Autor: Megafincas

La Xunta de Galicia ha publicado la convocatoria de ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con un presupuesto total de 4,9 millones de euros.

Tal y como se indica en la resolución, el programa cuenta con dos líneas de ayudas, una destinada a mejorar la eficiencia energética y la otra enfocada en la conservación y accesibilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOG, finalizando el 26 de marzo de 2020.

Obras subvencionables de eficiencia energética

La primera línea está destinada al fomento de la mejora de la eficiencia energética y de la sustentación en viviendas. Su finalidad es financiar obras de mejora de la eficiencia energética y de la sustentación, con especial atención a la envolvente edificatoria, y tiene un presupuesto total de 1.900.000 euros para las anualidades 2020 y 2021.

Entre las actuaciones consideradas en esta primera línea se encuentran obras de mejora de la envolvente térmica de la vivienda o del edificio, instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación para incrementar la eficiencia energética, instalación de equipos para la generación de energías renovables, y actuaciones que mejoren el cumplimiento de la normativa técnica en cuestiones como el aislamiento sonoro.

Esta línea incluye también obras que afecten a elementos cuyo tratamiento permita reducir de forma efectiva en el interior de la edificación a promedio anual de concentración de radón a niveles inferiores a 300 Bq/m3 o en las que, sin alcanzar dicho nivel, se reduzca la concentración inicial en, por lo menos, un 50%.

Además, en edificios de tipología residencial colectiva se subvencionará la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación; la mejora del suministro de agua y ahorro de la misma; mejora del saneamiento separativo y otras que afectan a factores como la reducción del consumo de agua en zonas comunes o el fomento de la movilidad sostenible.

Conservación, seguridad y accesibilidad

La otra línea corresponde a la ayuda al fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, para financiar obras de conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad, bajo un presupuesto total de 3 millones de euros para las anualidades 2020 y 2021.

En esta línea se consideran actuaciones sostenibles las relativas a la conservación de la cimentación, de la estructura, de las instalaciones, de cubiertas y fachadas, la adecuación interior de la vivienda unifamiliar, instalación de ascensores, salvaescaleras, cuestas u otros dispositivos de accesibilidad, y otros como la instalaciones de señalización, elementos electrónicos de comunicación, domótica y cualquier elemento que facilite la accesibilidad.

Comunicación presentada al VI Congreso Smart Grids

Autoras

• Celia Sánchez Mayoral, Estudiante, Universidad Politécnica de Madrid
• Estefanía Caamaño Martín, Investigadora, Instituto de Energía Solar, Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

En España predomina la tipología de viviendas multifamiliares. El autoconsumo compartido aparece como una alternativa para posibilitar la generación distribuidade energía eléctrica gracias a instalaciones fotovoltaicas en edificios, cuyo uso prioritario sea cubrir el consumo de las viviendas. Este trabajo presenta las posibilidades técnico-económicas de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo ubicadas en cubiertas de edificios multifamiliares en Madrid. Para ello es necesario tener en cuenta tipologías de edificios representativas; diseñar y dimensionar las instalaciones fotovoltaicas; calcular la generación eléctrica esperable, respetando consideraciones estéticas y estudiar las características de los consumos eléctricos de las viviendas, para obtener los resultados de variables relevantes, como el autoconsumo y la  autosuficiencia, con el fin de poder crear una gestión inteligente del uso de ciertas cargas, o incluso el uso de almacenamiento. Además, se analiza la rentabilidad económica de las instalaciones en el contexto regulatorio actual, considerando distintos escenarios de gestión de la electricidad y la posible retribución por la venta de excedentes.

Palabras clave

Energía Solar, Energías Renovables, Cambio Climático, Autoconsumo Compartido, Autosuficiencia, Fotovoltaica, Módulo Fotovoltaico, Sistemas Fotovoltaicos, Instalación Fotovoltaica Residencial, Sistema Energético

Introducción

El autoconsumo es la capacidad de consumir lo que uno mismo genera, cuando es compartido, implica que pueden ser uno o varios quienes generen y se beneficien. Para este trabajo, significa la capacidad de instalar unos módulos fotovoltaicos en un edificio de viviendas para generar electricidad, y aprovechar entre un grupo de hogares la energía producida. En España el autoconsumo compartido en edificios residenciales ha sido ilegal, solo se podía permitir tener una instalación de autoconsumo una vivienda unifamiliar, hasta la aparición del Real Decreto 244/2019 (Gobierno de España, «Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica» Ministerio para la Transición Ecológica, I. Disposiciones generales, 6 de abril de 2019. ). Este presenta un marco legal con muchas posibilidades, dado que las ciudades son sumideros de energía que necesitan de grandes centrales para alimentarlas, además, su dependencia eléctrica está aumentando con la creciente electrificación, así como con la incorporación del coche eléctrico. A su vez, muchas zonas urbanas tienen altos potenciales de generación fotovoltaica que se están empezando a estudiar, como los polígonos industriales. Pero también dentro de las ciudades los edificios pueden pasar a tener una función activa, siendo las cubiertas y fachadas las que generen toda o parte de la energía que se consume en su interior. En los últimos años el precio de la tecnología fotovoltaica se ha reducido de manera importante, haciéndola muy competitiva. Es el momento de analizar la viabilidad técnico-económica de esta tecnología teniendo en cuenta las particularidades de su uso en edificios reales.

El Proyecto

Este estudio surgió como análisis de la viabilidad del uso de sistemas de generación distribuida de origen fotovoltaico para suministrar las necesidades eléctricas de los hogares españoles, teniendo en cuenta la realidad de la edificación y sus consumos, las tecnologías fotovoltaicas y precios representativos del mercado fotovoltaico español actual (C. Sanchez Mayoral, «Autoconsumo compartido de electricidad solar fotovoltaica en entornos residenciales» Trabajo Fin de Máster, Máster en Energía Solar Fotovoltaica, Instituto de Energía Solar, UPM, Julio 2019).

Para poder estudiar las capacidades de autoconsumo de edificios residenciales es necesario conocer su consumo. En España la demanda energética de las viviendas varía mucho según la zona climática y el tipo de vivienda. Con diferentes consumos reales recogidos y analizando las cubiertas de tipologías de viviendas representativas de la ciudad de Madrid, se han realizado simulaciones de la generación eléctrica esperable de instalaciones en las cubiertas con la herramienta software de referencia PVSyst, hallando el porcentaje de energía autoconsumida de cada instalación y el ahorro energético-económico que posibilita.

