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Con una experiencia digital única y a través de una app, zityhub permite a los profesionales elegir de forma sencilla e inmediata el lugar de trabajo entre una diversidad de opciones y localizaciones.

Las más de 50 ubicaciones ya disponibles en Madrid y Barcelona ofrecen ‘el tercer lugar’ para trabajar como una alternativa a la oficina y la propia vivienda. La red zityhub está formada por una amplia opción en Espacios Flexibles, Cadenas Hoteleras y Sedes Corporativas.

Además, las organizaciones tienen la opción de incluir sus propios espacios en la plataforma, optimizando así la superficie infrautilizada.

El propósito de zityhub es facilitar la flexibilidad de los profesionales, con opciones de trabajo en remoto que se ajustan a sus necesidades y a las de su compañía, ofreciendo una alternativa saludable y sostenible al teletrabajo.

zityhub es la red de espacios de trabajo flexibles, reservables bajo demanda y en formato de pago por uso. Esta innovadora plataforma reinventa el trabajo en remoto y ayuda a las compañías a afrontar con libertad los extraordinarios cambios en las formas de trabajo, relación laboral, y conciliación, ofreciendo un tercer lugar para trabajar como una alternativa adicional a la oficina y domicilio de los profesionales.

Constituida en 2019 como una plataforma B2B que permite la gestión dinámica y digital de los espacios de trabajo y que opera bajo el modelo de ‘Space as a Service’, ofrece flexibilidad a los empleados y un modelo eficiente de gestión del uso y control del gasto para las organizaciones. El control de aforo y la trazabilidad de alta precisión de zityhub permiten a cualquier empresa aprovechar las ventajas de los espacios de trabajo flexibles manteniendo las garantías necesarias en salud y seguridad.

Desde la compañía, Pablo de la Hoz, COO de zityhub explica los profundos cambios que afronta la industria inmobiliaria en el mercado de oficinas: «Las organizaciones están definiendo e implementando modelos híbridos de trabajo, otorgando diferentes opciones de flexibilidad a sus empleados y combinando la vuelta presencial a la oficina con el teletrabajo o ‘el tercer lugar’. zityhub propone un escenario basado en la elección dinámica y consciente por parte del profesional de su lugar de trabajo.

¿Cómo funciona?

Una vez las organizaciones hayan registrado a los profesionales de su empresa en zityhub, éstos tendrán acceso, mediante una app, a la red de espacios flexibles, con recursos reservables bajo demanda y pago por uso, permitiendo una libertad diaria de elección sobre dónde trabajar. El profesional elige cómo trabajar y la organización paga solo por lo que éste utiliza.

La oficina es ahora una red, una oferta de espacios donde trabajar, colaborar, relacionarse y aprender.

Red distribuida: el concepto ‘Hub & Spoke’

‘El tercer lugar’ para trabajar que presenta zityhub está basado en el modelo ‘Hub & Spoke’, donde las empresas centralizan determinadas operaciones, procesos y funciones en sus sedes al mismo tiempo que dan libertad a sus empleados para trabajar desde una red de espacios flexibles, estratégicamente localizados cerca de su casa o sus clientes, ofreciendo así una alternativa saludable y sostenible al teletrabajo.

Se trata de combatir el aislamiento social y falta de interacción con los compañeros que han experimentado un 32% de los trabajadores durante el teletrabajo, evitando a su vez que se pierda la identidad y valores corporativos de las distintas empresas.

zityhub, soluciones de alto impacto para las compañías

El modelo no solo ofrece beneficios en materia de flexibilidad y comodidad para los empleados, con su correspondiente impacto en productividad, sino que también implica eficiencia en materia de costes inmobiliarios y aprovechamiento de espacios, con su propuesta de pago por uso. La empresa dispone de una plataforma de control, con una interfaz digital única para la gestión de todos los usuarios y para todos los espacios, con visualización en tiempo real y control de gasto asociado por usuario y equipo. Se trata de una solución sencilla que resuelve la complejidad de tener un contrato con cada uno de los operadores de los distintos espacios. Con zityhub las compañías tienen acceso a cualquier lugar de trabajo integrado en la plataforma.

zityhub es la alternativa a los largos desplazamientos al trabajo, que para un 81% de los profesionales europeos es superior a una hora, y contribuye a la reducción de la huella de carbono facilitando que las compañías refuercen su compromiso con Objetivos de Desarrollo Sostenible con la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (ODS #13).

Por otro lado, la flexibilidad que ofrece este modelo configura sistemas menos rígidos, logrando así un impacto positivo en la satisfacción del empleado y aumentando la capacidad de atracción y retención del talento. En este sentido, según el último informe de Adecco, el 77% de los trabajadores en España considera que el modelo ideal es el que combina el trabajo en remoto con el trabajo en la oficina, por lo que piden la flexibilización de este mecanismo.

La pandemia de la Covid-19 además ha introducido un nuevo aspecto a tener en cuenta dentro de la industria, la seguridad sanitaria. En este sentido, la red está formada por espacios seguros, certificados y que ofrecen una completa trazabilidad.

