Mes: noviembre 2020

La obligatoriedad de su implantación viene recogida en nuestro Código Penal

elderecho.com

Un canal de denuncias es un medio de comunicación que facilita la empresa para que los empleados, directivos, proveedores, o cualquier otra persona relacionada con la misma, puedan avisar de la posible comisión de un delito o fraude de manera confidencial y segura.

Esta herramienta de comunicación, permite detectar malas conductas de manera temprana y de esta manera, prevenir delitos que serían difícilmente detectables (acciones de corrupción, acoso, etc.).

Existen diferentes formas de implementar estos canales de denuncias, aunque mayoritariamente serán online a través de una aplicación web, también podrán realizarse desde un buzón o dirección de correo, por medios telefónicos, o de manera verbal: cara a cara con el responsable de la gestión de estas denuncias.

La obligatoriedad de su implantación viene recogida en nuestro Código Penal en el art.31 bis 5.4º, que establece la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

Además la UNE 19601 que regula los sistemas de gestión del cumplimiento (Compliance), establece en su cláusula 8.7 cómo debe ser la comunicación de incumplimientos o irregularidades, y en la cláusula 8.8 cómo debe llevarse a cabo la investigación de estos incumplimientos.

La protección del denunciante

Desde la Unión Europea en su Directiva (UE) 2019/1937, establece que deben aplicarse normas que garanticen una protección efectiva de los denunciantes. Esta protección, tan necesaria para prevenir y detectar el fraude y la corrupción, también salvaguarda el funcionamiento eficiente de los mercados, al permitir la igualdad de condiciones para las empresas y ofrecer beneficios a los consumidores.

Por su parte, la persona que comunica una información relevante sobre un delito, debe tener motivos razonables para creer, a la luz de las circunstancias y de la información de que disponga en el momento de la denuncia, que los hechos que denuncian son ciertos.

Ese requisito es esencial frente a las denuncias malintencionadas, frívolas o abusivas, para garantizar que aquellos que comuniquen deliberada y conscientemente información incorrecta o engañosa, no gocen de esta protección.

Al mismo tiempo, este requisito garantiza que la protección no se pierda cuando el denunciante comunique información inexacta sobre infracciones por un error cometido de buena fe. Por otro lado, en pos de la seguridad de los denunciantes, debemos entender que los motivos que le mueven a hacerlo deben ser irrelevantes para determinar si esas personas deben recibir protección.

El anonimato en el canal de denuncias

Para alcanzar la efectividad de un Canal de Denuncias en materia Penal, Fiscal o Laboral, es necesario que la denuncia no conlleve una penalización al denunciante. Para ello, existen diferentes opciones. Una de las cuales es el anonimato, que queda recogido en la normativa sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y en la actual Ley de Protección de Datos (LO 3/2018), que lo señala en su artículo 24:

“Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información.”

Con todo esto, la pregunta que muchas empresas se hacen es, si este anonimato, puede ser perjudicial para las empresas, ya que presenta una serie de dificultades que no suceden cuando el denunciante se identifica. Por ejemplo: no es posible realizar preguntas que ayuden a aclarar cualquier punto de la denuncia porque no se sabe quién realizó la misma. Tampoco sería posible garantizar la protección del denunciante al desconocerse su identidad. Y en tercer lugar, podría aumentar el número de denuncias de mala fe, provocando una acumulación de las mismas que harían inviable su gestión.

¿Es posible realmente crear un canal de denuncias anónimo?

Los avances tecnológicos permiten mantener el anonimato de una persona que denuncia a través de aplicaciones online que encriptan la referencia a su identidad, pero el hecho de que la contratación y configuración de estas herramientas sean realizadas por la empresa interesada, genera dudas al denunciante.

Para evitar reticencias, existe la posibilidad de crear canales anónimos de denuncias a través de su externalización, de esta manera, una empresa externa se convierte en un intermediario que gestiona los datos personales y los expedientes de denuncia y la hacen llegar de manera anónima al destinatario final.

¿Quién puede acceder a esta información?  

La importancia del anonimato o la confidencialidad del denunciante están relacionadas, a su vez, con el hecho de que el expediente de denuncia se convierte en una fuente de información para otras partes implicadas. Por esto, aunque la accesibilidad es exclusiva para quienes desarrollen las funciones de control interno y de cumplimiento, en algunos casos, será necesario el acceso de terceras personas cuando resulte ineludible la adopción de medidas disciplinarias, o la tramitación de los procedimientos judiciales que en su caso procedan.

Por ejemplo, el departamento de Recursos Humanos de una empresa, podrá acceder al expediente cuando haya que tomar medidas disciplinarias contra un trabajador que en su momento fue denunciado por acoso.

La información anónima también debe ser destruida

Cualquier dato de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros deberá conservarse en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la necesidad o no, de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados.

Transcurridos tres meses desde la denuncia, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica.

Las denuncias a las que no se haya dado curso, solamente podrán constar en el sistema de forma “anonimizada”.

Transcurrido este plazo de tres meses, aunque el expediente haya quedado eliminado del proceso de canal de denuncias, se podrá seguir gestionando por el órgano al que corresponda, pero ya fuera del propio sistema.

Si las características de tu empresa te obligan a contar con un canal de denuncias, desde Lefebvre te ofrecemos una herramienta eficiente que cumple con toda la normativa en materia de prevención de delitos, y que garantiza la protección al denunciante mediante su anonimato en caso de que fuera necesario.

Ha remitido al Ejecutivo una serie de propuestas para ayudar al sector hostelero, así como otras medidas para sectores como el comercio o el taxi

elderecho.com

La organización de autónomos Uatae ha pedido este lunes que los anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no caigan en saco roto» y apruebe mañana en el Consejo de Ministros nuevas líneas de ayuda para los trabajadores autónomos.