Materiales y métodos

Consumos eléctricos

Para realizar este trabajo era fundamental conocer la curva de consumo típica de los hogares en España y con ella estudiar las posibilidades de autoconsumo de las viviendas. Actualmente no existen estos datos públicos. De entre los escasos estudios existentes, se han considerado los del Proyecto SECH-SPAHOUSEC (2011) (IDAE, Informe Final Proyecto SECH-SPAHOUSEC, 2011. ), que ofrece datos según zonas climáticas y tipología edificatoria. En particular, la electricidad representa en el conjunto de energías empleadas en los hogares el 35% en la zona Continental, 55% en la Mediterránea y el 46% en la Atlántico. Para la zona de este estudio, la ciudad de Madrid se ha aproximado el consumo medio eléctrico anual de viviendas en bloque a 3.190 kWh y en unifamiliar a más del doble, 6.583 kWh.

Pero dentro de cada hogar, el consumo no es constante a lo largo del año, sino que varía según las estaciones y los hábitos de cada vivienda. Los datos de consumo empleados para este estudio no han sido fáciles de conseguir al no existir ningún informe oficial del consumo horario medio de una vivienda en España, a pesar de contar todas las viviendas con contadores inteligentes y estar toda la infraestructura digitalizada. La única forma de obtener datos horarios ha sido gracias a voluntarios que se han ofrecido a compartir los suyos personales, recopilando un total de 24 viviendas en Madrid que, en general, presentan consumos importantes fuera del periodo de generación solar. Gracias al software utilizado para este estudio, se han realizado simulaciones horarias de producción eléctrica de todo un año, donde se han incluido los consumos recogidos, previamente normalizados para obtener el perfil típico de consumo a la vez que valores anuales estadísticamente representativos.

Tecnología fotovoltaica utilizada

Las instalaciones fotovoltaicas se colocarían en las cubiertas de los edificios (G. Masson, J. I. Briano y M. J. Baez, «Review and Analysis of PV Self-Consumption Policies» de IEA-PVPS, T1-28:2016, 2016, p. 8). Esto implica que el espacio está limitado y es fundamental aprovecharlo. Por ello la mejor opción es que los módulos sean de alta eficiencia, para generar la mayor cantidad de energía por superficie disponible. En concreto, se han escogido dos tipos de módulos de tecnologías de silicio monocristalino, con una relación de aspecto de 2:3 típicas del mercado: uno es del fabricante SunPower y cumple con la más alta eficiencia existente comercialmente; el otro es del fabricante LG y representa el sector de los módulos completamente negros, pensados para integración en edificios ya que reducen el impacto visual del generador fotovoltaico. Así, para cada tipología de vivienda considerada se han hecho dos diseños de instalaciones, los cuales varían en potencia eléctrica instalada dadas las diferencias en eficiencia y dimensiones de los módulos constituyentes. En cada caso se ha determinado un equipo inversor (responsable de la conversión continua/alterna de la potencia eléctrica generada por los módulos) escogido según las características eléctricas del generador fotovoltaico y la disponibilidad de equipos comerciales.

Edificios

España es el segundo país europeo con mayor porcentaje de población viviendo en edificio plurifamiliar, el 66%. Globalmente este valor va en aumento debido a la continua migración a las ciudades. Esto presenta la oportunidad de tener agrupados a los consumidoresde energía en un mismo lugar. Para este trabajo se han elegido cuatro bloques de viviendas representativos en la ciudad de Madrid que tienen gran presencia (Figura 1), al ser tipologías muy usadas en ciertas épocas de crecimiento de la capital, según el proyecto MODIFICA (F. J. Gonzalez Neila, «Proyecto Modifica» ABIO Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible. UPM, 2014-2017. [Último acceso: 28 Junio 2019]) (H. Lopez Moreno, «Hacia una evaluacion energética de la influencia de la isla de calor urbana en la morfológica urbana de Madrid» de Trabajo Fin de Master, Máster de medio Ambiente y Arquitectura Biocliámtica. MAYAB, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, UPM, Marzo 2016, p. 30) realizado por la Universidad Politécnica de Madrid. Los edificios considerados son en su mayoría de cinco plantas, altura media de los edificios residenciales en las zonas donde fueron construidos. Además, se ha considerado una tipología de vivienda unifamiliar de especial interés, la cual tiene el doble de demanda energética y mayor proporción de superficie en cubierta por vivienda que en los casos en bloque.

Los edificios presentan dos tipologías de cubierta, plana o inclinada. La primera presenta como ventaja una mejor ventilación de los módulos fotovoltaicos (colocados sobre una estructura que los inclina 30°), lo que permite reducir las pérdidas eléctricas por temperatura. La cubierta inclinada necesita de una estructura de soporte de los módulos más ligera que respete la inclinación de la cubierta (los módulos quedan superpuestos a esta) y produzca un menor impacto visual.

Una instalación fotovoltaica presenta una gran oportunidad para estos edificios debido a que supondrían una mejora en su eficiencia energética. Principalmente son construcciones entre los años 1950 y 2000, lo que implica que necesitan ciertas rehabilitaciones energéticas. El Ministerio de Fomento publicó en 2014 estrategias (ERESEE 2014) basadas en la directiva europea sobre Eficiencia Energética de edificios, y en 2017 elaboró su actualización (ERESEE 2017) (M. d. Fomento, «Actualización de la Estrategiaa largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España» ERESEE 2017, Gobierno de España, 2017). Posteriormente (Real Decreto 106/2018 [Gobierno de España, «Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021» «BOE» núm. 61, p. 28868 a 28916, 10 de marzo de 2018]) se ha regulado el “Plan estatal de vivienda 2018-2021″ donde se convocaron subvenciones a la rehabilitación de edificios que, en un futuro, podrían incluir inversiones fotovoltaicas.

