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Se recomienda dejar este tipo de reuniones para más adelante, si las decisiones que se tienen que tomar no son urgentes

En esta semana que comienza ya hay comunidades de propietarios que van a celebrar las reuniones que quedaron pendientes cuando se decretó el estado de alarma. Están autorizadas siempre que se mantenga la separación de metro y medio y se use mascarilla al estar en espacios cerrados.

Sin embargo, los administradores de fincas aconsejan que solo se convoquen si es por un asunto urgente, que duren lo menos posible, no más de 45 minutos, y que acuda solo una persona por piso.

La responsabilidad si hay contagios por coronavirus sería de la comunidad, así que desde el colegio de administradores apelan a la prudencia. Lo mismo en el uso de las piscinas privadas donde se han relajado las limitaciones de aforo.

Los costes de mantenimiento de este tipo de instalaciones se han incrementado, pero ya no tanto como para aquellas comunidades de vecinos que abrieron las piscinas hace unas semanas cuando las exigencias eran mayores.

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Autor: Carlos Lospitao

Varios expertos inmobiliarios han debatido sobre los cambios que sufrirá el sector tras la pandemia del covid-19 en un encuentro digital organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia. La digitalización del ‘real estate’ ha sido el discurso más repetido durante la charla en la que también se ha apuntado la importancia de los espacios abiertos en las viviendas poscoronavirus y de la última milla en el segmento logístico.

La webinar ha comenzado con una exposición de los seis grandes cambios que se producirán en el sector inmobiliario con respecto a la digitalización. Una presentación que ha llevado el sello de Tomás Sánchez, director de inteligencia del sector residencial de CBRE. “El covid-19 ha acelerado el desarrollo tecnológico porque era algo que ya existía, pero que muy pocas empresas aplicaban”, ha iniciado su intervención.

Sánchez ha desgranado la digitalización en seis grandes factores. El primer de ellos guarda relación con la mejora de la experiencia y la prevención de riesgos de las personas que utilizan los activos inmobiliarios. “Nuestros clientes nos demandan aplicaciones para reservar salas, para comprobar cuantas plazas de parking queda libres en los edificios… En definitiva, gestionar un activo y a sus ocupantes a través de la tecnología”, explica en este sentido.

El segundo punto hace referencia a lo que rodea al activo inmobiliario. “Para los inversores en el segmento del retail es muy importante saber qué sucede en los aledaños de sus locales. El e-commerce se ha comido a la venta presencial y por eso es clave monitorizar el activo para analizar qué tipo de cliente trasiega esa calle, cuánto se gasta…”, afirma el director de CBRE.

Para la consultora ha sido fundamental la realidad virtual durante este confinamiento. “Es el tercer aspecto a destacar porque los inversores están cada vez más interesados en comprobar a través de una pantalla cuál será el aspecto definitivo de sus oficinas gracias a las visitas virtuales y en remoto de los activos”, analiza Sánchez.

Una experiencia virtual que facilita también la comercialización del producto, cuarto factor para tener en cuenta en el desarrollo tecnológico poscovid-19. “Los clientes no sólo quieren ver el inmueble, también pretenden tener la opción de cerrar operaciones a través de estas plataformas digitales sin visitar si quiera el activo”, afirma este experto en inteligencia virtual.

Los dos últimos aspectos que resaltar son la monitorización de los Kpis de los activos y el análisis de los distintos escenarios que se pueden presentar a medio plazo. “Es clave saber qué pasa en el interior de los activos inmobiliarios y sobre todo anticiparnos a qué va a suceder en el futuro para poder actuar con antelación. Para esto es importante tener equipos que analicen la situación de las distintas zonas para poder ofrecer a los clientes una visión de los niveles socioeconómicos, la demanda, la oferta… que tendrá su activo en seis meses. Esto ha ayudado a promotores a cambiar la finalidad de algunas de sus promociones destinadas a la venta y que ahora saldrán en régimen de alquiler ante el previsible aumento de esta demanda”, sentencia Sánchez.

Tras esta primera exposición, el resto de los ponentes han ofrecido su punto de vista con respecto al futuro del sector. En clave residencial, Javier Garrido, presidente de Aproin, se ha mostrado muy optimista con respecto a la evolución de la demanda y ha señalado la revisión de proyectos que se producirá durante los próximos meses. “Creo que los promotores van a volver a dar importancia a la terraza y a los espacios abiertos en detrimento de más m2 de superficie cerrada”, afirma Garrido que también resalta la importancia del alquiler durante esta nueva etapa. “La entrada de fondos de inversión en el built to rent va a dinamizar el sector”, explica.

Elena Quintos, directora de inmuebles de Asteriscos Patrimonial, coincide con la visión del residencial de Garrido, aunque pone el argumento en cuarentena. “Hay que tomar un poco de distancia para ver cómo evolucionan los nuevos proyectos residenciales”, espeta con relación a la importancia de los espacios abiertos. Además, Quintos afirma que el apetito inversor por el ‘ladrillo’ ha continuado durante el estado de alarma y sólo atisba sombras en el retail, en el sector hotelero y en los suelos pendientes de cambios de uso, “porque la incertidumbre es mayor”.

Por su parte, Pablo Campos, socio en Beneite Inversiones inmobiliarias, ha reflejado el punto de vista de una comercializadora del sector residencial. “Hemos notado un aumento del interés por viviendas unifamiliares, pero creemos que esta circunstancia es sólo un testeo por parte del futuro propietario. Si se produce otro rebrote del covid-19 estas consultas se pueden traducir en operaciones”, asevera.

Diego Esquer, delegado de Gesvalt en Galicia, ha sido el encargado de ofrecer la visión del futuro del sector inmobiliario desde el prisma de una consultora. “La promoción de viviendas debe de ser uno de los motores económicos para salir de esta crisis coyuntural. En Logística, los inversores se van a centrar en potenciar la última milla. Sólo el retail y los hoteles pueden sufrir de manera más preocupante los efectos del covid-19. De todos modos, la Administración tiene un papel fundamental para mitigar estos efectos y para ello creo que es importante mejorar el tema fiscal”, finaliza Esquer.

