EDIFICIOS

Robles cree que la legislación actual es suficiente para hacer frente a la ocupación de viviendas

Margarita Robles, ministra de Defensa / Gtres
Margarita Robles, ministra de Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que en España la legislación actual es suficiente para hacer frente al problema creciente de la ocupación ilegal de viviendas y también para proteger los derechos de los propietarios. “Creo que tenemos una legislación que permite dar respuesta a los problemas de la ‘okupación’, sin perjuicio de que puedan tomarse otras medidas”, ha afirmado Robles en declaraciones a Europa Press.

En su opinión y desde un punto de vista judicial, considera que la normativa vigente “protege el derecho del propietario frente a los okupas”. Se trata de un comentario contradictorio con el de la oposición. Tanto el PP, como Ciudadanos o Vox ya han anunciado en varias ocasiones que la ley se queda corta. De hecho, hay varios proyectos de ley presentados en el Congreso para endurecer la legislación y elevar las condenas de los okupas, así como permitir una actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por ejemplo, el PP y Ciudadanos proponen una nueva ley para ejecutar el desahucio exprés, es decir, recuperar el inmueble okupado en menos de 48 horas y no en 30 días, como contempla la ley actual. También pretenden incluir que el delito de usurpación conlleve penas de cárcel de uno a tres años para los infractores.

Vox defiende actuaciones rápidas y contundentes, «sacarles de una patada en el culo el mismo día», en palabras del líder del partido, Santiago Abascal. Sus propuestas pasan por elevar la condena a los ‘okupas’ hasta los cuatro años de prisión y permitir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desalojarles de inmediato.

Pero desde el propio partido socialista hay voces que piden cambios para agilizar las desocupaciones. Por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una entrevista para Europa Press pedía ampliar los tiempos de actuación policial sin intervención judicial y evitar que los okupas puedan empadronarse.

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