Mes: junio 2020

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La fase 3 del “Plan de transición hacia una nueva normalidad” no trae apenas novedades en cuanto al uso de las piscinas comunitarias, con respecto a la fase 2. La mayoría del territorio español ya ha entrado en fase 3 (el 52% de la población), aunque todavía el 48% restante está en fase 2 por el covid-19, como es el caso de Madrid y Barcelona.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comunicó el pasado viernes 5 de junio los nuevos avances de la desescalada que se producen esta semana en prácticamente toda la geografía española, a excepción de dos regiones que han decidido mantenerse en la etapa del desconfinamiento en la que se encuentran, la Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta. Quienes sigan en fase 2 de desescalada o, al residir en una región más rezagada en la transición hacia la ‘nueva normalidad, den el salto a esta etapa este 8 de junio, podrán ir de nuevo al cine o al teatro, hacer compras en centros comerciales siempre que se cumplan las debidas condiciones de higiene y seguridad, así como ir a la piscina o a la playa, si se encuentra dentro de los límites de la unidad territorial de referencia en el proceso de desescalada.

Las piscinas comunitarias y municipales podrán abrir tanto en la fase 2 como en la 3 de la desescalada, tal y como está regulado en el BOE del pasado 16 de mayo de 2020. En concreto, el Capítulo X establece que en la fase 2 ya pueden abrirse al público las piscinas recreativas y también las comunitarias. El Ministerio de Sanidad confirmó mediante una carta enviada a los administradores de fincas colegiados que es aplicable a las piscinas comunitarias la Orden SND/414/2020, en la que se establecen las condiciones para la reapertura de las piscinas públicas para la fase 2.

De este modo, las comunidades de propietarios deben abrir las piscinas en la fase 2 y con los exigentes requisitos para cumplir con las obligaciones impuestas, como contar con un aforo máximo del 30% o disponer de cita previa.

En la carta se señala textualmente que “la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, regula la apertura de las piscinas en el Capítulo X denominado «condiciones para la reapertura al público de las piscinas recreativas». La aplicación de esta norma se hace extensiva a las piscinas de las fincas”.

En su carta, el Ministerio de Sanidad también confirma que son de aplicación a la apertura de piscinas comunitarias las recomendaciones sanitarias mínimas definidas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico -sanitarios de las piscinas, con el fin de minimizar el potencial de transmisión de covid-19.

Los requisitos que se establecen para las piscinas existentes en comunidades de propietarios y urbanizaciones son los siguientes:

• Aforo máximo permitido del 30%: la mayoría de las comunidades de propietarios no disponen de ningún sistema de control del aforo. No hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina.
• Para acudir a la piscina se debe obtener cita previa y se organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación. La competencia para regular es de la Junta General de Propietarios.
• Desinfección y mantenimiento de la piscina: con cloro y bromo. El principal riesgo de las piscinas no es el agua, sino las interacciones entre personas sin respetar las distancias de seguridad y no realizar una desinfección adecuada en las zonas comunes.
• Distancia de dos metros entre vecinos: hay que hacer un cálculo sobre cuántos vecinos caben en la piscina para no permitir la presencia de más de ese cálculo. Por ejemplo, los administradores de fincas en Madrid aseguran que el aforo debe estar limitado al 30%.
• Instalación de dosificadores de gel desinfectante a la entrada de la piscina.
• Prohibición de colocar toallas en las vallas perimetrales para evitar contagios.
• Las tumbonas o hamacas separadas un mínimo de dos metros. No es posible el uso compartido y es obligación del usuario desinfectarlas antes y después del uso.
• Limpieza y desinfección de los espacios y superficies.
• Apertura secuencial de los grifos de duchas, fuentes, lavapiés, bar y servicios, dejando correr el agua para que se renueve toda la que había quedado retenida en las tuberías.
• Advertencia al socorrista de que cumpla las medidas de higiene y que vigile las distancias. Constancia en el protocolo que se redacte y ejecute de atribución al socorrista, cuando exista, de realizar advertencias a comuneros.

La fase en que se encuentra cada región española

Según el anuncio del Ministerio de Sanidad del pasado viernes 5 de junio, la situación de la desescalada por el covid-19 en cada región es la siguiente:

Andalucía: fase 3

Toda Andalucía ha pasado a la fase 3 desde hoy lunes 8 de junio. Las piscinas pueden abrir ya, aunque no todas lo están haciendo ante la dificultad de cumplir con todos los requisitos, como la reducción del aforo al 30%, lo que significa que en una piscina donde entraban 100 personas este año sólo van a poder entrar 30 al día. Además, hay que mantener la distancia de seguridad de mínimo dos metros.

Aragón: fase 3

Las tres provincias, Huesca, Zaragoza y Teruel, se han despedido este fin de semana de la fase 2 y dan la bienvenida a la fase 3.

Asturias: fase 3

Asturias también pasa a la fase 3, el último estadio del desconfinamiento.

Cantabria: fase 3

Cantabria también pasa a la fase 3, el último estadio del desconfinamiento.

País Vasco: fase 3

Sus tres provincias, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava dan la bienvenida a la fase 3 de la desescalada.

Galicia: fase 3

La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra pasan a la fase 3 del desconfinamiento.

La Rioja: fase 3

La Rioja pasa a la fase 3, después de haber sido una de las comunidades autónomas más golpeadas por la pandemia del coronavirus, ya que hubo un brote que confinó a la población del municipio de Haro.

Cataluña: fase 3 y fase 2

Sólo tres regiones sanitarias de Cataluña pasan a la fase 3: Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y Pirineu-Aran. Barcelona pasa a la fase 2, tanto la ciudad, como las áreas Metropolitana Norte y Sur, y Lérida también pasa a fase 2.  

Castilla-La Mancha: fase 3 y fase 2

En Castilla-La Mancha sólo avanzan a la fase 3 las provincias de Guadalajara y Cuenca, mientras que Albacete, Toledo y Ciudad Real tendrán que esperar, al menos, una semana más para equipararse al resto de la autonomía.

Extremadura: fase 3

Tanto Cáceres como Badajoz pasan a la fase 3 de la desescalada.

