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Este vademécum ha sido elaborado a partir de #InmocionateEnCasa, un evento online gratuito en el que diariamente han participado cerca de 1.000 profesionales inmobiliarios.

Ponentes y participantes han debatido, a lo largo de casi 40 encuentros, sobre el futuro de las agencias inmobiliarias y han elaborado el mapa de ruta para los próximos meses.

Digitalización, nuevas preferencias en cuanto a la vivienda ideal, formación continua y marcas con propósito serán la clave no solo para recuperarse, sino para salir reforzados.

#InmocionateEnCasa, el evento online y gratuito impulsado por Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y su área de desarrollo profesional para inmobiliarios SIRA (Spanish International Realty Alliance), se ha convertido en el evento inmobiliario de referencia para el sector.

La iniciativa ha reunido diariamente a más de 1.000 profesionales inmobiliarios desde el pasado 19 de marzo para debatir y profundizar en los temas de mayor actualidad para sus profesionales.

A partir de estas más de 60 horas de trabajo, SIRA ha seleccionado las 7 Tendencias del sector inmobiliario para el Día 0 post COVID-19. Estas son sus principales conclusiones.

1.Digitalizarse o morir. La tecnología ha sido la gran lección de esta crisis. El COVID-19 ha logrado la transformación digital de la que llevamos años hablando y, en estas semanas, se ha instalado definitivamente en las empresas inmobiliarias.

La mayor parte de los participantes han afirmado haber realizado video conferencias con sus clientes y equipos a través de múltiples plataformas, han empleado las redes sociales para dar a conocer propiedades, han realizado comunicaciones comerciales a través del wassap, y se han formalizado muchas de las operaciones que ya estaban en marcha, desde casa y gracias a estas herramientas.

Los inmobiliarios han asimilado que un «lead» -aquellos contactos que dejan sus datos a través de la web, de las RRSS o de un mail- son tan eficaces como una llamada o una visita y por ello ahora hay que cuidar todos los canales digitales más que nunca.

2.Visitas online. En los próximos meses está previsto que continúe el temor a las distancias cortas y será imprescindible implantar múltiples medidas de seguridad para proteger la salud tanto de los clientes como de las plantillas de trabajadores. Las cadenas ya están promoviendo protocolos de actuación favoreciendo el teletrabajo, reorganizando los interiores de sus oficinas y ampliando la distancia existente entre los puestos de trabajo o adquiriendo material de protección como guantes, pantallas o mascarillas.

A la hora de visitar una propiedad, también las visitas tendrán que ser exclusivamente las necesarias, con aquellos compradores ya muy filtrados por la agencia inmobiliaria, -incluso limitándolo a aquellos cuyo estudio financiero haya sido favorable-, más rápidas, mejor protegidos y manteniendo siempre la distancia de seguridad.

3.Adiós alquiler turístico, hola alquiler tradicional. El frenazo en la llegada de turistas, y las dudas sobre cuánto tiempo podría durar esta situación, está forzando a propietarios e inversores a buscar fórmulas para salir menos dañados por esta crisis. Es cierto que desde 2018 muchos de estos propietarios ya estaban valorando el reorientar el uso de sus viviendas hacia el alquiler habitual, menos penalizado fiscalmente y mucho más sencillo y económico de gestionar, pero esta situación ha precipitado por completo esta tendencia.

4.La presencia comercial inmobiliaria deberá ser omnicanal. Los enseñapisos, como se denomina en el sector a aquellos profesionales que aportan poco valor, tendrán muy poco futuro. Las compañías inmobiliarias están abocadas a combinar el entorno físico (la agencia a pie de calle) con los múltiples canales digitales existentes: una web adecuada, un SEO perfectamente gestionado, una correcta presencia en las redes sociales y medios, un blog atractivo y capaz de atraer leads, una atractiva política de gestión de contenidos, etc. «El 85% de nuestros clientes llegan por el canal online pero se deciden en el offline -en la visita a la propiedad y en la oficina-. La combinación de ambas estrategias es clave para ofrecer un servicio excelente a nuestros clientes» ha afirmado Francis Fernández, CEO de SIRA y moderador de la mayor parte de las mesas redondas.

5.Los inversores ya han llegado al mercado. Existirá una caída generalizada de precios, que convivirá con una sobredemanda por las viviendas más atractivas. «El buen producto, si está a un precio adecuado, tiene demanda y no tardará en venderse pues ya hay muchos inversores y ahorradores analizando el mercado» ha afirmado Toni Expósito, director general de Comprarcasa. Este mismo experto destaca que el precio en el sector inmobiliario es una cuestión de micro-mercado y puede variar enormemente entre dos propiedades con ciertas similitudes y que espera que con la apertura del mercado comiencen a aparecer ofertas en el mercado, principalmente provenientes de personas que necesitan liquidez o derivadas de herencias y del embolsamiento de la oferta acumulado, pero no esperamos grandes gangas como las de los peores años de la pasada crisis».

6.Nuevas preferencias de vivienda. El estado de alarma y el confinamiento ha llevado a muchos españoles a replantearse el tipo de vivienda en el que quieren vivir. Tras estas semanas de confinamiento, muchas personas han descubierto que sus casas no tienen lo que su familia necesita. Cuestiones como la existencia de luz natural, de espacios más amplios, con mejores vistas o con zonas ajardinadas son ahora la prioritarias. Muchos compradores, interesados hasta ahora en vivir en los centros de las ciudades se replantean esta cuestión y están modificando sus búsquedas hacia viviendas en localidades más pequeñas o en el extrarradio, animados además por los precios más bajos y por la posibilidad de poder continuar trabajando en remoto en sus empresas.

7.Reciclaje a través de la formación. La necesidad de contar con formación continua, y permanentemente actualizada, al igual que ocurre en la National Association of Realtors® (NAR), la asociación norteamericana en la que está integrada SIRA, ha sido uno de los aspectos más valorados por los más de 1.000 participantes diarios que han seguido estas 60 horas de networking. En este sentido, SIRA, que durante 2019 realizó más de 100 cursos especializados en el sector inmobiliario, y que recibió en sus aulas -tanto físicas como virtuales- a más de 3.000 alumnos, ha incluido en estas sesiones los temas de mayor interés de su catálogo formativo.