Presencia a nivel nacional

Presente en Madrid y Barcelona con miles de puestos de trabajo y cientos de salas de reunión, la red se encuentra en proceso de expansión a las principales ciudades españolas y ya planea su internacionalización.

zityhub es por tanto una completa plataforma en la que están disponibles los mejores y más exclusivos espacios de trabajo flexible, entre las marcas y redes disponibles cabe resaltar la presencia de los operadores líderes como Utopicus, ImpactHub, Aticco, Talent Garden, Cloudworks o First Workplaces, y activos de cadenas hoteleras como el Hotel Only You de Atocha, del Palladium Hotel Group. A la ya existente oferta, pronto se sumarán localizaciones de otras conocidas marcas hoteleras.

Hasta ahora tributaban como ganancia patrimonial

elderecho.com

El TS declara que los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF, pues cuando se devuelven al contribuyente unos intereses soportados por el mismo indebidamente, compensándolos, no existe una ganancia patrimonial, sino que se produce un reequilibrio, anulando la perdida antes sufrida. Se emite voto particular contrario.

La cuestión objeto de recurso consiste en determinar si los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos, pese a su naturaleza indemnizatoria, se encuentran sujetos y no exentos del impuesto sobre la renta, constituyendo una ganancia patrimonial que procederá integrar en la base imponible del ahorro o, por el contrario, debe ser otro su tratamiento fiscal, atendiendo a que, por su carácter indemnizatorio, persiguen compensar o reparar el perjuicio causado como consecuencia del pago de una cantidad que nunca tuvo que ser desembolsada por el contribuyente.

Alega el Abogado del Estado en su recurso que si los intereses de demora tienen carácter indemnizatorio, es claro que no constituyen rendimientos de capital mobiliario, ni tampoco de actividades económicas. En cambio, si el concepto de ganancia patrimonial, por el que según la LIRPF se ha de tributar, se determina por exclusión, la condición de tal de los intereses de demora, resultará precisamente de la improcedencia de calificarlos como otro tipo de rendimientos y, en consecuencia, los intereses de demora han de tributar cómo ganancias patrimoniales del art. 33.1 LIRPF

Resuelve el TS el recurso de casación en su sentencia de 3 de diciembre 2020, en la que comparte el razonamiento de la sentencia impugnada, que se basa en el distinto tratamiento que se da a los intereses de demora cuando se deniega su deducción para los soportados por el contribuyente, para no obtener ventajas de una actuación derivada del incumplimiento de sus obligaciones fiscales, y cuando se reconoce el carácter de indebidos de los ingresos se entiende que el abono de los intereses de demora están sujetos y no exentos.

No obstante, no reconoce una exención tributaria no prevista en la ley, como hace la sentencia recurrida, pues entiende que se está ante un supuesto de sujeción y no de exención, teniendo que considerar los intereses de demora como un supuesto de no sujeción, esto es, que si estamos ante una ganancia patrimonial, y es evidente que, cuando se devuelven al contribuyente unos intereses soportados por el mismo indebidamente, compensándolos, no existe tal ganancia patrimonial, sino que se produce un reequilibrio, anulando la perdida antes sufrida.

Por tanto, señala el Tribunal, que no tiene sentido negar el carácter deducible de los intereses soportados por el contribuyente, y entender como sujetos y no exentos los intereses anejos a la devolución de ingresos indebidos. Si, como admite la recurrente siguiendo la jurisprudencia de esta Sala, los intereses de demora tienen una finalidad compensatoria, de considerarlos sujetos dicha finalidad quedaría frustrada.

Se emite voto particular por un Magistrado que entiende debió declararse haber lugar al recurso de casación del Abogado del Estado, aclarando que los intereses de demora «pasivos» son ganancias patrimoniales integrantes de la renta general del IRPF.

inmodiario.com

El decreto propuesto por el Gobierno para paralizar los desahucios de familias vulnerables mientras se mantenga en vigor el estado de alarma, que está previsto que se apruebe de forma inminente, supone la legalización de la ocupación ilegal, lo que va a convertir a España en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas, como se ha visto recientemente con el incendio de una nave ocupada en Badalona.

Si se aprueba el decreto con la propuesta actual, los propietarios de vivienda en alquiler afectados reclamarán al Estado responsabilidades por expropiación del derecho de uso de sus activos. El decreto generará, asimismo, un efecto llamada a nuevas ocupaciones, como ya hemos visto en Cataluña con la aprobación de normativa similar. Este texto legal puede dar lugar también responsabilidades de tipo penal para el Estado en el caso de que se produzcan conflictos en las viviendas ocupadas tras la aplicación del decreto, ya que los propietarios se verán privados de su derecho de propiedad y no podrán garantizar la seguridad de su vivienda.

Los propietarios que forman parte de ASVAL son favorables a buscar soluciones para los inquilinos con dificultades temporales para pagar las rentas de sus alquileres por efecto de la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, se manifiestan totalmente en contra de ofrecer estas mismas soluciones a los ocupas ilegales.