Navarra: fase 3

Toda la Comunidad Foral de Navarra avanza en el camino hacia la ‘nueva normalidad’ con una postura «conservadora» adaptada al territorio

Melilla: fase 3

La ciudad autónoma de Melilla se sitúa desde el lunes en fase 3.

Murcia: fase 3

La Región de Murcia también pasa a fase 3.

Baleares y Canarias: fase 3

A las islas de Formentera, en Baleares, y a los territorios insulares de El Hierro, La Gomera y La Graciosa, en Canarias, se unen esta semana el resto de las islas que conforman los archipiélagos y pasan a fase 3.

Madrid: fase 2

La región de la capital, que no entró en fase 1 hasta la tercera petición, da el pistoletazo de salida este lunes a la fase 2. El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid estima que de las 12.000 piscinas comunitarias que existen en la región, cerca de la mitad podrán abrir en estas condiciones (restricción de aforo y mayor gasto).

Desde CAFMadrid calculan un sobrecoste de un 50% de media en la partida correspondiente a la temporada de piscina con respecto al año anterior en las comunidades que abran finalmente estos recintos, debido a la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias (son obligatorias las labores de limpieza tres veces al día y de desinfección dos veces diarias) y a la contratación de personal auxiliar.

Castilla y León: fase 2

Toda la comunidad autónoma se encuentra en la fase 2 de la desescalada del covid-19, después de que el área del Bierzo, que comprende Laciana y la ciudad de Ponferrada, fuera la primera en avanzar hacia la “nueva normalidad”.

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Las previsiones económicas de España se van complicando a medida que pasan las semanas. 

Según las últimas cifras que ha publicado el Banco de España, la economía española se desplomará este año entre un 9% y un 15,1%, dependiendo de cómo evolucione la crisis sanitaria del coronavirus y la intensidad con la que las empresas reanuden su actividad y recuperen sus ingresos. En cualquier caso, las nuevas previsiones del supervisor financiero arrojan un fuerte empeoramiento respecto a las que manejaba a mediados de abril. Por aquel entonces, calculaba una contracción del PIB de entre el 6,6% y el 13,6%. 

Las nuevas, en cambio, se sustentan en tres escenarios diferentes: el más positivo, el intermedio y el más negativo. En términos generales, aumentan las probabilidades de que la recuperación plena de la economía y del empleo se aplace hasta 2023. También alerta de que el desplome del PIB en el segundo trimestre estará entre el 16% y 21,8% y de que España está entre los países del área del euro que presumiblemente se verán más afectados, como resultado de las medidas de confinamiento más estrictas desplegadas hasta el momento y de algunas características estructurales de su economía, como la dependencia del sector turístico o el peso de las pymes en el tejido empresarial.

Resumimos qué espera en cada escenario y qué sucedería en cada uno de ellos:

1. En el mejor de los casos, que incluye una recuperación económica temprana, el organismo liderado por Pablo Hernández de Cos estima que la economía se desplomará un 9% este año, para repuntar un 7% en 2021 y un 2,4% en 2022. En términos laborales, la tasa de paro se situará en torno al 18,1% este año, para subir mínimamente en 2021 (hasta el 18,4%) y bajar de nuevo en 2022 (hasta el 17,1%).

2. En el escenario intermedio, basado en una recuperación gradual, la caída del PIB se elevaría hasta el 11,6% en este ejercicio, para remontar un 9,1% y otro 2,1% en 2022. Por tanto, ya en este caso se retrasaría la pleba recuperación del impacto del covid-19 a 2023. En cuanto al paro, la tasa se quedaría este año en el 19,6%, caería unas ocho décimas en 2021 (hasta el 18,8%) y más de un punto en 2022 (17,4%).

3. En el peor escenario posible, que el organismo cataloga como «un escenario de riesgo», el PIB se hundiría este año un 15,1%, mientras que el año que viene repuntaría en torno al 6,9% y en 2022, otro 4%. En el caso del paro, la tasa rondaría el 23,6% este año y se quedaría al borde del 25% en 2021 (24,7%), para bajar en 2022 y quedarse en torno al 22,1%.

En qué consiste cada escenario

1. El escenario benigno

Es el escenario de recuperación temprana, en el que «la mejoría de la actividad desde su mínimo comienza a producirse a un ritmo algo más elevado ya en el curso del segundo trimestre y prosigue con posterioridad, sin que la envergadura de los posibles obstáculos que pudieran surgir en los próximos trimestres (de índole tanto sanitaria como económica o financiera) llegue a ser relevante».

Este escenario se realiza el supuesto de que «los agentes económicos estarían adaptando con más agilidad su operativa frente a las sucesivas situaciones planteadas a lo largo del estado de alarma, lo que permitiría que las reducciones de actividad sectorial sean algo menores en el segundo trimestre que en el escenario de recuperación gradual.

También se considera que, tras el levantamiento del estado de alarma, es posible evitar el surgimiento de nuevos focos de la enfermedad de magnitud significativa, por lo que no es precisa la reintroducción de medidas de contención. Además, se realiza el supuesto de que las medidas de política económica son altamente eficaces a la hora de evitar la destrucción de empresas y, por tanto, del stock de capital, por lo que el deterioro del mercado de trabajo es también transitorio y se logra evitar un aumento del paro de larga duración», resume el supervisor financiero. 

2. El escenario intermedio

Este escenario de recuperación gradual «parte de suponer un impacto más elevado de los cierres sectoriales en el segundo trimestre. además, este escenario incorpora la posibilidad de que, durante el período en que aún no se disponga de una vacuna o tratamiento eficaz contra el virus, aparezcan nuevos brotes epidémicos, aunque de menor virulencia que el episodio original, por lo que el coste económico de las medidas de contención sería asimismo más reducido. Por último, este escenario considera que se producen algunos daños persistentes en el tejido productivo, concentrados en los sectores más expuestos a la interacción social, que son aquellos donde la recuperación plena de su actividad normal tardará más tiempo en producirse», señala el Banco de España.