«El éxito sin precedentes de #InmocionateEnCasa, una iniciativa que abordamos con el objetivo de aprovechar el parón profesional que ha supuesto la cuarentena por COVID-19 ha sacado a la luz las conclusiones más valiosas de los principales expertos del sector y será una excelente hoja de ruta para abordar con éxito las incertidumbres que nos plantea el futuro más inmediato y las crecientes exigencias que nos plantea el consumidor actual», ha concluido Francis Fernández, director general de SIRA.

inmodiario.com

El sostenimiento de la renta de los hogares y familias españolas es uno de los pilares esenciales de la respuesta de la política económica a la crisis generada por el COVID-19. Las medidas desplegadas para sostener el empleo cuando pase el shock temporal y para preservar la liquidez de las empresas deben estar complementadas de forma contundente por otras que garanticen un mínimo nivel de bienestar personal y familiar para los casos en los que las medidas laborales y financieras se muestren ineficaces.

Además, a la vista de lo sucedido tras la crisis de 2008 y teniendo en cuenta nuestro modelo productivo y nuestro sistema, es muy probable que uno de los efectos económicos indeseables de la pandemia sea un repunte de la desigualdad en España, esencialmente como consecuencia del paro y de la falta de formación, que son los factores fundamentales de desigualdad en nuestro país. El debate sobre la creación de una renta, en cualquiera de sus versiones, para salvaguardar un mínimo nivel de bienestar entre los hogares españoles más vulnerables estaba ya incoado y el virus no ha hecho más que confirmar su pertinencia. Moral y políticamente es inasumible convivir con bolsas de pobreza y más aún en las sociedades desarrolladas en las que vivimos.

Sin embargo, una renta de estas características supone una reforma de enorme calado que requiere, además de una reflexión previa y rigurosa lo más amplia posible, un diseño técnico que genere seguridad en el tiempo y un amplio consenso político entre los partidos, con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, que son las que poseen las competencias, y todo ello para garantizar su permanencia en el tiempo y no incurrir en sonados fracasos no tan lejanos como el cheque bebé o la financiación de la ley de dependencia.

Las urgencias de bienestar a las que nos está abocando el impacto económico de la crisis del COVID-19 no pueden esperar a todo este proceso lógico de elaboración de un beneficio social que, según su diseño, se podría convertir en una de las rúbricas principales del gasto en España. Esto parecería ser a lo que invitan la lógica y la prudencia. Sin embargo, el Gobierno se ha embarcado en una carrera por aprobar una renta mínima con carácter permanente y estructural, y por hacerlo de forma inmediata y sin consultar con nadie.

Actualmente, en medio aún del marasmo sanitario que a duras penas se está logrando controlar, es inconcebible que se tome una decisión de este calado de forma unilateral y a la carrera, como reconoce el propio ministro Escrivá. Y precisamente ahora que se trata de mostrar voluntad de pacto creando una comisión parlamentaria para el plan de reconstrucción con el principal partido de la oposición, dejar fuera de ese pacto el diseño de la renta mínima sería, cuando menos, un aviso de la poca importancia que otorga el Gobierno de forma preventiva a esa comisión.

Es evidente que de esta crisis solo podemos salir con una acción muy potente del sector público. Pero no se termina de entender la urgencia de aprobar un mecanismo permanente y estructural cuando contamos con los mecanismos necesarios para satisfacer la urgente necesidad de ser justos con los más vulnerables pero prudentes al mismo tiempo.

Dada la incertidumbre aún imperante sobre la duración de las medidas excepcionales, sobre el comportamiento del virus y sobre el impacto final en la economía española, parece sensato apostar por un mecanismo temporal y muy potente para contener y acabar con las situaciones de pobreza generadas o agravadas por el virus. Existen numerosos argumentos para avalar esta tesis, pero destacaría cuatro que desaconsejan las prisas.

En primer lugar, no sabemos si nos podemos permitir un mecanismo estructural. No lo sabemos porque el Gobierno no está siendo particularmente transparente en cuanto a las deliberaciones previas a la adopción de la norma. Tenemos como referencia la prensa y las cuantificaciones de pasadas propuestas. Según estos datos, la medida vendría a costar entre 6.000 y 15.000 millones de euros en función de la generosidad de esta. Por otro lado, las previsiones de impacto económico sobre la economía española sitúan las previsiones de déficit público a finales de año, con datos del FMI de la semana pasada, en el entorno del 10% del PIB. No parece que, incluso si saliéramos mañana a la calle, vayamos a andar sobrados de recursos en los próximos años. El riesgo de un agravamiento de la crisis que haga inasumible un compromiso estructural de esa magnitud existe. Más vale un mecanismo temporal prorrogable que tener que revocarlo en el futuro.

En segundo lugar, no conocemos la reacción de los mercados financieros a los que tenemos que acudir para financiar el déficit desatado en el que vamos a incurrir, pero muy probablemente será de castigo a la parte de ese déficit que sea estructural. En este sentido, los datos de ejecución presupuestaria de 2019 -con un déficit del 2,8% y habiendo roto la senda de consolidación- permiten estimar un déficit estructural claramente por encima del 2% al que habrá que sumar el impacto de la renta mínima que rondaría un 1% del PIB. Todo esto, además, tendrá un efecto sobre la prima de riesgo de la economía española que habrá que sumar al coste de la creación de la renta mínima y que lastrará la competitividad de nuestras empresas.

En tercer lugar, si algo ha quedado claro en las últimas semanas -también para el Gobierno- es que necesitamos a Europa. De esta crisis no podremos salir sin el apoyo de la UE. De hecho, a nadie le debe sorprender porque, en el fondo, esa es una de las razones para estar dentro de la Unión. Siendo esto así, es previsible que algunos de nuestros socios no vean con buenos ojos que les pidamos solidaridad y que, a cambio, establezcamos mecanismos de solidaridad para con nuestros ciudadanos que ni siquiera ellos aún poseen. La solidaridad demandada a nuestros socios debe estar acompañada de un plan creíble de consolidación presupuestaria a medio y largo plazo. Si dentro de ese plan, como comparto, aparece la renta mínima, que sea fruto de la alteración de las prioridades de los españoles refrendadas en el Parlamento y de un programa creíble de reducción de gasto que compense, al menos en buena parte, el incremento generado por la propia renta mínima.

