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Según nuestra última actualización del precio correspondiente a diciembre de 2019 la vivienda ha experimentado una importante desaceleración en todas las comunidades autónomas a lo largo del año, que a nivel nacional ha supuesto un descenso del -0’27% e incluso datos de evolución negativos en algunas de las comunidades que venían impulsando su incremento desde que comenzó la recuperación económica en el 2014.

Estos datos parecen ser los primeros indicios de un cambio de ciclo en el sector. Tendencia que probablemente se confirmará a lo largo del año como consecuencia de la crisis actual provocada por la pandemia del Covid-19.

La desaceleración del precio se manifiesta con claridad cuando observamos los datos de los últimos cuatro años donde vemos como la velocidad de crecimiento entre las diferentes zonas ha reducido distancias, haciendo que el precio tenga un comportamiento más homogéneo cualquiera que sea el nivel geográfico de análisis que utilicemos.

Y es en Precioviviendas hemos cumplido cuatro años analizando el precio de la vivienda en un nivel de profundidad que nadie antes había alcanzado. Comenzamos a andar en abril del 2016 con un objetivo: mejorar la transparencia del sector democratizando el acceso a la información sobre el precio de la vivienda para que este dejara de ser patrimonio exclusivo de bancos y tasadoras. Una herramienta pionera en el mercado que ha dotado a los compradores y vendedores de vivienda de más información, más pertinente y más accesible, para que las decisiones de compraventa sean mucho más rápidas y acertadas.

Por eso, hemos querido conocer cómo ha sido la evolución del precio en estos últimos cuatro años. Según nuestros datos, la vivienda a nivel nacional ha acumulado desde el 2016 un incremento a nivel nacional del 8’71 %, porcentaje que alcanza hasta el 46’35 % en comunidades como las Islas Baleares donde la escalada de los precios parecía no tener fin

¿Estamos quizás ante los primeros síntomas de un nuevo cambio de ciclo?

Sin embargo, en el 2019 el precio de la vivienda en Baleares únicamente ha crecido un modesto 1’37%, muy lejos del 9’6% del 2018 o del 21% del 2017, siendo, sin embargo, una de las pocas comunidades que ha mantenido cierta inercia de crecimiento entre las que venían impulsando el alza de los precios.

En Andalucía, por ejemplo, que acumula un porcentaje de crecimiento desde el 2016 del 14’95%, en el 2019 se ha registrado un crecimiento negativo del -0’57%. O la Comunidad Valenciana, que con un crecimiento acumulado en los últimos cuatro años del 13’81%, en el 2019 el precio de la vivienda ha descendido un -0’62%. También observamos una importante desaceleración del precio en las Islas Canarias y en Cataluña, otras de las comunidades que mantenían importantes alzas en los precios, donde tras un crecimiento acumulado en los últimos cuatro años del 22’18% en el primer caso y del 24’82% en el segundo, en el 2019 han registrado un leve incremento del 0’63% y del 0’57% respectivamente.

Entre estas comunidades que venían experimentando un importante incremento de los precios, destaca el caso de la Comunidad de Madrid donde tras un crecimiento desde el 2016 del 21’60% en el 2019 la vivienda ha descendido un -1’19%.

Por otro lado, es destacable el repunte experimentado en algunas de las comunidades más rezagadas en lo que a la recuperación de la vivienda se refiere, como es el caso de La Rioja o Cantabria, donde en el 2019 por fin han registrados datos positivos, lo que sin embargo no hace que los datos de precio acumulados resulten positivos. La Rioja ha sido además la comunidad autónoma donde más se ha incrementado el precio de la vivienda en el 2019.

La velocidad de crecimiento entre comunidades se equipara, pero la recuperación no llega a todas

¿Y cuál es la consecuencia de este frenazo en los precios en las comunidades en donde más se habían incrementado en los últimos años? Como podemos observar en el gráfico, al reducirse la velocidad de crecimiento en estas comunidades, la distancia entre los datos de evolución de las diferentes autonomías se ha reducido sustancialmente, haciendo que el precio tenga un comportamiento más homogéneo a nivel nacional.