El decreto propuesto establece que serán los servicios sociales los encargados de acreditar la vulnerabilidad de las familias y las Comunidades Autónomas las que tengan que proporcionarles un alojamiento alternativo en un plazo de tres meses. Sin embargo, las administraciones autonómicas carecen de un parque de vivienda social suficiente para garantizar este realojo, una opinión compartida por todos los expertos en la materia. España cuenta con uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa, ya que, según datos de Eurostat, tan solo representa el 2,5% del total de viviendas, frente al 30% de los Países Bajos, el 24% de Austria o el 17% de Francia.

Efecto llamada e inseguridad jurídica

Desde ASVAL se considera que esta nueva ley generará un efecto llamada a la ocupación ilegal, generando inseguridad jurídica en el mercado de vivienda. Sobre este aspecto, Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, explica que la normativa que el Gobierno va a aprobar «perjudicará a los colectivos con menores recursos, ya que habrá menos oferta de vivienda, será más cara y los propietarios priorizarán a los inquilinos más solventes».

Este acuerdo perjudica al sector, frena su profesionalización y desarrollo y contradice las recomendaciones de organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado recientemente un informe dedicado a la situación del alquiler en España, en el que advierte de los riesgos de sobreproteger a los inquilinos y sobrerregular el sector, y en el que aboga por incrementar el parque social de vivienda en alquiler, una propuesta que también defendemos desde ASVAL.

Derechos socavados

Con esta medida se pone en riesgo además del derecho de propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza la resolución de los problemas por vía judicial y sin injerencia de la Administración Pública. Desde ASVAL consideramos, asimismo, que este acuerdo es discriminatorio, ya que distingue de forma arbitraria y no justificada jurídicamente grandes y pequeños propietarios, lo cual está prohibido por la ley.

El grueso de la futura medida va en contra de los grandes tenedores, que son cruciales para el desarrollo del este mercado en España y que requieren de seguridad jurídica para mantener sus inversiones en nuestro país. Además, es una medida completamente desproporcionada, ya que carga toda la obligación de dar solución al problema social de la vivienda en el sector privado, cuando es una obligación de la Administración.

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El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación de un anteproyecto de Ley (APL) que permitirá dar certidumbre sobre la sostenibilidad del sistema y facilitar la consecución de los objetivos de la transición energética y la recuperación verde

El texto prevé la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que financiará los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, eminentemente fijos, que dejarán de formar parte del recibo de la luz

La creación de este Fondo, que se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía, podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos

Se trata de un mecanismo socialmente progresivo: cuanto menor es la renta de las familias, mayor es el peso de la electricidad en su «cesta energética», por lo que la bajada del precio de la luz beneficiará especialmente a los hogares con menores ingresos

Para garantizar la equidad y redistribución justa, el fondo contempla exenciones y compensaciones para los sectores con menos capacidad de adaptación

La implantación será gradual a través de un calendario lineal de 5 años, lo que permitirá la adecuación progresiva al mismo de todos los actores implicados, permitiendo un acompañamiento en los próximos años mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) con un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.

Para avanzar en la transición energética es necesario enviar señales de precios adecuadas a inversores y consumidores a través de un nuevo sistema de financiación de los costes regulados acorde a la evolución del mercado y a los objetivos de la transición energética, que incentive el paso a tecnologías limpias.

Por ello, el anteproyecto de Ley (APL) establece la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE).

De esta manera, el coste de financiación del RECORE dejará de formar parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.

La creación de este Fondo, que se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía, podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos.

Los sujetos obligados a la financiación del FNSSE serán los comercializadores de todos los sectores energéticos -al contrario que en el sistema actual, en el que la aportación recae directamente sobre los consumidores finales-, que contribuirán al fondo en función de sus ventas. Para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha subrayado que este APL es «una propuesta fundamental para conseguir dar las señales adecuadas a consumidores e inversores, señales acordes con la descarbonización y la transición energética necesaria, dando cabida a la estabilidad y confiabilidad a los actores del sistema eléctrico».

El diseño actual del sistema energético se planteó en un contexto de precios de la electricidad altos, un mix de generación con fuerte presencia de tecnologías fósiles y emisoras y una demanda creciente.

Sin embargo, los objetivos de descarbonización y la situación actual son precisamente los contrarios. El descenso de la demanda debido al papel central de la eficiencia energética, el escenario de precios cada vez más bajos por la mayor penetración de renovables (la forma más barata de producir energía) y la salida del carbón del mix generan una menor recaudación, poniendo en riesgo el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico. Es decir, las señales del sistema actual son incoherentes con los objetivos de transición energética y con lograr las mejores condiciones para los consumidores.

Si no se modifica el sistema actual, la Ley en vigor obliga a ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz. Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura.

Además, la aparición de desequilibrios económicos en el sistema eléctrico genera incertidumbre y menor confianza de cara a la inversión en nuevos proyectos de energías renovables o eficiencia energética: inversiones que, siendo importantes para la transición energética, lo son especialmente en un contexto de necesaria reactivación económica.

noticias.juridicas.com

La instalación de cámaras falsas, con fines disuasorios, también supone una vulneración de los derechos de intimidad de aquellos que se creen observados, aunque no se recoja ninguna imagen de estos. 