Finalmente, en cuarto lugar, nadie debería olvidar que estamos tratando con una competencia autonómica y que, por tanto, cualquier enfoque definitivo que se adopte debería encajarse con las prestaciones autonómicas que cubren estas necesidades y respetar en la máxima medida el principio de igualdad de todos los españoles. Sería difícil que una comunidad autónoma se opusiera a que se complementasen las rentas mínimas que ellas proveen a los ciudadanos. Pero el carácter autonómico de estas prestaciones -que hay que insistir, ya existen- es un elemento fundamental que condiciona el diseño de estas políticas. A riesgo de generar mayores desigualdades territoriales y de crear desincentivos a la búsqueda de empleo, hay que hacer un análisis previo muy fino de qué implica la igualdad de los españoles a la hora de definir la cuantía de la prestación. Quizás lo más justo fuera utilizar la paridad del poder adquisitivo de una cesta de bienes esenciales entendiendo que, a efectos de precios, no es lo mismo vivir en Madrid, Barcelona o Bilbao que en Jaén, Cuenca o Badajoz. Ahora bien, ¿soportará nuestro sistema autonómico que se libren diferentes cantidades nominales en función de la comunidad autónoma de destino? ¿Soportarían las cuentas públicas una igualación al alza de las rentas mínimas de las comunidades autónomas tomando como referencia la más alta de ellas?

Todas estas cuestiones que afectan a derechos fundamentales de los españoles no deben ser soslayadas por la urgencia de la situación que estamos atravesando. Como se ha apuntado más arriba, tenemos a mano mecanismos para poder aunar solidaridad con los más vulnerables y la lógica prudencia que debe acompañar a toda acción de política pública.

Y quizá sería mucho más sencillo y eficaz crear un mecanismo ad-hoc de forma inmediata. El planteamiento podría ser el siguiente. Lo primero sería la renuncia del Gobierno a acometer esta reforma de manera unilateral. Después, sería posible crear un fondo contra la pobreza en España, con dotación suficiente según los cálculos de que se disponen, que se financiaría como crédito extraordinario en su totalidad y, por tanto, iría directamente a aumentar en algo menos de un punto la ratio deuda sobre PIB. Este fondo serviría para sostener las rentas de los más damnificados por la crisis y tendría una duración estipulada de un año natural desde su puesta en marcha.

El carácter de las ayudas que pagaría dicho fondo sería estrictamente asistencial y con una condicionalidad baja. Sin embargo, es necesario diseñar esquemas que permitan ligar la percepción de las ayudas a una serie de objetivos tales como el afloramiento de economía sumergida o el incremento de la empleabilidad de los receptores de las ayudas. Por otro lado, el esfuerzo que realizan todos los contribuyentes debe ser protegido con un régimen sancionador muy severo para aquellos casos en los que se detecten abusos en la percepción de las ayudas.

Las ventajas de poner en marcha un esquema temporal son evidentes. La implementación del fondo puede y debe ser inmediata. Durante un año completo tendremos la certeza de que tenemos cubierto ese frente y podremos ir acumulando información para enriquecer el diseño de la herramienta permanente con datos reales sobre lo que nos podemos permitir, sobre el comportamiento de los receptores de las ayudas y sobre el comportamiento de los mercados. Y, como ya se ha apuntado, permitiría que la medida naciera precedida de un mínimo nivel de consenso interno y de ciertas dosis de persuasión política con nuestros socios europeos.

Estamos a tiempo de parar una medida estructural en la que ahorrarse tiempo de reflexión, consenso y diseño adecuado, es sinónimo de fracaso. Tenemos herramientas a nuestra disposición para salvaguardar el bienestar de los españoles hasta que las certezas vayan ganando a las incertidumbres, y contaremos además con las ventajas de probar con una herramienta que nos permita observar los comportamientos inducidos por la medida y enriquecer así el debate de la creación de un mecanismo permanente. Las prisas nunca fueron buenas consejeras. Aquí, tampoco.

elmundo.es

Fuentes inmobiliarias y financieras admiten que hay inversores estudiando diferentes sectores y sus posibilidades, aunque advierten de que la situación es muy distinta a la de 2008

Todas las crisis tienen una serie de elementos comunes y entre ellos suele estar la llegada de fondos e inversores oportunistas. Forma parte de la lógica de su negocio: buscan activos y negocios que pierden parte de su valor en momentos de recesión o dificultades económicas, los adquieren más baratos, les inyectan capital y pasado el tiempo, cuando vuelven a revalorizarse, se deshacen de ellos con la ganancia adquirida en ese lapso de tiempo.

El coronavirus ha desatado una crisis económica cuyas consecuencias aún se desconocen, pero muchos inversores ya monitorizan lo que está ocurriendo en España ante la posibilidad de que vuelvan a surgir oportunidades y gangas con las que hacer negocio. Ocurrió después de 2008, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria tumbó los precios de algunos sectores, especialmente en el ladrillo, y ahora fuentes inmobiliarias y financieras consultadas por EL MUNDO admiten que hay inversores estudiando los diferentes mercados, aunque advierten: la situación es muy distinta.

La crisis de hace 12 años supuso un desembarco masivo de grandes fondos internacionales en el país. Gigantes como Blackstone o Cerberus se hicieron con enormes carteras de inmuebles y suelo en poder de las entidades bancarias que les permitió convertirse en dos de los grandes caseros del país.

Ahora «el desplome de las valoraciones no será tan importante y tampoco hay las mismas bolsas de producto disponible para la venta», explica Juan José Aguilera, director de Relaciones Institucionales del COAPI de Barcelona. Ahora los balances de los bancos y los hogares gozan de un mejor estado de salud económico y no hay tanta urgencia por vender. «Habrá situaciones propicias para invertir si tienen liquidez, pero serán operaciones puntuales a diferencia de las macrooperaciones de antes», añade.

Miquel Laborde, socio fundador de la consultora Laborde Marcet, reitera esta visión: «No tiene nada que ver con 2008». En su opinión, «España sigue siendo un destino interesante para la inversión, pero no en un sentido oportunista. Ahora habrá un intento de mercado oportunista, y es posible que algunos propietarios necesiten vender, pero ni mucho menos será como antes», responde a través del teléfono.

Operaciones pendientes

Su empresa estos días no para. Las operaciones en las que estaban trabajando antes del confinamiento han quedado congeladas a la espera de que se reactive la burocracia, pero las consultas son constantes. «Veo que hay interés. Hay mucha gente que está a la espera, aunque lo que se van a encontrar no va a ser tanto ni tan bueno como probablemente esperan».

A nivel inmobiliario, los hoteles y los inmuebles logísticos se antojan como dos de los activos más codiciados; los primeros, porque se prevé que la crisis en el turismo rebaje sus precios y obligue a los empresarios a vender, y los segundos, por la expectativa de consolidación del e-commerce tras la experiencia del encierro.

