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La banca no teme el impacto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la semana pasada sobre la devolución que debe hacer el sector del dinero cobrado de más a los clientes por los gastos abusivos relacionados con la formalización de las hipotecas y por comisiones como la de apertura.
Fuentes financieras aseguran que el impacto en sus cuentas será muy limitado, porque el fallo del Tribunal de Luxemburgo en realidad apuntala las decisiones que ha ido tomando el Tribunal Supremo en el último año y medio. Una postura que choca con las que manejan los despachos de abogados y las principales organizaciones de consumidores y clientes bancarios, quien aplauden la decisión. De hecho, sus cálculos apuntan a que millones de consumidores se podrían beneficiar del fallo.
Pero, según el sector bancario, para que deba realizarse la devolución del dinero cobrado de más, esos gastos o la comisión de apertura primero deben ser declarados abusivos por un tribunal nacional (español, en este caso), por lo que no se trata de un procedimiento generalizado para todas las hipotecas, sino que dependerá de cada contrato.
“El Tribunal Supremo ya hizo este ejercicio de decir quién paga qué a principios de 2019, y el TJUE lo que ha hecho es apuntalar la decisión del Alto Tribunal sobre el reparto de gastos. Es totalmente coherente con la normativa nacional y por eso va a tener un impacto limitado”, aseguran fuentes financieras. Desde Barclays, por ejemplo, cifran en 1.000 millones el riesgo de la sentencia europea para la banca, según recoge Europa Press.
En enero de 2019, el Alto Tribunal ya dictaminó un reparto salomónico de los gastos. Por ejemplo, banco y cliente soportarían a partes iguales los gastos de notaría y gestoría, mientras que la entidad debe asumir el coste de inscribir la hipoteca en el Registro y al consumidor el coste de la cancelación. El cliente, por su parte, debe asumir el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
En línea con el sector financiero, David Viladecans Jiménez, director de Asesoría Jurídica de Tecnotramit, una empresa de servicios para entidades financieras y compañías inmobiliarias, sostiene que, en realidad, lo que ha dicho el TJUE es que “cuando se anula la cláusula del préstamo que dice que los gastos los debe asumir el consumidor, hay que hacer como si no existiese. Y que, en ese caso, es admisible que, una vez anulado el pacto, se aplique el Derecho nacional –en este caso, el Derecho Español- que regula quien debe pagar cada gasto, incluso si esa norma impone la asunción de todo el gasto al consumidor”.
Es decir, continúa el letrado, “que una vez anulada la cláusula, se aplica el Derecho Español para determinar qué gastos asume el consumidor, qué gastos el Banco, y que gastos se parten. Y esto es lo que el Supremo viene diciendo desde hace ya tiempo”.
Esa tesis también la apoya Jesús Alfaro, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Madrid, que en declaraciones recogidas por el diario Voz Pópuli sostiene que “lo único que dice es que los gastos que genere el préstamo hipotecario (los de constitución de la hipoteca, notario, registros, impuestos, etc.) los tiene que pagar aquel que diga la ley que los tiene que pagar, es decir, en unos casos son a cargo del banco, en otros es el cliente y en otros casos se reparten a la mitad».
Desde el sector financiero creen que las interpretaciones que se han realizado por parte del mundo jurídico y de las asociaciones de consumo son interesadas y que el hecho de cuestionar constantemente la normativa genera inseguridad jurídica, que “acaba perjudicando a la banca, al país y sobre todo al cliente”.
La abusividad, la clave
La clave que marca el TJUE es la abusividad tanto de los gastos hipotecarios, como de la comisión de apertura de los préstamos.
En este sentido, la sentencia sostiene que «las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión». Además, el Tribunal de Luxemburgo aclara que «los contratos deben redactarse en términos claros y comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas y que, en caso de duda, deberá prevalecer la interpretación más favorable al consumidor».
El tribunal europeo se pronunciaba sobre las cuestiones que plantearon los juzgados de primera instancia número 17 de Palma de Mallorca (asunto C-224/19) en procedimiento contra Caixabank, y el número 6 de Ceuta (asunto C-259/19) contra BBVA, y en la sentencia explica que «los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, fundamentalmente, si el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de dicha cláusula».
Y añade que «el hecho de que deba entenderse que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo entre las partes. Pues bien, si estas disposiciones hacen recaer sobre el prestatario la totalidad o una parte de estos gastos, ni el artículo 6, apartado 1, ni el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponen a que se niegue al consumidor la restitución de la parte de dichos gastos que él mismo deba soportar». Por tanto, «se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula, salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos».
Y en esta parte donde surgen las discrepancias en la interpretación: mientras la banca y otros expertos defienden que lo que debe tenerse en cuenta es el reparto salomónico establecido por el Supremo a principios del año pasado, los abogados y las asociaciones de consumo consideran que los gastos deben ser restituidos al 100% si son considerados abusivos (excepto el AJD).
Según la ley hipotecaria que entró en vigor en junio del año pasado, el consumidor solo está obligado a pagar la tasación de la vivienda y las copias de la escritura de la hipoteca que solicite.