Sin embargo, que la velocidad de crecimiento se equipare no implica que la situación de los precios también lo haga. Así, las importantes diferencias experimentadas en la evolución del precio por las distintas comunidades en los últimos cuatro años se pone especialmente de manifiesto en los datos acumulados, a partir de los cuáles observamos dos bloques claramente diferenciados: el de las comunidades donde sí se ha producido recuperación en los precios, con incrementos por encima del 15% desde el 2016 y hasta por encima del 40% como en el caso de las Islas Baleares; y el de las comunidades donde el precio no ha conseguido salir de la zona de recesión.

Descensos en las principales capitales

Esta desaceleración en el precio de la vivienda se observa también en las principales capitales, donde es especialmente llamativa la corrección experimentada en ciudades como Madrid y Barcelona. Así, en Madrid capital la vivienda ha descendido en este último año un -3’41% y un -2’86% en el caso de Barcelona, descensos que probablemente respondan al importante encarecimiento vivido en los últimos años, exactamente del 26’68% en el primer caso y del 46’91% en el segundo desde el 2016.

Como decíamos, también se ha registrado un importante descenso en el precio en otras de las principales capitales a nivel nacional. Así, hay que destacar la bajada del -4’47% del precio de la vivienda en Sevilla en este 2019, a pesar de acumular un crecimiento del 8’65% o el descenso del -3’18% de Valencia con un incremento acumulado desde el 2016 del 24’16%.

Como señalábamos, sólo las islas y el mediterráneo parecen mantener aún cierto impulso de crecimiento. Así Málaga ha registrado un incremento del 3’98%, acumulando un 23’11% desde el 2016; Alicante un 4’28%, con un crecimiento acumulado del 14’53%; en Palma los precios han subido un 1’31% y un 51’17% desde 2016; por su parte en Santa Cruz de Tenerife la vivienda se ha incrementado un 2’96% en el 2019 y ya acumula un crecimiento del 11’24%, mientras que en Las Palmas el precio ha subido un 1’36% en el último año frente al 15’34% acumulado desde el 2016.

Al igual que ha sucedido a nivel de comunidades, en algunas capitales de provincia también se ha producido en este último año cierto repunte de los precios que sin embargo no ha sido suficiente para acumular incrementos positivos. Este es el caso, por ejemplo, de Lleida, donde con un incremento del 4’01% en el 2019 sigue acumulando un descenso en los precios del -1’96% desde el 2016. O el de Salamanca, donde los precios han subido este año un 1’77% pero desde el 2016 ha descendido un -5’60%

Por otra parte, en otras capitales la recuperación de los precios no ha terminado de llegar a lo largo de estos años y acumulan importantes descensos. Este es el caso de ciudades como Palencia con un descenso acumulado desde el 2016 del -11’45%, Orense del -9’04%, Ciudad Real, -7’79%, Almería, -6’06% o León, -8’15%.

Ante la coyuntura actual de crisis socioeconómica provocada por la pandemia del Covid-19 y suponiendo que estos primeros registros de crecimiento negativo en los precios sean un indicio de cambio de ciclo, tendremos que esperar a ver la forma en la que un posible cambio de tendencia afecta a las diferentes comunidades autónomas, ya que el punto de partida para afrontarlo será mucho más favorable o desfavorable según se encuentren en el bloque de las que han experimentado recuperación en los precios desde los años de la anterior crisis o en el bloque de las que no.

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El Gobierno ha adoptado nuevas medidas para aligerar la presión de los arrendatarios de locales comerciales que, dada la situación de confinamiento, deben permanecer cerrados.

Desde Sanahuja Miranda, se advierte que se trata de una solución «que pasa porque propietario y arrendador asuman íntegramente el coste de las medidas, sin que se haya previsto ninguna ayuda económica concreta en este aspecto».

Ignasi Vives, abogado del despacho Sanahuja Miranda, atiende entrevistas con medios para explicar detalles y actualizar situación en el día a día.

En respuesta a las exigencias de las patronales y asociaciones empresariales, que venían pidiendo una regularización de la exención de los alquileres, el Gobierno aprobó ayer un mecanismo para aliviar la presión económica de autónomos y pymes que son arrendatarios de locales comerciales para que, así, tengan una vía jurídica habilitada para renegociar el pago de las rentas. Se trata del Real Decreto-Ley 15/2020 en el que se adoptan medidas para reducir los costes a estos colectivos.