En cualquier caso, Laborde y el resto de fuentes consultadas coinciden en que las operaciones no llegarán hasta después del verano. La recuperación todavía es incierta y los inversores necesitan tener estabilidad y seguridad jurídica para tomar sus decisiones. Ahora mismo, «la marcha de la economía es casi más importante que el precio de los activos», señalan fuentes financieras.

De hecho, según Juan José Aguilera, «el inversor profesional está mirando en el mercado el apalancamiento de las propiedades más que el desplome de su valor».

Empresas endeudadas

El apalancamiento parece ser una de las claves y no sólo en el inmobiliario. Muchas empresas que se han endeudado en los últimos años aprovechando los tipos bajos y la liquidez disponible en los mercados, se exponen ahora a una situación comprometida por el parón de las actividades. Sus necesidades de financiación aumentarán, pero es posible que no les resulte tan fácil conseguir dinero de los bancos, y es aquí donde los fondos y el capital riesgo pueden encontrar su oportunidad.

«Veremos consolidación y movimientos entre compañías y también entrada de capital riesgo en muchas de ellas más apalancadas», aprovechando precisamente esa urgencia por mantenerse a flote, aseguran fuentes del mercado. Las infraestructuras y la construcción son dos de los sectores más proclives a este escenario y también se prevén movimientos en el sector agrícola, en el logístico y en el sanitario, que pueden resultar muy interesantes para los inversores con dinero disponible.

Los movimientos se dan por hecho en unos meses. De hecho, un 56% de los directivos planea hacer una fusión o adquisición en los próximos 12 meses al considerar que esta situación puede ser una oportunidad para impulsar su crecimiento. Así se desprende de la encuesta Global Capital Confidence Barometer realizada por la consultora EY entre 2.900 directivos de 46 países que consideran que esta situación puede ser una oportunidad para hacer adquisiciones de activos de calidad que impulsen el crecimiento de los negocios en un mercado en recuperación.

«En el caso de España, el COVID-19 ha puesto en stand-by casi la totalidad de las operaciones de M&A que estaban en marcha, siendo renovables e infraestructuras los sectores en los que algunos procesos se mantienen activos. En el contexto actual, las compañías necesitan centrarse en sus operaciones y en la gestión de la tesorería», asegura Juan López del Alcázar, socio responsable del área de Transacciones de EY.

elpais.com

El ministro de Transportes señala que su departamento está “trabajando en escenario futuros”

Los retos que plantea el coronavirus para que la actividad económica se reanude son múltiples, pero la movilidad es una de las cuestiones que más preocupan. Las horas punta del transporte público, tal y como las hemos conocido hasta ahora, deberán evitarse durante un tiempo. Así que esa es una de las cuestiones que estudia el Ministerio de Transportes para cuando se produzca la ansiada desescalada. En una comparecencia en comisión parlamentaria para dar cuenta de su gestión, el ministro José Luis Ábalos ha señalado el escalonamiento de la jornada laboral y la implementación de franjas de teletrabajo como dos de las posibilidades que su departamento contempla.

Ábalos ha detallado que su Ministerio está “trabajando y modelizando escenarios futuros”. Para ello participa de “distintos grupos de trabajo”, en los que participan otros ministerios y las comunidades autónomas, con el objetivo de “diseñar un sistema de transportes seguro y coordinado” cuando comience a producirse un desconfinamiento masivo de la población. Entre los retos principales para la vuelta a una normalidad que el ministro ha señalado que será muy relativa, hay tres ejes principales: cómo aumentar la oferta de movilidad, cómo gestionar la demanda y qué medidas de protección instaurar en los medios de transporte.

Con el fin de “reducir la demanda en origen” y de “aplanar los picos de usuarios en horas punta”, el ministro ha citado algunas de las propuestas que podrían adoptarse, como el “decalaje de la jornada laboral” o “franjas horarias de teletrabajo”. Ábalos no ha entrado en detalles, pero por el contenido de su comparecencia ha quedado claro que el Gobierno intentará evitar en la medida de lo posible que, como sucedía antes de la pandemia, millones de personas tengan turnos de trabajo similares, lo que tiene un reflejo el uso de los transportes públicos a determinadas horas.

Las normas laborales que se implanten irán en todo caso acompañadas de otras sobre el uso de los medios de transporte tanto público como privado. Ábalos ha especificado que se harán “recomendaciones sobre el uso de mascarillas”, así como de desinfección de vehículos, flujo de pasajeros en las estaciones, etc. “El éxito [de la desescalada] no dependerá de una única medida”, ha declarado ante la comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana celebrada este lunes en el Congreso.

Trenes casi vacíos

Además de referirse al futuro, Ábalos también ha aprovechado su intervención para repasar las 116 medidas que el Ministerio ha puesto en marcha desde el inicio de la emergencia sanitaria y que han ido encaminadas a hacer más seguros los transportes, garantizar el abastecimiento o paliar las consecuencias económicas de la crisis en la vivienda (cuyas competencias estatales recaen sobre su departamento). Uno de los escenarios que ha sufrido un cambio más radical es el de la movilidad. Según ha detallado, los ferrocarriles de larga distancia han visto reducir sus pasajeros un 98%, en Cercanías se ha llegado a caídas del 90% y los autobuses interurbanos registran un 97% menos de uso.

Algo menos han caído los vehículos ligeros privados, un 80%, y el tráfico de camiones, que el ministro ha cifrado entre un 30% y un 35% ya que muchos han tenido que seguir circulando para garantizar el abastecimiento. En este segmento, Ábalos ha destacado que el transporte de alimentos y otros artículos esenciales ha sido superior a los volúmenes normales durante todos los días del estado de alarma por la mayor demanda de los hogares.

En cuando al avión, el tránsito de pasajeros en aeropuertos se ha reducido un 94%. Precisamente Ábalos ha citado a ese sector como uno de los más afectados por la epidemia de covid-19. Las propias empresas públicas del Ministerio notan en sus ingresos la crisis de los transportes, ha detallado el ministro, quien ha señalado que la semana pasada mantuvo un encuentro por videoconferencia con sus homólogos de Alemania, Francia e Italia para fijar una posición común en la reunión de ministros de Transportes de la UE que se celebrará este miércoles.

inmodiario.com

Miles de arrendatarios de locales comerciales en toda España están atravesando una «situación dramática» por no poder afrontar los pagos de los alquileres.