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Solo en 2019 más de 30.000 madrileños compraron una vivienda fuera de su comunidad

El fin general del estado de alarma que vetaba los movimientos entre comunidades autónomas (aunque País Vasco y Cantabria levantaron ya la restricción mútua el pasado viernes) dará paso a cientos de miles de desplazamientos en todo el país, después de tres meses de encierro. De las 25,7 millones de viviendas que conforman el parque residencial español, algo menos de 6,5 millones están catalogadas como no principales (cerca del 25% del total), según los últimos datos del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana (Mitma), relativos a 2019. La mayoría de estas segundas residencias se encuentran en Comunidad Valenciana y Andalucía, con unas 1.142.000 y 1.108.000, respectivamente. Cataluña cuenta con unas 730.000 y Castilla y León con cerca de 700.000. Galicia supera el medio millón y Castilla-La Mancha roza por poco esta última cifra.

Mitma no ofrece de forma desglosada el número de propietarios que, disponiendo de una vivienda en una región, tienen su residencia fijada en otra diferente. Pero sí registra el número de compraventas totales cada año, diferenciando entre la provincia de empadronamiento y la de destino, unos números que brindan una radiografía aproximada de la realidad española. Así, Alicante (con 5.800 operaciones de cerradas por forasteros en 2019), Málaga (5.000), Valencia (3.700) y Tarragona (3.600) son las zonas que más residentes de otras provincias del Estado recibieron durante el pasado año. Los datos cambian cada ejercicio, pero la tónica se mantiene a grandes rasgos año tras año. Tras estas se encuentran Cádiz, Toledo, Barcelona y Girona, con unas 3.200 transacciones de este tipo cada una.

Aunque la fase 3 de la desescalada hace dos semanas dio paso a algunos movimientos internos en las autonomías con menos impacto de la pandemia, como Andalucía, Aragón, País Vasco o Galicia, el grueso de los desplazamientos empezará ahora, cuando comience la movilidad interestatal y cuando Madrid abra sus fronteras: de los casi 60.000 españoles que compraron residencia fuera de su comunidad autónoma en 2019, algo más de 30.000 eran madrileños. Muy lejos se quedan los barceloneses y sevillanos. Solo 10.500 y 2.800, respectivamente, adquirieron residencia fuera de su provincia el pasado año.

Atendiendo a los datos de 2019, y analizando únicamente los compradores de otras comunidades autónomas, que ahora podrán viajar, Alicante recibió a 2.400 madrileños, 800 murcianos y 300 barceloneses. Por su parte, Málaga vivió las compraventas de 2.300 madrileños y 300 barceloneses. En Valencia compraron casi 2.000 personas provenientes de la capital y casi 400 de la ciudad condal. Tarragona, que debido a la alarma no ha podido recibir a los vecinos de la capital catalana hasta ahora, experimentó casi 2.500 compras de vivienda de barceloneses. Toledo, Cádiz, Castellón, Almería, Murcia, Guadalajara y Barcelona también recibieron un buen puñado de compradores madrileños durante el pasado año, con entre 1.000 y 3.000 operaciones en cada provincia.

Despoblación

Huesca y Guadalajara, dos de los territorios españolas más castigados por los movimientos migratorios y el envejecimiento de la población, son con Toledo las tres zonas que, en proporción al total de viviendas vendidas, más compradores de otros lugares reciben.

La región aragonesa, que cuenta con un total de 65.000 inmuebles no principales, cerró 2019 con más de 1.100 operaciones firmadas por clientes forasteros, un 36,5% del total de las transacciones que se cerraron en la provincia. Por su parte, Guadalajara, con un total de 63.000 segundas residencias, cerró el año con 1.300 compraventas de foráneos, el 33% del total. En Toledo son 158.000 los hogares de este tipo, de los que la compra de 2.200 se cerró el pasado ejercicio, también el 33% de todas las operaciones. Cantabria y Castellón son otras dos provincias en las que el peso foráneo es considerable: el 31% de los contratos firmados en 2019 en ambos casos. En Tarragona, Girona y Lleida, el peso de los clientes de otras provincias oscila entre el 25% y el 30%.

En esta línea, atendiendo también a las compraventas del pasado año, Madrid es la provincia que, de lejos, más compradores emite hacia otros lugares: un 29% de los madrileños que compraron vivienda en 2019 lo hicieron fuera de la autonomía uniprovincial. Tras ella están Bizkaia y Barcelona, ambas con un 16%, y Jaén, con un 15%. Málaga y Alicante, dos de las principales regiones receptoras, no emiten sin embargo gran cantidad de compradores, solo el 4% y el 3,5%, respectivamente.

Corredor País Vasco-Cantabria

Desde el pasado viernes, la movilidad está permitida entre País Vasco y Cantabria, tras un acuerdo que escenificaron en la frontera el líder del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, y el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu. No es para menos. Cantabria, una de las autonomías con más compradores en proporción al número total de ventas (31%), es la zona preferida, junto a La Rioja, por los vascos que buscan segunda residencia. Solo en 2019 casi 1.000 vascos cruzaron la frontera para adquirir allí un inmueble.

Las islas

Pese a ser dos de las zonas turísticas más importantes de España, Canarias y Baleares no destacan por el peso de sus segundas residencias. Atendiendo a los datos del antiguo Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana (Mitma), el archipiélago balear contaba con cerca de 140.000 viviendas no principales, menos del 23% de todo su parque residencial. Las islas del Atlántico, por su parte, tenían más de 188.000 de estas residencias, el 30% de todo su parque. La media española ronda el 25%. En Baleares, la mayoría de compradores de vivienda durante 2019 provenía de forma similar de Cataluña y Madrid, con unas 450 operaciones en ambos casos. Canarias, sin embargo, tiene mucho más peso de la capital: en el mismo año, más de 900 madrileños adquirieron allí un inmueble, frente a los casi 200 catalanes y cerca de 100 vascos.