«Como ya había sucedido en anteriores regulaciones en relación a la vivienda, el Real Decreto-Ley hace una clara diferenciación entre si el propietario del local es un gran tenedor o bien es un particular. En todo caso, se exhorta a las partes (propietarios y arrendatarios) para que antes de llegar a un conflicto intenten alcanzar un acuerdo amistoso que en la medida de lo posible satisfaga a ambas partes, atendiendo que estamos viviendo una situación excepcional», explica Ignasi Vives, abogado de Sanahuja Miranda.

Vives advierte, no obstante, que se trata de una solución «que pasa porque propietario y arrendador asuman íntegramente el coste de las medidas, sin que se haya previsto ninguna ayuda económica concreta en este aspecto».

«A la vista de esta nueva regulación entendemos que las medidas propuestas por el gobierno descargan el peso de la crisis financiera a los propietarios ya sean particulares o grandes tenedores y por ende a los inquilinos. Nótese que la medida lo único que propone es que el propietario particular pueda disponer de la fianza o bien que el gran tenedor acepte una prórroga del pago de la renta con un máximo de 4 meses a devolver en dos años», explica el abogado.

En todo caso, y para el supuesto de que las partes no pudieran llegar a un acuerdo, se efectúa la siguiente regulación:

Cuando el propietario del local es un gran tenedor

«Como cuestión previa, debemos recordar que se entiende por gran tenedor, toda aquella persona física o jurídica que sea titular de más de 10 bienes inmuebles, excluyendo garajes y trasteros», puntualiza Vives.

El RDL establece en su Artículo 1 que:

-Se podrá solicitar una moratoria en el pago de alquiler durante el periodo que dure el estado de alarma, y con una prórroga de hasta 4 meses.

-El plazo para proceder a la devolución de la rentas será de 2 años, siempre que el contrato siga en vigor durante ese periodo.

-Las cuotas se fraccionarán en los próximos recibos durante los 2 años.

-El aplazamiento de la renta no generará ni penalizaciones ni intereses.

-El plazo para solicitar la prórroga es de un mes desde el 22 de Abril de 2020, por lo que se deberá solicitar antes del 22 de mayo.

Cuando el propietario del local es un particular

Para los supuestos en que el propietario sea un particular, nuevamente se insta a las partes para que puedan llegar a un acuerdo y así evitar los conflictos.

En todo caso, y para el supuesto de que no sea posible alcanzar un acuerdo, se establece que:

-El inquilino puede solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario de la renta.

-La fianza otorgada en el contrato de arrendamiento podrá servir como pago total o parcial de alguna de las mensualidades

-La fianza utilizada se deberá devolver en el plazo de un año desde que se firmó el acuerdo entre las dos partes.

¿Qué requisitos se deben cumplir para solicitar una moratoria tanto si el propietario es un gran tenedor o es un particular?

El Real Decreto-Ley 15/2020 diferencia si se trata de un autónomo o bien de un Pyme.

Requisitos que deben cumplir los autónomos

-Estar de alta de autónomos en la fecha en que se decretó el estado de alarma.

-Que la actividad profesional haya quedada suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

-Si la actividad no ha quedado suspendida, se debe acreditar que la facturación del mes natural al anterior a solicitar el aplazamiento se ha reducido un 75% en comparación con el año anterior.

Requisitos que deben cumplir las Pymes

-Que el activo de la empresa nos supere los 4 millones de Euros; que la cifra neta anual de negocio no supere los 8 millones de Euros; y que la empresa no tenga más de 50 trabajadores.

-Que la actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

-Si la actividad no ha quedado suspendida se deberá acreditar que la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento es al menos de un 75% menos, en relación a la media mensual del mismo trimestre del año anterior.

CGCAFE

El Gabinete de Comunicación del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas emitió el pasado sábado 25 de abril la siguiente NOTA DE PRENSA:

El Consejo General de Colegios Administradores de Fincas había solicitado mediante una carta al Gobierno que regule con criterios científicos si los niños poeden o no usar a partir de este domingo las zonas comunes de edificios y urbanizaciones.

En la misiva dirigida al presidente Pedro Sánchez y al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, la corporación profesional exige una normativa clara sobre este asunto cuya decisión de momento ha quedado en manos de cada una de las comunidades de vecinos a pesar del temor al contagio por el coronavirus.