El Gobierno aprobó ayer una normativa para flexibilizar el pago de los alquileres de miles de locales comerciales, en el caso de que los inquilinos fueran pymes y autónomos, y habilitó una vía para que se puedan establecer sistemas de renegociación de la deuda, según eel Real Decreto-Ley 15/2020.

«Sin embargo esto no es una solución para los autónomos y las pymes, porque en verdad tarde o temprano tendrán que hacer frente al pago de estos alquileres, aunque es verdad que les alivia la tesorería en el día de hoy», valora Yannick Charton, socio fundador de Valio Consulting.

Charton añade que «son miles los inquilinos de locales comerciales que están atravesando una situación dramática al no poder hacer frente al pago de los alquileres, por lo que se requería una respuesta urgente por parte del Gobierno para descomprimir su situación».

Desde Valio Consulting, facilitamos una guía sobre quiénes pueden beneficiarse de esta medida y los pasos que deben dar para poder hacerla efectiva.

¿Quién se puede beneficiar?

PYMES y autónomos que alquilan un local (uso distinto de vivienda) donde desarrollan su actividad y no han conseguido un acuerdo con el arrendador, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

PYMEs – Requisitos:

1. Que no supere limites Artículo 257.1 RDL 1/2020:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

2. Actividad suspendida por el RDL 163/2020 de 14 de marzo

3. Si la actividad no ha sido suspendida por RDL: Acreditar reducción del 75% de la facturación del mes anterior respecto al trimestre

Autónomos – Requisitos:

1. Estar afiliado y de alta en la fecha del estado de alarma (RDL 463/2020 del 14 de marzo)

2. Actividad suspendida por el RD 463/2020 de 14 de marzo o por órdenes dictadas por la autoridad competente.

3. Si la actividad no ha sido suspendida por RD u orden de autoridad competente: Acreditar reducción del 75% de la facturación del mes anterior respecto al trimestre

¿En qué casos?

Si la persona arrendadora es:

– Una empresa pública de vivienda o un «Gran tenedor» (Por gran tenedor, se entiende una persona jurídica o física que sea titular de más de 10 inmuebles (Excepto garaje y trasteros) o de una superficie construida total de más de 1500 m2 ? Moratoria automática durante el periodo del estado de alarma (El RDL prevé también la mensualidad siguiente y hasta 4 meses según precio del arrendamiento y superación de la situación). El pago se hará una vez superada la situación por pagos fraccionados en un plazo de 2 años sin intereses ni intereses.

– Otra persona física o jurídica: Si no existe acuerdo previo de aplazamiento o rebaja de renta:

– Aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta

– Se puede disponer libremente de la fianza para pagar esta renta. Entonces, el arrendatario debería reconstituir la fianza en un plazo de un año.

¿Cómo solicitarlo?

El arrendatario tiene que solicitarlo directamente al arrendador y acreditar que cumple los requisitos con la documentación siguiente:

-Reducción de actividad: Declaración responsable en base a la información contable de ingresos y gastos.

-Suspensión de la actividad: Certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

idealista.com

En las últimas semanas están lloviendo las críticas en las redes sociales a aquellas ‘celebrities’, ya sean futbolistas, actores o cantantes, que cuentan cómo están pasando el confinamiento por el coronavirus mientras se ve detrás de ellos una extensión verde que bien podría ser similar a la madrileña Casa de Campo, y con una buena piscina al fondo.

Sin querer ser frívolos, lo cierto es que no es lo mismo pasar el confinamiento en 50 m2 que en una de 200 m2, ni en un piso exterior que en uno interior. Qué se lo digan a ese 8% de españoles que están viviendo la cuarentena sin poder ver la calle desde su vivienda, según los datos de idealista.

Tampoco se lleva igual si tienes un balcón, una terraza y no digamos ya un jardín para tomar el aire y disfrutar del sol, cuando el tiempo lo permite. 

Todo esto nos ha llevado a plantearnos cuándo dejaron de hacerse los balcones en los edificios, una constante del paisaje urbano, casi tanto como el color de los toldos en verano.

En el madrileño barrio de Ventas, por ejemplo, hay un sinfín de edificios de los años sesenta/setenta, o más antiguos incluso, todos con balcón. Sin embargo, otros más modernos, incluso promociones que se están proyectando en la actualidad, carecen de ese espacio que está resultando un balón de oxígeno cuando ya casi vamos para un mes de confinamiento. Este espacio se diseña únicamente o en las viviendas ático o en las de lujo, no así en el resto. ¿A qué responde esto? ¿Hay alguna directriz a nivel arquitectónico que lo explique?

“La proyección de viviendas y edificios así como el urbanismo y diseño de las ciudades es algo que evoluciona en el tiempo acompañado de las técnicas de construcción e ingeniería. Hay un cambio radical en la morfología de los edificios que se realizaron con muro de carga y los que lo hicieron con estructuras de hormigón”, explica el arquitecto Pablo García, de Atrezo Arquitectos.

Y continúa: “Cada generación tiene una forma diferente de vivir, de habitar. No es lo mismo la vivienda de principio de siglo que la de hoy. Ahora vivimos en ciudades y la familia se compone de menos miembros, muchas familias tienen dos coches, una demanda mayor de almacenamiento… El modelo de ciudad y de edificios de casi todo el siglo XX tiene muy presente el balcón y las terrazas. Se pueden ver los proyectos de fachadas de muchos arquitectos que imaginaban estos espacios llenos de plantas y vegetación y sus moradores haciendo un uso relajante de ellos. Quizás todo esto se planteaba en un momento en el que el nivel de tráfico, ruidos y formas de vivir era diferente”.

Normalmente los sucesivos ‘boom’ de la construcción son los que marcan un tipo de forma de construir. “El ladrillo visto pertenece a una época por ejemplo, años 60-70. Quizás el boom anterior fue el que marcó la construcción sin balcones, o con ellos cerrados a urbanizaciones, como sucede en algunas zonas de Madrid como Sanchinarro o Las Tablas. En la ciudad igual, se construyó mucho en esos años y la mayoría ya dejaba de lado los balcones y terrazas porque no compensaban”, comenta.

¿Es cosa de los promotores o del público que quiere casas sin balcones?

Ahora las calles están llenas de coches, el nivel de contaminación se ha elevado. Si viviéramos en ciudades silenciosas y rodeadas de arboles más que de coches, seguramente sería un valor añadido, pero en la ciudad de hoy de poco sirven sobre todo las terrazas. “Y muchos balcones se han convertido en trasteros, zonas donde alojar la máquina del aire acondicionado o se han incorporado a la vivienda en el mejor de los casos.