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Continúa la oleada de estudios que analizan las consecuencias que está provocando el coronavirus en el negocio inmobiliario y los cambios que podría propiciar en el futuro.

El último llega de la mano de Strategy&, la consultora de estrategia de PwC en Reino Unido, que sostiene que podríamos estar ante una disrupción sin precedentes. Asegura que existe mucha incertidumbre sobre cuántas empresas podrán sobrevivir a esta crisis o qué necesidades de suelo y espacio habrá en la etapa de recuperación, y reconoce que se está produciendo un éxodo de grandes ciudades a otras urbes regionales y de que se están produciendo cambios significativos tanto en la demanda como en el uso de los inmuebles. También alerta de que todavía es pronto para saber qué va a suceder con el mercado de la inversión.

El covid-19 ha roto los esquemas al sector y ha dejado en papel mojado las previsiones con las que contaba el inmobiliario a principios de año. Unas previsiones que seguían situando al ladrillo entre las grandes apuestas de los inversores, en un momento de volatilidad en las bolsas y unos bonos con rentabilidades negativas. De cara al conjunto del año, empezaban a ganar protagonismo los activos ligados a la logística, la vivienda de alquiler asequible, el ‘coliving’ y las residencias de estudiantes y mayores.

“A principios de año, los inversores preveían un mercado inmobiliario activo para este año, pero cuando se desató la pandemia y se paralizó gran parte de la economía, todo se fue al traste”, explica la consultora, que recalca que “en el contexto de una crisis de escala global, el inmobiliario es un sector que está viéndose particularmente afectado por las circunstancias: toda actividad que se haya visto afectada por la pandemia y que utilice un espacio físico, está arrastrando al ‘real estate’”.

Desde PwC sostiene que “los daños sufridos por el sector son considerables, y es cada vez más evidente que la demanda y el uso de los activos podrían estar cambiando para siempre”.

En el informe, la consultora marca distancias con la crisis económica y financiera de 2008 y con la recesión de los años 70 del siglo pasado, y cree que las consecuencias a largo plazo de esta pandemia podrían ser más severas que cualquier disrupción que hayamos visto antes. De hecho, descarta una recuperación rápida y fácil, debido a que está afectando todo tipo de operadores y tanto a propietarios como inquilinos.

“No poder cobrar los alquileres ya ha tenido consecuencias en el flujo de caja de las empresas inmobiliarias, que luchan por cubrir sus gastos operativos y por cumplir con sus compromisos con bancos e inversores. En estos meses, las moratorias, los planes de apoyo impulsados por el Gobierno, la disponibilidad de reservas de capital y la entrada de nuevos inversores salvarán a algunos inquilinos, pero la contracción que estamos observando indica que es poco probable que el perfil de estos vuelva a ser como antes del coronavirus, especialmente en sectores como el comercio, la hostelería y el ocio. Con el avance de la desescalada, los tenedores de activos tienen que pensar qué papel pueden jugar en la ‘vuelta al trabajo’ de sus arrendadores, por ejemplo, reconfigurando temporalmente el uso del suelo”, recalca la compañía.

También destaca el impacto sobre promotoras y agencias inmobiliarias. En este sentido, señala que “los promotores han tenido que lidiar con pausas significativas en las obras y retrasos en la recuperación de sus inversiones, lo que está dificultando el flujo de efectivo. También las agencias inmobiliarias han visto paralizada su actividad debido al confinamiento y al distanciamiento social. Además, con los edificios vacíos, una extensa red de proveedores de servicios subcontratados (limpieza, mantenimiento, seguridad, etc.) también sufre”.

Y lo peor es que la incertidumbre se mantendrá después del coronavirus, poniendo en cuestión lo que hasta ahora se daba por sentado. “¿Cuánto espacio necesitarán los retailers si se mantienen los niveles actuales de compras online? Con el teletrabajo ganando enteros, ¿necesitaremos ir a la oficina a trabajar todos los días? Y con la inestabilidad de muchas cadenas de suministro al descubierto, ¿cómo responderán las empresas de logística?”, se pregunta PwC.

El estudio también muestra que se está produciendo un éxodo desde la gran ciudad a urbes de tamaño más reducido, y prevé que esta tendencia a la que bautiza ‘urbanización a la inversa’ se mantenga en el tiempo, lo que plantea más desafíos al sector. “Todo esto generará incertidumbres sobre la disponibilidad actual de activos e infraestructuras adecuadas para satisfacer una demanda creciente y diversificada en estas áreas. En el peor de los casos, las inmobiliarias se quedarían con activos caros y significativamente devaluados y para los que ya no habría demanda, mientras que crecería el apetito por inmuebles que actualmente no están construidos en las capitales de provincias, con las carteras necesarias para desarrollarlos muy mermadas”, puntualiza.

Otro de los interrogantes que plantea el escenario actual es qué sucederá con las inversiones y, en este tema, la consultora asevera que “a día de hoy, es imposible determinar qué sucederá. No sabemos dónde se asentarán las valoraciones a largo plazo en el mundo poscoronavirus, pero es posible que los inversores quieran reequilibrar su exposición actual a los activos inmobiliarios, teniendo en cuenta la volatilidad descrita”.

En este escenario, desde PwC recomiendan a inversores y propietarios que miren a largo plazo, que estén atentos a las nuevas tendencias que vayan surgiendo en el sector inmobiliario y no olvidar que la sostenibilidad es un cambio que ya estaba previsto antes de la llegada de la pandemia. “A más largo plazo, el sector debe estar en sintonía con tendencias demográficas más profundas, muchas de las cuales pueden tardar en manifestarse. Los ‘players’ más exitosos serán aquellos que con estas grandes dosis de incertidumbre, no pierdan el norte a pesar de la presión, y sean capaces de tomar decisiones dolorosas a corto plazo por el bien del largo plazo”, concluye la consultora.