“Tenemos que indicar que, en nuestra opinión, esta importante decisión no puede quedar al arbitrio de la decisión en el seno de una comunidad de propietarios (sin criterios científicos), sino que tiene que responder a estrictos criterios marcados por las autoridades sanitarias”, subraya Salvador Díez, presidente de este organismo nacional que agrupa a 37 Colegios Territoriales y a 15.500 colegiados.

Los administradores de fincas recuerdan que desde que se declaró el estado de alarma, “las reuniones de las comunidades de propietarios han quedado aplazadas hasta que, de acuerdo también con las directrices de las autoridades sanitarias, se permita su celebración”. Por esta razón, insisten en cuestionar que la decisión sobre el uso de las zonas comunes de los niños a partir del domingo quede en manos de los propietarios de las viviendas.

En la rueda de prensa de este jueves para informar de cómo podrán ser las salidas a la calle de los niños de hasta 14 años a partir del próximo domingo, Iglesias aseguró que el uso de las zonas comunes de las urbanizaciones dependerá de lo que decidan las comunidades de vecinos. 

En cualquier caso, dijo, los niños no podrán compartir juguetes ni jugar en las instalaciones comunes que usen otros niños.

Para el presidente de los administradores de fincas lo planteado por el vicepresidente segundo del Gobierno es «difícil» porque una comunidad de vecinos debe reunirse para tomar la decisión y con el estado de alarma, las reuniones no se pueden realizar, pero advierte además de «la dificultad jurídica» de adoptar ese acuerdo antes del domingo con «la validez legal suficiente».

«La segunda dificultad desde el punto de vista científico, es que una comunidad de propietarios ¿por qué tiene que tomar ese acuerdo? Tiene que ser un criterio objetivo y científico, no subjetivo de un grupo de vecinos que se reúnen para ver cómo se reparten los toboganes en una comunidad», ha apostillado Díez.

De esta forma, los administradores de fincas han pedido al Ejecutivo que sea la autoridad sanitaria la que establezca un protocolo, que, a juicio de Díez, debería ser «muy similar» al que haya en el exterior de los edificios.

«Los protocolos deben ser exactamente los mismos en el exterior y en el interior de los edificios. Lo que se busca es la efectividad de la norma y procurar que no se propague el virus y si esto se deja en manos de las personas que no son expertas corremos ciertos riesgos», ha abundado el presidente. 

A partir del próximo domingo, tras seis semanas de confinamiento, los niños podrán salir a la calle una hora diaria, desde las nueve de la mañana y hasta las nueve de la noche, acompañados de una adulto, a un máximo de un kilómetro de sus casas y con sus propios juguetes, aunque no podrán ir al parque.

Autor: Juanjo Bueno. idealista.com

En el escenario de incertidumbre en el que vivimos derivado de la crisis sanitaria, no son pocas las dudas que están surgiendo en las comunidades de propietarios sobre la legalidad en la divulgación de datos personales de vecinos que pueden estar contagiados por el covid-19, con el fin de poder adoptar medidas de prevención extraordinarias, por ejemplo, la desinfección de zonas comunes (portal, escaleras, etc.).

¡Ojo! No nos referimos con ello a los carteles que se han hecho virales en RRSS y que, con una falta clara de sensibilidad y empatía, han colocado algunos vecinos en sus comunidades para atacar a profesionales sanitarios o trabajadores de supermercados, sino a aquellos datos personales de salud que han de ser tratados por necesidad y no por conveniencia. En ningún cartel informativo sobre medidas de prevención que se coloque en una comunidad se ha de identificar a posibles contagiados.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recuerda que el Considerando 46 del RGPD ya reconoce que, en situaciones excepcionales, como una epidemia, la base jurídica de los tratamientos puede ser múltiple, basada tanto en el interés público, como en el interés vital del interesado u otra persona física. Esto quiere decir que la normativa prevé que, en estos casos, se puedan tratar datos de salud sin necesidad del consentimiento del interesado, cuando sea necesario para el control de la pandemia y su propagación.