Entre las demandas de esta organización se encuentra la posibilidad de exonerar a las micropymes del 100% de la aportación empresarial para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por limitación de actividad y, en caso de que esto no se haga, que se puedan destinar los fondos europeos a subvencionar la diferencia entre lo exonerado y lo cotizado.

Uatae plantea además que prorrogar los ERTE, una nueva tramitación por fuerza mayor, así como la transformación de un tipo de ERTE en otro diferente con facilidad.

«Uatae espera que mañana se apruebe durante el Consejo de Ministros la senda de medidas que ayuden a frenar el choque económico actual que están atravesando cientos de miles de autónomos y que permita la exoneración del pago de la cuota de autónomos o subvencionar su pago en los casos de cierre total, vulnerabilidad económica o riesgo de concurso», apunta.

La organización pide además que se apruebe una extensión de las moratorias de préstamos, hipotecas y productos financieros, y ayudas directas para pagos de alquileres y otros costes fijos, especialmente para sectores en estado «crítico».

confilegal.com

Luis Javier Sánchez

El informe de PwC ‘Digital Trust Survey 2021′, en el que se ha preguntado a 3.249 directivos de negocio y tecnología de todo el mundo por el uso que hacen de la ciberseguridad, da una visión detallada de la importancia estratégica de esta actividad en las compañías.

Las empresas han acelerado sus iniciativas digitales e impulsado las inversiones en ciberseguridad. Un 55% de esos dirigentes va a aumentar su presupuesto en ciberseguridad y otro 51% va a incrementar sus equipos.

Al mismo tiempo un 50% afirma que la ciberseguridad y la privacidad están presentes en cada decisión o plan de negocio y un 72% espera fortalecer el área de ciberseguridad y reducir costes en la compañía.

Expertos como Vicente Moret, of counsel de Andersen; Francisco Pérez Bes, socio de derecho digital de Ecix, y Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado, profesor, árbitro y abogado, analizan las conclusiones de este informe y el porqué de la ubicación de las estrategias de ciberseguridad en el centro de las empresas.

Los CISO (Chief Information Security Officer) se encuentran en el centro de todas las decisiones de negocio y su visión estratégica, en el corto y medio plazo, se hace ahora más necesaria que nunca.

La ciberseguridad ha venido para quedarse

Vicente Moret, of counsel de Andersen, tiene claro que “la ciberseguridad ha venido para quedarse y que una de cada dos empresas trabaje a nivel digital no nos debe sorprender a nadie”.

Para este experto, personas, tecnología, procesos y protocolos están íntimamente ligado en estas inversiones que hacen las empresas en ciberseguridad. “Son tres capas muy ligadas en esta actividad. El informe de Pwc pone énfasis en las personas y su papel en este escenario. La tecnología es relevante, pero más aún son las personas porque pueden ser el punto por el que recibamos ese ciberataque”.

Desde estas perspectivas “las empresas deben reforzar la formación a sus profesionales y crear marcos estables dentro de la organización interna. De hecho, hay un elemento nuevo. Un documento importante de la Comisión Europea que es el borrador de Reglamento que se va a aprobar sobre resiliencia en entidades financieras llamado Dora. En ese escenario se habla de un marco normativo para entidades financieras puede ser patrón común para otros sectores estratégicos que tienen que ver con ciberseguridad”.

En dicho documento, explica, “también se habla del elemento humano como clave para poder desarrollar unas políticas de ciberseguridad adecuadas. Lo hace desde el punto de vista de la gobernanza interna de la ciberseguridad de las organizaciones. No solo es el presupuesto sino que la organización debe estar preparado en este nuevo entorno propio”.

Moret también indica que “Dora lo que hace, en una primera parte del documento, es dar ideas de como gestionar esa organización interna de las empresas y habla de la responsabilidad de los Consejos de Administración como responsable final de la ciberseguridad”.

Otra cuestión que para este experto es importante es la centralización de la figura del CISO, responsable de ciberseguridad en las organizaciones. “Se convierte en un elemento clave en este marco regulatorio. Ahí se abre el debate si debe ser un profesional interno o externo. Si es una organización grande o tiene infraestructuras críticas, es mejor que la empresa tenga su propio CISO y esté en coordinación con el delegado de protección de datos de la firma. Ambos se reparten el área tecnológica y legal de la compañía”.

Este experto también adelanta que en el borrador de reglamento español que está pendiente de aprobar para la trasposición de la directiva NIS, “el CISO se convierte en alguien tan relevante que puede hacer auditorías internas de la organización, que se recomienda que esté separado del sector IT de la propia empresa y se dice en el artículo 7 que tendrá comunicación directa con el Consejo de Administración. Es un cambio importante en cuanto a la gobernanza de ciberseguridad de las empresas”.

En cuanto a los procesos, Moret avanza que la propia Dora “lo que hace con el sector financiero es marcar tres prioridades, en primer lugar, crear procedimientos de notificación de ciberincidentes claros. Otra cuestión que señala es el control de los terceros suministradores, muy relacionado con la nube. Se trata de negociar bien esos contratos y que la entidad financiera pueda incluir condiciones exigibles desde el propio Reglamento europeo”.

De esta regulación, “otro elemento importante es la obligación de que las empresas realicen auditorías y test de penetración cada cierto tiempo con empresas certificadas. Se trata de testar con empresas de confianza que debilidades tiene la empresa. Al final, es previsible que una entidad como ENISA (Agencia Europea de Ciberseguridad) desarrolle unos estándares que permita certificar empresas y desarrollar estándares normativos similares a las normas ISO”.