3. El peor escenario

El organismo también alerta de que» la situación de enorme incertidumbre actual no permite descartar escenarios de riesgo más desfavorables. En concreto, aunque el conocimiento alcanzado sobre el comportamiento de la enfermedad está avanzando con rapidez, existen todavía aspectos relativamente desconocidos que podrían conducir a una evolución epidemiológica más adversa, lo que a su vez daría lugar a efectos más persistentes sobre la actividad económica. Para captar estos riesgos se ha construido un escenario «de recuperación muy lenta», caracterizado por episodios intensos de nuevas infecciones, que requieren confinamientos estrictos adicionales, y por la presencia de canales financieros, que amplifican la perturbación real y provocan que sus efectos tengan un grado de persistencia notablemente más elevado. En este escenario de riesgo, el retroceso del PIB llegaría hasta el -15,1 %», explica. 

Los dos focos de incertidumbre

En el documento, el Banco de España explica que «a medida que avanza el horizonte de proyección, destacan, por su intensidad, dos fuentes de incertidumbre. La primera de ellas viene dada por los eventuales desarrollos en el curso de la enfermedad, dada la posibilidad de que surjan nuevos brotes infecciosos que pudieran hacer necesaria una reintroducción de ciertas medidas de distanciamiento social mientras no se disponga de una vacuna o un tratamiento eficaz de la enfermedad. Esta posibilidad, de acuerdo con la metodología común de las proyecciones del eurosistema, se considera relevante hasta mediados de 2021″.

El segundo elemento de incertidumbre, prosigue el organismo, «guarda relación con la posibilidad de que la eventual normalización de la situación sanitaria no lleve aparejada, de forma paralela, una restauración completa de la economía a su estado previo a la crisis. Estos daños persistentes podrían provenir, por ejemplo, de la posibilidad de que las medidas introducidas para otorgar liquidez a las empresas no logren evitar la insolvencia de una parte de ellas o de que la pérdida de ingresos de estos agentes durante la fase más aguda de la crisis se traduzca en un menor volumen de recursos para afrontar sus inversiones. Estas eventualidades darían pie a pérdidas de empleo, conducentes probablemente a la aparición de un componente significativo de paro de larga duración, con la consiguiente pérdida de empleabilidad de algunos trabajadores».

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Autor: Alejandro Bermúdez

Implantar el teletrabajo se ha convertido en un asunto de supervivencia para la mayoría de las empresas españolas, pero ¿cómo va a impactar a medio plazo en el mercado de oficinas? Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas Real Estate Analytics, espera una parada brusca en la demanda de grandes oficinas tras la crisis del covid-19 y cree que las empresas optarán por espacios más pequeños y flexibles.

Hasta hace poco, el teletrabajo era una opción que solo usaban regularmente los autónomos, ciertas pymes y colectivos de trabajadores muy puntuales. Sin embargo, a raíz de la rápida expansión del covid-19, cerca del 80% de las empresas españolas han tenido que implementar soluciones de teletrabajo para mantener su nivel de actividad durante el confinamiento, según un estudio publicado por el Banco de España a mediados de mayo.

Los datos publicados por el propio BdE señalan que estas medidas han cogido al mercado laboral español a contrapié, ya que en 2018 menos del 8% de los trabajadores declaraba trabajar desde su domicilio, un dato por debajo de la media europea (13,5%) y lejos de otros países como Francia y Países Bajos (20% y 38% respectivamente). Además, la estadística española no ha variado en los últimos años, habiendo aumentado menos de 2 puntos porcentuales desde 2009 pese a la mejora continua de la tecnología disponible.

El covid-19 nos traerá cambios de mentalidad que nos obligarán a revisar el planteamiento de la inversión tradicional en oficinas. La suma de teletrabajo y el aumento de superficie necesaria para cada trabajador en las oficinas puede ser una combinación que haga que muchas empresas se decanten por reducirlas al máximo y mantenerlas simplemente como algo representativo y para reuniones puntuales, sustituyendo el lugar de trabajo habitual en la oficina por el teletrabajo —y ya de paso traspasando costes fijos al trabajador— o al trabajo remoto (fuera de casa, en un lugar especializado para trabajar, pero no en la propia oficina).

Bermúdez explica que “según nuestros estudios hasta ahora el mercado de oficinas no estaba ligado a ciclos económicos, pero la naturaleza de esta crisis es diferente y esperamos una parada brusca en la demanda de grandes oficinas. No es que todo el mundo vaya a trabajar desde su casa, es que la demanda de espacio se atomizará a espacios de oficinas pequeños y más flexibles, a veces solicitados por las empresas y otras por los propios trabajadores”. Sin embargo, afirma que es difícil cuantificar ahora mismo esta caída de demanda de grandes oficinas: “La situación es imprevisible ahora mismo, no hay comparables históricos a esta crisis, y es imposible estimar de manera precisa una cifra de caída en la demanda”.

Esta nueva flexibilidad puede beneficiar a los espacios de coworking, ya que permiten la conciliación de un horario flexible, el distanciamiento social y el trabajo aislado fuera de las distracciones del hogar. Xavi Bassons, CEO de Monday, lo explica “esperamos que el aumento del trabajo remoto deslocalice muchos trabajadores de grandes empresas a centros de trabajo más independientes, como los Coworking, como forma más eficiente de teletrabajar, separar las obligaciones laborales del hogar, y a la vez tener un horario definido.” Además, Bassons apunta: “los coworking también mejoran el corporate location, ya que acercan el puesto de trabajo al lugar de residencia de la fuerza laboral de las empresas y reducen los desplazamientos innecesarios”.

Cuando se establezca la nueva normalidad tendremos un panorama muy difícil de interpretar en el mercado. Las empresas necesitarán un análisis experto para poder comprender la nueva realidad. No basta simplemente con aceptar o rechazar el teletrabajo, hará falta tiempo e inteligencia colectiva para entender cómo va a afectar a la economía, al mercado de oficinas y a trabajadores y empleadores por igual.

De romperse la tónica histórica española y confirmarse la actual tendencia del teletrabajo, asistiremos a movimientos tectónicos en el mercado de oficinas, potenciando soluciones flexibles en detrimento del concepto tradicional, no sólo por el impacto que ha tenido la crisis sobre el PIB y la demanda en las empresas, sino también por la naturaleza de la propia crisis.

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Desde que se decretó el Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo, las comunidades de vecinos han tenido que adaptarse a las medidas impuestas por el gobierno, que incluyen salir poco de casa, clausurar espacios comunes y adoptar cuidados de limpieza extrema.