Ahora bien, el tratamiento de estos datos en las comunidades debe hacerse atendiendo a los establecido por las autoridades sanitarias. “Serán estas autoridades sanitarias competentes de las distintas administraciones públicas quienes deberán adoptar las decisiones necesarias, y los distintos responsables de los tratamientos de datos personales –en este caso, las comunidades de propietarios- deberán seguir dichas instrucciones, incluso cuando ello suponga un tratamiento de datos personales de salud de personas físicas”, señala la AEPD en un informe jurídico.

En este sentido, la Agencia hace referencia, expresamente, a la posibilidad de tratar los datos personales de salud de los vecinos por las comunidades de propietarios, cuando, por indicación de las autoridades sanitarias competentes, sea necesario comunicar a otras personas con las que este vecino contagiado ha estado en contacto para evitar su propagación. Esto es, los datos tratados habrían de ser, exclusivamente, los necesarios para la finalidad pretendida, sin que se pueda extender a otros datos no estrictamente necesarios.

Manifestado lo anterior, según la Asesoría de Protección de Datos del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), “en principio, no parece justificado que la comunidad de propietarios pueda solicitar y tratar datos de salud de los residentes o de terceros con la finalidad de proteger a los propios vecinos”. Fundamentalmente porque, hasta el momento, no se ha aprobado ninguna norma jurídica ni orden de las autoridades sanitarias que justifique ese tratamiento de datos de vecinos en el marco de las comunidades. Sí han dictado, en cambio, y en colaboración con el CAFMadrid, pautas de actuación y prevención para comunidades y viviendas que debieran aplicarse en los edificios.

“Hay que pensar que ya nos encontramos en un escenario de confinamiento en nuestros hogares, que es precisamente la situación más idónea para evitar cualquier contagio entre vecinos, y que ello no se vería alterado por el hecho de que se conociese que alguno se encontrara enfermo, más aún cuando, al parecer, se baraja información de que una buena parte de los afectados por el COVID-19 pudieran ser asintomáticos o tener síntomas leves”, asegura Stéfanos Altidis, socio de Picón & Abogados Asociados.

Con todo, cabe la excepcionalidad en las circunstancias actuales. Puede ocurrir que, en casos muy concretos o extraordinarios, en los que concurran situaciones especialmente peculiares, graves o urgentes, fuera necesario tratar esta información para proteger los intereses vitales de algunas personas o los intereses generales de salud pública, lo cual debiera realizarse, una vez más, conforme a la normativa de protección de datos y atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Juanjo Bueno actualmente es dircom de CAFMadrid y colaborador en medios de comunicación especializados en el sector inmobiliario. En esta sección aportará su visión sobre el funcionamiento de las comunidades de vecinos, verdaderos microcosmos de la sociedad.

1. IDENTIFÍCATE, PON TU NOMBRE EN TU PERFIL O DI QUIEN ERES AL EMPEZAR A INTERACTUAR.

2. TRATA TEMAS RELEVANTES, RELACIONADOS CON LA PROFESIÓN Y CON EL OBJETIVO DEL GRUPO.

3. SÉ RESPETUOSO CON LOS DEMÁS, RESPONSABLE CON LO QUE COMPARTES Y VERAZ CON LO QUE AFIRMAS.

4. INTENTA SER BREVE Y PRECISO, HAZ QUE LA CONVERSACIÓN SEA FLUIDA Y ENRIQUECEDORA.

5. EVITA RESPUESTAS REPETITIVAS Y CONFIRMACIONES INNECESARIAS.

6. PARA CONVERSACIONES DIRECTAS CON UN SOLO PARTICIPANTE O TEMAS PERSONALES UTILIZA EL PRIVADO.

7. NO ENVÍES CADENAS, CHISTES, VIDEOS O IMÁGENES QUE NO TENGAN QUE VER CON LA FINALIDAD DEL GRUPO.

8. NO UTILICES EL GRUPO PARA PUBLICITAR PRODUCTOS O SERVICIOS NO SOLICITADOS.

9. RESPETA Y NO TRATES TEMAS DE TIPO RELIGIOSO, POLÍTICO O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE PUEDAN ATENTAR CONTRA LA MORAL, LA IDEOLOGÍA O LAS CREENCIAS DE OTROS PARTICIPANTES DEL GRUPO.