Vicente Moret considera que al final las empresas dirigen sus inversiones en ciberseguridad en las tres capas antes citadas: personas, procedimientos y tecnologías. “El papel de la formación es importante. En el borrador de Dora habrá un miembro del Consejo de Administración que se especialice en estos temas de ciberseguridad. Se exige que ese miembro tenga la formación adecuada para gestionar los temas clave con el CISO a nivel de empresa. Habrá que ver como queda el borrador final”.

La ciberseguridad, estratégica para las empresas

Por su parte, Francisco Pérez, socio de derecho digital de Ecix, advierte que “el informe aporta información muy valiosa, por cuanto los datos que arroja nos permiten hacernos una idea de cuál está siendo la evolución de la percepción de la ciberseguridad en las empresas, y en sus directivos, lo que ayuda a identificar cuáles van a ser las tendencias a futuro en relación con esta materia tan compleja”.

A su juicio, “uno de los datos que más llama la atención es que se destaque tanto el aspecto relacionado con la inversión y con la previsión de partidas presupuestarias dedicadas a este asunto. Posiblemente esto se deba a que los aspectos relacionados con la inversión siempre tienen que ver con la adquisición y modernización de tecnología. Este punto afecta más a grandes empresas, especialmente aquellas que, por motivos de su calificación como de operadores de servicios esenciales o de infraestructuras críticas, requieran de una actualización de recursos tecnológicos más intensa”.

Sin embargo, “la mayoría de las organizaciones no siempre necesitan aumentar sus presupuestos, sino -quizás- equilibrarlos, pues todavía no han llevado a cabo la transformación interna necesaria previa a cualquier inversión en tecnología de ciberseguridad”, aclara.

“De ahí la referencia del informe a la necesidad de rediseñar la estrategia de ciberseguridad de la empresa, elemento este que necesita ser actualizado mucho más a menudo de lo que creemos, a la vista de la rápida evolución de los ciberriesgos y otras amenazas que ponen en peligro al negocio”, comenta.

En opinión de este experto lo ideal sería que “esa inversión se dirigiera a mejorar los aspectos organizativos relacionados con el desarrollo de una verdadera cultura empresarial de seguridad, al objeto de diseñar una estrategia de concienciación y formación para los empleados, que permitiera acreditar el aprovechamiento de las acciones que se lleven a cabo, y poder demostrar que funciona y que es una medida eficaz”.

Cree que “gracias a ello mejorarán las capacidades preventivas y de respuesta ante cualquier incidente de seguridad, pero, sobre todo, se podrá gestionar de una manera más eficaz cualquier sanción iniciada por las autoridades competentes, así como la responsabilidad de los administradores”.

Para Pérez, “la tendencia es clara y las empresas que comprenden este fenómeno gestionan su ciberseguridad como un riesgo no financiero más. De gran importancia, eso es verdad, pero a efectos empresariales no es tan importante que sea, o no, un tema tecnológicamente complejo, sino que lo relevante es el impacto que ese riesgo puede tener en el negocio”.

Desde su punto de vista, “por eso el foco no debe ponerse exclusivamente en la seguridad cibernética, sino que debe trabajarse internamente en encontrar un punto de equilibrio entre la seguridad de la información y la ciberresiliencia de la compañía”.

En ese contexto, considera que “no debemos poner el foco únicamente en el cibercrimen, sino que debemos abordar este asunto desde una perspectiva amplia de lo que es la seguridad de la información, y no solo limitarnos a protección de datos personales o tecnología”.

Dentro de esta visión, Francisco Pérez cree que “los ciberseguros juegan un papel fundamental. Las compañías aseguradoras tienen un importante reto por delante, para poder ser capaces de adaptar sus coberturas a las nuevas amenazas que van surgiendo y evolucionando, pues cada vez será más importante que las empresas dispongan de pólizas adecuadas a los riesgos cambiantes que les acechan y eficaces en cuanto a su cobertura”.

En lo que respecta a las referencias al capital humano, indica que “uno de los principales retos en esta materia es, por un lado, encontrar buenos profesionales, bien formados en ciberseguridad y con experiencia en el sector privado. Al mismo tiempo esos perfiles técnicos puedan encajar bien en un equipo que se integra en una organización grande y compleja. En este sentido trabajar a nivel formativo es fundamental en cada organización”.

Ciberseguridad siempre unida al negocio

Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado, profesor de Derecho digital y director del Diploma de Alta Especialización en LegalTech y transformación digital de la Universidad Complutense de Madrid, cree que durante décadas un telón de acero ha separado la ciberseguridad del negocio.

Desde su punto de vista, la mayoría de los miembros de los consejos de administración y los altos ejecutivos no estaban bien familiarizados con la ciberseguridad ni comprendían las repercusiones que tenía en el negocio.

“Hoy la ciberseguridad debe formar parte del núcleo del negocio. Estos porcentajes son una buena noticia”, pero “todavía hay mucho margen de mejora”.

Para este jurista, en la actual situación de pandemia de COVID-19 los cibercriminales se han adaptado rápidamente al nuevo contexto vulnerable del teletrabajo, aprovechando las conexiones a Internet de los domicilios particulares para acceder a datos y sistemas de las organizaciones y empresas.

Los ciberdelincuentes han personalizado los vectores de ataque con métodos avanzados de captura de contraseñas, ataques de ‘phishing’ muy difíciles de detectar, sofisticados ataques de ingeniería social y técnicas muy evolucionadas de ocultación de ‘malware’, etc.