Con el comienzo de la desescalada, los cuidados han tenido que readaptarse. Para Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices, unidad de negocio de Fincas Blanco especializada en administración de fincas, «la cooperación y el apoyo de los vecinos han sido claves para evitar la propagación del virus dentro de las comunidades».

Desde que se decretó el Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo, las comunidades de vecinos han tenido que adaptarse a las medidas impuestas por el Gobierno, que incluyen salir poco de casa, clausurar espacios comunes y adoptar cuidados de limpieza extrema.

Entre los cuidados esenciales que deben realizarse, figuran mantener una distancia de más de un metro con el resto de las personas, evitar las zonas comunes, extremar la limpieza diaria con geles desinfectantes, lejía o alcohol y clausurar todas las áreas y espacios comunes que no sean de primera necesidad en el edificio, incluidas azoteas y terrazas.

Para Mercedes Blanco, CEO fundadora de Vecinos Felices, unidad de negocio de Fincas Blanco y vicepresidenta primera de Fiabci España, «la cooperación y el apoyo de los vecinos han sido claves para evitar la propagación del virus dentro de las comunidades. Hemos enviado recomendaciones y medidas a adoptar desde nuestra administración, como la reducción al mínimo posible de los envíos domiciliarios, evitando la entrada en el edificio de personas ajenas».

Y si bien los espacios comunes han dejado de utilizarse y la interacción entre los vecinos ha ido disminuyendo cada día; la solidaridad, cooperación y compañerismo entre los habitantes de las comunidades ha generado un sentido de pertenencia nunca antes visto.

Las nuevas medidas de cara a la desescalada

Con el progresivo avance de la desescalada y la cercanía del fin del Estado de Alarma, lo que más preocupa ahora es cómo se utilizarán los espacios comunes y piscinas comunitarias de las vecindades.

Según el Consejo General de Colegios de Administraciones de Fincas, en la mayoría de las comunidades no hay personal responsable a cargo del control del uso de las instalaciones recreativas y de la orden de aforo del 30%.

«Es muy difícil coordinar una piscina comunitaria con cita previa o reserva, sobre todo porque eso requeriría mayor personal y un aumento de los costes de la comunidad», afirma Blanco. «Desde Vecinos Felices vamos viviendo la desescalada cada día, y nos concentramos en las medidas que ya han comenzado a aplicarse a partir de la fase 2. La situación supondrá un esfuerzo económico a los propietarios porque se incrementarán los costes de mantenimiento de la piscina y limpieza de espacios comunes», agrega.

De esta forma, a los vecinos les han ido comunicado una serie de medidas que deberán respetar en todos los casos, apelando a la colaboración de las comunidades, y que son de uso común para todas las administraciones:

-Salir de casa sólo para lo imprescindible y lavarse las manos antes y después de hacerlo.

-Mantener una distancia de al menos dos metros entre las personas que se encuentren en las áreas comunes.

-Extremar la limpieza diaria propia y del exterior de las viviendas.

-Utilizar el ascensor de forma individual y con la protección de manos necesaria.

-Evitar hacer pedidos que impliquen envíos domiciliarios dando acceso a personas ajenas a la comunidad.

-Ayudar a los vecinos mayores o personas más vulnerables a realizar compras, y evitar que estén expuestos a posibles contagios.

-Seguir las recomendaciones expuestas en el tablón de anuncios de la comunidad.

De cualquier manera, lo más importante es preservar a cada una de las personas que vive en una comunidad de vecinos. «La prohibición del uso de los espacios comunes, como instalaciones deportivas, así como la restricción de realización de obras en el edificio, viviendas y locales sin duda han ayudado mucho de cara al avance a la Fase 2 y 3 en las distintas comunidades del país», finaliza Mercedes Blanco.

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«En este nuevo escenario mundial, con las normas de distancia social y el impulso notable del teletrabajo, probablemente veremos aumentar la demanda de primeras residencias por parte de ciudadanos europeos, deseosos de disfrutar de la calidad de vida que ofrece España», afirma Ramon Riera, presidente de FIABCI España y miembro del Board Directors de FIABCI Internacional.

Con la desescalada, FIABCI España ha detectado un repunte de la demanda extranjera para adquirir una vivienda en el país.

La distancia social impuesta a raíz de la crisis sanitaria cambiará los intereses de los compradores de viviendas, pero también la forma de operar de los agentes inmobiliarios. El coronavirus (COVID-19) ha alterado por completo las previsiones del sector de cara a 2020, además de obligarles a cerrar sus negocios durante más de dos meses. La incertidumbre se apoderó del real estate. Sin embargo, tal y como sucediera en anteriores ocasiones, el inmobiliario siempre resurge y encuentra nuevas oportunidades de continuar su camino. En la crisis del COVID-19, una de las ventanas que se le abren al sector es la compraventa de primeras residencias al cliente internacional, más dado a la inversión en vivienda vacacional.

«En este nuevo escenario mundial, con las normas de distancia social y el impulso notable del teletrabajo, probablemente veremos aumentar la demanda de primeras residencias por parte de ciudadanos europeos, deseosos de disfrutar de la calidad de vida que ofrece España», afirmó Ramon Riera, presidente de FIABCI España, y miembro del Board Directors de FIABCI Internacional, además de owner de Eurofincas.

Un nuevo tipo de cliente post-COVID-19: «el que no pensaba en comprar vivienda, pero ha cambiado de idea durante el confinamiento»

Otro de los grandes cambios que ha traído el COVID-19 es el creciente interés de los españoles por los jardines, las terrazas amplias y las zonas verdes. La salud es lo primero, y las inmobiliarias ya lo comienzan a sentir con el aumento de peticiones de personas interesadas en huir de la gentrificación para ubicarse en zonas más aisladas o en edificios y urbanizaciones donde puedan contar con un jardín, piscina o una terraza amplia.

«Hay un nuevo usuario que antes de la pandemia no pensaba cambiar de vivienda, pero que, durante el confinamiento, ha cambiado de idea y ahora quiere vender rápidamente su vivienda para comprarse una nueva», reflexiona Riera.

Tours virtuales: una solución fiable

En este punto de la ecuación, una de las soluciones que tienen sobre la mesa los profesionales inmobiliarios son los tours virtuales. Esta herramienta ha demostrado su fiabilidad durante el estado de alarma, puesto que permite al comprador visitar desde su ordenador la vivienda que va a adquirir y, al agente, cerrar las operaciones que ya están maduras.

