EDIFICIOS

Los fondos de la UE obligan a pagar 21.000 millones al excluir el IVA

eleconomista.es

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  • Las Administraciones tendrán que extraer de sus presupuestos el dinero
  • El retorno por este tributo de los 70.000 millones será de 14.700 millones

Los fondos europeos Next Generation guardan una sorpresa, positiva para el Ministerio de Hacienda y negativa para las Administraciones y entidades públicas y privadas que desarrollarán los proyectos financiados por esta vía: el detalle del Reglamento de los mecanismos de ayudas directas de la Unión Europea excluye el IVA de las subvenciones.

Esto se traduce en que los receptores de los fondos tendrán que asumir el pago de este impuesto, que en España se sitúa, en términos generales, en el 21%. De este modo, Administraciones (Estado, comunidades autónomas y entes locales) y empresas privadas tendrán que extraer de sus presupuestos el dinero para afrontar el IVA, que podría ascender hasta el entorno de los 21.000 millones de euros. Hacienda ingresará esta cantidad si se movilizan los 100.000 millones que el Ministerio de Economía estima, 70.000 millones a través de las ayudas directas del Plan de Recuperación más alrededor de 30.000 millones de inversión privada.

“El IVA no puede ser considerado en ningún caso como un gasto subvencionable por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”

Fuentes oficiales del Ministerio de Transportes, el departamento que más ayudas recibirá con alrededor de 17.000 millones de euros, señalan que “el IVA no puede ser considerado en ningún caso como un gasto subvencionable por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. No entra dentro de los costes elegibles de los proyectos a financiar o cofinanciar con los fondos europeos, por lo que cada en- tidad/organismo o empresa ejecutora tendrá que asumirlo”. “Es un criterio que viene fijado desde la Unión Europea dentro de las condiciones de reparto de las ayudas y que se extiende a los demás fondos”, abunda Transportes.

El reparto entre Administración y empresas de la factura fiscal dependerá de la distribución final de los fondos y de la capacidad de movilizar a los inversores a través de iniciativas de colaboración público-privadas. El fisco obtendrá un mínimo de 14.700 millones de euros por las ayudas directas -siempre que estas se consuman completamente-. De esta cantidad, aún por determinar, una parte corresponderá al ámbito público, con comunidades autónomas y Ayuntamientos y entidades como Adif, Renfe, Aena o las direcciones generales de Carreteras y Agua entre las más implicadas en la recepción de fondos. Así, sus presupuestos se verán diezmados para hacer frente al IVA de los proyectos subvencionados.

El foco en el sector privado

A esos cerca de 15.000 millones, Hacienda añadirá el IVA que tendrán que repercutir igualmente los inversores privados en los proyectos cofinanciados. Las estimaciones oficiales apuntan a que el volumen de recursos que se movilizarán por parte de agentes privados podría elevar la cifra total en 30.000 millones de euros más, hasta superar los 100.000 millones. Con ello, el fisco podría obtener por el IVA más de 6.000 millones adicionales, para totalizar cerca de 21.000 millones en los seis años de duración que prevé el Plan de Recuperación.

Desde una de las principales consultoras en España explican que a tenor del contenido de las distintas Componentes, las partidas que se trasladarán al tejido económico y social a través de convocatorias de subvenciones y la parte que será licitación pública “será de un 50%-50%, aproximadamente”. No obstante, agregan, “dado que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no financia gastos de personal público ni gastos de mantenimiento de inversiones, la mayoría de las subvenciones e inversiones públicas serán ejecutadas por las empresas; en unos casos serán las suyas propias y, en otros, por cuenta de la Administración”. Por otro lado, “hay una serie de iniciativas dirigidas a los particulares (ayudas sociales, compra de vehículo eléctrico…), las comunidades de propietarios, entidades de gestión de derechos de la propiedad, etc., que se trasladarán como subvenciones”. “Por tanto, se puede decir que la mayor parte de las inversiones llegarán al sector privado, ya sea para financiar sus propias inversiones o para realizar trabajos para la Administración”, apostillan.

Sorpresa entre los entes públicos, que ven diezmadas sus partidas para gastos ya programados

En todo caso, la exclusión del IVA ha caído como una losa entre las Administraciones y entes públicos, que ven cómo sus presupuestos se verán reducidos sensiblemente, con impacto en las inversiones ordinarias planificadas y sin garantía alguna de que Hacienda les repercutirá positivamente esos ingresos en el futuro. Ocurre, además, en un contexto en el que la pandemia ha golpeado los ingresos, como ocurre con el transporte ferroviario.

Sirva como ejemplo del efecto de la no financiación del IVA la partida de los fondos para movilidad sostenible, por 11.200 millones. De ellos la inversión directa de Transportes será de 7.600 millones, repartida entre ferrocarril (Adif y Renfe, princialmente), con 6.243 millones, carreteras (850 millones), Puertos (306 millones), Enaire (107 millones) y transformación digital (80 millones), mientras que las autonomías recibirán 1.010 millones, las entidades locales, 1.500 millones, y las empresas, 1.090 millones.

Con la exclusión del IVA, los entes públicos receptores tendrán que asumir, con cargo a sus presupuestos en los años de ejecución de los proyectos, el pago del 21% (2.352 millones). Empresas públicas como Adif, la mayor beneficiaria de ayudas, contaban con ello porque desde hace unos años Bruselas ya lo obliga en otros fondos europeos como los Feder. No así los organismos públicos, como la Dirección General de Carreteras (DGC), que tendrá que restar más de 160 millones a sus presupuestos, ya de por sí ajustados ante las crecientes necesidades en conservación.

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