Presupuesto de las instalaciones fotovoltaicas

El precio de una instalación fotovoltaica en una cubierta de un edificio varía dependiendo de diferentes factores, fundamentalmente la calidad de los componentes (en especial la de los módulos) y la ubicación del generador, ya que puede incrementar el coste del montaje, si el acceso es complicado, o si necesita estructura de sujeción a medida. Actualmente, las instalaciones típicas en el sector residencial son de inferior potencia a las diseñadas en este trabajo, pero cabe esperar que estas, al contar con un tamaño mayor, tendrían precios más competitivos. El informe anual que publica el Programa de Sistemas Fotovoltaicos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA PVPS [IEA, UNEF y J. Donoso, «Trends 2018 in Photovoltaic Applications. Survey Report of Selected IEA Countries between. National Survey Report» IEA PVPS, 2018.]) recopila los precios típicos de instalaciones fotovoltaicas en diferentes países: en 2017 estos fueron en España de 1,4-1,5 €/W en el sector residencial (típicamente inferiores a 10 kW). Por su parte la patronal del sector, UNEF (Unión Española Fotovoltaica) realiza estudios anuales de precios en nuestro país, siendo en el año 2018 algo superiores a los anteriores (1,67-2,19 €/W). Se ha realizado una consulta de precios actualizados de instalaciones de las dimensiones consideradas en este estudio, habiéndose obtenido precios entre 1,21-1,62 €/W que son los considerados aquí para la estimación del precio de las instalaciones. Así, dado que este trabajo considera dos tipologías de módulos diferentes, y que, a mayor eficiencia mayor es el coste de los módulos, se ha supuesto el precio más alto para el modelo de SP y el más bajo para LG.

El precio de la instalación varía según las dimensiones y el tipo de módulo elegido. La instalación diseñada más pequeña de LG supondría unos 16.500€ (en la Manzana Moderna), y la más grande, con tecnología SP, llegaría a 60.000€ (en el Bloque en H). Dependiendo del número de viviendas que hay en cada edificio, la inversión por vivienda supone entre 1.000 y 3.000€ para bloque y sobre 15.000€ para unifamiliar.

Resultados

Las simulaciones se han realizado con el programa PVSyst, teniendo en cuenta las características de cada instalación (módulos, inclinación, orientación, etc) junto con los datos de irradiancia y temperatura proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología para la ciudad de Madrid (AEMET, «Atlas de radiación solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT,» 1983-2005). Además, el programa permite representar el edificio y calcular las pérdidas por sombras simulando horariamente la producción solar fotovoltaica. Por último, incluye la opción de incluir consumos horarios y así ofrece de resultado la energía producida, la consumida y la vertida a la red (producción excedentaria con respecto al consumo).

Los resultados de las diferentes simulaciones (Tabla) muestran que, en algunos edificios, la energía producida por la instalación es mayor a la demandada anualmente por todo el edificio, ilustrando así las interesantes posibilidades que ofrece la generación distribuida fotovoltaica para el autoconsumo en edificios de viviendas.

Con el objeto de valorar el beneficio de la generación fotovoltaica en el edificio, se han calculado de manera diferenciada dos términos que, aunque relacionados, tienen implicaciones distintas: autoconsumo y de autosuficiencia.

El autoconsumo se define como la relación entre la energía que es consumida in situ de la que se genera por la instalación. La autosuficiencia indica la proporción de la demanda de electricidad de la vivienda que es cubierta con la generación local. En la Gráfica 1 se puede observar un ejemplo de la curva de consumo y la de producción fotovoltaica, que sirven para entender la diferencia entre estos dos conceptos: el numerador en ambas ecuaciones es la energía autoconsumida, pero varía el denominador, en el caso del autoconsumo, sería la generación fotovoltaica y en el de la autosuficiencia, el consumo de la vivienda.

Según se puede observar en la Tabla , todas las instalaciones cubren elevados porcentajes de consumo y consiguen gran cantidad de excedentes. Para viviendas en bloque, se aprecia cómo se obtienen niveles de autosuficiencia del 36-47% y niveles de autoconsumo entre el 22-75%. Por otra parte, la última tipología de vivienda, la unifamiliar, tiene mucha energía excedentaria según los valores de autoconsumo, por eso podría aumentarse la comunidad de beneficiaros de una misma instalación. Este caso es de especial interés, ya que en urbanizaciones puede ocurrir que no todas las viviendas tengan buena orientación o cubierta para una instalación fotovoltaica, por eso, colocarla en la mejor ubicación optimizaría la instalación y esta podría beneficiar a varias viviendas. En este caso particular se ha comprobado hasta diez viviendas aprovechando los excedentes de energía de una única instalación fotovoltaica.

Con tanta energía excedentaria se plantean varias opciones especificadas en el Real Decreto 244/2019: ampliar el grupo de consumidores; verterla a la red ajustándose al mecanismo de compensación simplificada; venderse en el mercado o incorporar almacenamiento. La capacidad de almacenar la energíasobrante de la instalación se está ya empleando en distintos países (Alemania, Reino Unido) como un sistema energético distribuido, ya que cuando la red necesita inyectar más energía, las baterías pueden cubrir esa demanda con una respuesta rápida, en vez de tener que arrancar una gran central. De verterse a la red, el autoconsumo acogido a compensación simplificada consiste en un balance entre los precios de la energía comprada y vertida en cada periodo de facturación, el precio de esta última puede acordarse previamente con la comercializadora o ser el precio de la energía excedentaria del autoconsumo para el mecanismo de compensación simplificada de Precio de Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC).

Se ha realizado una aproximación del ahorro anual en el precio que se pagaría por la electricidad si se contara con las instalaciones diseñadas en cada edificio (Tabla ). En este estudio se ha considerado el precio horario del término de facturación de energía activa del PVPC peaje por defecto del año 2018, lo que ha permitido calcular el coste anual de la compra de la electricidad típico, así como el ahorro económico que experimentarían los consumidores con la instalación fotovoltaica. Además, se han valorado los excedentes con el precio de la energía excedentaria del autoconsumo para el mecanismo de compensación simplificada (PVPC) para calcular el coste que tendrían los excedentes si se vendieran, con lo que se compensaría el precio de la energía comprada. En el momento de escribir este artículo no existen datos de un año entero, por lo que se ha extrapolado la relación horaria del precio de la energía excedentaria del autoconsumo para el mecanismo de compensación simplificada con el término de facturación de energía activa del PVPC de los meses existentes.