Riera opina que se trata de una «herramienta que ha sido y seguirá siendo muy útil, sobre todo en operaciones de cliente extranjero».

Mediante Resolución de 18 de diciembre de 2019, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), se convocaron ayudas del Plan Renove de Ventanas 2020, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana, y se convoca asimismo la adhesión de comercios y empresas instaladoras (DOGV núm.: 8717, de 15 de enero de 2020).

En el artículo 9 de la citada convocatoria de ayudas, se establece el plazo de presentación de las solicitudes, comenzando éste el 30 de enero de 2020 y finalizando el 18 de junio de 2020, y en su artículo 11, donde se detalla toda la documentación a presentar por el comercio o empresa instaladora, se establece como plazo máximo para su entrega el 30 de julio de 2020.

Como consecuencia de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, la actividad económica se ha visto afectada en tanto el Real Decreto incluye, entre otras materias, limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos que ello supone para trabajadores, empresas y para la ciudadanía en general.

Con el fin de dar las máximas facilidades para la ejecución de los proyectos y responder a las necesidades derivadas de la prolongación de la situación excepcional de alarma, el Área de Eficiencia Energética del IVACE, mediante informe de fecha 29 de mayo de 2020, ha propuesto ampliar la fecha límite de presentación de la documentación relativa a las solicitudes presentadas, inicialmente prevista para el día 30 de julio de 2020; en su lugar se ha propuesto una fecha que se considera suficientemente amplia para la correcta realización de la actuación subvencionada y al mismo tiempo para su justificación de manera adecuada, en coherencia con los plazos de presentación de solicitudes que fueron afectados por la suspensión de términos y plazos establecida en la Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020.

En virtud de lo que antecede, y de conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 4 del Decreto 4/2013, de 4 de enero del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, y de acuerdo a la Orden 3/2017, de 3 de febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del IVACE, dirigidas al ahorro y eficiencia energética en el sector doméstico, resuelvo:

Primero

1. Ampliar la fecha límite de entrega de la documentación correspondiente a las solicitudes presentadas en el marco de la Resolución de 18 de diciembre de 2019, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocaron ayudas del Plan Renove de Ventanas 2020, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana, hasta el 30 de septiembre de 2020.

2. De acuerdo a lo establecido en el apartado anterior, queda modificado el artículo 11, apartado 2, de la Resolución de 18 de diciembre de 2019, que queda redactado como sigue:

«El plazo máximo para entregar toda la documentación especificada en los apartados e), f), g), h), i), j) y k) de este artículo será el 30 de septiembre de 2020. »

Segundo

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución no podrá interponerse recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

València, 1 de junio de 2020.– El presidente del IVACE: Rafael Climent González.

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Personio señala cinco claves para que proceso de incorporación de un trabajador se pueda hacer de forma totalmente remota con éxito.

La tecnología es fundamental para la continuidad y mejora de los negocios en esta etapa de nueva normalidad en la que las empresas necesitan digitalizar sus procesos más que nunca.

La compañía, con sede central en Alemania, tiene experiencia propia puesto que ha utilizado este sistema en todas sus sedes europeas durante la pandemia del COVID-19.

Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los departamentos de Recursos Humanos ante la nueva normalidad es abordar con éxito la incorporación de nuevos empleados de manera remota, tras la crisis del COVID-19. Personio, plataforma en la nube de Recursos Humanos, aporta las claves principales para que el tándem trabajador-empresa siga funcionando en las nuevas circunstancias que nos acompañan. En este contexto, los profesionales de recursos humanos deben centrarse más que nunca en sus empleados, pero para ello deben ahorrar tiempo en las tareas administrativas, que suelen ocupar un 42% del día según un estudio realizado por la empresa en 2019. De esta forma ¿Es posible hacer procesos de incorporación cálidos y a la vez eficaces? Sin duda es un panorama completamente nuevo para el que hay que buscar herramientas que faciliten el trabajo.

Los primeros días de trabajo son muy importantes para todo nuevo empleado y suelen caracterizarse por cierta incertidumbre y nerviosismo. Pasar a formar parte de un equipo desde casa puede generar que el sentimiento de pertenencia sea uno de los mayores desafíos, ya que no podrá conocer personalmente el lugar de trabajo, ni a sus compañeros. ¿Qué puedes hacer? Facilitar su incorporación con un proceso en remoto bien estructurado. Desde las oficinas de Alemania, Personio ya ha testeado con su propio personal un método eficaz de «remote onboarding» que se basa en las siguientes líneas estratégicas:

1.Comunicación: para muchos empleados tener que trabajar desde casa debido a las limitaciones de movilidad actuales puede ser una situación tensa. Por eso con el fin de aliviar sus temores es importante que el equipo de RR. HH. mantenga un estrecho contacto con los nuevos trabajadores y les informe abiertamente de la situación. Para evitar que se preocupen, lo ideal es anticiparse. Por ejemplo, el gerente o el responsable de RR.HH. puede enviar un correo electrónico o un breve vídeo respondiendo a las preguntas más importantes y dando la bienvenida a los recién llegados a la empresa.

2.Configurar de antemano los equipos: para no abrumar al nuevo integrante lo ideal es que reciban los portátiles con todo el software y las herramientas necesarias (incluida la VPN) ya instalados, dado que desde casa será más complejo pedir ayuda al departamento informático de la empresa.

3.Organizar sesiones de formación: pregunta siempre al nuevo empleado, antes del primer día, si conoce las herramientas de reunión y chat más comunes como Google Hangouts, Zoom y Slack. Organiza formaciones antes de que empiecen a trabajar para que todos puedan participar en las reuniones virtuales de presentación o elabora guías rápidas con las principales funciones de cada herramienta. No todos cuentan con estos conocimientos.

4.Ofrecer una incorporación personalizada: se debe promover el intercambio de información entre RR.HH., los gerentes y los nuevos compañeros tan a menudo como sea posible. Hay que tener en cuenta que las presentaciones que antes se realizaban en persona, ahora se hacen a través de un portátil. Por ello, es recomendable fomentar el contacto con el equipo ya sea a través de cafés, almuerzos o cervezas virtuales. Herramientas como Wellbeing Warrior también pueden contribuir a promover el contacto entre departamentos. Esta herramienta te sugiere compañeros de forma aleatoria con los que podrás tomarte un descanso o almuerzo virtual. Recuerda que la comunicación no solo es importante para calmar las preocupaciones y temores del principio.