Barrio considera que en la medida en que estas técnicas se vayan combinando cada vez más con inteligencia artificial (IA), los ciberataques serán mucho más difíciles de detectar y tendrán un mayor éxito, como han advertido diversos actores.

De hecho, los cibercriminales están empleando redes generativas antagónicas (‘generative adversarial networks’, GAN por sus siglas en inglés) para imitar patrones de uso y tráfico normales con el objetivo de enmascarar y distraer la atención para perpetrar un ciberdelito.

A nivel jurídico, “es imprescindible incentivar el cumplimiento de las certificaciones en ciberseguridad de manera legal. También en esta línea, Alemania ha sugerido promulgar normas de ciberseguridad más estrictas”.

A su juicio, los ordenadores portátiles, los ‘smartphones’ y otros dispositivos conectados en Europa deberían estar sujetos a nuevas normas de ciberseguridad durante todo el ciclo de vida de los productos.

El objetivo es poner en marcha medidas para luchar contra la usurpación y allanamientos de viviendas

laopiniondemurcia.es

La Comunidad Autónoma constituyó hoy la ‘Mesa contra la Okupación’ que pondrá en marcha medidas para luchar contra la usurpación y allanamientos de viviendas y combatir la expansión de este fenómeno ilegal en la Región de Murcia. En ella se integran los colegios profesionales de Abogados de Murcia, Cartagena y Lorca; de Administradores de Fincas y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria; así como representantes de las Asociaciones Thader Consumo, Cerrajeros y Vigilantes de Seguridad, y las empresas de suministros Iberdrola y Emuasa.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, encabezó la primera reunión de la mesa, que se celebró de manera telemática, en la que presentaron los borradores del Manual de Buenas Prácticas contra la Okupación y el Protocolo de Detección Temprana. Ambos documentos son fruto de una ronda de contactos realizada en los últimos meses con los colectivos vinculados a la vivienda y pueden consultarse la página web de la Comunidad Autónoma.

El Ministerio ha aceptado estudiar que se permita a los autónomos mayores de 48 años adecuar de forma voluntaria su cotización a sus ingresos

elderecho.com

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a estudiar la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia cambien de base de cotización, para subirla o reducirla, hasta seis veces al año.

Así se lo ha trasladado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, a las principales organizaciones de autónomos en el encuentro celebrado este jueves para abordar cómo será el nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

Según ha señalado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en declaraciones a Europa Press, además de esta medida, propuesta recientemente por la organización que lidera Lorenzo Amor, el Ministerio ha aceptado estudiar que se permita a los autónomos mayores de 48 años adecuar de forma voluntaria su cotización a sus ingresos.

Durante el encuentro, ATA ha insistido en que no es el momento para aprobar este nuevo sistema y ha trasladado a Arroyo que «no entiende las prisas» del Gobierno por ponerlo en marcha.

«No vamos a avalar ninguna reforma en una situación como la actual que pueda conllevar un aumento de cotizaciones y poner en riesgo la viabilidad de los negocios», ha dejado claro ATA, que, no obstante, considera que las medidas puestas encima de la esa son adecuadas, pero que sigue sin entender «las prisas».

De su lado, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha señalado que se ha acordado que el sistema esté definido a lo largo de lo que queda de año para que sea implementado en 2021.

Según Abad, en estos momentos el sistema afectaría a más de 1,9 millones de autónomos y luego se incorporarían otros 1,7 millones de autónomos socios de sociedades.

«El sistema de cotización por ingresos reales está cada vez más cerca y desde UPTA saludamos y nos alegramos infinitamente de la apuesta que se está haciendo por parte del Gobierno para modernizar el sistema y esperamos que a lo largo de este mes se den por finalizados los trabajos», ha añadido.

Lefebvre lanza NEO para que los despachos, proveedores de servicios jurídicos y startups puedan disponer de una solución tecnológica basada en IA y aprendizaje automático (Machine Learning), favoreciendo la correcta adaptación a los cambios en el sector legal tras la pandemia por COVID-19

elderecho.com

Lefebvre, compañía líder en el sector jurídico, lanza la plataforma de conocimiento jurídico NEO y se convierte en la editorial pionera de las nuevas soluciones legaltech para la adaptación profesional en despachos, proveedores de servicios jurídicos y startups, tras la pandemia por COVID-19.

En concreto, NEO utiliza un algoritmo lingüístico para enlazar, contextualizar y adaptar al contexto de cada asunto, todos los conceptos del ordenamiento jurídico español. José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, considera que, gracias a NEO, “los clientes obtienen una mayor seguridad. Hemos creado Inteligencia Jurídica al asegurarnos de que con el acceso a NEO encuentran de forma rápida todo el contenido relacionado con el tema de su interés”.

NEO, la primera red semántica legal

Este nuevo sistema de conceptualización de la información utiliza inteligencia artificial (IA) y tecnologías avanzadas de semántica para que los profesionales del sector legal cuenten con una herramienta que entienda y contextualice el lenguaje y los contenidos jurídicos y reduzca el tiempo dedicado al estudio del caso con resultados óptimos. NEO se convierte, así, en la primera plataforma de conocimiento jurídico del mercado europeo, ya que permite incluir tecnologías de búsqueda mediante la elaboración editorial de una red semántica legal y desarrollos tecnológicos de procesamiento de lenguaje natural y buscadores. NEO es una nueva estructura que incorpora la primera ‘red semántica legal’ que existe en España, ya que:

• Combina el análisis editorial y el Big Data sobre registros (logs) de búsqueda.
• Entiende la consulta del usuario, genera una lista de resultados y presenta un conjunto de documentos con rango de utilidad.
• Incluye información extra con títulos, resúmenes, extractos y descriptores facilitando al usuario la capacidad de decidir.
• Reduce el tiempo de espera en las búsquedas.
• Distingue qué es más relevante para el usuario legal porque elige señales para entender cómo se combinan los contenidos jurídicos.