El ahorro medio que se produce anualmente en la vivienda en bloque es 200€. Según este ahorro anual, el tiempo de recuperación de la inversión varía entre 7 y 15 años. Para la vivienda unifamiliar los valores cambian cuando la instalación solo cuenta con dos viviendas que aprovechan la energía, anualmente el ahorro podría suponer sobre 1.100€ si se compensaran todos los excedentes, pero en meses de verano la producción es mucho mayor al consumo y dividiendo en periodos de facturación, solo se compensaría una parte equivalente al ahorro de 700€ anuales. La inversión tarda más en recuperarse por esa parte de energía no compensada, sobre 20 años. Resulta interesante ampliar la comunidad de autoconsumo, ya que con 10 viviendas dependiendo de esa instalación, la inversión que realizaría cada vivienda supondría 2.000€ y los tiempos de recuperación de la inversión serían más cortos, sobre 8 años.

Conclusiones

Las ciudades están formadas por numerosos edificios con altos potenciales fotovoltaicos al tener mayoritariamente las cubiertas infrautilizadas, donde podrían ubicarse sistemas de generación distribuida para autoconsumo, reduciendo así la dependencia energéticadel exterior. Los resultados del estudio aquí presentado realizado sobre tipologías de edificios representativos de la ciudad de Madrid son muy prometedores: como primer acercamiento a las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo compartido se ha demostrado que, aunque el espacio en cubierta sea limitado, permite cubrir más del 35% de la demanda de todos los hogares y tener excedentes de electricidad. Además, se produciría un ahorro anual mínimo en el término variable de la factura de electricidad del 40%, teniendo en cuenta la energía que no ha sido necesaria comprar y el balance de la energía excedentaria vertida a la red. En lo que respecta a los excedentes, en algunos casos podrían cubrir la demanda eléctrica anual de toda la comunidad de propietarios, lo que abre distintos escenarios para su aprovechamiento, bien sea mediante su venta a la red con la compensación en la factura eléctrica o mediante su uso a través de sistemas de almacenamiento locales. Se concluye que, los edificios de viviendas pueden generar gran parte de la energía que consumen y tener un papel activo en la producción eléctrica, participando en la generación distribuida y reduciendo la demanda energética externa de las ciudades. Además, estas instalaciones en las viviendas permitirían hacer partícipes a muchas personas de mitigar el cambio climático siendo ellas las primeras que elijan y fomenten las energías renovables, además de reducir el coste de sus facturas de la electricidad.

Agradecimientos

Este trabajo logra su importancia gracias a los 24 voluntarios que cedieron sus datos personales para poder realizar un estudio que muestra unos resultados acordes con la realidad.

Las diferentes prohibiciones en las ciudades que se están implantando sobre la circulación de vehículos y las que están por llegar, están promoviendo que cada vez más conductores se planteen la compra de un vehículo eléctrico en las grandes ciudades como Madrid. La carga de estos nuevos vehículos que funcionan con electricidad está sembrando dudas en las Comunidades de Propietarios: «Todavía el 20% de las comunidades de propietarios, aquellas administradas por gestores no profesionales, desconocen los pasos a seguir para instalar un punto de recarga de vehículo eléctrico», indican desde CAFMadrid.

Según datos recogidos por AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico), los vehículos eléctricos pueden suponer el 50% de las ventas de automoción en el mundo en 2030 y Madrid, como una de las principales capitales mundiales, verá como sus comunidades de propietarios tienen que habilitar sus instalaciones para adaptarlas a los puntos de recarga estos vehículos. 

Actualmente, los puntos de recarga son escasos en el centro de las ciudades y, aunque algunas promociones de obra nueva ya contemplan estos puntos en sus aparcamientos por el Real Decreto de 2014 que obliga a que ya lleven una preinstalación, el resto de las Comunidades de Propietarios se enfrentan a las dudas de sus vecinos.

«Madrid es el centro del vehículo eléctrico en España, por ello desde CAFMadrid ofrecemos a nuestros colegiados las novedades y normativas que se desarrollan a este respecto», afirma la presidenta del CAFMadrid, Isabel Bajo.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula su instalación en su artículo 17.5. «La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, solo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados directos en la misma».

La potencia requerida por los puntos de recarga varía en función del vehículo a cargar, la mayoría van a necesitar entre 3 y 10 Kw, aunque hay modelos que precisarán mayor potencia. «Por lo tanto, saber cuántos puntos se pueden instalar con la acometida existente en un garaje es complicado ya que dependerá de la potencia instalada y del tipo de punto necesario», señalan desde CAFMadrid. 

Para un número pequeño de puntos, entre 10 y 15, la acometida existente será suficiente, pero si se requieren más, existen dos opciones con el desembolso pertinente para los propietarios: sustituir la acometida por otra de mayor sección o, como aconsejan desde CAFMadrid, instalar si hay espacio, un centro de transformación en el edificio para aumentar la potencia disponible. 

Según CAFMadrid, «no hace falta el visto bueno del resto de los vecinos, ni un acuerdo adoptado en la comunidad de propietarios. Lo que sí es necesario es la autorización si la conexión de la derivación se realiza a un contador de propiedad comunitaria, porque afecta a un elemento común». 

«Las canalizaciones han de transcurrir desde el cuarto general de contadores hasta el punto de recarga de esa plaza de garaje y no siempre se decide el trazado en base a los intereses del resto de vecinos, lo que está produciendo una amalgama de cables similares a las que todavía tienen muchas fachadas antiguas, con el riesgo eléctrico que ello puede suponer», advierten desde CAFMadrid.

Para evitar problemas y una aglomeración de cables sin orden, los administradores de fincas recomiendan a las comunidades aprobar unas normas internas para que todos los propietarios que estén interesados en tener un cargador de coche eléctrico sigan los mismos criterios para la instalación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar de 32 millones de euros a la rehabilitación de viviendas durante la presente legislatura, de las que se beneficiarán más de 26.200 personas en la región. Así lo ha asegurado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha mantenido un encuentro de trabajo con la junta directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ciudad Real (APEC).

A esta reunión han asistido el presidente de APEC, Manuel Carmona Roldán; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, Mariano León; el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín; el director general de Planificación Territorial y Urbanismo, José Antonio Carrillo; la directora general de Vivienda, Inés Sandoval; y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo.

En este contexto, Hernando ha asegurado que «en inversión real y directa, la Consejería de Fomento destinará en los próximos años 174 millones de euros, lo que repercutirá en la economía real de región».