5.Designar a un mentor para mantener la cercanía: Personio cuenta con un programa de mentores, tanto en la distancia como de forma presencial, para dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones. A cada nuevo empleado se le asigna un mentor que le ayudará durante la incorporación y pondrá a su disposición todos sus consejos, experiencia y habilidades. En el contexto actual, trabajando desde casa, esta figura adquiere aún más importancia. No se trata únicamente de un compañero emocional, sino que también será el encargado de presentar al resto de equipos y dar a conocer la cultura de la empresa.

«Este método ya ha sido aplicado con éxito en Alemania y ha demostrado cómo funcionarán los procesos en las próximas semanas, e incluso meses. Es clave explicar todo el proceso de onboarding en profundidad al nuevo empleado y para ello, hay que proporcionar toda la información posible por escrito para no abrumar al nuevo compañero y brindar herramientas de videollamada para establecer proximidad y calidez humana», sostiene Angelina Gentili, jefa de Equipo de RR.HH. y Adquisición de Talento de Personio España.

La crisis mundial provocada por el COVID-19 ha marcado un antes y un después en nuestros entornos laborales y ha planteado un nuevo escenario donde la digitalización es un pilar fundamental, no sólo para la continuidad y competitividad de las compañías, sino para algo mucho más importante: poder garantizar el bienestar y la seguridad de sus trabajadores.

Hoy en día podemos decir que hemos aprendido que estar preparados es la mejor forma de mitigar el golpe. Por eso es un buen momento para evaluar y valorar qué herramientas nos harán falta en un futuro cercano -y de difícil pronóstico- para tener todos los elementos posibles a nuestro favor. Contar con la tecnología adecuada ante la nueva normalidad es una apuesta segura y firme por la continuidad y la mejora de los negocios.

valenciaplaza.com

ULTIMA UN DECRETO PARA REGULAR LOS DERECHOS DEL TANTEO Y RETRACTO Y AMPLIAR EL PARQUE PÚBLICO

La situación de vulnerabilidad de muchas familias se agudiza con la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Y el mercado de la vivienda será uno de los más perjudicados. Las situaciones de desempleo y de merma de ingresos complicarán a muchos valencianos el pago de hipotecas o el alquiler. Un problema al que se le quiere poner solución desde la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige Rubén Martínez Dalmau que ultima un decreto para dar respuesta a la emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana con la ampliación del parque público de vivienda a través del derecho de adquisición preferente de la Administración.

Para ello, el texto que prepara la Conselleria da un nuevo impulso al tanteo y retracto ejercidos por la Administración, dos derechos de adquisición preferente que permiten a la Generalitat, en determinados casos, quedarse una vivienda cuando se va a proceder a su venta -tanteo- o después de que se haya vendido -retracto-. Este derecho ya estaba regulado desde 2004 para las viviendas de protección pública, cualquiera que fuera su método de transmisión.

Ahora se regula el mismo derecho para las viviendas transmitidas en ejecución hipotecaria o venta extrajudicial en sede notarial y para las transmitidas mediante dación en pago de deuda con garantía hipotecaria, cuyos adquirientes son principalmente las entidades financieras.

Con todo, la novedad más relevante para el sector inmobiliario es que, a partir de la entrada en vigor del decreto, la Generalitat podrá quedarse edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados. La idea del departamento que dirige Martínez Dalmau no es inmiscuirse en cada operación inmobiliaria sino en grandes operaciones en las que participen fondos de inversión, aunque el proyecto de decreto no hace ninguna alusión a las características del comprador o vendedor.

Concretamente, la Administración valenciana podrá ejercer el derecho de adquisición preferente y retracto en «las transmisiones de edificios con un mínimo de cinco viviendas, que constituya su destino principal, cuando se transmita un porcentaje igual o superior al 80% de dicho edificio», así como «en operaciones de venta referidas a diez o más viviendas y sus anejos». En ambos casos, podrá hacerlo tanto si es una venta directa como si se hace mediante la venta de acciones o participaciones en mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con la actividad inmobiliaria.

En casi todos los municipios

Estos derechos, excepto cuando son sobre vivienda protegida, tienen dos limitaciones para la Generalitat. Por un lado, la colisión con otros derechos de tanteo o retracto que estuvieran reconocidos a su favor. Y por otro, una limitación territorial que vendrá fijada en un Catálogo de Áreas de Necesidad de la Vivienda que se elaborará antes de seis meses desde que entre en vigor el decreto y que fijará las zonas en las que la administración valenciana no dispone de medios suficientes para satisfacer la necesidad de vivienda. «De esta forma se garantiza que la intervención es la mínima e imprescindible», explican a Valencia Plaza fuentes de la Conselleria.

No obstante, desde que entre en vigor el decreto y hasta que se apruebe el Catálogo se considerará ‘zona de necesidad’ los municipios beneficiarios de la línea del Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento y los incluidos en el Informe de Necesidad de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2020 realizado por el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana. Según ha podido comprobar este periódico y como se puede ver en el mapa, son la mayoría, incluidas las tres capitales de provincia, Elche y casi toda la costa.

El objetivo, según las mismas fuentes, es utilizar esta fórmula, «muy recurrente en capitales europeas como Berlín, Viena o Paris», para ampliar el parque público. Pero, además, en este nuevo escenario se quiere hacer partícipes a los ayuntamientos para que puedan ir incorporando vivienda a sus parques municipales o, incluso, crearlos desde cero. «No tiene sentido que la Generalitat se ocupe de si se ha roto un grifo en un piso en Aspe o si hay que pintar una pared en Vinaròs. Lo que tiene sentido es que las competencias logísticas a la hora de gestionar el parque público vayan poco a poco pasando a ser municipales. Poco a poco tenemos que ir involucrando a los ayuntamientos en garantizar el derecho a la vivienda», subrayaba Dalmau en una entrevista con Valencia Plaza. 