10. ESCRIBE SOLO SI ES NECESARIO, TEN EN CUENTA QUE PARA ALGUNAS PERSONAS PUEDE SER MOLESTO ESTAR RECIBIENDO CONTINUAMENTE NOTIFICACIONES

Este espacio es un modo de comunicación que “MEGAfincas S.L.” pone a disposición de los Administradores de Fincas Colegiados para uso exclusivo de temas relacionados con la profesión, reservándose el derecho de excluir del mismo tanto a quien no realice un uso correcto como a quien atente directa o indirectamente contra las marcas “MEGAfincas S.L.” y “Administradores de Fincas COLEGIADOS”.

construible.es

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y el Grupo Mutua de Propietarios han alcanzado un acuerdo para trabajar de forma conjunta y coordinada en la elaboración de un estudio denominado ‘La salud de tu hogar en tiempos de confinamiento’. Con ello pretenden detectar y solventar las principales carencias en los hogares como la falta de luz, la mala ventilación, falta de confort térmico o acústico, o humedades.

El acuerdo, firmado por el director general de Muta de Propietarios, Christopher Bunzl, y el presidente del CGATE, Alfredo Sanz, de forma telemática, permitirá conocer el estado de salud de las viviendas españolas en base a los hábitos de sus ocupantes.

Estudio de las carencias de los ciudadanos en sus hogares

El trabajo se elaborará a partir de un cuestionario para propietarios de viviendas, que permitirá abordar un completo estudio de mercado sobre los hábitos de los ciudadanos en relación a sus hogares.

Para el presidente del CGATE, Alfredo Sanz, “los tiempos que vivimos nos empujan a trabajar y buscar soluciones, en la medida de nuestras posibilidades, para mejorar la habitabilidad y salubridad de nuestras viviendas. Para detectar las carencias es muy importante hacer un riguroso estudio de los hábitos de los ciudadanos en los hogares en los que hoy están confinados y para ello no podíamos contar con un mejor partner que el Grupo Mutua de Propietarios”.

Por su parte, el director general de Mutua de Propietarios, Christopher Bunzl, señaló que “en estos momentos, la vivienda y el edificio han tomado más importancia que nunca y, como expertos en proteger y cuidar la salud de los inmuebles, es necesario conocer cómo nos enfrentamos a esta situación excepcional para, a continuación, adoptar las medidas necesarias que contribuyan a vivir en un entorno saludable”.

El proyecto, que se pondrá marcha de forma inmediata, tendrá una duración aproximada de 3 meses y permitirá detectar, y posteriormente solventar, las principales carencias de las viviendas de los españoles.

BOE

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La Asociación presenta un decálogo de medidas para impulsar el crecimiento sectorial y la vuelta a la normalidad.

Para la Asociación es preciso impulsar la empleabilidad de los jóvenes, creando grandes bolsas de empleo en el sector inmobiliario.

Una de las principales medidas es la creación de una línea de avales por parte de la Administración que facilite el acceso a vivienda.

En materia fiscal, solicita la reducción al 4 % del IVA para la compra de primera vivienda y recuperar deducciones en el IRPF, como la deducción por inversión en vivienda habitual y también deducciones fiscales para los inquilinos.

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) considera que el sector inmobiliario será el principal vector de tracción económica en el corto y medio plazo, contribuyendo a la normalización de la actividad económica, laboral y de consumo, dada su capacidad para estimular la economía y generar puestos de trabajo en el corto plazo.

Por este motivo y con el objetivo de tratar de contribuir a que el retorno a la normalidad económica y laboral, sea lo más ordenado y ágil posible, APCEspaña ofrece toda su colaboración y conocimiento sectorial a través de un decálogo de medidas que, de forma complementaria a las ya adoptadas en el ámbito del alquiler, supondrían el impulso para que, en el menor plazo posible, el sector inmobiliario se convierta en el motor de crecimiento económico.

Una de las medidas prioritarias para mejorar el acceso a la vivienda y, por tanto, incrementar la compra-venta, es la aprobación de avales y líneas de crédito en los préstamos de primera vivienda que estimulen la compra, tal y como han hecho otros países europeos con un éxito demostrado. En Reino Unido, el programa Help to Buy ha logrado aumentar la compra de nuevas viviendas y facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda, a través de avales del Estado. Esta medida no conlleva coste al Estado, al no computar como deuda.