¿Cuántas terrazas se han cerrado e incorporado a la vivienda en ciudades como Madrid? Muchísimas. ¿Cuántas fachadas se han visto deterioradas sin ornato ni decoro con la aparición del aluminio y el cristal? Muchísimas. Esta es la estampa generalizada de estos espacios vistos como inútiles, hasta que te encierran y los echamos de menos”, añade.

Entonces, ¿es cosa del promotor o del público? Se puede decir que una mezcla de ambos. “Que se proyecten edificios con galerías en vez de con balcones o terrazas es fruto de nuestro estilo de vida. Cuando construyes tienes una edificabilidad asignada al proyecto. Por ejemplo, en la parcela puedes construir 100m2, el cómo estén distribuidos es indiferente. Los balcones no suman en los m2 y las terrazas lo hacen al 50%, pero al final ninguno puede pasarse de 1.000 m2”, aclara.

“La gente quiere un salón más grande mejor que una terraza. Los promotores no son ajenos a este fenómeno y optan por no ofrecerlos. Es mucho mejor que la casa tenga esa galería dentro de la superficie útil y un buen trastero y garaje que es lo que la gente quiere. Al final, la arquitectura es un producto, esa es la realidad, y como producto se vende en función de los compradores, su nivel adquisitivo, intereses y demandas”, finaliza.

elpais.com

Vivienda quiere publicar el índice de precios una vez se normalice un mercado que el coronavirus ha puesto patas arriba: los expertos auguran caídas en unos meses

Operaciones paralizadas, vendedores y arrendadores a la expectativa y una enorme incertidumbre sobre cómo la crisis afectará a la demanda. Son los tres efectos con los que el coronavirus ha golpeado al sector inmobiliario. La mayoría de expertos auguran una caída de precios de vivienda cuando vuelva la actividad, aunque también confían en un bache relativamente corto. El nuevo escenario fuerza a improvisar nuevas estrategias a las empresas y también al Gobierno, que debía haber publicado en marzo el índice de precios de alquiler, la base para habilitar posteriormente alguna limitación en las rentas.

La intención del Ejecutivo se mantiene, pero la reflexión en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (con las competencias estatales en Vivienda) es que no tiene sentido presentar la estadística ahora que la emergencia sanitaria ha cambiado la situación. “Estábamos trabajando en el sistema de índices de referencia, con más de dos millones de datos que nos daban una radiografía bastante exacta de lo que sucedía con los precios, para establecer las modificaciones legales a las que nos habíamos comprometido de aquí a verano”, explica David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda. “Ahora hay que esperar a que la situación se normalice”.

Lucas incide en que la medida “no se ha aplazado”. Pero el virus ya ha alterado el calendario marcado y se evita poner fecha a los siguientes pasos. “Hasta que sepamos exactamente cómo está la situación no podremos actuar, pero seguimos con la misma vocación de conocer esas áreas tensionadas de precios para facultar a las comunidades autónomas a que las conozcan y las limiten”, indica el secretario general.

En las últimas semanas, el Gobierno ha trabajado en “medidas de carácter coyuntural”, como las ayudas y créditos a inquilinos o las moratorias de pago, que influirán en la evolución del mercado. Y el ministerio cuenta ya con un grupo de trabajo que analiza con representantes del sector y agentes sociales medidas para cuando acabe el confinamiento.

Caídas en unos meses

El escenario que se avecina, según la mayoría de expertos, no es muy halagüeño. Muchos destacan que los pronósticos de caída del PIB son una mala señal. “Siempre ha habido una correlación con el mercado de la vivienda”, resume Rafael Gil, director del Servicio de Estudios de Tinsa. “Hay que ver la evolución del PIB y el empleo y esta es una de las pocas veces en que el Banco de España es más pesimista que el FMI”, advierte Sandra Daza. Para la directora general de Gesvalt, la previsión de esos dos indicadores “no augura que la demanda vaya a ser muy robusta, lo que claramente impactará en los precios”.

La horquilla de caída del PIB del Banco de España (del 6,6% al 13%), sirve a Pisos.com para intentar poner cifras al abaratamiento de las casas: entre un 6,5% y un 13,5% hasta final de año. “Marzo fue el primer mes desde el verano de 2017 en que a nivel nacional cayeron los precios de compraventa (un 0,6%), pero creemos que responde a la tendencia propia del sector”, desarrolla el jefe de estudios de ese portal, Ferran Font. “Mientras dure la parálisis, creemos que los precios se congelarán, la bajada que tenga que haber será cuando se reactive”, añade.

El economista Gonzalo Bernardos recuerda las cifras de 2009 (el PIB bajó un 3,8% y los precios un 4,3%) y de 2012 (caídas del 2,9% y 13,7%, respectivamente) y cree que este año se moverá en esas pérdidas de valor. “Si el confinamiento dura más de dos meses, 2020 será el peor de los tres años”, pronostica. También cree que habrá un descenso de “entre un 20% y un 25%” de las 500.000 compras de vivienda que se registraron el año pasado, un porcentaje que Pisos.com rebaja al 15% o 20%.

La inactividad ya afecta a las operaciones, pero la bajada de precios se demorará un poco, opina Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, porque los propietarios tardan en asumir los descuentos: “La idea que tienen es que el agente inmobiliario les encuentre un mirlo blanco, alguien que no se ha enterado de que hay una crisis y que esté dispuesto a pagar lo mismo que en febrero”.

Mercado “cerrado”

“El mercado está cerrado y los precios ni suben ni bajan porque no hay movimiento”, describe Juan José Aguilera, dueño de dos inmobiliarias en Barcelona y directivo del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de esa provincia. Con las oficinas de calle cerradas y sin poder visitar casas, el estado de alarma ha cambiado radicalmente la rutina. Pero por su experiencia, tiene claro el pronóstico: “Toda crisis sacude al mercado inmobiliario por la gente que se queda en el paro o que son autónomos y no pueden facturar”. “En España el ahorro de las familias está en el ladrillo y cuando falta liquidez se sacan inmuebles para vender a toda prisa”, añade. Y ante esa posibilidad, ya mueven ficha algunos fondos de inversión: “Nos están pidiendo que si vemos operaciones con interés, les avisemos”.