Indexación semántica y desarrollo editorial

Esta expansión semántica tiene dos tipos de desarrollos. María José Sesarino, Chief Information Officer (CIO) en Lefebvre, aclara que “la inversión se diversifica en el desarrollo tecnológico y, por otro lado, el editorial. El primero es la indexación semántica para que el motor de búsqueda comience a trabajar con conceptos, como hacemos los humanos”. Además, añade que “el desarrollo editorial consiste en el mantenimiento de una red semántica legal que proporciona al buscador todo el conocimiento legal”. En suma, la combinación del análisis editorial y el Big Data sobre los registros (logs) de búsqueda enriquece la información final para que el buscador “entienda” de infinidad de conceptos jurídicos y técnicos con una relevancia específica en los problemas legales.

La globalización, la era de la digitalización, los nuevos clientes (tecnológicos, informados e internacionalizados), los cambios legislativos o los nuevos competidores han sido elementos clave en la transformación digital del sector legal. Asimismo, se suman otros factores coyunturales similares a la actual crisis económica. Si en 2008 el contexto económico aceleraba un fuerte impulso tecnológico en el sector legal español, la actual crisis por la pandemia del COVID-19 demanda un esfuerzo empresarial en la creación de proyectos Legaltech como NEO de Lefebvre, llamado a transformar el acceso a los servicios jurídicos.

Fácil e intuitivo, NEO está basado en conceptos asociados y conectados, aprende de los propios usuarios, maximiza los conocimientos y habilidades y mejora la preparación de los casos. Además, reduce los tiempos de investigación, ya que se puede acceder a toda la base legal de conocimiento de Lefebvre, en la que han trabajado los mayores expertos en inteligencia jurídica, consultar la base jurídica de legislación, jurisprudencia y normativa más completa del mercado, así como toda la información analítica de los Mementos Prácticos y toda la documentación que se necesita para poder resolver cualquier duda en el menor tiempo posible.

Descubre NEO y descárgate el ebook sobre las 10 tendencias que están transformando el conocimiento jurídico.

idealista.com

Los dos planes municipales de rehabilitación que ha puesto en marcha este año el Área Delegada de Vivienda generarán 4.000 nuevos empleos en la capital. Es uno de los anuncios que ha hecho el concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, en la sesión inaugural del 43 Programa de Formación Municipal que organiza la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), de la que Madrid forma parte.

González ha destacado el compromiso del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida con la vivienda pública y el fomento de “la rehabilitación de edificios y la regeneración de los tejidos residenciales más degradados”, compromiso que se materializó al inicio del mandato con la creación de un área delegada específica de vivienda en la estructura municipal, “un departamento con más competencias, que integra a la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)”.

El objetivo de esta nueva área delegada, ha destacado González, es “estructurar el territorio y el espacio urbano desde el punto de vista de la sostenibilidad social, económica y ambiental, dando respuesta a las necesidades de vivienda en una ciudad del siglo XXI”. En este marco es importante la rehabilitación de edificios y barrios, “una actividad que no sería viable sin ayudas de las administraciones públicas y, menos aún, en el contexto de crisis actual”.

El Área Delegada de Vivienda ha impulsado este año dos importantes planes de subvenciones: Adapta 2020, dotado con tres millones de euros, y Rehabilita 2020, con nueve millones ampliables a 15 millones de euros.

Adapta es un plan pionero dirigido a toda la ciudad de Madrid que subvenciona la realización de obras de adaptación de las viviendas donde residan personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial con el objetivo de mejorar su calidad de vida, eliminar barreras arquitectónicas, mejorar la autonomía dentro de la vivienda y aumentar la seguridad en el entorno doméstico. Un plan que ha tenido una buena respuesta con 300 solicitudes. González ha recalcado que Madrid necesitaba una línea de ayudas de este tipo ya que, en el contexto actual de crisis sanitaria, “se ha puesto de manifiesto con mayor intensidad la falta de adaptación de las viviendas de estos colectivos”.

Por otra parte, el plan Rehabilita 2020 es un ambicioso programa que trabaja en cuatro líneas de actuaciones: accesibilidad, conservación, mejora de la eficiencia energética y salubridad (como la retirada de amianto en los edificios). Como novedad, las ayudas están dirigidas a todos los barrios de Madrid “y esto es importante recalcarlo ya que cabe recordar que las anteriores subvenciones estaban dirigidas solo a determinados barrios y dejaban fuera a un 60 % de la población”, ha señalado González durante su intervención.

Una ayuda para 5.000 familias

El concejal delegado de Vivienda ha explicado también que el Plan Rehabilita dará solución a más de 5.000 familias que están esperando mejoras en sus edificios y creará, junto al Adapta, unos 4.000 empleos en la capital. “Es decir, con estas convocatorias no solo ayudamos a reequilibrar el patrimonio residencial y garantizar las condiciones de habitabilidad que debe reunir una vivienda digna, sino que también generamos empleo, algo muy importante teniendo en cuenta el actual contexto económico”, afirma González.

Por último, el concejal ha explicado que todos estos planes de rehabilitación cuentan además con una financiación especial tras el protocolo que la EMVS firmó con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con varias entidades financieras. “De esta manera, ayudamos a facilitar la financiación de las obras de rehabilitación a intereses muy ventajosos para los beneficiarios de estas subvenciones municipales, ya que los planes de rehabilitación subvencionan una parte importante de la reforma que solicitan los vecinos, pero no el total”.