La segunda medida más importante es el impulso a la empleabilidad de los jóvenes en paro, uno de los colectivos más afectados en estas últimas semanas, mediante la creación de bolsas de empleo en el sector promotor y constructor, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal, y el desarrollo de una Formación Profesional Dual de calidad en la próxima reforma educativa, que funcione como dinamizador de la inserción laboral de los jóvenes.

En materia fiscal, la Asociación solicita la reducción al 4 % del IVA para la compra de primera vivienda, tanto libre como de cualquier tipo de protección, y modificar el IVA de las cesiones de suelo con derecho de superficie, permitiendo que sea el súper reducido (4 %), o por lo menos el reducido (10 %). Así mismo, recuperar deducciones en el IRPF, como la deducción por inversión en vivienda habitual, y también deducciones fiscales para los arrendatarios, eliminadas en 2012 y 2013.

La Asociación considera imprescindible incentivar la agilización de licencias urbanísticas para reducir los plazos en la ejecución de obras, apostando por la digitalización de los procesos burocráticos en todos los trámites que signifiquen una mayor contratación y continuidad laboral, lo que redundará en un abaratamiento del precio de la vivienda. Para APCEspaña es de suma importancia agilizar y, sobre todo, simplificar la burocracia, permitir la tramitación y obtención simultánea de la licencia de edificación, junto con el resto de trámites vinculados a la promoción (ocupación de vía pública, grúa, vado, derribos, contadores de obra,…).

Para contribuir a agilizar al máximo los trámites necesarios para reanudar la actividad y recuperar las semanas de interrupción derivadas de la crisis sanitaria, APCEspaña propone la extensión de la Declaración Responsable en todos aquellos procesos que sea posible. Y en la misma línea, generar un marco normativo que ofrezca una mayor seguridad jurídica y reduzca la burocracia y la maraña normativa en materia urbanística que repercute, en último término, en costes económicos a los ciudadanos.

APCEspaña también propone desarrollar un nuevo Plan Estatal de Vivienda que actualice el Plan 20.000, adaptando su dimensión a la nueva situación a través de la movilización de suelo público y la construcción de obra nueva, lo que aumentaría la oferta de vivienda y generaría un alto volumen de empleo. Es imprescindible que el Plan actualice los módulos de venta y de alquiler de las viviendas protegidas, para poder construir sobre los suelos de reserva.

La Asociación considera fundamental fomentar la colaboración público-privada en el diseño e implementación de políticas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler. Y, por último, APCEspaña aboga por la creación de una mesa de trabajo dirigida a la contribución del sector inmobiliario para mitigar los efectos de la crisis y poner en marcha acciones que aprovechen su capacidad logística para atender situaciones de emergencia social.

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña, asegura que «en unos meses asistiremos a la vuelta paulatina a la normalidad y a una reactivación del mercado. Esta normalidad seguirá caracterizada por unas condiciones muy favorables para que la demanda de vivienda residencial retome su crecimiento, gracias a la recuperación del empleo y los salarios, precios razonables, disponibilidad de financiación y tipos de interés reducidos. Solo de esta forma seremos capaces de generar confianza de nuevo en los clientes y en el sector».

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El Consejo de Ministros ha aprobado medidas extraordinarias para el pago de alquileres de locales de negocios de autónomos, profesionales y pymes cuya actividad económica se ha suspendido o se ha reducido drásticamente.

Con estas medidas se viene a responder a las necesidades de autónomos y pymes que no tienen capacidad financiera para hacer frente sus obligaciones de pago del alquiler de sus locales. Se podrán beneficiar autónomos, profesionales y pymes cuya actividad económica se ha suspendido o se ha reducido drásticamente. Esta medida va a beneficiar a más de 222.000 inmuebles alquilados de uso comercial, ocio, hostelería y turismo.

El procedimiento establecido permitirá que las partes puedan llegar a un acuerdo para la modulación de ese pago y facilitará la continuidad de sus actividades comerciales.

Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, «estas medidas tienen la finalidad de responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la prolongación de la situación excepcional causada por el COVID-19, así como seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo, minimizando el impacto económico y facilitando que la actividad se recupere en cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de salud pública».