El decreto, todavía pendiente de los informes favorables de la Abogacía de la Generalitat y que el Consell espera aprobar la próxima semana, se ampara en la Ley de Arrendamientos Urbanos cuya modificación en su artículo 25.7 en marzo de 2019 abría la puerta a las Comunidades Autónomas a regular el derecho de tanteo y retracto en la compraventa de edificios.

El precio de adquisición por parte de la Generalitat será el que estuviera fijado para la compraventa o el que se pagó en el caso de los retractos. Este será probablemente el principal obstáculo para Administración autonómica, que tendrá que pagar precios de mercado para ejercer el tanteo, mucho más altos que el que supone la promoción de vivienda pública. En el caso de las subastas judiciales o venta extrajudicial en sede notarial, el precio será también aquel por el que se haya adjudicado el inmueble.

Vivienda protegida «permanente»

Otra de las novedades del decreto de la Conselleria es la calificación de los inmuebles. Y es que, a partir de la aprobación de la norma, todas las viviendas adquiridas a través de estos mecanismos serán viviendas protegidas permanentes. «De esta forma no se van a descalificar con el transcurso de los años, sino que serán vivienda pública para siempre porque hemos detectado que todas las políticas de vivienda de los últimos años han supuesto una cantidad ingente de recursos públicos y, sin embargo, a día de hoy estamos en la casilla de salida porque no hay vivienda pública», inciden desde este departamento.

La futura norma valenciana recuerda que están sujetas a los derechos de tanteo y retracto legal en favor de la Generalitat las viviendas de promoción pública o bajo cualquier régimen de protección pública en segundas y sucesivas transmisiones inter vivos, gratuitas u onerosas, voluntarias o derivadas de un procedimiento de ejecución patrimonial. Quedarán excluidas las transmisiones gratuitas a favor de descendientes, ascendentes o cónyuge o pareja de hecho, salvo que la vivienda no vaya a ser destinada a residencial habitual o permanente del nuevo titular.

Los propietarios de estos inmuebles protegidos deberán notificar a la Generalitat, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, la decisión de enajenarlos, especificando, el precio y forma de pago proyectados, las condiciones esenciales de la transmisión, así como los datos del interesado en la adquisición, con referencia expresa al cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la vivienda. En 60 días la Generalitat deberá mostrar su interés. El precio en ningún caso podrá superar el precio máximo legalmente establecido en los casos de vivienda protegida.

Colaboración municipal

El decreto prevé también diversos mecanismos para que aquellos municipios que lo deseen puedan ejercer los derechos de adquisición preferente y retracto o bien pedir a la Generalitat que los ejercite a su favor en caso de no tener posibilidad de llevar a cabo la tramitación administrativa. En estos casos, la administración local será la que asuma el gasto.

Otra novedad incluida en el decreto es la posibilidad de comprar inmuebles para entidades sin ánimo de lucro que realicen funciones de inserción de colectivos en situación de  vulnerabilidad, pero también hacerlo a favor de personas que hubieren consolidado un derecho subjetivo a la vivienda y de las personas inscritas en el Registro de demandantes de vivienda de protección pública.

A falta de su aprobación y de los últimos detalles que se puedan incorporar, el decreto «para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto» pretende, según el departamento que dirige Martínez Dalmau -líder de Unidas-Podemos en la Comunitat Valenciana-, evitar que la ciudadanía «quede privada del derecho de una vivienda en un contexto económico desfavorables» como el actual. Según estas fuentes, va en la línea del objetivo de legislatura de ampliar el parque público de viviendas. «Se trata de un mecanismo eficaz para crear una verdadera red de vivienda pública que permita, con la mayor urgencia posible, dar alternativas a quienes no pueden acceder al mercado libre», concluyen.

eleconomista.es

Autor: Xavier Gil Pecharromán

La formulación de cuentas acaba el 31 de agosto y el 30 de septiembre la legalización de libros

La aprobación de las cuentas anuales de 2019 para las sociedades mercantiles se podrá dilatar este año hasta el próximo día 31 de octubre, como consecuencia del desplazamiento del ciclo contable experimentado por la paralización de los plazos procesales, que volverán a regir a partir del próximo día 1 de junio.

Por otra parte, las sociedades tienen de plazo hasta el próximo día 31 de agosto para formular o reformular sus cuentas anuales de 2019 (ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas), según se establece la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en su Instrucción de 28 de mayo de 2020, sobre levantamiento de suspensión de plazos administrativos. Así, esta Dirección General a por supuesto que habrá que reformular las cuentas como consecuencia del impacto de la crisis del coronavirus Sars-Cov-2.

Las sociedades para las que el 14 de marzo no había finalizado el plazo para formular sus cuentas anuales y a las que es de aplicación el articulo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020 -la inmensa mayoría de ellas-, pueden legalizar sus libros obligatorios desde el 1 de junio de hasta el 30 de septiembre de 2020.

La auditoría de cuentas deberá estar finalizada cuando acaba el plazo para formular cuentas (31 de agosto), sin que sea relevante el plazo transcurrido desde el cierre del ejercicio hasta la declaración del estado de alarma.

El artículo 40.5 del RD-L 8/2020, de 17 de marzo, establece que, en el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante su vigencia, el órgano de gobierno o administración de una sociedad obligada hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría es obligatoria como voluntaria, se entiende prorrogado por dos meses desde que finalice el estado de alarma.

El plazo para que la minoría nombre auditor, es el mismo que para formular cuentas, el 31 de agosto.

Teniendo en cuenta que el plazo máximo para formular las cuentas acaba el 31 de octubre, con cierre ordinario y cuando las cuentas se aprueban el último día, el de depósito concluye el último día del mes siguiente, es decir, el 30 de noviembre. Nada obsta, como es lógico a que se depositen antes en el Registro.

confilegal.com

Autor: Luis Javier Sánchez

Esta es una pregunta que los ciudadanos nos hacemos habitualmente ante llamadas o correos electrónicos de determinadas empresas que se dirigen a nosotros.

Ahora responder a esta pregunta puede ser más fácil. Desde Barcelona la empresa startup legaltech ‘Reclamadatos’ acaba de desarrollar una herramienta online gratuita que permite a las personas identificar qué empresas tienen sus datos y exigirles que cesen de usarlos en un plazo de 30 días.

Desarrolla una tecnología gratuita que permite que los ciudadanos recuperen el control de sus datos mediante la reclamación de los seis derechos que recoge el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): derecho de acceso, modificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al uso de esos datos.