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Autora: Ana P. Alarcos

Las moratorias hipotecarias que han lanzado los bancos por iniciativa propia están llegando a su fin. El próximo 29 de junio, si no se produce una ampliación de última hora, es la fecha límite para que los clientes que se han visto afectados por la crisis del coronavirus pueden solicitar a su entidad financiera un aplazamiento de la cuota del préstamo que pagan por su vivienda o por un inmueble afecto a la actividad económica de un autónomo (una oficina, un local, una nave…)

Esta alternativa, que complementa a la moratoria que aprobó el Gobierno durante las primeras semanas del estado de alarman y cuyo plazo para presentar solicitudes empezó el 6 de abril, podría traducirse en hasta medio millón de operaciones.

Según explica a idealista/news José Corral, decano del Colegio Notarial de Cantabria y portavoz del Consejo General del Notariado, “próximamente se va a empezar a firmar un porcentaje altísimo de moratorias hipotecarias sectoriales, que no van dirigidas solo a las personas vulnerables como las que aprobó el Gobierno. Se estiman decenas y decenas de miles de operaciones, y podríamos estar hablando de unas 400.000-500.000 en toda España”.

A diferencia de la moratoria diseñada por el Ejecutivo, que va dirigida a los colectivos más vulnerables y tiene unos requisitos muy exigentes, la moratoria motivada por la banca solo exige como requisitos haber entrado en un ERTE, haber perdido el empleo o haber sufrido una pérdida significativa de ingresos o un cese de actividad en el caso de autónomos. De hecho, la Asociación Española de Banca (AEB) detalla que “el acuerdo sectorial es de aplicación a personas que, a pesar de haber sufrido una reducción de ingresos y capacidad de pago con motivo del covid-19, no cumplan los requisitos para acogerse a las moratorias públicas”. Eso sí, la formalización de la hipoteca debe ser anterior al 14 de marzo de 2020.

Las cifras, de momento, hablan por sí solas. Los datos del Banco de España muestran que a cierre de mayo la banca habría aprobado cerca de 209.000 moratorias hipotecarias legislativa (la alternativa pública promovida por el Gobierno) y unas 260.500 solicitudes derivadas de las moratorias privadas.

«Desde el principio de la crisis los bancos están acompañando a las familias, con la prioridad de aminorar el impacto negativo de la pandemia. De esta forma han colaborado con las autoridades en las medidas tomadas y las han complementado con otras a nivel sectorial. La moratoria sectorial en los préstamos es una medida muy beneficiosa, puesto que amplia el número de familias y el plazo en el aplazamiento de los préstamos», insiste José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la patronal financiera.

La propuesta del sector es permitir al cliente pedir un aplazamiento de las cuotas de hasta un año (la moratoria legal establece tres meses), y el dinero adeudado puede devolverse de diferentes maneras. Por ejemplo, puede prorratearse en la cuota mensual que pagará el cliente una vez que termine la moratoria, o bien puede prolongarse la vida de la hipoteca en el mismo periodo temporal que se produzca la interrupción del pago.

Pero también se contemplan otras fórmulas. Como detalla el documento que publicó la patronal bancaria cuando se anunciaron estas moratorias, “la entidad de crédito podrá convenir con el deudor la forma y el plazo de devolución de las cantidades aplazadas, de manera que:

• el importe aplazado se abone, bien distribuido durante un plazo igual al que restara del préstamo afectado, o bien se distribuya proporcionalmente entre las cuotas restantes del préstamo afectado hasta el vencimiento de la operación; o
• el importe aplazado se satisfaga tras la fecha de vencimiento de la operación afectada en un número de meses equivalente a la duración de la moratoria, salvo que cliente y entidad hayan convenido satisfacerlo en otro plazo distinto;
• se conceda un préstamo personal, en las mismas condiciones de la operación afectada por la moratoria, cuyas cuotas estarán de acuerdo con los plazos previstos en los subapartados anteriores”.

¿Y cómo se instrumentalizan estos acuerdos? Según la patronal bancaria, “en función del criterio de cada entidad adherida al acuerdo, el aplazamiento se formalizará mediante un nuevo préstamo personal, una modificación del préstamo hipotecario o personal existente, u otra fórmula financieramente equivalente y que, en todo caso, permita mantener a criterio de la entidad todas, o una parte sustancial, de las garantías existentes en la operación afectada”, y añade que, en cualquier caso, “su tipo de interés será el mismo que en la operación afectada por el referido aplazamiento”.

El banco prepara los documentos y acude al notario

La patronal bancaria asegura que las entidades son las responsables preparar los documentos concretos que, en su caso, se formalizarán con los clientes beneficiarios del acuerdo sectorial para documentar la moratoria. Y una vez que el hipotecado envía la solicitud y tiene una respuesta afirmativa por parte de su banco (está obligado a dar respuesta en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de presentación de la solicitud junto con la documentación que cada entidad establezca en su página web), la moratoria hay que firmarla ante notario.

Según el decano de los notarios de Cantabria, en este caso es un representante del banco quien debe acudir a la notaría, sin que sea necesaria la presencia física del cliente. No obstante, para que la entidad acredite la operación, deberá llevar una documentación firmada por el cliente. «El mismo día de la autorización, el notario envía a través de la sede electrónica notarial la escritura pública electrónica al Registro para su inscripción», aclara Corral.

Cada banco adherido a este acuerdo sectorial (consulta aquí cuáles son) tiene en su página web la documentación necesaria para presentar esta solicitud, y puede considerar suficiente una declaración responsable del solicitante o exigir aquellos documentos acreditativos que considere pertinentes.

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El Ayuntamiento de Madrid ha firmado un protocolo de colaboración con la Federación de Cooperativas de Viviendas de la Comunidad de Madrid (Concovi), el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) y la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) para que estas entidades colaboren en la divulgación de los distintos planes de ayudas a la rehabilitación que actualmente pueden solicitar los vecinos de la capital.

