La multa por no leer las notificaciones electrónicas de Hacienda que puede costarte 600.000 euros

Una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central establece la necesidad de consultar estos correos al menos cada diez días
La multa por no leer las notificaciones electrónicas de Hacienda que puede costarte 600.000 euros

elcomercio.es

Que retrasarse en la presentación de la Declaración de la Renta puede suponernos una sanción económica no es ninguna novedad. La Agencia Tributaria puede imponernos una multa de entre cien y 30.000 euros por ello, dependiendo de la gravedad. Pero desde hace unos meses, también puede sancionarnos con hasta 600.000 euros por no revisar al menos cada diez días. las notificaciones electrónicas obligatorias ( NEO) que llegan a su bandeja de entrada.

Así lo ha estipulado el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en una resolución de junio de este mismo año. Según esta resolución, bastaría con que el contribuyente haya sido informado de su inclusión en este sistema de notificaciones electrónicas para que esté obligado a prestar atención a los correos.

En concreto, la resolución del TEAC dice lo siguiente: «Habiéndose entendido rechazada la notificación de un requerimiento de información como consecuencia de no accederse a su contenido en los términos previstos en la normativa reguladora de las notificaciones por medios electrónicos, puede concurrir el elemento subjetivo necesario a efectos de imponer la sanción por la infracción tipificada en el artículo 203 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio de que puedan apreciarse, en su caso, las circunstancias de exoneración de responsabilidad a que se refiere el artículo 179 de la misma norma».

A este respecto, la propia Agencia Tributaria explica que «los contribuyentes deben acceder a sus notificaciones pendientes durante un periodo de diez días naturales. Transcurrido dicho plazo, se producirá su espiración, considerándose la notificación como realizada a efectos del procedimiento».

En caso de no haber atendido a determinadas notificaciones electrónicas, las multas pueden alcanzar los 600.000 euros. El motivo, según el TEAC, es que estas infracciones pueden considerarse faltas graves de «resistencia, obstrucción, excusa o negativa» a Hacienda.

¿Cómo revisar las notificaciones electrónicas obligatorias?

Para evitar esta situación, basta con comprobar, al menos cada diez días, si la Agencia Tributaria ha intentado contactar con el contribuyente a través de la sede electrónica. Para acceder a ella es necesario un certificado electrónico o cl@ve Pin. Ya dentro del portal, habrá que acceder al apartado ‘Mis notificaciones’ y consultar los correos que nos hayan enviado.

¿Quiénes reciben notificaciones electrónicas obligatorias?

Es importante saber que los obligados a recibir comunicaciones y notificaciones que efectúe la Agencia Tributaria no tienen que suscribirse a procedimientos concretos ya que están suscritos automáticamente a todos ellos. El alta es automática. La Agencia Tributaria explica también que tienen obligación de recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones:

-Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.

-Personas jurídicas y Entidades sin Personalidad Jurídica (comunidades de bienes, herencias yacentes y comunidades de propietarios).

-Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español.

-Entidades cuyo NIF empiece por la letra ‘V’ y corresponda con uno de los siguientes tipos: Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de titulización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria, Fondo de garantía de inversiones.

-Uniones temporales de empresas.

-Contribuyentes inscritos en el Registro de grandes empresas.

-Contribuyentes que tributen en el régimen de consolidación fiscal del IS.

-Contribuyentes que tributen en el régimen especial del grupo de entidades del IVA.

-Contribuyentes inscritos en el REDEME.

-Contribuyentes con autorización para la presentación de declaraciones aduaneras mediante el sistema de transmisión electrónica de datos (EDI).

Un tribunal anula el despido de un trabajador que exigió mejores condiciones

El trabajador denunció previamente a la empresa por falta de seguridad laboral

noticiasjuridicas.com

La Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratifica la nulidad de un despido laboral por considerar vulnerada la garantía de indemnidad del trabajador. La sala entiende que la compañía no justificó adecuadamente el despido y, por tanto, no probó que la decisión extintiva no fue una represalia contra el trabajador por sus actos previos reivindicativos.

La abogada del trabajador, Ainara Del Valle, del despacho Mithra Legal Advisors, explica que en base a la garantía de indemnidad del trabajador “es la empresa quien debe probar que no existe nexo entre los constantes actos del trabajador para revindicar sus derechos (demanda judicial vacaciones, denuncia a inspección de trabajo, solicitud de categoría profesional, etc.) y la decisión extintiva”. 