Así lo ha establecido la Sala Primera del Tribunal Supremo en una reciente sentencia (disponible en este enlace), en la que ha confirmado una resolución anterior de la Audiencia Provincial de Baleares que condenaba a una sociedad por intromisión ilegítima en la intimidad de un denunciante, en cuyo jardín apuntaba una cámara falsa. El sentirse apuntado por la cámara, aunque falsa, coartaba su libertad de actuación y por tanto vulneraba su intimidad. 

Una carcasa no apta para grabar

La empresa era propietaria de una finca contigua a la del demandante, con servidumbre de paso a favor de esta última. La sociedad instaló dos cámaras de seguridad que eran una simple carcasa alimentada por una batería, no aptas para grabar, y con una mera función disuasoria. 

El demandante, antes del proceso judicial, formuló denuncia ante la AEPD, que archivó el expediente. Aunque el juzgado de primera instancia desestimó la demanda, la Audiencia Provincial revocó su decisión, apreciando la existencia de intromisión ilegítima en la intimidad del demandante.  

El Tribunal Supremo confirma dicha decisión, recordando que al menos una de las cámaras, por su orientación hacia el jardín exterior de la vivienda, posibilitaba que el demandante y su familia pudieran sentirse observados en su propia parcela, no solo en la entrada y salida de la finca. 

La situación, por tanto, era objetivamente idónea para coartar su libertad en la esfera personal y familiar, pues quien se siente observado hasta ese extremo no se comportará igual que sin la presencia de cámaras, y no tiene por qué soportar una incertidumbre permanente acerca de si la cámara orientada hacia su finca es o no operativa, pues su apariencia externa le impide comprobarlo, mientras que la demandada siempre tendría la posibilidad de sustituirla por una cámara operativa.  

Tampoco puede considerarse un usus inocui en el ámbito de las relaciones de vecindad, pues su uso es objetivamente perturbador de la intimidad, sin necesidad alguna.

inmodiario.com

Expertos de Steelcase reivindican los espacios flexibles que permitan elegir dónde trabajar en cada momento del día. Conseguir espacios resilientes adaptados a las necesidades de las organizaciones y equipos de trabajo será el gran desafío para las organizaciones, especialmente tras el cambio que ha traído consigo la COVID-19 en los flujos de socialización.

El diseño de las oficinas, una de las claves para garantizar entornos seguros que protejan a los trabajadores en esta paulatina vuelta a la normalidad laboral en 2021.

Según el INE, 3 millones de personas tuvieron que cesar el trabajo presencial de manera repentina, y pasar a trabajar en remoto durante la época de pandemia COVID-19 más dura, coincidiendo con el confinamiento en España. Hasta entonces, el teletrabajo no había tenido una gran implantación en España y las empresas improvisaron su adaptación a esta nueva forma. La actividad laboral desde casa demostró su gran utilidad y se reveló como una herramienta para la ansiada flexibilización y conciliación en nuestro país. Sin embargo, también ha destapado carencias que repercuten en el bienestar de los equipos y en la productividad de las organizaciones.

Las razones son claras. La oficina es uno de los puntos clave de la socialización de las personas y esto tiene unos beneficios conocidos para las empresas: el sentimiento de pertenencia al grupo aumenta el bienestar y el compromiso de los trabajadores. En el corto plazo, el trabajo desde casa puede ser suficiente para la continuidad de la actividad, pero a la larga, las organizaciones tienen muy complicada su supervivencia sin estos factores.

Las compañías líderes están incorporando esta perspectiva, entendiendo el espacio de trabajo como una de las herramientas críticas para seguir siendo competitivas. Es la palanca que fomenta la innovación y el crecimiento que solo se puede lograr cuando las personas trabajan juntas de manera efectiva, elevando su creatividad al máximo. Y los empleados coindicen: según una encuesta realizada por Gensler Research Institute en Estados Unidos y recogida por Steelcase, alrededor de un 90% de los trabajadores quiere volver a trabajar en una oficina.

Así lo revelan las investigaciones de Steelcase, compañía líder en la consultoría de espacios: «Las empresas tienen que tomar conciencia de que sus espacios de trabajo representan un activo esencial para su productividad, son el corazón de toda organización. Por ello, es necesario reinterpretarlos para convertirlos en espacios de cambio y de punto de encuentro de la creatividad y productividad», asegura Alejandro Pociña, presidente de Steelcase Iberia.

El futuro del trabajo: flexibilidad para ser más productivos

El fin del trabajo en remoto, de manera generalizada, aún está por llegar. No está claro cuándo ni cómo se producirá, ni bajo qué medidas o protocolos concretos. Lo que sí es seguro es que el modelo de actividad presencial de las compañías deberá evolucionar hacia algo distinto del pasado.

En el largo plazo, las necesidades de las empresas pasan por reinventar los espacios de trabajo. La densidad de la oficina ya no será la prioridad, sino la capacidad de adaptarse fácilmente a posibles cambios económicos, climáticos o sanitario. Esto comienza por entender bien qué tipo de edificio hace falta, analizar sus instalaciones, y luego diseñarlo y acondicionarlo de manera que ayude a las personas a desarrollar todo su potencial creativo. Espacios que se expanden y se contraen, que ayudan a crear comunidad y promueven un sentido de pertenencia.