Las medidas incluidas en el ‘Real Decreto-ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo’ ofrecen una respuesta generalizada que permite distribuir de manera equitativa el riesgo de la pandemia y del consiguiente estado de alarma entre arrendadores y arrendatarios, especialmente cuando los arrendadores tienen la naturaleza de grandes tenedores.

Asimismo, se regula un procedimiento para imponer a las partes una modulación del pago de las rentas de los alquileres de locales que se extiende hasta los dos años. Finalmente, en caso de aplicarse la moratoria para este tipo de arrendamientos, se prevé la no ejecución de garantías de pago, tales como avales bancarios o seguros de impago de alquiler, entre otras.

Arrendamientos de locales de negocios

La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, o de industria, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor – entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2 – en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, la concesión de una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengar intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

En el caso de contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda cuyo arrendador sea distinto a los definidos anteriormente, el arrendatario podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario. En este caso se permite el uso de la fianza para que el arrendatario pueda afrontar el pago de la renta con más liquidez.

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La Comunidad de Madrid ha mantenido un encuentro con los principales agentes del sector inmobiliario de la región, en el que han acordado promover un Pacto Regional por la Vivienda que sirva para paliar los efectos económicos del COVID-19.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, se ha reunido -a través de videoconferencia- con representantes de las organizaciones ASPRIMA-APCE (Juan Antonio Gómez Pintado); FCV-CONCOVI (Juan Casares); AGV (José Luis Grajera); ASIPA (Fernando Lacadena); COAPI (Jaime Cabrero); AMADEI (Miguel Ángel Gómez); ACI (Ricardo Martí-Fluxá); COAM (Belén Hermida); SIMA (Eloy Bohúa); AVS (Jerónimo Escalera); y Distrito Castellana Norte (Juan José Arias).

Juntos han analizado el momento crítico al que se enfrenta el mercado económico como consecuencia de la evolución de la pandemia, así como la necesidad de ofrecer una respuesta transversal e inmediata que revierta, en la medida de lo posible, esta situación.

«El Gobierno regional -ha destacado Pérez- destaca la fortaleza, la unidad y la elevada capacidad de iniciativas y propuestas que han sido presentadas durante el encuentro mantenido hoy, con los distintos agentes inmobiliarios, para tratar de revertir esta situación».

En el transcurso del encuentro, se ha abordado la necesidad de mejorar y flexibilizar la fiscalidad y las condiciones de financiación, tanto en la compra como en el mercado del alquiler; la necesaria colaboración público-privada, con la movilización de suelos y sus correspondientes usos; una mayor seguridad jurídica que genere confianza, dando mayor estabilidad y claridad normativa; y el apoyo a la economía social, donde la vivienda es un pilar básico en el desarrollo personal y profesional, que contribuya a vertebrar el futuro de la política de vivienda.

David Pérez ha coincidido con el resto de participantes en la reunión en que la compleja situación actual debe servir de acicate y convertirse en «una verdadera oportunidad» para llevar a cabo la tan necesaria transformación que demanda el sector, que está llamado a ser uno de los principales soportes de la recuperación económica. «Por todo ello consideramos que es momento de suscribir un Pacto Regional por la Vivienda, que nos ayude a superar esta situación», ha señalado.

Otro de los asuntos tratados ha sido la necesaria flexibilidad y agilidad administrativa que impida que el mercado se ralentice, permitiendo avanzar -y concluir en su caso- todas aquellas actuaciones puestas en marcha y que amenazan con quedar en suspenso por la evolución del COVID-19, así como establecer la necesaria definición de los modos de acceso a la vivienda.

Contar con un modelo de financiación suficiente y estable y seguir trabajando en materia de rehabilitación y regeneración urbana, como modelo sostenible de mejora del parque inmobiliario madrileño, estrechamente ligado al I+D+I, han sido otros de los aspectos más destacados de la reunión.

Por otro lado, David Pérez ha recordado que, del mismo que es necesario en este momento suscribir un acuerdo regional en esta materia, lo es igualmente abordar el problema de la vivienda en clave nacional.

En este sentido, el consejero trasladó el pasado 27 de febrero -en nombre del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso- la necesidad de que el Gobierno central convocara de manera inmediata la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo.

Esta reunión, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, debe servir «para que las comunidades autónomas tengamos voz y participemos de los planes del Gobierno de la nación en materia de vivienda», ha explicado Pérez.