Asimismo, el responsable de Fomento ha invitado al sector de la construcción a participar de las grandes leyes que el Gobierno regional está elaborando como son la Ley del Suelo, la nueva Ley de Vivienda y la del Paisaje. Una norma, esta última, que ha remarcado «será la primera que se apruebe en una comunidad autónoma de interior».

En este sentido, Hernando ha avanzado que «si queremos luchar a favor del reto demográfico, y que nuestros pueblos tengan vida, necesitamos una legislación además de proteger el paisaje lo haga posibilista, con obras de mejora del paisaje y con figuras que nos permitan acceder a este paisaje de forma inteligente. Con gusto y no al gusto de la Junta o del ayuntamiento de turno», ha apuntado el consejero de Fomento.

También, Hernando ha hecho hincapié en que «en una época de mayoría de absoluta se exigen dos cosas: redoblar esfuerzos en el diálogo y sentar las bases del crecimiento para los próximos lustros y abordar problemas estructurales», retos que quiere afrontar con sectores como el de la construcción, que emplea a 70.000 familias en la región, de las cuales 16.000 pertenecen a la provincia de Ciudad Real.

Un sector, ha explicado el consejero de Fomento, que es importante para el desarrollo económico, pero también para el impulso social en Castilla-La Mancha porque «cuando hablamos de este sector, no solo hablamos de ladrillo, sino de Sanidad cuando lo destinamos a la construcción de hospitales o de Educación cuando lo hacemos en colegios», ha finalizado Hernando.

La patronal del sector tecnológico DigitalES muestra su rechazo al Impuesto sobre las instalaciones y los elementos fijos de transporte de energía eléctrica, telefonía y telecomunicaciones propuesto en el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat.

Según la asociación que reúne a las principales empresas de tecnología y telecomunicaciones en España, la nueva figura recaudatoria resulta innecesaria para una actividad que «no genera daño medioambiental», y tendrá un impacto negativo en el despliegue de fibra óptica y de 5G, debilitando la posición de esta CCAA respecto a otras.

La actividad del sector de las telecomunicaciones representó 7.950 millones de euros en Cataluña, lo que supone un 3,5% de su Producto Interior Bruto en el año 2017. La patronal destaca el papel fundamental de la inversión privada en infraestructuras para el desarrollo del ecosistema tecnológico catalán.

La patronal del sector tecnológico, DigitalES, que reúne a las principales empresas de tecnología y telecomunicaciones del país, se ha pronunciado respecto al Proyecto de Ley del Govern que establece un impuesto propio de la Generalitat de Cataluña sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, y que grava las actividades de producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica, así como, los elementos fijos de transporte de energía eléctrica, telefonía y telecomunicaciones. El próximo martes se cierra el plazo de enmiendas a este proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat.

Para la patronal tecnológica, la nueva figura recaudatoria resulta «innecesaria» para una actividad no contaminante y que no genera daño medioambiental, como es el de las comunicaciones. Alicia Richart, directora general de la asociación empresarial, ha señalado que «la instalación de redes o la actividad que implica no genera daño medioambiental. La exigencia de este impuesto condicionado al impacto visual de las redes resulta contradictoria con los objetivos públicos de despliegue y desarrollo de la sociedad digital».

La patronal señala que un impuesto de nueva creación genera inseguridad jurídica e incrementa la incertidumbre, «provocando desconfianza sobre la conveniencia de realizar inversiones en el futuro». El aumento de la presión fiscal sobre un sector «hipergravado» es, a juicio de Alicia Richart, una de las mayores amenazas para «el desarrollo digital del mercado y compromete el nivel de desarrollo tecnológico necesario para hacer a las empresas catalanas más competitivas».

En este escenario, DigitalES señala que este nuevo impuesto «supondrá una reducción de las inversiones equivalente al impacto del impuesto, tanto en el despliegue de fibra óptica como de tecnología móvil 5G, debilitando la posición de esta CCAA respecto a otras». Además, este impuesto «repercutirá en el precio de venta de los productos y servicios y en posibles ajustes en los costes laborales».

La actividad del sector de telecomunicaciones generó 7.950 millones de euros en Cataluña, lo que representa un 3,5% de su Producto Interior Bruto en el año 2017, según un estudio elaborado por la consultora Deloitte. Actualmente los operadores emplean en Cataluña a más de 4.100 trabajadores. 

Según el mismo informe entre los años 1998 y 2016, España ha recibido una inversión acumulada de más de 126.600 millones de euros por parte del sector de las telecomunicaciones, lo cual representa un 14 % de media sobre los ingresos del sector TIC durante este mismo período. Las inversiones de los operadores han convertido a España en líder europeo de fibra óptica, con una cobertura del 71% de los hogares, y una cobertura del 97% en tecnología 4G. 

En concreto en Cataluña, en el año 2016 se alcanzaron 6,6 millones de líneas de telefonía móvil, lo que supone una penetración de esta tecnología de casi el 90%. El informe de la consultora destaca que la expansión acelerada de las nuevas tecnologías en este periodo, gracias a las inversiones realizadas, han permitido que el 85,2% de las empresas catalanas tengan página web, una cifra superior a la media nacional que se encuentra en el 77,7% de empresas.

Para Alicia Richart «resulta contradictorio que se quiera impulsar a Barcelona y a Cataluña como unos de los hubs tecnológicos y de innovación de start ups más importantes de Europa, y a la vez se establezcan trabas impositivas a las infraestructuras tecnológicas que facilitan el crecimiento de estos ecosistemas».

Impacto medioambiental

DigitalES ha destacado que las telecomunicaciones tienen un impacto positivo en el medio ambiente, por la reducción de los desplazamientos de la población debido a la posibilidad de la gestión remota. También permite la optimización de procesos en la agricultura, la fabricación, en la gestión de ciudades (smart cities) y sobre todo en la optimización de rutas logísticas.

Para la patronal, en un mundo cada vez más conectado, la digitalización es una excelente palanca para acelerar muchos de los cambios necesarios para frenar el cambio climático. «La fibra y el 5G permitirán duplicar la velocidad y la capacidad de la red cada año reduciendo el consumo de energía gracias a la eficiencia y a las renovables», señala Richart. 

En este sentido, las tecnologías digitales pueden ayudar a reducir las emisiones globales de carbono hasta en un 15% (otros estudios hablan de un 25%), o un tercio de la reducción del 50% requerida para 2030, a través de soluciones en energía, fabricación (manufacturing), agricultura y uso del suelo, edificios, servicios, transporte y gestión del tráfico. 