«Si el espacio de trabajo no se diseña pensando en las nuevas necesidades de la era post-Covid y en las personas que trabajan en él, respondiendo a sus necesidades de bienestar físico, emocional y cognitivo, entonces no cumplirá con su papel de contribuir a generar esas relaciones interpersonales que tanto estamos echando de menos en estos momentos ni servirá para garantizar la calidad del trabajo de nuestros empleados y colaboradores», advierte el presidente de Steelcase Iberia.

Las ‘4P de la Productividad’ para volver a la oficina en 2021

Con todo, siguiendo las recomendaciones de los distintos expertos de Steelcase, los principios de diseño para este tipo de espacios se basan en 4 claves en torno al concepto productivity spaces, sobre el que pivota la compañía:

Proximidad: La proximidad persona-tecnología es fundamental para conseguir la incorporación de participantes remotos y la proximidad persona-espacio se basa en ofrecer una variedad de espacios que aporte la elección y control necesarios a lo largo del día.

Privacidad: Todas las formas de privacidad (acústica, visual, territorial e informativa) contribuyen a crear una sensación de comodidad y seguridad psicológica, ayudando a las personas a sentirse cómodas y libres para compartir ideas y exponer sus trabajos.

Posturas: Facilitar la adopción de varios tipos de posturas permite la realización de distintos modos de trabajo de manera más efectiva y contribuye a la salud y el bienestar.

Personalidad: Los espacios flexibles ayudan a configurar el tono de la marca y la cultura de una organización. Esa conexión con la identidad es un atractivo para los trabajadores.

elespañol.com

Luis Herrero

En la actualidad, apenas el 0,3% de los edificios de nuestro país han llevado a cabo reformas de mejora energética: se estima que ocho de cada diez inmuebles son ineficientes

Se estima que en torno al 80% de las construcciones de nuestro país han recibido una calificación energética inferior a la D, lo que implica que algunas de ellas no solo no ahorran energía, sino que gastan más que la media, como podemos comprobar en esta explicación de Twenergy sobre las etiquetas de eficiencia energética, dependientes de la Unión Europea: las letras D y E equivalen a un «aprobado», mientras que E y F indican una deficiente gestión de la energía en el inmueble.

Además del potencial despilfarro de energía que implica no disponer de una vivienda adecuada a los estándares europeos, esta situación también se traduce en la reducción del valor de mercado del inmueble. Desde 2013, poseer un certificado de eficiencia energética es obligatorio por ley, y este dato siempre debe acompañar la información sobre la venta o el alquiler de una casa, igual que figura, por ejemplo, en cualquier electrodoméstico que adquiramos. 

Inconvenientes y ventajas

En España hay 17 millones de viviendas, 12 millones de las cuales están integradas en comunidades de propietarios. Esta fragmentación de la propiedad dificulta la toma de decisiones, según señalan en IDAE. A esto se suma que las comunidades de vecinos tienden a pensárselo dos veces antes de emprender reformas integrales -no siempre es fácil encontrar empresas capaces de llevarlas a cabo-, y a subestimar el efecto que tienen sobre la vida de los vecinos. 

Sin embargo, el beneficio de muchas de ellas es palpable incluso en el corto plazo: por ejemplo, el aislamiento térmico resulta fundamental para mejorar no solo el confort que ofrece una vivienda, sino que supone un ahorro sustancial en calefacción, tal y como explican en IDAE mediante un ejemplo muy ilustrativo que recoge la web de la empresa de materiales de construcción Sustraik:

«Un edificio construido en 1975 (con más de 30 años de antigüedad, no se tuvo en cuenta el aislamiento), está ubicado en zona de rigurosos inviernos y veranos bastante calurosos (D3 según CTE) como Madrid, cuenta con 6 viviendas y tiene una superficie aproximada de fachada de 1000 m2. El sistema de calefacción es de una caldera con gas natural que funciona durante 5 meses al año (de noviembre a marzo), cuya demanda anual de energía es de 132 kWh/m2, lo que supone una factura de calefacción de 895 € al año por vivienda.

La solución adoptada es la rehabilitación de las cuatro fachadas del bloque de viviendas, incorporando un aislamiento por el exterior y un aplacado. El resultado es que la fachada ha conseguido aumentar su aislamiento en un 70% y, por consiguiente, se ha reducido el gasto de calefacción en un 35%. Por tanto, se pasa de un gasto de 895 € a 585 €, lo que supone un ahorro por vivienda de 310 €/año«.

IDAE.

Las actuaciones previstas en el  Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) 

Este plan, impulsado por el Gobierno a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, y gestionado por las CCAA, está dotado con 300 millones de euros, e incluye ayudas para cambiar la envolvente térmica, sustituir calderas por opciones renovables o mejorar la eficiencia de la iluminación.  La subvención que concede IDAE es de, como mínimo, entre un 25% o un 35% del coste de la obra -15% en el caso del alumbrado-; los consumidores vulnerables podrán obtener un 15% adicional, y también se sumará hasta un 15% si la reforma permite obtener la calificación A. En total, sumando las diferentes ayudas, la subvención total puede ascender hasta el 75% o el 85% del importe, salvo para empresa, persona física o entidad con actividad comercial, pues se les aplicará el límite por ayudas de Estado. En todos los casos, los solicitantes deberán demostrar que el plan de rehabilitación propuesto mejorará la eficiencia del edificio en al menos una letra en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /m2 año).