Para Ricardo Martí Fluxá, presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), lo fundamental de la actual coyuntura es “que no acabe en una crisis de confianza”. En el sector al que representa “hay operaciones, aunque más lentas”, y destaca el buen arranque de año, cuando España captó 1.900 millones de inversión inmobiliaria. “Lo fundamental es tomar medidas de la misma magnitud que en otros sectores económicos”, añade el también presidente no ejecutivo de Neinor Homes, quien apoya la propuesta de bajar el IVA a la compra de vivienda nueva al 4%. “Todo lo que supone actividad urbanística es un sector muy intensivo en mano de obra y puede ser un dinamizador muy claro”, argumenta.

Un sondeo del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) muestra que ese gremio es pesimista. Más de 5.000 encuestados señalaron que esperan ver reducirse los encargos e ingresos de este año aproximadamente a la mitad de 2019. “El sector funciona con mucha inercia, cuando un trabajo se detiene o se pospone los efectos se suelen ver en unos meses”, indica el presidente del CSCAE, Lluís Comerón. Pero el estado de alarma sigue paralizando muchas intervenciones en edificios existentes, su gran apuesta para superar la situación. “España está ocho veces por debajo de los países de su entorno en rehabilitación”, explica. Alcanzar un nivel similar “no solo evitaría destruir puestos de trabajo, sino que emplearía además a 400.000 personas”.

David Lucas también señala la rehabilitación, junto con el alquiler, como un eje sobre el que pivotará la recuperación. “España tiene 18 millones de viviendas principales y más de la mitad son anteriores a 1980”, señala. El plan del ministerio que dirige José Luis Ábalos era aumentar el presupuesto de Vivienda de 450 a 700 millones y solo la respuesta al virus ya supera los 1.300 millones. “Es verdad que hay medidas coyunturales y habrá que esperar a la normalización para resituarnos”, admite Lucas. “Pero la idea es reforzar las políticas de vivienda no solo por garantizar un derecho constitucional sino porque entendemos que puede ser un motor de relanzamiento del país”, zanja.

Los inquilinos, más vulnerables

Aunque hay un consenso en que los inquilinos son en general más vulnerables a las crisis que las personas que viven en casas de su propiedad, las consecuencias de la covid-19 sobre el mercado de alquiler tampoco están claras. “Ante la caída lamentable que se va a producir del empleo, el alquiler puede ser una opción de acceso a la vivienda y desde las Administraciones debemos intentar aumentar el parque público”, valora el secretario general de Vivienda. Para ello, apuesta por las ayudas a las comunidades, aprobadas recientemente, para que se doten de más vivienda social y asequible y también por la colaboración público-privada.

“La tendencia que había justo antes de esta crisis era una apuesta muy clara tanto en el ámbito público como privado de aminorar las tensiones de precio aumentando la oferta”, explica Rafael Gil, de Tinsa, quien cree que la recesión aumentará el número de edificios construidos expresamente para alquiler. Sin embargo, el mercado al que se encaminen las medidas será diferente. “El golpe para el alquiler puede ser superior incluso al de compra”, apunta Gonzalo Bernardos, “hay más gente de alquiler con contratos temporales y suelen ser los primeros que se van a la calle en las crisis”. El también director del Máster de Asesoría y Consultoría Inmobiliaria de la Universidad de Barcelona cree que eso llevará a muchos arrendatarios a pedir rebajas o a buscar pisos más baratos.

A ello se unirá un aumento de inmuebles vacíos. El portal Pisos.com ha detectado que un 11% de sus anuncios de alquiler vacacional han pasado al arrendamiento tradicional. Si la confianza hunde el turismo un tiempo, cree Ferran Font, esa tendencia continuará. “O incluso si vemos que bajan los precios, algunos pisos pasarán a la venta”, subraya.

noticias.juridicas.com

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-Ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo en el que, entre otras medidas, se exime a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad por el Covid-19 que se acojan a la moratoria de las hipotecas y de otros préstamos de los gastos de notario y registrador que conlleva el trámite. La norma obliga a las entidades financieras a elevar a escritura pública el reconocimiento de la suspensión de la deuda hipotecaria prevista en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Igualmente, las entidades que hayan concedido el crédito deberán formalizar la póliza o escritura pública de reconocimiento de la suspensión de las obligaciones contractuales en los créditos o préstamos no hipotecarios, prevista en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, para su inscripción en el Registro de Bienes Muebles, en su caso.

Con estas medidas se pretende proteger a las personas vulnerables afectadas por la crisis sanitaria frente al pago de la deuda y los gastos notariales y registrales asociados además de evitar desplazamientos a la notaría o al Registro correspondiente.

Lo dispuesto en la disposición adicional 15ª de este Real Decreto será de aplicación a cualquier solicitud de moratoria presentada al amparo del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo o del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, aun cuando la solicitud o, incluso, su aceptación, se hubieran producido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente norma.
 

inmodiario.com

En un momento en que la economía mundial, y por tanto la española, se está enfrentando a una de las mayores crisis de la historia moderna, resulta incomprensible que el Ministerio de Economía español no haya publicado ninguna previsión oficial sobre los efectos que va a tener sobre nuestro país.

Para cubrir este vacío, además de los estudios realizados por distintos organismos de previsión económica privados, disponemos de los informes publicados la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), «Perspectivas de la Economía Mundial» y «Fiscal Monitor», y del Informe publicado el lunes 20 de abril por el Banco de España, «Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el Covid-19».

Partiendo de estas publicaciones, podemos realizar una valoración de los efectos previsibles que la crisis causada por el coronavirus va a tener sobre la economía española.

Empleamos la expresión efectos previsibles, ya que ambas instituciones alertan sobre la elevada incertidumbre actualmente existente. Así, el Banco de España destaca que la primera fuente importante de incertidumbre está relacionada con la duración del período de confinamiento, por lo que realiza sus previsiones a partir de una duración hipotética de ocho semanas, en el escenario considerado como más probable, y de doce semanas, en un supuesto alternativo1.

Por su parte, el FMI alerta de que, en estos momentos, el «pronóstico de crecimiento mundial está sujeto a una extrema incertidumbre. Las secuelas económicas dependen de factores cuyas interacciones son difíciles de predecir, como por ejemplo la trayectoria de la pandemia, la intensidad y eficacia de los esfuerzos de contención, el grado de las perturbaciones en la oferta, las repercusiones del endurecimiento drástico de las condiciones en los mercados financieros mundiales, variaciones de los patrones de gasto, cambios de comportamiento, efectos en la confianza y volatilidad de los precios de las materias primas»2.