Apto con limitaciones

El hombre comenzó a trabajar para la empresa demandada como ayudante de topógrafo en enero de 2.015. Tras un año de baja por incapacidad temporal, con el diagnóstico de posible caso de mobbing con ansiedad y somatización, se reincorporó a la empresa en agosto de 2020, pero el Servicio de Prevención lo declaró apto con limitaciones. En concreto, se le desaconsejó la conducción de vehículos, actividad imprescindible para desempeñar su trabajo cuando falta el topógrafo, bien porque haya que realizar actividades como mediciones en exteriores, recoger materiales y fungibles o socorrer compañeros en caso de accidente.

En octubre de 2.020 la empresa le comunicó su decisión de proceder a su despido objetivo, de conformidad con el artículo 52.a del Estatuto de los Trabajadores. Despido que fue justificado por las conclusiones del resultado médico realizado por el Servicio de Prevención en el que le declaraba “apto con limitaciones”, lo que implicaba que no debía realizar trabajos que requiriesen conducir vehículos. Igualmente, la carta de despido explicaba que “resulta imposible su inclusión en otro puesto de trabajo que sea compatible con las limitaciones físicas que padece, sin que haya vacante alguna a la que se le pueda reasignar en la actualidad”.

Venganza empresarial

Los magistrados entienden que no cabe apreciar una ineptitud sobrevenida en base al artículo 52 ET, ya que tales limitaciones aparecieron una vez superado el periodo de prueba y, por otro lado, fueron originadas por elementos estresores laborales.

Además, los magistrados consideran que no concurre ninguna causa que pudiera justificar el despido del trabajador, pues la limitación para la conducción de vehículos se refiere a los posibles efectos secundarios que la medicación antidepresiva pudiera tener en el trabajador. Si bien, no dice nada respecto al resto de funciones profesionales básicos del puesto de ayudante de topógrafo, cuyo cometido esencial consiste en la plasmación en un plano de la realidad de un terreno, tras la realización de una serie de estudios, mediciones y análisis de la realidad física. De ahí la importa del “carácter de esencia y accesorio de las tareas inherentes a un puesto de trabajo para aclarar si el trabajador se encuentra efectivamente limitado para su realización”, explica la letrada.

Garantía de indemnidad

Por tales motivos, el Tribunal considera que el despido se debe a “una reacción empresarial frente a la actuación del trabajador en defensa de sus derechos, en este caso, con relación al reconocimiento de una superior categoría profesional y las denuncias sobre la falta de seguridad en el interior de la mina o el calendario vacacional.

La sala aprecia que se ha producido una vulneración del derecho fundamental de la garantía de indemnidad en el ámbito de las relaciones laborales. Lo cual se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia, como en este caso el despido, como venganza  por las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos. Si bien, “no es necesario que se inicien acciones judiciales o administrativas para que el trabajador esté protegido contra las represalias”, aclara la letrada, es suficiente que sean actos que aparezca la intención explicitada por el trabajador de acudir a los tribunales, de tal forma que la represalia se produzca precisamente como reacción a dicho acto, como es el caso de la solitud de categoría profesional.

Explica la sentencia, que ante tales indicios de vulneración de dicho derecho fundamental, es la empleadora la que debe acreditar que el despido del trabajador estaba justificado.

Finalmente, el Tribunal considera que no existen causas objetivas que avalen el despido del trabajador y ratifica la sentencia dictada en instancia, la cual anula el despido y acuerda la readmisión inmediata del trabajador en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones y con los mismos derechos en que lo venía desempeñando con el abono de los salarios de tramitación generados desde la fecha del despido.

¿Es causa de despido las desconexiones durante el teletrabajo?

No lo es si no se prueba su voluntariedad y, además, existen indicios de que sí se han producido por fallos en el sistema
Teletrabajo

elderecho.com

El despido disciplinario de un teletrabajador, que no cumple las horas establecidas en su contrato por continuas desconexiones del sistema, es improcedente si no se prueba su voluntariedad y, además, existen indicios de que sí se han producido por fallos en el sistema.