IDAE.

Las ayudas podrán destinarse tanto a las actuaciones en edificios completos como a las que se realicen en locales de esos edificios. Y sus beneficiarios, según aclaran en IDAE, son los siguientes: «Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios, las comunidades de propietarios constituidas conforme a la Ley de Propiedad Horizontal, los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, las empresas de servicios energéticos (ESEs), las entidades locales y el sector público institucional de cualesquiera administraciones públicas, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, las entidades locales las administraciones de las CCAA y cualesquiera organismos públicos que actúen en representación de comunidades de propietarios u otros propietarios de edificios para promover y gestionar la realización de actuaciones de rehabilitación energética».

Este plan tiene como objetivo cumplir las metas de descarbonización señaladas en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que aspira a que en 2030 el 74% del sistema eléctrico dependa de fuentes renovables. Las estimaciones del propio PNIEC elevan a 48.000 los empleos netos anuales que este programa de rehabilitación generará a lo largo de la presente década.

En el sitio web Aplica la ecológica, IDAE brinda a los ciudadanos soluciones sencillas para mejorar sus hábitos energéticos y contribuir con la transición energética de nuestro país, cuya meta es la neutralidad climática en 2050. En el apartado «Mejora la eficiencia energética de tu hogar» se encuentra información útil para enfocar un plan de reformas eficiente, y que aspira a involucrar a toda la sociedad bajo el lema «Construye tu futuro, aplica la ecológica». 

‘Aplica la ecológica’ es una campaña de Comunicación y Publicidad Institucional ‘Energía y Ciudadano’, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

20minutos.es

Jorge París

Con fecha 15 de octubre, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la reforma de la Ley del Suelo que incluye una nueva regulación sobre la tramitación de las obras más habituales que se suelen efectuar en las Comunidades de Propietarios, como las obras de conservación y mantenimiento, la supresión de barreras arquitectónicas o la instalación de aparatos de aire acondicionado.

A partir de ahora, aclara el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) solo será necesario una Declaración Responsable, que deberá contener manifestación expresa de los interesados, bajo su responsabilidad, del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa para realizar una determinada obra, y no una licencia municipal que autoriza el inicio de esta.

Por otra parte, están excluidos de la necesidad de contar con licencia previa, y de presentar Declaración Responsable todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica o de gas, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas en una sola vivienda o local, entre otros.

CAFMadrid considera que, aunque la tramitación por Declaración Responsable presenta como principal ventaja la reducción de los plazos para llevar a cabo la obra, existe un gran inconveniente: las Declaraciones después pueden ser inspeccionadas por la autoridad competente y decidir que no se han hecho adecuadamente, algo que no ocurriría con la licencia de obra y que manifiesta inseguridad de la normativa.

“La normativa actual es interpretable en muchos aspectos, lo que nos genera

incertidumbre”, señala Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid. “La Ley nos facilita la ejecución de las obras de forma inmediata, sin necesidad de esperar a la concesión de una licencia, pero deja en el aire su correcta ejecución ante una inspección futura”, comenta Bajo. “Consideramos que la Ley del Suelo es positiva para desatascar las licencias de primera ocupación en obra nueva, pero no tanto para la reforma o rehabilitación de edificios existentes”, justifica.

Por otro lado, desde CAFMadrid surgen dudas sobre quién firma una Declaración

Responsable, si es el presidente de la comunidad de propietarios, como representante legal, o el administrador de fincas, ya que en caso de problemas futuros no queda claro quién asume la responsabilidad. Asimismo, sugiere que todas las peticiones de actuaciones que se presenten deberían estar aprobadas previamente en la junta de propietarios de la comunidad debido a los desacuerdos que conllevan algunas de estas decisiones.

Además, CAFMadrid advierte que en la Declaración Responsable deberá manifestarse que la actuación pretendida no se realiza sobre bienes que dispongan de algún tipo de protección urbanística, cuando en Madrid el 70% de los edificios que se encuentran en el interior del anillo de la M-30 tienen esta catalogación.

En lo que se refiere a la adaptación de las distintas Ordenanzas de tramitación de licencias existentes, los ayuntamientos tienen un plazo de un año para hacerlo, aunque la Ley entró en vigor a los 20 días de su publicación, concretamente el pasado 4 de noviembre, y el consistorio madrileño ya ha dictado una instrucción interna para tramitar la solicitud de obras. Desde CAFMadrid solicitan que todas estas cuestiones se vayan aclarando en próximas fechas, una vez el Ayuntamiento defina los procesos de actuación.

elespañol.com

Izan González

Las comunidades de vecinos inteligentes ya cuentan con asistentes virtuales como Alexa, se puede hablar con ellas a través de WhatsApp y cuentan con miles de sensores.

Probablemente el último gran invento aplicado a las comunidades de vecinos fue el mando a distancia para la puerta del garaje. Desde entonces y salvo honrosas excepciones, los edificios de viviendas de España no cuentan con mayor aportación tecnológica en pleno siglo XXI.

