HERRAMIENTAS

El Gobierno redefinirá el concepto de ‘vivienda vacía’ para forzar que los dueños pongan sus pisos en alquiler

Obras de construcción de un bloque de viviendas en Madrid.

elmundo.es

María Hernández

Armonizar la normativa autonómica sobre vivienda, incluso en términos fiscales, e incitar a los propietarios a poner sus viviendas vacías en el mercado del alquiler para rebajar la presión que actualmente afrontan los inquilinos. Éstos son algunos de los objetivos que persigue la nueva Ley Estatal del Derecho a la Vivienda cuyo proyecto saca hoy a consulta pública el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para intentar avanzar en la creación de un parque de vivienda para alquiler asequible.

El acceso a la vivienda, bien sea en propiedad o en arrrendamiento, es uno de los mayores problemas sociales en España desde hace décadas, aunque en los últimos años se ha acentuado al calor del incremento de las rentas y de las dificultades para conseguir financiación hipotecaria.

Además, a la dinámica del mercado se suma la maraña regulatoria que se extiende en todo el país y que, en la práctica, supone que los ciudadanos no son considerados por igual cuando se trata de sus derechos o deberes en materia de vivienda.

El departamento dirigido por José Luis Ábalos ha lanzado varias iniciativas para tratar de atajar ambos problemas -el administrativo y los precios-, aunque la mayoría se encuentra en fases muy embrionarias. Es el caso de la ley que echa a andar este viernes. Según aseguró ayer el ministro, la ley “establece un completo marco de acción en favor de una oferta” de vivienda en alquiler a precios asequibles y, de paso, obligará a las comunidades a modificar sus respectivos marcos normativos para adaptarlos a la nueva norma una vez que sea aprobada.

El proyecto estará disponible durante 15 días para que las entidades y organizaciones interesadas puedan hacer sus aportaciones de cara a la configuración del texto definitivo.

QUÉ ES LA ‘VIVIENDA VACÍA’

Entre otras novedades, la ley abordará la definición de conceptos como el de gran tenedor o el de vivienda vacía, con el objetivo de empujar a los propietarios a poner sus inmuebles en el circuito del alquiler.

Actualmente no existe en España una calificación única de lo que se considera vivienda vacía, por lo que resulta imposible cuantificar el número de inmuebles en esa situación. De esta manera, el Ejecutivo pretende resolver un doble problema: subsanar la ausencia de significado y elevar la oferta disponible.

La norma pretende también convertirse en una armadura legal para blindar la función social de la vivienda y aumentar el reducido parque de vivienda pública con fines sociales, uno de los “problemas” que, según Ábalos, caracterizan a la vivienda en España. En este sentido, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presentó ayer el Boletín Especial de Vivienda Social, que recoge la evolución de la promoción de vivienda protegida en España entre los años 1981 y 2019.

Según este boletín, en los últimos 40 años el 21,6% de las viviendas construidas fueron protegidas; en concreto se levantaron 2,37 millones de casas protegidas frente a 8,6 millones de viviendas libres. En 2019, apenas se construyeron 1.031 viviendas protegidas para el alquiler.

En ese periodo, la promoción de vivienda protegida destinada al alquiler “ha sido muy limitada”, con un porcentaje “extraordinariamente reducido” en comparación con la destinada a la venta. En 2019, apenas se construyeron 1.031 viviendas protegidas para el alquiler.

Acerca del gasto medio anual en España en vivienda protegida para el periodo 2007-2017, el boletín refleja que alcanzó el 0,22% del PIB, en tanto que el gasto medio de los 28 países que conforman la UE en ese mismo periodo fue del 0,25%.

Respecto a la inversión en vivienda según los presupuestos de las entidades locales, registró “un cierto repunte” desde 2015, para alcanzar 600 millones de euros en 2018. El año pasado, la inversión en vivienda agregada de comunidades autónomas y ayuntamientos fue de 2.297,4 millones

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