Con los datos disponibles en el momento de realizar el estudio, y el modelo de simulación empleado, el FMI estima que la economía mundial sufrirá este año una brusca contracción, del -3%, mayor que la registrada durante la crisis financiera de los años 2008-2009. El escenario base supone que la pandemia se disipará en el segundo semestre de 2020, pudiendo replegarse gradualmente las medidas de contención, lo que permitirá a la economía mundial crecer un 5,8% en el año 20213.

Por su parte, el «Monitor Fiscal», alerta de las consecuencias presupuestarias de la crisis, que provocarán un gran aumento, tanto de los déficits como de los coeficientes de endeudamiento público, en comparación con proyecciones anteriores realizadas por el propio FMI. En el escenario base utilizado, se prevé una disminución global de los ingresos públicos en el entorno del -2,5% del PIB mundial. A pesar de que el informe entiende que, ante esta situación, es apropiado que se produzca un aumento sustancial de déficit público, alerta de que, en muchos países, la situación presupuestaria de partida es vulnerable, ya que la deuda pública a escala mundial fue del 83% del PIB en 20194.

Las previsiones realizadas por el FMI para la economía española consideran que el Producto Interior Bruto (PIB) sufrirá una caída de -8% en el año 2020, experimentando una recuperación de 4,3 puntos porcentuales en el 2021.

La comparación de los datos de España con los de otras economías avanzadas reflejan que solo otros cuatro países de la zona euro -Grecia, Italia, Letonia y Lituania- sufrirán una caída del PIB superior en 2020. A nivel global, las previsiones indican que el conjunto de la zona euro experimentará este año una reducción del PIB del -7,5%, y el bloque de economías avanzadas del -6,1%.

Por su parte, el estudio realizado por el Banco de España, en el que se utilizan distintas metodologías y supuestos sobre la transmisión de la crisis, concluye que, en el escenario menos negativo, el PIB sufrirá en 2020 una contracción de -6,6 puntos porcentuales, suponiendo una duración del confinamiento de 8 semanas, y del -13,3% por ciento en el escenario más desfavorable, en el que se plantea una duración del confinamiento de 12 semanas.

Para el año 2021, las perspectivas de recuperación son mejores que las realizadas por el FMI, al moverse en un rango de crecimiento del PIB entre el 5,5 y el 8,5%, aunque en ningún caso permitirían recuperar el retroceso sufrido en 2020.

Para valorar mejor lo que supone esta contracción del PIB en un ejercicio, debemos tener en cuenta que, en la crisis de 2008, la mayor caída del PIB se produjo en el año 2009, siendo del -3,8%. Por otra parte, estos datos empeoran notablemente las previsiones realizadas por distintos organismos especializados antes de la suspensión de la actividad económica, que, si bien destacaban que en el primer semestre del año se produciría una importante recesión, confiaban que en el segundo habría una recuperación que permitiría que la caída total del PIB se situara en un entorno entre el -3 y el -6%.

En segundo lugar, en relación con la tasa de desempleo, la previsión del FMI para España plantea que aumentará del 14,1% de la población activa en 2019, al 20,8% en 2020, reduciéndose al 17,5% en 2021. El Banco de España prevé una tasa de desempleo medio anual situada entre el 18,3 y el 21,7% de la población activa en 2020, y entre el 17,5 y el 19,9% en 2021. Las previsiones realizadas en diciembre de 2019 situaban el desempleo en el 13,7% de la población activa en 2020, y en el 13,2% en 2021.

Esta previsión de destrucción de empleo en 2020 es una de las peores de la zona euro, en la que solo Grecia tiene una tasa de desempleo superior a la de España.

En lo que se refiere a las cuentas públicas, la caída en la recaudación tributaria, unida al crecimiento del gasto público, supondría, según los cálculos realizados por el FMI, un déficit del -9,5% del PIB en el año 2020, el peor dato desde 2012, y del -6,7% en el ejercicio 2021, en ambos casos superior al previsto para el conjunto de la zona euro (-7,5 y -3,6%, respectivamente). Para la deuda pública este organismo prevé que se incremente del 95,5 al 114,6% del PIB.

Las previsiones del Banco de España sobre los efectos de la crisis en los saldos presupuestarios de las Administraciones Públicas suponen, para el ejercicio 2020, un déficit público situado entre el -7,2 y el -11,1% del PIB, y entre el -5,2 y el -7,4% del PIB en 2021, y un una deuda pública en unos niveles comprendidos entre el 109 y el 122% del PIB para los dos años.

Este grado de endeudamiento del sector público no se había producido en España desde el año 1902, después del desastre de 1898, y es muy superior al que está previsto tanto para el conjunto de la zona euro como para las economía avanzadas, a causa fundamentalmente del alto nivel de partida antes de la crisis. Estas cifras ponen nuevamente de manifiesto los efectos tan negativos que ha tenido no haber aprovechado los años de crecimiento para sanear las cuentas públicas.

Todos estos datos muestran que la economía mundial está inmersa en una crisis económica mucho más profunda de la que experimentamos en el año 2008, y que desgraciadamente España va a ser uno de los países europeos más perjudicados.

El Informe del FMI resalta que, «para evitar este desenlace resulta crucial adoptar políticas eficaces (?). Las políticas económicas tendrán que amortiguar el impacto que la disminución de la actividad tendrá en las personas, las empresas y el sistema financiero; reducir los efectos persistentes y más permanentes derivados de la inevitable y fuerte desaceleración; y garantizar que la recuperación económica pueda empezar rápidamente una vez que se disipe la pandemia»5.

Sin embargo, las medidas aprobadas por el Gobierno a lo largo de estas semanas, todavía no sabemos a partir de qué previsiones, resultan claramente insuficientes para cumplir con todos estos objetivos.

1 Banco de España: «Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el Covid-19». 20 de abril de 2020, páginas 2 y 3.

2 Fondo Monetario Internacional: «Perspectivas de la Economía Mundial» (World Economic Outlook). Resumen Ejecutivo, página 1.

3 Fondo Monetario Internacional: «Perspectivas de la Economía Mundial». Resumen Ejecutivo, página 1.

4 Fondo Monetario Internacional: «Monitor Fiscal». Abril 2020. Resumen Ejecutivo, página 1.

5 Fondo Monetario Internacional: «Perspectivas de la Economía Mundial». Resumen Ejecutivo, página 1.