también chalets de lujo en la costa. El problema es que es complicado la diferenciación que hace la ley de casa no habitada, de casa de un banco, de casa de una persona que no vive en ella…”, explica Perdiguero.

Con respecto al tipo de okupa de una segunda residencia en la costa o una primera vivienda en el centro de la ciudad, el subinspector de Policía Nacional asevera que no hay diferencias entre uno y otro. “Lo que sí es cierto es que existen varios tipos o clases de okupas. Están las mafias que se encargan de entrar en la vivienda para después realquilarlo de manera ilegal a otros okupas que en su gran mayoría afirman no saber que estaban en un piso okupado. Pero ahora también se ven familias enteras que se van a la playa a okupar de ‘vacaciones’. Aunque no hay que irse a la costa para observar okupaciones de este nivel. Aquí, en Madrid, en Boadilla del Monte hay varias okupaciones de ‘lujo’, por ejemplo”, narra Perdiguero.

De todos modos, el inspector del CNP se lamenta por la falta de armas jurídicas que los policías tienen para combatir esta actividad ilegal. “Cuando vas a una vivienda que han cambiado el bombín de la cerradura y el okupa tiene objetos suyos en el interior ya no puedes hacer nada. El propietario puede quedarse entre dos y tres años sin disfrutar de su vivienda y además hacer frente a los gastos de los desperfectos que los okupas puedan ocasionar una vez estos se marchen por una decisión judicial”, afirma Perdiguero.

Esta ola de okupaciones en segundas residencias ubicadas en la costa española no sólo lo ha notado la Policía Nacional. Las empresas dedicadas a mediar en este tipo de conflictos también han detectado el aumento de esta práctica durante el confinamiento. “Efectivamente, el número de segundas residencias okupadas ha aumentado debido al covid-19. Durante el confinamiento de la población apenas notamos un aumento de la actividad, pero en cuanto se reactivó la libertad de movimiento nos encontramos con multitud de peticiones en viviendas localizadas en Murcia, Valencia, Cataluña… La gente al viajar a esas segundas viviendas se encontró con okupas en su interior”, afirma a idealista/news Salvador Palazón, dueño de la compañía Desokupa Express.

Palazón confirma que esta moda de okupar segundas residencias también se inició el pasado ejercicio, al igual que ha explicado Perdiguero. “Nosotros también notamos, al igual que la Policía Nacional, que esta práctica comenzó en los meses previos al verano de 2019”, narra el empresario. “Pero el okupa no lo hace por tener mayores comodidades o sacar mayor rédito económico porque el propietario es susceptible de tener más dinero. La realidad es que el okupa se mete en la casa que ve vacía, independientemente de sus características”, aclara en este sentido.

Cuestionado por el perfil de la persona que okupa este tipo de activos Palazón explica que no lo tienen identificado. “Llevamos más de dos años trabajando y no hemos encontrado todavía ningún patrón de okupa. Es decir, nos encontramos con el mismo tipo de personas en un chalet de lujo, que en un zulo de 25 m2”, asevera.

Además, el empresario habla desde su experiencia y niega que existan tantas mafias como se dice en la okupación. “Confieso que me he encontrado con pocas mafias que se dediquen a okupar viviendas. Sólo he tratado con una persona que me dijo directamente: ‘sé de quién es este chalet y vengo a que me dé una cantidad de dinero por irme de la vivienda. Además pienso hacer la costa durante todo el verano’. Pero la realidad es que de cada diez okupas, sólo uno solicita dinero para irse. La mayoría son personas que no pueden o no quieren pagar por una vivienda”, explica Palazón, que también cree que el problema de esta actividad ilegal es “de la legislación actual”.

Aumentan las denuncias en toda España

Pero las okupaciones en segundas residencias no son las únicas que han crecido tras la crisis del covid-19. La realidad es que esta actividad ilegal ha aumentado en todo el territorio nacional, independientemente de las características del activo. 

En este sentido, la cifra de denuncias por okupación de inmuebles, en su mayoría viviendas, ha crecido un 5% interanual en lo que va de 2020, según datos del Ministerio del Interior. Entre enero y junio, se han notificado 7.450 denuncias, con una mayor incidencia en Cataluña, con más de 3.600 casos abiertos de usurpación de casas, lo que supone casi el 50% de todos los casos en España.

Por detrás se encuentran los otros grandes mercados de la vivienda como Andalucía, con 1.183 denuncias y una caída del 4,28%, Madrid con unas 657 (-9,5%) y la Comunidad Valenciana con otras 566, donde también han aumentado los casos un 14,1%.

Como ya informamos en idealista/news, los casos de ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de particulares y empresas han aumentado. En la mayoría de las ocasiones, quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca vulnerabilidad social.

confilegal.com

Carlos Berbell

Los móviles son los objetos más codiciados de los amigos de lo ajeno por una circunstancia clara: es muy fácil venderlos después. Diego Miranda, director de operaciones del Grupo GEES Spain, reconoce que es una experiencia muy desagradable y frustrante.

Y es comprensible, por dos razones: porque en el móvil llevamos, literalmente, nuestra vida -fotos, vídeos, mensajes, correos electrónicos, teléfonos…- y porque es un artículo muy costoso que, en ocasiones, supera con creces los mil euros.