El objetivo de este protocolo es que Concovi, CAF y AVS, que tienen un contacto fluido con las asociaciones vecinales, colaboren con el Ayuntamiento, en concreto con el Área Delegada de Vivienda, en la divulgación y asesoramiento de los distintos planes de rehabilitación, así como en la concienciación del papel activo que debe jugar hoy en día la regeneración del parque residencial de la capital.

Precisamente este jueves 18 de junio, han entrado en vigor las nuevas ayudas a la rehabilitación para la ciudad de Madrid del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, conocidas como ARRUR. Los vecinos que residen en seis barrios de la capital pueden solicitar desde este jueves estas subvenciones en la EMVS, que es la entidad gestora que las tramita.

Se trata de los barrios de Poblado Dirigido de Fuencarral (Fuencarral-El Pardo), Meseta de Orcasitas (Usera), Poblado Dirigido de Orcasitas (Usera), Simancas (San Blas-Canillejas), Ambroz (Vicálvaro) y barrio del Aeropuerto (Barajas), donde residen 23.000 familias.

Otros tres barrios de Madrid, Colonia de Vallecas (Puente de Vallecas), Gran San Blas (San Blas-Canillejas) y la Colonia Loyola y Virgen de la Inmaculada (Carabanchel), también pueden solicitar estas ayudas desde febrero, ya que en estas zonas entraron antes en vigor.

La inversión total del Programa ARRUR supera los 41 millones de euros. Las áreas beneficiadas albergan más de 4.900 edificios y casi 42.000 viviendas. La estimación inicial es que las ayudas lleguen a 1.400 viviendas. Este previsto que el programa genere más de 2.300 empleos entre directos e indirectos.

Dos nuevos planes

No son los únicos planes de rehabilitación que intentarán mejorar el parque residencial de Madrid. El Área de Vivienda acaba de aprobar Adapta 2020, dotado con tres millones de euros, que financiará las obras de aquellos vecinos de la capital con algún tipo de discapacidad de movilidad o sensorial que necesiten reformar su casa para mejorar su calidad de vida.

Asimismo, próximamente se aprobará el plan Rehabilita 2020, dotado con 15 millones de euros, que incluirá amplías líneas de rehabilitación (mejora de fachadas y estructuras, eficiencia energética, retirada de amianto?) para edificios de toda la capital.

«La firma de este convenio es un paso más en la acción de Gobierno del Área de Desarrollo Urbano hacia la regeneración y la rehabilitación del parque residencial madrileño. Para nosotros, y así nos lo fijamos como objetivo, la rehabilitación es una prioridad urbanística por los enormes beneficios sociales y económicos que genera para los vecinos, los barrios y la ciudad en su conjunto. Con este convenio facilitamos la vida a todos los madrileños que quieran informarse sobre los distintos planes y ayudas vigentes a través del asesoramiento de las entidades firmantes. Nuestro Ayuntamiento, como siempre hemos dicho, debe ser una administración eficiente que acompañe a los madrileños en lugar de ponerles trabas», ha señalado el delegado del Área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.

Para el concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, «es importante que se conozcan de manera ágil y sencilla todos los planes de rehabilitación que tenemos en marcha. Por eso queremos agradecer a Concovi, CAF y AVS su colaboración asesorando a los vecinos sobre las condiciones de todas estas ayudas y la documentación que deben aportar si quieren solicitarlas. Este es otro buen ejemplo de la colaboración público-privada, que en este caso redunda en el beneficio de los madrileños».

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Tras los peores momentos de la crisis sanitaria del coronavirus, España ya está en la «nueva normalidad». La reapertura de los negocios ha supuesto un pequeño impulso para el empleo en las últimas semanas. En este momento PA DIGITAL, la empresa líder en soluciones de marketing digital para Pymes y Autónomos en España, prevé un incremento en las contrataciones en los próximos meses, máxime cuando, en apenas unos días se han recuperado casi 200.000 empleos, uno de cada cinco del casi un millón que se perdieron durante el confinamiento según datos del gobierno.

Ahora, la entrada de las Comunidades en la «nueva normalidad», va a traer, sobre todo, la reactivación de la hostelería y la restauración, coincidiendo con la temporada alta del sector turístico. Además, las fases 2 y 3 han supuesto también la reapertura de los centros comerciales y el aumento del aforo permitido en los bares y restaurantes. Esto puede contribuir al incremento del consumo de los españoles y a un mayor gasto de dinero que durante las fases y sobre todo el confinamiento.

Poco a poco, volverá la normalidad a estos sectores y, con ello, la contratación de empleados para cubrir la demanda de la temporada de verano. En tiempos todavía de coronavirus, las empresas tienen que adaptarse a la nueva realidad, evitar el contacto y mantener la distancia de seguridad. Por eso, es indispensable aprovechar las ventajas que Internet ofrece durante el proceso de selección de nuevos empleados y para ello da una serie de pautas a seguir para hacer un buen proceso de selección y que se pueda realizar sin presencia física del candidato:

1. Definir muy bien el proceso de selección

Antes de comenzar, es necesario hacer un repaso de las necesidades reales de la compañía y de la carga de trabajo. También es importante plantearse qué objetivos se quieren conseguir durante la temporada, para así saber qué recursos se necesitan y qué áreas hay que impulsar. De esta manera, será más fácil saber qué tipo de trabajador necesita la empresa para no desperdiciar recursos.

2. Redactar la oferta

El anuncio para cubrir el puesto debe ser directo y conciso. Tiene que quedar muy claro qué perfil de empleado se está buscando y los pasos que se deben seguir para solicitar el trabajo. En él debe constar el puesto que se ofrece, los requisitos básicos (y los que se valorarán de forma adicional) y las condiciones laborales (tipo de contrato, jornada laboral, horquilla de sueldo…).