Los operadores españoles llevan años aplicando políticas medioambientales centradas en reducir las emisiones de CO2, integrar la economía circular en sus procesos y actividades, y usar lo digital para impulsar la eficiencia energética. Algunas empresas consumen ya un 100% de electricidad de origen renovable en España, y otras tienen este objetivo a corto plazo.

«A través de la digitalización, el big data, la Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial ayudamos a descarbonizar la economía, con soluciones que favorecen la sostenibilidad de sectores como el transporte, la industria, la agricultura, la construcción y la energía», indican desde la patronal. Añaden que la FTTH (Fibra hasta el hogar) es un 85% más eficiente energéticamente en el acceso del cliente que la red de cobre. 

«No se puede gravar igual o incluso en mayor medida el impacto medioambiental de la actividad de telecomunicaciones (700 euros por km de línea de telecomunicaciones y antena) que el impacto de otras actividades que efectivamente sí pueden incidir en el medioambiente», reclama Richart. 

Finalmente, la patronal aboga por un escenario regulatorio que incentive las inversiones necesarias que se requieren para acometer un despliegue como el del 5G. Para DigitalES la vitalidad e innovación constante de un sector intensivo en inversiones lo convierte en «una fuente sostenible de creación de empleo y en un potente motor económico que España y Cataluña no pueden permitirse descuidar».

El elevado precio de la vivienda, ya sea para alquilar o para comprar en propiedad, está provocando un boom de conversión de locales de negocios –que quedaron vacíos durante la crisis económica y sin poder continuar con su actividad empresarial– en pisos para residir.

En concreto, de los nueve cambios de uso registrados en 2015 por el Ayuntamiento de Madrid se han pasado a 778 hasta abril de 2019, última fecha con datos actualizados (es decir, un 8.544% más en 4 años). No obstante, fuentes municipales estiman que en la capital ya se superó el millar al cierre del pasado año y hay varios centenares más en tramitación.

Siempre ha suscitado controversias en el ámbito de las comunidades de propietarios: primero con los loft, y ahora con la proliferación de los pisos turísticos

Según agregan fuentes del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), la transformación de locales de negocio en viviendas es un tema que «siempre ha suscitado controversias en el ámbito de las comunidades de propietarios: primero con la moda de los loft, y ahora con la proliferación de los pisos turísticos».

Requisitos necesarios

¿Qué requisitos se necesitan para que un local comercial pueda pasar a ser una vivienda? Para la transformación, según explican fuentes del CAFMadrid, no se requerirá acuerdo de junta salvo que suponga una modificación del TítuloConstitutivo o de los Estatutos.

Esta transformación de local a vivienda requiere la solicitud de una licencia de cambio de uso incluyendo el proyecto técnico y las obras necesarias para adecuar el local a la normativa urbanística vigente y al Código Técnico de Edificación (CTE).

Una vez obtenida esta licencia, y efectuadas las reformas, es necesaria la solicitud de una licencia de primera ocupación para la cual un técnico municipal realizará la visita al inmueble y comprobará que este es conforme con el proyecto inicialmente presentado.

Proliferación de pisos turísticos

Fuentes del sector inmobiliario consultadas señalan a 20minutos que la causa principal del boom de las transformaciones de locales en viviendas es la proliferación de los pisos turísticos. Sostienen que el motivo principal para comprar ahora un bajo comercial y tratar de convertirlo en vivienda es la nueva exigencia municipal que plantea el Plan Especial de Hospedaje: que el piso turístico tenga un acceso independiente a la calle.

«Se están pidiendo por todo Madrid, aunque el mayor porcentaje se encuentra en distritos que están fuera de la M-30»

Sin embargo, desde el Consistorio de Madrid apuntan en cambio al alto precio de la vivienda como responsable. «Se están pidiendo por toda la ciudad, aunque el mayor porcentaje se encuentra en distritos que están fuera de la M-30 y el fenómeno de los pisos turísticos afecta a los distritos más céntricos«, explican desde al Área de Desarrollo Urbano Sostenible.

Se han generado muchas polémicas

Patricia Briones, abogada de CAFMadrid, sostiene que, en cualquier caso, lo que es evidente es que se han generado polémicas en muchas comunidades de propietarios «en cuanto al acceso a los diferentes servicios e instalaciones comunitarias no utilizados hasta el momento por los locales, como piscinas, zonas deportivas, portero automático, buzones, antena…».

Una vez que el local acceda a los servicios deberá comenzar a contribuir al pago de los gastos derivados de dichos servicios conforme al sistema de reparto de los gastos establecido en la comunidad.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, mantuvo una reunión con representantes y asociados del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, a los que les trasladó su necesaria colaboración e implicación para hacer que el 100% del presupuesto que la Xunta de Galicia moviliza en las distintas órdenes de ayudas en materia de vivienda lleguen a sus destinatarios.

La conselleira de Medio Ambiente recordó que los Administradores de Fincas tienen un papel muy importante para mejorar la calidad de vida y los servicios de las comunidades de vecinos. En ese sentido, Vázquez Mejuto recordó que esta misma semana el Gobierno gallego publicó en el Diario Oficial de Galicia la convocatoria de cinco órdenes de ayudas en materia de vivienda por un importe global de 8,25 millones de euros.

Además de las ayudas para el programa de viviendas de maestros y a las Áreas de Rehabilitación Integral, también se convocaron las subvenciones de los programas de fomento de mejora de la eficacia energética y sostenibilidad en viviendas y de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 2018- 2021.

Este programa, dotado con un presupuesto de cinco millones de euros, establece dos líneas de ayudas.

Por una parte, las de fomento de la mejora de la eficacia energética y de la sustentación en viviendas; que permite financiar obras de mejora de la eficiencia energética y de la sustentación, con especial atención a la envolvente edificatoria; y, por otra, las de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. 

Entre las actuaciones subvencionables están las relativas a la conservación de la cimentación, de la estructura, de las instalaciones, de cubiertas y fachadas, la adecuación interior de la vivienda unifamiliar, instalación de ascensores, salvaescaleras, cuestas u otros dispositivos de accesibilidad y otros como a instalaciones de señalización, elementos electrónicos de comunicación, domótica y cualquier elemento que facilite la accesibilidad.