Reuniones de vecinos impepinablemente presenciales con votaciones a mano alzada, folios pinchados en corchos para reservar la sala comunitaria o bombillas fundidas durante meses. Símbolos de cualquier buena comunidad de vecinos. Aunque poco a poco la tecnología también va penetrando en estos ecosistemas tan analógicos.

La pandemia de coronavirus ha tenido mucho que ver en todo esto junto con la necesidad de mantener un distanciamiento social. Impulsando de esta forma algunas iniciativas que se cocían a fuego más lento que el deseado dentro de los departamentos tecnológicos.

Por no hablar de toda la parte de IoT (Internet de las cosas, por sus siglas en inglés) y el panorama actual de domótica que permiten otorgar ciertas comodidades a unos precios competitivos. Todo para acercar un poco las comunidades de vecinos a nuestros tiempos.

Comunidades inteligentes

Algunas comunidades de vecinos ya cuentan incluso con aplicaciones para teléfonos inteligentes y asistentes virtuales. «El asistente puede tramitar directamente órdenes como duplicados de recibos, poner una incidencia, solicitar una cita con el administrador… Y esto es solo de momento», ha explicado a OMICRONO Enrique Sánchez, director general de IESA. Si el asistente no es capaz de cerrar la petición del usuario, se genera un ticket en el despacho para que el administrador pueda tramitarlo.

Tucomunidapp IESA Omicrono

El asistente virtual Tuco está dentro de la aplicación creada por IESA para la gestión de comunidades de vecinos. «Si vas por el portal y ves que una bombilla se ha fundido o hay un cristal roto, haces una foto y mandas la incidencia directamente por la aplicación. La información llega entonces al administrador quien la rebota al servicio de mantenimiento». Todo casi automático.

El asistente virtual, más allá de la app, también se encuentra en plataformas más accesibles y extendidas. «El usuario puede hablar con Tuco por WhatsApp, como si fuera un bot, y también está integrado en los asistentes virtuales Google Assistant y Alexa«.

«Alexa, abre Tuco y pon una incidencia». Esto proporciona un mundo de posibilidades muy interesante. Google Assistant viene integrado en la inmensa mayoría de los smartphones con Android y Alexa tiene app para todos los sistemas operativos. En cualquier momento y lugar podremos reportar incidencias a golpe de comando de voz.

Reserva de piscina IESA Omicrono

Los asistentes virtuales, según nos cuenta Enrique Sánchez, «tienen muchas posibilidades de ayuda a personas discapacitadas. Gentes con problemas de visión a quien les resulta muy complicado manejar un teléfono pueden dar órdenes a un asistente virtual usando solamente la voz».

IESA tiene aproximadamente 280.000 comunidades de propietarios que lo están utilizando y «se notan mucho las funcionalidades estacionales». Los aforos limitados en las piscinas debido a la pandemia han impulsado el uso de las reservas mediante la aplicación. «Durante los fines de semana también incrementan las reservas de las pistas de pádel y tenis».

Internet de las Cosas

«Para este próximo 2021 estamos planeando integrar el ecosistema de Internet de las cosas. Ya lo estamos probando internamente», nos apunta Sánchez. La funcionalidad más básica que planean desplegar es poder abrir las puertas de acceso a la comunidad desde la propia aplicación. «Que el usuario pueda abrir la puerta del portal, la del garaje o la del acceso a la piscina usando el teléfono móvil«.

Punto interesante también el que permite a los propietarios que tienen alquilado el piso limitar en el tiempo el acceso a la aplicación. «El ejemplo perfecto son los pisos y apartamentos vacacionales. El propietario puede habilitar una fecha de inicio y otra de final para que puedan usar la app como ‘llave’ del edificio o del garaje». 

Edificios de viviendas @leohoho en Unsplash Omicrono

Todo lo anterior desde el punto de vista de los actuadores, uno de los muchos elementos IoT que existen en la actualidad. «Estamos trabajando también en sensores que le ‘hablen’ al administrador y nos podamos anticipar a las incidencias». Uno de ellos es un sensor de inundación que se puede instalar en puntos críticos como el garaje o en una cubierta. «Si un sumidero de agua se queda inundado, pretendemos que el sistema sea capaz de avisar al administrador para que pueda mandar a alguien lo antes posible».

El uso de sensores se puede ampliar también a los cuadros eléctricos donde la temperatura debe estar controlada o detectores de movimiento en determinadas zonas del edificio a horas inadecuadas. «Nos podemos imaginar una zona de trasteros a alguien merodeando a las tres de la madrugada o un sensor que detecta que la puerta del garaje se ha quedado más de cinco minutos abierta a esas mismas horas intempestivas».

El mismo concepto que se está empezando a desplegar en las casas, donde cada vez existen más sensores, aplicándolo a las comunidades de vecinos. «Otra de las aplicaciones puede ser un sistema de riego inteligente que sea capaz de saber si va a llover consultando la previsión por Internet. De esta forma no se desperdicia agua y los jardines se mantienen mejor».