3. Saber dónde publicar la oferta

Los portales web de empleo son la primera opción para buscar y ofrecer trabajo. Por eso, es indispensable saber escoger dónde publicar la oferta para llegar a los empleados perfectos. No se pueden pasar por alto plataformas como LinkedIn, pero también otros portales como Infojobs o Infoempleo. Hay distintos sectores que tienen sus propios portales especializados, que serán indispensables para cubrir ciertas vacantes, por ejemplo en el caso de la hostelería y el turismo los más conocidos son: hosteleo.com, trabajohosteleria.com, gastroempleo.com o turijobs.com. También hay que publicar la oferta en la página web de la empresa y en sus redes sociales, así como enviarla a entidades u organismos que puedan estar interesados en difundirla o con bolsa de trabajo (escuelas de hostelería y gastronomía, por ejemplo).

4. Pedir un videocurrículum

Actualmente, lo más interesante es pedir un videocurrículum, y de esta manera reducir las entrevistas presenciales. ¡puede ser un primer paso interesante para valorar ciertas aptitudes!

5. Tener una adecuada presencia digital

Antes de decidirse a solicitar un empleo, los candidatos buscan información sobre la empresa, tanto en buscadores como en la propia página corporativa. Por eso, tener una presencia digital fuerte y positiva es un paso esencial para que los candidatos valoren la oferta. Para conseguirla, hay que prestar atención a la página web (diseño responsive, campañas de SEO y SEM…) y a las redes sociales. Además, hay que cuidar la imagen de marca y escuchar los comentarios de los usuarios para tener una buena reputación digital.

6. Seleccionar candidatos

Si se ha definido bien el proceso de selección, escoger los candidatos interesantes será sencillo. La preselección debe tener en cuenta el perfil que se necesita para cumplir con los objetivos marcados. Un método que suele funcionar es el de puntuar las solicitudes según el criterio que hayamos establecido para el puesto, con mayores puntos las aptitudes que sean esenciales para la empresa, como por ejemplo, saber idiomas, experiencia previa… De esta forma bastará con que pongamos una puntuación mínima para pasar la primera criba. También, en caso de que se hayan pedido referencias previas y éstas sean fundamentales para la empresa, se pueden investigar antes de hacer una primera selección.

7. Contactar con los seleccionados

Antes de la entrevista, es interesante hacer una primera toma de contacto por teléfono. Servirá para ampliar información sobre la forma de hacer la entrevista y las características del puesto. Además, puede ser útil como una primera prueba para evaluar sus habilidades y competencias, para lo que se pueden preparar algunas preguntas que se consideren relevantes.

8. Hacer las entrevistas

Actualmente sigue siendo recomendable evitar las entrevistas presenciales para reducir el riesgo de contagio por coronavirus. Hay otras opciones:

Entrevistas grabadas. Se puede preparar una serie de preguntas grabadas, que el candidato deberá responder en un tiempo determinado. A la hora acordada, se le da acceso a la prueba durante el tiempo establecido. La gran ventaja de esta opción es que se pueden grabar las respuestas del entrevistado, lo que permite más flexibilidad, ya que, al tenerlas disponibles, los entrevistadores pueden analizar mejor las respuestas y tomar una decisión mejor.

Entrevistas por videollamada. Hay multitud de plataformas que permiten realizar este tipo de llamadas (Skype, Zoom…). A diferencia del caso anterior, permite la interacción con el candidato, conocer su aspecto y tener una conversación más profunda con él, para así asegurarse de que se trata de la persona adecuada para el puesto. Sin embargo, supone más inversión de tiempo.

9. Valorar las entrevistas y escoger

Tomar la decisión final puede ser complejo. No hay que olvidar que lo más importante es considerar los conocimientos, aptitudes y experiencia de los candidatos, pero también hay que tener en cuenta su personalidad.

10. Informar a los candidatos descartados

Por último, es posible que una persona no se ajuste a los requisitos que la empresa necesita para esta campaña; pero, quizá, sea el candidato perfecto en el futuro. Sin embargo, si esa persona no recibió un trato correcto la primera vez, no querrá saber nada de futuras vacantes. Por eso, es esencial dedicar algo de tiempo a responder a todos los candidatos, sean finalmente contratados o no.

María Pilar Núñez Fernández, directora de personas y gestión jurídica de PA DIGITAL ha dicho: «La crisis del coronavirus ha parado España durante meses. Ahora, el final de la desescalada va a llegar en plena temporada de verano y, con ciertas restricciones, el comercio y la hostelería están volviendo a la actividad. Aunque no sea un verano normal, y no todos los hoteles y restaurantes funcionen al 100%, la mayoría de ellos tendrá que aumentar sus plantillas para acoger la temporada alta, y es lógico que tengan dudas de cómo crear un proceso de selección en estas circunstancias. Por eso, desde PA DIGITAL hemos querido dar estos consejos, para intentar que los negocios se adapten a la temporada alta de la mejor forma posible y se cree empleo de nuevo».

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La Agencia Española de Protección de Datos pide que tampoco se incluya información sobre si se ha padecido el Covid-19 en currículums.

Era una posibilidad remota, pero ha ocurrido. Ciertas empresas han empezado a lanzar ofertas de empleo en las que solicitan a los candidatos información sobre si han pasado el coronavirus y desarrollado anticuerpos como requisito para acceder al puesto de trabajo ofertado.

Frente a esta situación, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dado un paso adelante y ha elaborado una nota informativa en la que indica que estas prácticas constituyen una vulneración de la normativa de protección de datos aplicable.

Según explica la autoridad nacional, la información de haber padecido el Covid-19 y desarrollado anticuerpos de esta es un dato personal relativo a la salud, que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) califica de categoría especial en su artículo 9, por lo que su recogida y utilización por la posible empresa empleadora está sujeta a la normativa de protección de datos, fundamentalmente el citado RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDP).

Entre las bases jurídicas que en principio podrían fundamentar dicho tratamiento por la empresa empleadora estarían el consentimiento del interesado, conforme al artículo 6.1.a) del RGPD, o la prevista en su artículo 6.1.b), relativa al tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que la persona candidata es parte o para la aplicación a petición de esta de medidas precontractuales. Sin embargo, ni una ni otra base serían aplicables en el presente caso.