La conselleira agradeció el trabajo que realiza este colectivo, pues son un vehículo de conexión y un canal de difusión para hacer llegar a los posibles beneficiarios las distintas ayudas públicas que cada año convoca la Administración, así como para guiarlos y asesorarlos en la tramitación necesaria para acceder a las mismas.

Cuando se cumplen 10 años del devastador terremoto y posterior tsunami que asoló Chile, este país, «laboratorio sísmico natural» para mejorar y desarrollar nuevas tecnologías antisísmicas se ha convertido en uno de los referentes a nivel mundial. Los avances logrados por el equipo de ingenieros de la Pontificia Universidad Católica de Chile, liderado por el decano Juan Carlos de la Llera, permiten mejorar hasta 10 veces la seguridad de los edificios y reducir en un 40% el movimiento en caso de terremoto.

A las 3:34 horas de 27 de febrero de 2010, Chile experimentó el segundo terremoto más fuerte desde que se iniciara su registro, tras el de Valdivia ocurrido en 1960. Minutos después, un tsunami arrasó las costas chilenas. El sismo de 8,8 en la escala Richter y el posterior maremoto dejaron 524 muertos y 31 desaparecidos y ocasionó daños en más 2.000 puntos de infraestructura pública, afectando severamente o destruyendo en su totalidad 220.000 viviendas. En total, según fuentes oficiales, 12,8 millones de habitantes fueron damnificados, lo que supone el 75% de la población.

Diez años después, Chile es hoy una referencia a nivel mundial en tecnologías antisísmicas, y tiene normas de construcción de las más estrictas del mundo. Prueba de ello es que, a pesar de ser uno de los países con más movimientos sísmicos (7.733 registrados en 2019), el país cuenta con el edificio más alto de Latinoamérica: el Costanera Center. La estructura de 300 metros de altura y 62 pisos desafía los movimientos de la tierra. 

Un equipo de ingenieros de la Pontificia Universidad Católica de Chile, liderados por Juan Carlos de la Llera, ha creado tecnologías de aislamiento y disipación sísmica que ayudan a reducir el movimiento en edificios. Actualmente, existen 140 estructuras con este tipo de innovaciones (oficinas, residencias, hospitales, edificios patrimoniales, etc.) en todo el país. Las técnicas son conocidas desde hace décadas, pero la parte de innovación que les aplica Chile afecta a la geométrica de los dispositivos y los materiales usados, aumentando la seguridad, y lo que sitúa a la investigación chilena entre las más punteras y avanzadas del mundo. 

El objetivo es seguir aumentando el número de edificios con esta técnica, por ejemplo, en la construcción de hospitales ya es obligatoria. «En Chile hemos desarrollado dispositivos de muy bajo costo para poder incorporarlos también en vivienda social. Incluso ahora ya tenemos muchas viviendas sociales que tienen un nivel de seguridad 10 veces mayor que una estructura convencional», explica Juan Carlos de la Llera. «El Gobierno busca formas de abaratar para conseguir extender al máximo la construcción para mejorar la cobertura de todas las viviendas, incluyendo incluso aislamiento sísmico».

La otra técnica, la disipación de la energía, es una especie de «embrague» para los edificios. Estos dispositivos se colocan en el interior de los edificios en puntos concretos, y absorben la energía que trasmite el suelo a la estructura. «Tenemos unos dispositivos que se llaman viscosos, que son básicamente pistones, con un fluido viscoso, igual que el amortiguador de un coche, solo que con un tamaño muy superior para fuerzas de hasta 200 toneladas», continúa De la Llera. Estos dispositivos se pueden cambiar y reemplazar después del terremoto. Es más, explica, algunos de estos dispositivos se pueden controlar automáticamente durante el terremoto cambiando la viscosidad de un fluido para controlar más el posible movimiento. «Hay una gama muy grande de soluciones que hemos ido desarrollando y patentando y que vamos usando en las distintas estructuras».

Estos métodos de construcción y esta tecnología han sido exportados con gran éxito a otros países sísmicos del planeta como el vecino Perú, Colombia, Guatemala e incluso Nueva Zelanda.

Un centenar de directivos firman en el libro de socios fundadores de este consorcio, que pretende ser un referente en materia de ‘FinTech’

Luis Javier Sánchez | 

La aplicación de la tecnología al entorno financiero no cesa. En esta oportunidad, diferentes operadores del sector, como  bancos, financieras, fondos, aseguradoras, tecnológicas, consultoras, bufetes, escuelas de negocio y ‘startups’ (empresas emergentes) han coincidido en ‘Madrid Capital FinTech‘, un evento promovido por el Ayuntamiento de Madrid y Foro Ecofín y con la colaboración del Banco de España.

El evento, que acogió a más de 150 directivos de 120 empresas, tuvo como objetivo impulsar nuevos modelos de colaboración entre la industria financiera y tecnológica a través de la innovación abierta, la formación, el ‘networking’ (relaciones profesionales) y la cocreación, así como posicionar a Madrid como el centro de las inversiones y proyectos de tecnología financiera.

Según nos informaron algunos promotores de esta iniciativa, hay que encuadrarla en otras similares del Ayuntamiento de Madrid en materia de ‘big data’ y ciberseguridad.

Entidades bancarias como Bankia a ‘ImageBank’ (CaixaBank), pasando por aseguradoras como ‘CNP Partners’ o ‘Iris Asistance’ (Santalucía), tecnológicas como ‘Accenture’, ‘Entelgy’ o ‘Everis’, neobancos como ‘Wizink’ o Evo Banco; o Fintech ‘Aplázame’, ‘Bnext’, ‘Creditea’, ‘Finizens’, ‘Housers’, ‘LifeBox’, ‘N26’, ‘October’, ‘Tesoriza’ y ‘Woonivers’ se han integrado en este consorcio como socios promotores.

En su intervención, la vicealcaldesa Begoña Villacís, señaló que “Madrid va a ser un refugio de libertad, confianza, certidumbre y seguridad jurídica, la ciudad en la que quepamos todos y este clúster en el sector financiero lo demuestra, igual que el hecho de que Madrid sea la ciudad de España con mayor número de empresas emergentes”.

“Buscamos que el ecosistema ‘FinTech’ crezca y se pueda exportar. Nos posicionamos como el mayor ‘hub’ de innovación financiera de España”, explicó Ángel Niño, concejal delegado de Emprendimiento, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Madrid.