Las grandes inmobiliarias con patrimonio en arrendamiento avisan de que la falta de seguridad jurídica y el exceso de regulación ponen en riesgo el mercado en España

elpais.com

SANDRA LÓPEZ LETÓN

Pocas veces el tablero del alquiler había estado tan agitado como ahora. La medida de limitar las rentas anunciada por el Gobierno para 2021, que ya se aplica en Cataluña desde septiembre, ha causado un auténtico terremoto. También, la obligación impuesta por la Generalitat de reducir hasta un 50% el alquiler de locales comerciales cerrados por covid. O incluso la prórroga para subir rentas o desahuciar a inquilinos afectados por el virus.

La revuelta situación ha llevado a los grandes caseros, pocas veces tan incomodados, a levantar la voz para pedir un marco legal estable. “No decimos a los gobernantes lo que tienen que hacer, la capacidad normativa es suya, pero lo que sí pedimos es que las fórmulas jurídicas tengan consistencia en el tiempo. Pedimos seguridad jurídica y que no nos cambien las reglas a mitad del juego”, defiende Fernando Lacadena (Jaca, 1956), presidente de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), que durante más de tres décadas ha tenido puestos de responsabilidad en varias grandes empresas del sector.

La asociación, que preside desde 2015, lleva 44 años trabajando para consolidar y profesionalizar el sector. Aglutina a 17 de los principales propietarios de inmuebles en alquiler en los segmentos de residencial, locales y centros comerciales, hoteles y logística. Este lobby representa a grandes socimi como Merlin, Colonial, Lar España, GMP o La Finca; propietarios de centros comerciales, como Unibail Rodamco Westfield o Klepierre; compañías de seguros, como Mutua Madrileña o Allianz; gestoras de viviendas, como Azora, Cevasa o la socimi Vivenio.

Cansados de las acusaciones de “fondos buitres y especuladores” que les llegan a diario de las plataformas de inquilinos, los grandes caseros se parapetan en esas cuatro décadas para defenderse. “Ni somos fondos ni somos buitres. Tenemos espíritu de permanencia, largoplacista. No somos el problema de los precios del alquiler y, de hecho, somos jugadores que vamos a estar más tiempo que los gobernantes de hoy. Lo que hay en la asociación son propietarios de verdad, de los de toda la vida. Hemos construido porfolios que queremos mantener en el tiempo, dejárselos a nuestros hijos, no liquidarlos”, argumenta el presidente de Asipa. Quiere esto decir que “los proyectos no son a cuatro o cinco años, sino a más de 20. Son contratos a largo plazo con un nivel de riesgo moderado, por lo que la rentabilidad también es moderada. Las grandes plusvalías solo se dan cuando se vende el activo, no con su alquiler”, añade.

La rentabilidad que se obtiene al arrendar viviendas en España va del 3% al 5,5%; en oficinas se mueve entre el 4% y el 5%; en centros comerciales, entre el 5% y el 6% y del 6% al 7% en logístico. “El inversor que se piense que va a sacar un 10% o un 15% se ha equivocado”.

Canalizar el ahorro

Las empresas integradas en Asipa cuentan con inversores como fondos de pensiones o inversores institucionales y constituyen un importante instrumento para canalizar el ahorro de familias. “¿Cree que estos caballeros quieren especular en el mercado?”, pregunta de forma retórica. “Queremos estar muchos años, asumimos los riesgos y venturas, pero lo que llevamos mal es la inseguridad jurídica, porque responde a criterios políticos a corto plazo”.

El presidente de la asociación afea el gesto del que considera su único socio, la Administración. Aunque en la práctica no lo sea. “Salvo honrosas excepciones, no nos consultan. Desde luego el Gobierno central y los autonómicos [se refiere a Madrid y Barcelona] nada, así que se diluyen las consideraciones que hacemos”, critica. Una es avisar de que si sale adelante la regulación del alquiler en España podría desincentivar la inversión y las operaciones. “El inversor extranjero ve oscilaciones de este tipo sin justificación y si en España no le salen los números se va a ir a otros países que le dan más confianza, aunque gane menos”, indica Lacadena, que recuerda con tesón que la recuperación del sector del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008 fue gracias a la inversión foránea.

Los grandes caseros consideran que ponerle puertas al campo nunca suele ser una medida efectiva. Aunque creen que, en este caso, el gran perjudicado es el pequeño propietario —el 96% del parque de viviendas en alquiler está en sus manos—, porque “o se guarda la casa o la vende y destruye el mercado de alquiler”. En Cataluña, la regulación del mercado acaba de empezar y “ya se han retrasado o parado los proyectos para construir viviendas destinadas al alquiler”, apunta. Aunque reconoce que a sus oídos no ha llegado ningún rumor sobre compañías que se estén planteando abandonar el mercado catalán. No obstante, “sí hay una grandísima inquietud”, comenta.

¿La solución? Que la Administración ponga suficiente oferta en el mercado de viviendas en alquiler para personas vulnerables y mileuristas sin capacidad adquisitiva para comprar y alquilar. “El problema es que en esto se tarda más de una legislatura”, reconoce.

Respecto al golpe fiscal a las socimi —el Gobierno maneja gravar un 15% sobre dividendos no distribuidos—, Lacadena lo ve como un castigo al capital. “Es totalmente falso que las socimi no paguen impuestos, además de ser ineficaz por su escaso poder recaudatorio, atentaría contra la seguridad jurídica y alejaría a los inversores extranjeros”.