Para que el consentimiento sea válido debe consistir en una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. «El RGPD ha dejado bien claro que el consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando no se goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno (considerando 42), o cuando exista un desequilibro claro entre las partes (considerando 43), como sucedería en el presente caso, en el que el consentimiento estaría condicionado por la necesidad o la voluntad de acceder a un puesto de trabajo, lo que anularía la libertad de la persona», apunta la AEPD.

A pesar de todo, la agencia explica que en una relación laboral «se produce un desequilibrio de poder dada la dependencia que resulta de la relación entre las partes, y no es probable que la persona candidata pueda negar a la empresa el consentimiento para el tratamiento de datos sin experimentar temor o riesgo real de que su negativa produzca efectos perjudiciales», por lo que, probablemente, el consentimiento de tratamiento nunca será realmente libre.

La autoridad de protección de datos prosigue explicando que cabría analizar si alguna otra de las excepciones previstas en el artículo 9.2 del RGPD, podría ser aplicable. En concreto cuando el tratamiento es necesario para atender a las obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable o del interesado en el ámbito del derecho laboral, de acuerdo con lo previsto por el derecho de la Unión o de los estados miembro.

En este contexto, solicitar información sobre el estado de inmunidad frente al Covid-19 iría más allá de las obligaciones y derechos específicos que impone a la empresa la legislación de Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en particular del deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Currículum

Por último, y en relación con el acceso al empleo, la AEPD afirma que también se ha observado la práctica de reflejar en los currículums de quienes buscan un empleo, que envían a empresas, información de ser inmune al Covid-19 por haber generado anticuerpos frente a dicha enfermedad.

«Por las razones ya expuestas, no se debe incluir la información sobre una posible inmunidad en un currículum. El potencial destinatario del mismo no puede utilizar esa información que, por lo demás, requeriría de una verificación que, como se ha señalado, sería ilícita, por lo que la empresa deberá proceder a suprimirla para no infringir la normativa de protección de datos, lo que podría llegar a implicar la destrucción del currículum cuando no fuera posible asegurar que el dato de la inmunidad no va a influir en la decisión que finalmente se adopte, y la eliminación del candidato del proceso selectivo», concluye.

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Los grandes problemas del mercado laboral español siguen presentes pese al teletrabajo

El teletrabajo no necesita nueva regulación, sino flexibilidad para que las empresas y los empleados construyan juntos la forma de organizar la actividad laboral de la época post pandemia. Esta es la principal conclusión a la que llegaron los expertos durante el evento la vuelta a la actividad. Cómo será el trabajo del futuro, la nueva edición de Foro Futuro, el observatorio de tendencias económicas organizado por Cinco Días con la colaboración de Banco Santander. 

Durante la pandemia el teletrabajo creció de forma exponencial en España. Según datos de Eurofound, antes del virus el número de teletrabajadores no llegaba al 7% y sólo un 13% de las empresas ofrecía esta posibilidad. Funcas detalla que en lo más duro de la lucha contra el Covid-19, el porcentaje de teletrabajadores aumentó hasta el 30%. 

Fernando Fernández, profesor de Economía del IE Business School, apunta que una vez pasado lo peor de la crisis sanitaria y a medida que los trabajadores que estaban operando a distancia se reincorporan de forma física, queda claro que la realidad laboral ha cambiado. «Vamos a salir con un modelo más híbrido que compagine presencialismo y teletrabajo, lo que no queda claro es cómo vamos a hacerlo para garantizar los derechos laborales». 

«Cuando se está en un proceso que nunca antes se ha visto hay que tener flexibilidad. No necesitamos una nueva ley del teletrabajo. Necesitamos empezar a funcionar y que las empresas y los trabajadores empecemos a ver cómo construimos el modelo híbrido», proclama el experto. «En medio de esta incertidumbre, demos a las partes la posibilidad de ir renegociando en un proceso de prueba y error». 

Coincidiendo con la visión de Fernández, María Luz Rodríguez, profesora titular de derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha, insiste en que no es necesaria nueva regulación, porque ya existe. «No creo que debamos regular el teletrabajo nuevamente porque el teletrabajo ya está regulado en el artículo 13 del estatuto de los trabajadores, si bien no lo llama así por alguna razón que no entendemos. Tenemos el acuerdo europeo de teletrabajo a través de la negociación colectiva y en nuestro país la ley de protección de datos reguló el derecho a la desconexión digital. Mimbres normativos tenemos, ahora hay que llevarlo a la práctica facilitando la aplicación en empresas y sectores». 

La nueva forma de relación entre empresas y trabajadores trae consigo nuevos riesgos. Desde el punto de vista empresarial, la fórmula funciona mejor de lo que muchos pensaban. Francisco Simón, director de recursos humanos del centro corporativo del Banco Santander explica que en solo un día fueron capaces de sacar 10.000 empleados de la ciudad financiera y ponerlos a teletrabajar desde casa sin ningún problema. «En un 90% de los casos se mantiene la productividad. En un 1% baja la productividad y en el resto aumenta. Desde casa se trabaja más porque las personas no saben desconectar. El teletrabajo está muy regulado y sabemos que es pero de la desconexión tenemos que aprender muchísimo en España», afirma.

Francisco Pérez, catedrático de análisis económico de la Universitat de València y director de investigación del IVIE, duda sobre si la experiencia del Santander puede ser algo extrapolable. «Sin un entorno de preparación como el que teníais es difícil que el teletrabajo no pase factura a la productividad». El experto distingue entre los efectos de un teletrabajo adoptado como solución de emergencia y el de uno que se asume como una auténtica alternativa operacional en el seno de la compañía. «Estos meses han sido un ejemplo de lo primero, solo si esta forma de trabajo se convierte en algo operacional será posible que contribuya a la productividad, para mí sería una sorpresa que un teletrabajo de emergencia lo hiciera».