Por su parte Salvador Molina, presidente de Foro Ecofín, desatacó la colaboración público-privada que representa este clúster, que se apoya en la preexistencia del ‘Círculo FinTech’, un grupo de trabajo de Foro Ecofín, que ya venía trabajando con la misma filosofía con que nace el clúster: “la colaboración de todo el ecosistema financiero y tecnológico en la reinvención de los servicios financieros del futuro”.

Además, explicó que el objetivo es “reinventar los servicios financieros del futuro” y convertirse en “laboratorio de ideas para el progreso de este tipos de servicios, facilitando la colaboración y la innovación abierta”.

Abogados promotores del ‘Fintech’

La representación de la abogacía de los negocios en este foro es notable y variada. Hay firmas de más tamaño y multisectoriales como ‘BDO Abogados’, ‘KPMG’ o ‘ECIJA’, otra más especializadas como ‘Across Legal’, Linares Abogados, Fundación Zaballos para Defensa de Derechos Constitucionales, Díez de Lastra Abogados, Nuami Legal Services o Zúñiga.

Cristina Villasante, manager de IP e IT de ECIJA y Gonzalo García-Valdecasas, “Chief Digital Officer” (responsable de la estrategia digital), muestran entusiasmo por formar parte del mayor ‘cluster’ de ‘FinTech’ de España “ acompañando a alguno de nuestros clientes en esta iniciativa”.

Para estos expertos, el  objetivo del clúster es crear un entorno de discusión para poder abordar con el resto de ‘players’ (participantes) del mercado la evolución el sector financiero de la mano de la tecnología y poder así, aportar soluciones o ideas para reinventar este sector.

También señalan que el consorcio está formado por diferentes comisiones (banca móvil, ‘marketplace’ de servicios financieros, ‘legaltech’, mercados de inversión, medios de pago y ‘sandbox’) donde se realizarán reuniones periódicas.

Al mismo tiempo está prevista la puesta en marcha de distintas publicaciones con las conclusiones y necesidades del sector financiero, como son la protección de los inversores en este nuevo ecosistema y los mercados de inversión.

Con la iniciativa de ‘Madrid Capital FinTech’ “buscamos convertir a la ciudad de Madrid en lugar de referencia en Europa en el ámbito ‘Fintech’, que se convierta en un polo de atracción para empresas del sector e inversiones extranjeras”, apuntan.

Raquel de la Viña, senior manager del área laboral de BDO Abogados, señala que “el movimiento ‘FinTech’ es el futuro de los negocios, por eso estamos implicados apoyándolo en su desarrollo. Es una muestra de cómo la innovación afecta al mundo empresarial en su conjunto y es una evolución exitosa”

También explica que su despacho aplica la tecnología a los servicios legales “para optimizar los servicios ofrecidos al cliente. Esto ayuda al cliente a tener acceso a los procesos de una forma continua, con una mejora constante de nuestra relación con el cliente, base de nuestros valores”.

Madrid, referencia del ‘FinTech’

Para Miguel Linares, socio director de Linares Abogados, una de las entidades precursoras de esta inicativa, “el clúster de ‘Madrid Capital FinTech’ es una espectacular iniciativa de Ecofín y el Ayuntamiento de Madrid”, ya que la capital cuenta con una “sólida base para convertirse en una referencia a nivel mundial en este sector”,

También revela que “este será un vehículo idóneo para la colaboración, desarrollo de ideas y potenciación de las ‘FinTech, así como generar sinergias entre ellas. El clúster, al estar formado por los propios “jugadores” del sector, será un vehículo idóneo para la colaboración, desarrollo de ideas y fomento de las FinTech.

Este abogado destaca, además, la “ubicación geográfica estratégica de la capital y la conexión con Latinoamérica y norte de África,  así como el idioma y la presencia de profesionales altamente cualificados con tarifas competitivas.”

Junto a ello subraya “las nuevas disposiciones regulatorias (por ejemplo, el nuevo procedimiento de registro de entidades de pago del Banco de España, el formulario simplificado de autorización, la aprobación del proyecto del ‘sandbox’ regulatorio, etc”. España es una alternativa para todas aquellas ‘FinTech’ que están buscando una jurisdicción idónea para desarrollar su operativa, especialmente tras el Brexit.

En este sentido, destaca que “somos fervientes defensores de promover España, especialmente Madrid, como un ‘hub’ o centro internacional del ecosistema ‘FinTech’. Trabajamos desde hace años mano a mano asesorando a las entidades que aúnan sus servicios financieros con las nuevas tecnologías, creando modelos de negocio innovadores”.

Por su parte, Miguel Ángel Fernández, socio responsable de la oficina de Madrid del despacho ‘Across Legal’ señala que este bufete  “es un despacho especializado en el asesoramiento a empresas de base tecnológica y fundamentalmente en operaciones transaccionales, y entre ellas, hemos dado apoyo y asesorado a varias ‘FinTech’. Contamos con un equipo con amplia experiencia en regulatorio y bancario, entre otras áreas”.

Para esta jurista “está claro que en la economía de las ciudades del siglo XXI, Madrid está haciendo una apuesta muy seria por situarse internacionalmente como una plaza financiera de esta nueva economía en la que las Fintech tienen mucho que decir”.

Al mismo tiempo revela que “desde los poderes públicos se abraza e impulsa esta crucial iniciativa, como muestra el decidido respaldo del Ayuntamiento de Madrid a la misma y la reciente aprobación del ‘sandbox’ regulatorio para las ‘Fintech’ por parte del Gobierno”. Su participación en este ecosistema pretende aportar “su experiencia y conocimiento”.

Según informa el Colegio, con esta campaña intentan así reforzar la iniciada por el Principado y distintos ayuntamientos asturianos para poner freno a un problema que el pasado año afectó a muchos de los edificios que administran.

Ante el inicio de la primavera, fecha clave para controlar las reinas con el trampeo, los profesionales intensificarán la comunicación con los vecinos para que en caso de avistamiento den aviso lo más rápido posible a su Administrador. Siguiendo el protocolo activado por el Principado, tanto desde el Colegio como desde los propios despachos se comunicará a las autoridades competentes a través de las herramientas creadas para ello, como es el programa avisAP.

Desde el Colegio aconsejan a sus vecinos estar alerta ante la presencia de algún nido en sus edificios para seguir el protocolo de actuación lo más rápido posible.