La crisis del coronavirus ha hecho un agujero en las cuentas de los grandes caseros. Los dueños de hoteles han perdido más del 50% de sus ingresos y se ha disparado la venta de establecimientos para hacer frente a la crisis. Hosteltur calcula que hay ocho hoteles en venta por 174 millones de euros solo en las islas Baleares. Los dueños de locales comerciales (bares, restaurantes…) ya apuntan mermas de entre el 30% y el 50%, según Lacadena. Los que operan en residencial salen más airosos y pierden entre el 5% y el 10%. Por todo ello, no descarta que en los próximos meses se cierren operaciones de venta de retail y de proyectos de viviendas financiadas.

Cuando comenzó la pandemia, los grandes señores del alquiler llegaron a acuerdos con la mayoría de sus inquilinos para aplicar moratorias en el pago o rebajas de la renta. Por ejemplo, los grandes propietarios de centros comerciales han negociado con un 63% de sus inquilinos. En Asipa están convencidos de que se seguirán echando estos salvavidas a los inquilinos en 2021. Porque, en nada se parece esta crisis a la de 2008 y, de hecho, Lacadena considera que el impacto, aunque notable, es distinto. Dice que las empresas estaban saneadas y tenían una estructura de capital muy sólido cuando llegó el virus. Además, han reducido casi todas las líneas de costes (recortando o eliminando subcontratas, personal…). Cierto es que los niveles de endeudamiento de estas empresas estaban ajustados cuando llegó la pandemia, pero ahora la mayoría están financiando pérdidas con recursos ajenos.

Menos trabas burocráticas para ampliar el parque residencial y evitar la inseguridad jurídica para el sector

idealista.com

David Marrero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta a España del aumento de la brecha social, agravada por la pandemia del coronavirus. A la desigualdad de ingresos se suman los problemas de accesibilidad a la vivienda de muchos jóvenes, por lo que recomienda ampliar la oferta en el mercado de alquiler acabando con las trabas burocráticas, para incrementar el parque residencial, evitar la inseguridad jurídica y una excesiva regulación de los alquileres.

Los problemas de acceso a la vivienda ya se venían produciendo en España desde la crisis de 2008. Los trabajadores menos cualificados fueron los más castigados por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, una situación que les impidió ser propietarios de una casa y les llevó a mirar hacia el alquiler. A ellos se están sumando desde hace unos años los jóvenes que acceden al mercado laboral con sueldos relativamente bajos, especialmente en las áreas urbanas. Ellos tampoco están accediendo a una vivienda en propiedad por la falta de ahorros y las condiciones estrictas para acceder a un crédito hipotecario.

Pero este aumento de la demanda en el mercado de alquiler no ha venido acompañado de un incremento de la oferta de pisos en arrendamiento. Una tendencia que ha contribuido a un aumento de los precios de los alquileres, sobre todo en los últimos años.

“La crisis del covid-19 podría empeorar los problemas de acceso a la vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables”, afirma el FMI en su estudio. “El confinamiento por el estado de alarma que paralizó el país puede agravar más aún los problemas de accesibilidad por los menores ingresos de los inquilinos, que por la posible caída de los precios de alquiler”, destaca el organismo internacional, en particular cuando expiren las medidas de alivio temporal adoptadas por el Gobierno español, como la moratoria sobre los desalojos y las rentas del alquiler.

El Fondo Monetario Internacional hace un análisis del mercado en la última década tomando datos de varias estadísticas, entre las que se incluye idealista, ante la falta de datos oficiales de esos años, aunque valora que se han publicado hace poco nuevos datos oficiales sobre los precios de las viviendas de alquiler.

“Con estos datos, vemos que los precios del alquiler a nivel nacional comenzaron a subir en 2014. En agosto de 2020, los precios de alquiler están alrededor de un 30% más altos que en 2007”, destaca el informe. “Sin embargo, los precios de venta están aproximadamente un 15% más bajos que en 2007”, compara el FMI con datos de idealista.

El FMI destaca que el Gobierno español está tratando de contrarrestar estas presiones con medidas como la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que vuelve a ampliar los contratos a cinco años, y un aumento de los subsidios para los inquilinos con bajos ingresos.

La accesibilidad al mercado del alquiler se deterioró después de la crisis financiera mundial. España es uno de los países de la UE con la mayor tasa de esfuerzo para los inquilinos, es decir, aquellos que gastan más del 40% de sus ingresos en los costes totales de la vivienda. Según datos de Eurostat, la «tasa de esfuerzo» se mantuvo en 2018 por encima del nivel anterior a la crisis financiera de 2008.

Ante todo esto, el Fondo Monetario Internacional ofrece algunas consideraciones al Gobierno español para mejorar el acceso a la vivienda en alquiler:

Por un lado, pide mejorar la oferta de viviendas acabando con los obstáculos regulatorios y sugiere simplificar la normativa de construcción para impulsar la construcción de un mayor parque residencial en alquiler, aumentado también así la oferta de alquiler social o asequible.

Por otro lado, «se debe evitar tanto la sobreprotección excesiva del arrendamiento como la inseguridad jurídica para el sector inmobiliario para evitar efectos adversos en la oferta de viviendas de alquiler que intensifiquen los problemas de accesibilidad”.

Los esfuerzos de las diferentes Administraciones podrían centrarse de manera útil en abordar las limitaciones del lado de la oferta, ya que la elasticidad de la oferta de vivienda es relativamente baja en España, al tiempo que garantice un acceso rápido a los más necesitados, aclaran desde el FMI.