En el lado del trabajador, la desconexión muchas veces queda dificultada por esta forma de entender el trabajo. Los expertos advierten de la preocupante invasividad y las jornadas marotanianas que produce la caída del muro entre vida profesional y vida personal. Además, la irrupción tecnológica con el teletrabajo como punta de lanza ha dejado peligrosos ejemplos de precariedad. Un ejemplo que pone Santiago Carbó, catedrático de economía de CUNEF y director de estudios financieros de Funcas, es el de los últimos avances en el ámbito de servicios a domicilio. «Hemos visto algunas contrataciones que desde luego si queremos ir a mejor como sociedad hay que ser más exigentes con ellas».

«Las nuevas actividades digitales no pueden ser un camino de debilitar derechos sociales o de utilizar figuras contractuales que no son aceptables. Es la sociedad la que debe exigirlo. Los pobres trabajadores no van a poder. Hay que exigir que estas empresas que generan tanto valor añadido hagan contratos adecuados a sus trabajadores», considera Carbó.

A ojos de Fernando Fernández, a medida que la tecnología y el teletrabajo ganan fuerza en la economía española aparece un mayor peligro de desalarización. «Se corre el riesgo de que aumente el trabajo autónomo con los riesgos que todo esto genera incluso para el Estado del bienestar. Ya que gran parte de los ingresos provienen de las nóminas», alerta.

Esta desalarización se suma a otros grandes problemas que siguen poniendo en jaque al Estado del bienestar como es el envejecimiento de la población y, en el caso particular de España, la dualidad del mercado de trabajo y la gran precariedad en la que viven una parte nada desdeñable de sus trabajadores.

María Luz Rodríguez, destaca que la tecnología y el teletrabajo consiguieron salvar parte de la actividad económica durante lo peor de la crisis sanitaria, reduciendo con ello la magnitud del golpe. Aún así, la experta puso sobre la mesa una serie de datos que dan idea de la gravedad de la situación. Los empleados con contrato temporal, la parte más perjudicada de la anterior crisis, ha vuelto a sufrir con mayor intensidad los efectos de la precariedad.

Citando a la EPA, Rodríguez recordó que en el primer trimestre, con solo dos semanas de confinamiento, se perdieron 286.000 puestos de trabajo de los cuales cerca de 255.000 eran temporales. «El ajuste del empleo en nuestro país se ha vuelto a producir en la extinción de los contratos temporales, se estaba fundamentalmente destruyendo empleo temporal. Si miramos al futuro de las tendencias, este es un tema que no hemos resuelto y que creo que tenemos que resolver», opina.

«En febrero teníamos alrededor de 2 millones de beneficiarios que percibían protección por desempleo y el gasto del Estado era de 1.800 millones de euros mensuales para esta partida. En mayo de este año hemos tenido 5,9 millones de beneficiarios, y el gasto mensual ha aumentado hasta 5.121 millones de euros», afirma. 

Además de la tecnología, los expertos coinciden al recordar la importancia que debería tener el factor humano a la hora de repensar el modelo de organizar el trabajo. «La tecnología es importante, pero el trabajo humano sigue siendo lo esencial», asevera María Luz.

«Estábamos pensando tanto en cuántos empleos humanos iban a perderse por la tecnología y cuando ha llegado la pandemia la respuesta se ha basado en la tecnología, pero también ha hecho falta el trabajo humano. Si las dos cosas son absolutamente necesarias, tenemos que empezar a pensar el cómo hacer que tengan una valoración similar porque son igualmente necesarios para evitar la polarización del mercado de trabajo, de la sociedad y de la política», concluye.

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El ministro dice que ya se han recuperado 286.000 empleos registrados en la Seguridad Social, un tercio de los más de 900.000 perdidos entre el 12 de marzo y finales de abril

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha confirmado hoy en el Senado que su departamento está diseñando cómo mantener la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos a partir de julio, modulando esta ayuda según vayan incorporándose a la actividad y en función de su facturación. Así, ha garantizado que dicha prestación «no se va a cortar de forma abrupta» el 30 de junio, que es la actual fecha en la que termina su vigencia.

«A partir de julio estamos trabajando en un mecanismo similar al de los ERTE, para fasear la vuelta a la normalidad y proteger a los autónomos que sigan teniendo una caída muy fuerte de facturación», ha dicho Escrivá. El colectivo de autónomos ha reclamado la extensión de esta ayuda y actualmente está a la espera de conocer cuál es la respuesta del Gobierno.

Asimismo el titular de Seguridad Social se ha referido a las condiciones para prorrogar los ERTE, que ahora discuten el Gobierno y los agentes sociales y cuya negociación atraviesa dificultades por la falta de acuerdo. Concretamente, avanzó que el Ejecutivo pretende «continuar en los próximos meses» incentivando la incorporación de trabajadores en ERTE a la actividad, mediante mayores bonificaciones en las cotizaciones empresariales para los empleados que se activen y empiecen a trabajar.

Si bien, ha dicho también que estas ayudas serán progresivamente menores según avance en el tiempo. Los empresarios reclamaban que dichas bonificaciones fueran solo para los trabajadores incluidos en el ERTE y, en todo caso, si se mantiene esta doble ayuda que beneficia a los empleados que se reicorporen, que se mantengan en los actuales porcentajes hasta el 30 de septiembre y no se aminoren, como quiere el Gobierno.

«Este mecanismo ha permitido del máximo de 3,38 trabajadores protegidos por ERTE, ya se han reincorporado a su empleo 1,2 millones con lo a fecha de ayer quedan prácticamente 2.2 millones con su empleo suspendido. Este modelo es un mecanismo en el que tenemos que perseverar», ha dicho Escrivá.

Escrivá también ha dicho que hasta la fecha se han recuperado ya 286.000 empleos registrados en la Seguridad Social de los más de 900.000 que se destruyeron entre el 12 de marzo y el último día de abril. Esto supone haber retomado un tercio de la ocupación destruida. Si bien, esta recuperación se está produciendo fundamentalmente entre los hombres mayores de 50 años y con empleo indefinido, ha explicado Escrivá.