“El afectado avisa a la compañía, que le reemplaza el chip y ya esta. Que siga la fiesta del consumo. La persona tiene que comprarse otro móvil, si no lo tiene asegurado, que es la mayoría de las veces. Si tiene la suerte de poseer una copia de seguridad, el enfado se queda en el dinero desembolsado por el nuevo móvil. Pero si no es así, el proceso se convierte en algo muy irritante. La agenda de teléfonos es posible que pueda reconstruirla pero el resto, el ‘tesoro personal’ se habrá perdido irremediablemente”, explica Miranda.

El máximo responsable del Grupo GEES Spain, aún reconociendo que no se puede hacer nada en esas circunstancias, propone algo que, al menos, impedirá que los cacos hagan negocio con nuestro teléfono, dejándolo inutilizado. 

¿QUÉ ACONSEJA?

“Todos los móviles tienen un registro de serie único, que en ningún teléfono del mundo se repite. Es el código IMEI y equivale a las huellas dactilares o el ADN del aparato. Un código al que sólo pueden acceder los dueños del aparato”, explica Miranda.

¿Cómo?

“Sólo hay que marcar *#06# sin presionar la tecla de llamada. A continuación aparecerá el código IMEI en la pantalla del móvil. Lo que hay que hacer es apuntarlo y guardarlo en un lugar seguro“, añade.

“En el caso de que el móvil sea robado, cuando llamemos a la compañía operadora, ya sea Movistar, Vodafone o cualquier otra, hay que facilitarles el código IMEI. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que nuestro móvil quedará completamente bloqueado, inservible, inutilizado. Aunque el ladrón cambie la tarjeta SIM o el chip no podrá encenderlo”, cuenta.

“Ya sé que esto no supone que la persona recupere su móvil, pero tendrá la total seguridad de que nadie más podrá hacer uso de él y, ni mucho menos, hará negocio”.

Para Miranda, es muy importante que todo el mundo tenga esta información.

“Si toda la gente supiera esto estoy seguro de que el robo de móviles disminuiría porque no tendría sentido”, concluye. 

elcierredigital.com

La pandemia de coronavirus ha supuesto un vuelco en muchos factores de nuestra vida, desde trabajo, estudios, vida social, hasta también en nuestro ámbito más cercano, el del lugar en el que vivimos. Nuestras comunidades de propietarios son lugares de convivencia en la que compartimos lugares comunes y en las que se han producido cambios no solo importantes, sino que se han ido modificando o ampliando en el tiempo.

Todos estos cambios no han sido ni serán sencillos, pero para conseguirlo ha sido fundamental el papel de las oficinas de administrador de fincas en Madrid  que de forma activa han contribuido a la implementación de todos los cambios de seguridad e higiene dentro de las comunidades de vecinos, en todos sus puntos básicos como los que señalamos a continuación.

Zonas comunes

Es sin duda uno de los puntos esenciales y más problemáticos, más cuando los administradores se enfrentan a comunidades muy diferentes en su tamaño o en los servicios que prestan, por ello la personalización de los servicios es fundamental y adatarse a todos los cambios.

Así, por ejemplo, se ha pasado de recomendar el uso de mascarilla aún cuando la distancia entre personas sea de 1,5 metros a que esto sea obligatorio. Pero también ha sido fundamental coordinar con vecinos y empresas de servicios la gestión de zonas de aforo importante como son las instalaciones deportivas al aire libre, parques infantiles o una zona especialmente delicada por el riesgo de contagio como son los gimnasios, donde además de usarse con un aforo más limitado es fundamental unas labores de limpieza e higiene minuciosa.

Pero, sin duda, lo más polémico ha sido la piscina. La labor de los administradores de nuevo ha sido fundamental en cuanto ofrecer soluciones alternativas (por ejemplo, personal que controle el aforo o la gestión de este desde la propia comunidad), coordinar todos los trabajadores y la limpieza e informar sobre los aforos máximos que en plena campaña veraniega han cambiado.

El último cambio ha surgido con la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior. Muchos vecinos han tenido dudas sobre si esto cubre pasillos, traslados a garajes o trasteros, escaleras… Aclarar esta obligatoriedad es importante, primero para cuidar la salud de todos los vecinos y también para evitar problemas y conflictos.

Gestión del personal que trabaja en la comunidad

Coordinar todos los cambios con el personal que tienen muchas comunidades es fundamental: conserjería, limpieza, piscinas, jardinería… Muchas comunidades tienen contratos con muchas empresas distintas las cuales han tenido que adecuarse a los protocolos actuales y también hacerles que cumplan con nuevas funciones, como las de reforzar la limpieza.

Aunque la responsabilidad es de las empresas, los administradores de fincas son fundamentales a la hora de ayudar las juntas de gobierno de la comunidad a comprobar que todo es correcto, cumplen todas las obligaciones y asesorar en el buen funcionamiento de todos estos servicios.

Gestión económica, más importante que nunca

La gestión de los ingresos, gastos y del presupuesto general de la finca siempre ha sido un punto fundamental en la administración de fincas y ahora lo es incluso más. Muchos servicios han visto como sus gastos han aumentado al adecuarse a los nuevos requerimientos, algo que se reflejará especialmente a la hora de renovar contratos.

Por todo ello su labor es de nuevo fundamental a la hora de analizar nuevos presupuestos y adecuar estos gastos con el menor perjuicio económico para los propietarios, por los que cuida y vela.