Gestión incidencia IESA Omicrono

Los sensores abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Otra de las aplicaciones que están estudiando en IESA es la de instalar sensores de calidad del aire. En los garajes pequeños con poca ventilación, se suele acumular mucho humo de los coches mientras realizan las maniobras para aparcar, lo que puede resultar en una baja calidad del aire. Exactamente lo mismo ocurre con la transmisión del coronavirus, cuya propagación se frena si el aire se renueva convenientemente.

Reuniones de vecinos virtuales

Las aplicaciones de videoconferencia han tenido un auge muy importante en los últimos meses. Personas que nunca se habían enfrentado a hablar por videollamada han dado el salto para sentirse más cerca de sus seres queridos y otras han tenido que adaptar las reuniones de trabajo con estas herramientas.

Las reuniones y juntas de vecinos no iban a ser menos. Además, con las tecnologías actuales se consigue un nivel de seguridad apropiado para ofrecer las garantías en las votaciones. IESA ha impulsado mucho este servicio de ‘telejuntas’ durante los últimos meses. Lo ha hecho apoyándose en el blockchain y en una herramienta que permite la participación directa de los vecinos. «Hemos integrado una capa que permite a los vecinos solicitar turno de palabra», nos ha contamos Enrique Sánchez.

Asimismo, tienen la posibilidad de votar mediante la aplicación. «El administrador o el presidente pone un anuncio y unos temas sobre los que hay que votar. Los usuarios pueden hacerlo durante un tiempo estipulado [del orden de días] y ese voto es igual de válido que otro realizado de forma presencial». Luego, el administrador y el presidente sí se reúnen para dar cuenta de todo.

expansion.com

ALEJANDRO GALISTEO

La comunidad de vecinos olvidó comunicar a los sindicatos el despido disciplinario del trabajador, por lo que, pese a contar con las grabaciones en las que se le veía pegando mocos en el portal, la rescisión de contrato se considera improcedente.

Entre octubre y noviembre de 2019, subir al ascensor de una comunidad de vecinos de Oviedo era un infierno. Al abrir las puertas, los vecinos se encontraban el habitáculo lleno de arena, con escupitajos y manchas de fruta en las paredes e incluso mocos pegados en los botones.

El responsable de todo esto, tal y como confirmaron los vídeos de las cámaras de seguridad, era el portero del edificio. Agustín (nombre ficticio) llevaba trabajando en este bloque tres años, hasta que el 5 de febrero de 2020 recibió una carta en la que se le anunciaba su despido disciplinario por «venir realizando reiterada y sistemáticamente, actos maliciosos y vandálicos contra los bienes de la comunidad de propietarios».

Previo a la recepción del burofax, el administrador de esta propiedad colocó un cartel sobre el ascensor en el que ponía: «Se han detectado distintos actos de desatención y cuidado, e incluso vejatorios, en el uso de los ascensores. En tal sentido se advierte expresamente que, en caso de reiterarse dichos actos, se procederá a formular la oportuna denuncia penal y a solicitar formalmente la extracción de las imágenes de las cámaras de seguridad».

La denuncia a la policía llegó en diciembre, validando el cuerpo de seguridad el acceso a las grabaciones de seguridad. El comportamiento de Agustín quedó acreditado en las imágenes. Todas las pruebas fueron recogidas y se le entregaron al portero en un segundo burofax, el 13 de febrero, en el que se detallaban las actuaciones que habían conducido al despido disciplinario:

– El día 13 de Noviembre, a las 8,27 y 8,54 procedió asimismo a dar con cierta violencia patadas y a limpiar las suelas de los zapatos al interior del ascensor, y ensuciar con saliva el espejo y cabina, con accionamiento igualmente de todos los botones del ascensor.

– El día 14 de Noviembre, a las 6,23 procedió a ensuciar con una fruta las paredes y botoneras del ascensor y a las 20, procedió a dar con cierta violencia patadas y a accionar toda la botonera.

– El día 21 de Noviembre a las 6,20 procedió a echar los mocos en las paredes y espejo del ascensor.

Este comportamiento podría justificar la categoría del despido, pero la comunidad de vecinos cometió un fallo en los procedimientos que debía seguir y comunicó el despido del portero a los sindicatos el 14 de febrero mientras que Agustín conocía su despido, por un primer burofax, 9 días antes.

Y es que el convenio colectivo de empleados de fincas urbanas establece en su artículo 21 una norma de obligatorio cumplimiento para las comunidades de propietarios empleadoras y su dicción literal es clara: la comunidad que decida expedientar a un trabajador ha de comunicarlo a los sindicatos para que estos actúen de mediadores, y de no haber comunicación la sanción quedara sin efecto.

Por lo tanto, si como ha sucedido en este caso no se produce la comunicación en forma y plazo la sanción, se anula, se revoca, y el actor debe reincorporarse a su puesto de trabajo desde esa fecha.

Así, el juzgado de lo social número 1 de Oviedo, el 14 de julio, obligó a la comunidad o bien a indemnizar a Agustín con 5.976 euros o a reincorporarlo al calificar el despido como improcedente.

La comunidad de vecinos recurrió la sentencia pero el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en una resolución de 27 de octubre desestimó la petición confirmando la sentencia de primera instancia.