Entre esas prioridades del Estado pide:

• facilitar y simplificar la regulación del suelo y acelerar los procesos de reparcelación, especialmente, en el desarrollo de vivienda asequible
• incrementar el stock de vivienda social en alquiler, centrándose especialmente en personas de bajos ingresos
• mejorar la eficiencia de los procesos de acceso a vivienda asequible y,
• garantizar una buena infraestructura pública en ubicaciones más asequibles.

noticias.juridicas.com

La transformación digital se ha convertido en uno de los objetivos del ecosistema financiero español. Internet y su interoperabilidad, el Big Data y la profusión de su información y la automatización global han tenido como consecuencia un profundo cambio en los procesos de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios en todas las actividades económicas. Un nuevo escenario, que las entidades financieras deben asimilar con la debida seguridad.

Se trata de apuntalar la transformación digital para que no afecte en modo alguno al nivel de protección del consumidor, a la estabilidad financiera, a la integridad en los mercados y a la igualdad de oportunidades de todas las personas, independientemente de su situación económica y de su lugar de residencia. Todo ello, sin olvidar el cierre legal a la utilización del sistema para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Estos son los objetivos de la nueva Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero. En vigor a partir del 15 de noviembre, 24 horas después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El sandbox, tal y como es conocido popularmente,  nace con la finalidad de consagrarse como un espacio experimental, donde las entidades puedan apostar por la innovación testando proyectos con un número limitado de clientes en un entorno seguro y controlado, sin necesidad de obtener las autorizaciones reglamentarias hasta ahora prescriptivas con carácter previo al lanzamiento. De esta forma, se pretende enfrentar al sector financiero con el mundo real y validar, ajustar o descartar rápidamente modelos de negocio, sin poner en funcionamiento al gigante burocrático que acecha a este tipo de operaciones.

Se trata de actuar como en los ensayos clínicos en los que se busca aumentar la calidad de la salud pública gracias a las posibilidades de la innovación y la investigación, sin que pueda suponer ningún tipo de desprotección para los pacientes, sino todo lo contrario, que sirva como mecanismo indispensable para evitar tratamientos y fármacos lesivos y, en general, para que la innovación se ponga al servicio del interés principal: curar mejor. Del mismo modo, el entorno de pruebas será un espacio controlado por las autoridades responsables con la finalidad última de contribuir a facilitar el acceso a financiación como motor de la economía y a mejorar la regulación actual.

No solo permitirá un mejor conocimiento de las innovaciones financieras de base tecnológica, sino que además deberá contribuir, desde el mismo momento de su implantación, a un mejor control del cumplimiento de la legislación vigente

Inicio del procedimiento: Ventanilla financiera única

Se crea una ventana financiera única para la presentación de proyectos por parte de empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación o cualquier otro promotor interesado.

Los proyectos podrán recibir una evaluación favorable si se encuentran suficientemente avanzados y si pueden aportar valor añadido en aspectos que van desde la mejora del cumplimiento normativo o de los instrumentos de protección a la clientela, hasta el aumento de la eficiencia y el perfeccionamiento de la prestación de servicios.

Protocolo de pruebas

Con posterioridad a esa evaluación previa, los supervisores y el promotor firmarán un protocolo sobre el desarrollo de las pruebas en el que incluirán los detalles de su celebración y, en particular, su duración y alcance limitados. Suscrito el protocolo podrán comenzar las pruebas.

Garantías y Protección

Respecto al régimen de garantías y protección a los participantes durante la realización de las pruebas indicadas, se establecen siete cautelas:

• Consentimiento informado y protección de datos personales;

• Derecho de desistimiento;

• Responsabilidad del promotor;

• Garantías que cubran la responsabilidad del promotor;

• Confidencialidad;

• Seguimiento supervisor durante todo el ejercicio de las pruebas; y, finalmente

• Posibilidad de interrupción de las pruebas, entre otros, en casos de mala práctica o incumplimiento de la legislación o del protocolo.
Igualmente, se prevé:

• Un canal de comunicación directa con las autoridades supervisoras que aporte confianza a los innovadores y transparencia en las funciones públicas.

• Un cauce para las consultas escritas sobre aspectos de la regulación y otros que pudieran surgir como consecuencia la dificultad de comprensión o de la generación de incertidumbre entre los distintos destinatarios de las normas

Resultados y salida

El examen de los resultados será realizado por el promotor de las pruebas e incluido en una memoria que se enviará a las autoridades que han hecho el seguimiento.

Se contempla la existencia de una pasarela de acceso, que implica un aligeramiento de los trámites legal y reglamentariamente exigidos en caso de que sea necesaria licencia o autorización para el posterior ejercicio de la actividad profesional. En particular, se establece la posibilidad de reducción de los plazos del procedimiento

Rendición de cuentas

Para la rendición de cuentas final se apunta a:

– La creación de una comisión de coordinación, presidida por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y compuesta por representantes de las autoridades supervisoras o de otras instituciones del sector.

– La redacción de un informe anual que será publicado y remitido a las Cortes Generales con información sobre las posibilidades de mejora identificadas. En este informe se atenderá a:

• Los nuevos desarrollos tecnológicos,

• La evolución internacional,

• Los efectos sobre la protección a la clientela de servicios financieros

• La estabilidad financiera, y

• Aquellos aspectos de la regulación y la supervisión que pudieran requerir mejoras o adaptaciones.

Esperemos que con esta nueva regulación se garanticen plenamente los objetivos de política pública en tres ámbitos especialmente sensibles: la protección de datos de carácter personal, la protección a los usuarios de servicios financieros y la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Y no solo eso, deseamos que esta versión española funcione igual o mejor que la de su homónima británica. Sistema del que hemos copiado, además del nombre, muchas lecciones aprendidas en más de un lustro de funcionamiento más allá del Canal de la Mancha.