Esta plataforma ofrece a los usuarios la posibilidad de conocer en un minuto el nombre de la mayoría de las empresas que disponen de sus datos personales y su ubicación en cualquier parte del mundo.PUBLICIDADPUBLICIDAD

A partir de ahí se podrá reclamar cualquiera de los citados seis derechos que recoge el Reglamento General de Protección de Datos y realizar un seguimiento del estado de las reclamaciones y las respuestas que dan las empresas a las mismas.

La herramienta gratuita Reclamadatos pretende concienciar a los usuarios de internet de la necesidad de recuperar el control de sus datos personales para evitar los abusos que se producen, especialmente mediante publicidad online o llamadas comerciales no deseadas.

Esta tecnología basa sus servicios en un “Sistema de Gestión de Información Personal” o “PIMS” por sus siglas en inglés, el cual ha sido analizado y validado por el European Data Protection Supervisor, máximo organismo europeo de protección de datos.PUBLICIDAD

“La tecnología PIMS puede ayudar a dar a las personas y a los consumidores a tener un mayor control sobre sus datos personales. El EDPS anima a la Comisión Europea a apoyar el desarrollo de herramientas digitales innovadoras como esta y tomar iniciativas políticas que inspiren el desarrollo de modelos de negocio económicamente viables para facilitar su uso”, indica Pau Enseñat, socio director de esta firma.

A su juicio, “la implementación efectiva de la protección de datos requiere iniciativas tecnológicas, económicas y legales, que nos ayudarán a recuperar el control de nuestras identidades en línea”.

Diariamente la Agencia Española de Protección de Datos está publicando en su página web nuevas brechas de seguridad que afectan a datos personales, que finalmente acaban en la ‘deep web’ donde se hace un uso no autorizado de los mismos.PUBLICIDAD

En los últimos 12 meses se han notificado a la Agencia Española de Protección de Datos 1.717 brechas de seguridad de las que están siendo informadas más de 26 millones de personas. Curiosamente, tal y como comentamos en Confilegal, durante el pasado mes de abril descendieron dichas incidencias.PUBLICIDAD

En un momento en el que los ataques a sistemas informáticos provocan tantos problemas a los usuarios de internet, Reclamadatos ofrece una solución sencilla y efectiva en un entorno seguro para exigir a las compañías que utilizan datos de las personas físicas que se abstengan de hacerlo.

La página web permite también a los usuarios registrados conocer qué datos obran en poder de estas empresas y solicitar que se corrijan, actualicen o eliminen. Además, facilita una copia de los mismos en un formato accesible y de lectura mecánica.

Ojo al negocio de los datos personales

Pau Enseñat, CEO y cofundador de Reclamadatos, advierte que “el negocio que mueven los datos personales cada vez va a más. Hay muchas empresas sin escrúpulos que ganan mucho dinero con ellos. Nuestra iniciativa es un freno necesario a estas prácticas y una ayuda indispensable y segura para que las personas retomen el control de sus datos”.

En España, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares 2019 del INE, un 31,5% de los internautas (28,6% de las personas entre 16 y 74 años) informa haber sufrido algún incidente de seguridad mientras usaba internet en los últimos 12 meses.PUBLICIDAD

Según Enseñat, estos datos “demuestran la necesidad de que las personas tomen parte activa para reducir estas cifras tan preocupantes”.

Al final de lo que se trata es de proteger la información importante que uno tiene y presevarla de cualquier ataque pueda sufrir. En el caso del teletrabajo, recientemente la AEPD ofrecía una serie de pautas para proteger esa información que surge de dicha práctica, ahora muy en boga por la pandemia del coronavirus.

El mismo informe, fechado en octubre del pasado año, destaca que los incidentes más frecuentes han sido recibir mensajes fraudulentos o ‘phishing’, ser redirigido a páginas web falsas que solicitan información personal o pharming y uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito (3,4%).

“En una sociedad que ha visto acelerada la transformación digital por el confinamiento, esto no puede ir a más. Los internautas tienen que presionar a las empresas desde ya”, aseguraba el propio Enseñat.

La crisis del Covid-19 ha demostrado la importancia de los datos personales en la lucha contra la pandemia. Desde la aparición de las primeras ‘apps’ sobre el coronavirus, los ciudadanos han descargado y compartido voluntariamente sus datos de salud y localización.

Datos personales y Covid-19

El Gobierno español y las CCAA tendrán que dejar de utilizar todos los datos personales que hayan obtenido a través de las ‘app’ oficiales del COVID-19 cuando finalice el estado de alarma o lo soliciten los usuarios, según nos explica Enseñat.

Según indican los textos legales de las propias app, dejarán de utilizar los datos recabados (entre otros, DNI, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género, número de teléfono, dirección, código postal, datos de salud relacionados con los síntomas y geolocalización de los usuarios) cuando finalice la crisis sanitaria.

A priori, debería producirse en el momento en que cesen las circunstancias que motivaron la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo.

De este modo, todos aquellos ciudadanos que en algún momento de la crisis sanitaria hayan descargado y utilizado alguna de estas aplicaciones de forma voluntaria podrán reclamar su derecho de oposición para que dejen de utilizar los datos e inicien los procedimientos oportunos para su supresión.

Asimismo, todas las empresas que presten servicios para el mantenimiento y/o correcto funcionamiento de dichas apps (por ejemplo, Telefónica, CartoDB, Medensaltren y Tritium Software para el caso de “Asistencia COVID-19”), también deberán dejar de utilizar los datos personales a los que hayan tenido acceso.

Pau Enseñat recuerda que “debemos ser muy cautos y descargar únicamente las aplicaciones oficiales de las instituciones públicas, porque todas ellas están sujetas a la normativa europea. De lo contrario, corremos el riesgo de que nuestros datos acaben siendo comercializados o en manos de terceros desconocidos sitos en países con escasa o nula regulación en materia de privacidad”.

Desde su punto de vista “es importante que los ciudadanos tomen conciencia del valor de sus datos y empiecen a recuperar el control de los mismos reclamando sus derechos”.

Sin embargo, hasta el momento, visto lo visto, hasta que no tenemos un problema con nuestros datos, nadie advierte que posiblemente se esté haciendo un uso excesivo de esos datos.