El trabajador ha estado prestando sus servicios mediante el sistema de teletrabajo desde su domicilio desde el mes de abril de 2020 hasta su despido disciplinario.  La conexión se realizaba con el propio ordenador y móvil del demandante. La empresa alega en la carta de despido que el trabajador no ha cumplido con las horas de trabajo planificadas ya que se ha desconectado antes de finalizar las horas de contrato, no justificando algunas dichas desconexiones. El trabajador alega que las desconexiones obedecen no a una falta de puntualidad sino a un fallo del sistema.

El JS estima la demandada por no considerarse probado el incumplimiento alegado por el empresario en la carta de despido por las siguientes razones:

-Las alegaciones del trabajador estableciendo que las desconexiones son debidas a fallos del sistema cuenta con indicios de verosimilitud -se han aportado pantallazos que evidencian que el trabajador ponía en conocimiento de la empresa los problemas de conexión- y no han sido desvirtuadas por la empresa.

– No figura ninguna advertencia previa de la empresa para corregir la supuesta desconexión voluntaria, máxime cuando no consta ninguna incidencia previa al teletrabajo. Además, la empresa pudo requerir al actor para que acudiera a trabajar presencialmente al centro lo que no hizo.

Por todo ello, y al no haber quedado acreditada la voluntariedad en la desconexión, se declara la improcedencia del despido condenando a la empresa al abono de la correspondiente indemnización.

«Me roban las revistas del buzón ¿qué hago?»

Se trata de un delito, pero la víctima debe poder demostrarlo con pruebas
«Me roban las revistas del buzón ¿qué hago?»

elcorreo.com

CARMEN BARREIRO

Aunque es verdad que cada vez se reciben menos cartas por correo postal, una de las quejas habituales en las reuniones de las comunidades de propietarios son los robos de correspondencia, ya sean cartas, revistas o periódicos. «Para nada se trata de un problema aislado», reconocen en Fincas Ebro (Zaragoza), acostumbrados a tener que mediar en este tipo de altercados durante las juntas. Lo que ocurre es que muchos de los vecinos a los que les ‘desaparecen’ sus cartas del buzón o las publicaciones a las que están suscritos desconocen cómo actuar en este tipo de situaciones más allá de una pataleta. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿A quién se reclama? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma que el robo de la correspondencia ajena está tipificado como un delito, «el problema es que la ley no define cómo protegernos de manera efectiva ante esta situación», lamentan.

Pese a que el Código Civil contempla multas de 12 a 24 meses y penas de prisión de hasta 4 años por «vulnerar la intimidad del otro al apoderarse de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento o efecto personal sin su consentimiento», la realidad es que por encima del delito prima la presunción de inocencia. Es decir, «el denunciante no solo tiene que aportar pruebas concluyentes que demuestren que efectivamente está siendo víctima del robo de su correspondencia, sino que además debe identificar sin ningún género de duda a la persona que comete el supuesto delito. De lo contrario, la persona denunciada podría presentar una querella por un delito de calumnias contra el denunciante», precisa la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu.

El caso de Rupert Solano es un buen ejemplo. Este vecino de Madrid empezó a tener problemas para recibir en su buzón las revistas a las que está suscrito a principios de año. Le ocurrió un poco lo que a todas las personas víctimas de este tipo de hurtos. Pensó que era cosa de Correos o de las empresas de reparto que se las envían. Pero habló con ellos y llegó a la conclusión de que se las cogía un vecino. En este caso, Solano no sospecha de ningún residente concreto de su bloque, por lo que no le queda más remedio que recabar pruebas para poder demostrar que efectivamente le roban las revistas.

«Las pruebas audiovisuales pueden ser una buena opción para conocer al autor de las sustracciones», señalan en la OCU. Ahora bien, se debe tener en cuenta que para instalar «de nuevas» un sistema de cámaras de vigilancia en la comunidad requiere una mayoría de tres quintas partes de los propietarios, mientras que «si se trata de complementar un sistema de vigilancia ya existente por razones de seguridad (por ejemplo, con cámaras en el rellano donde están ubicados los buzones) bastaría la mayoría simple». No obstante, conviene recordar que «las cámaras no pueden grabar hacia la vía pública y se debe informar a todas las personas susceptibles de ser grabadas sobre sus derechos respecto a la ley de Protección de Datos», advierten expertos en seguridad.

Cómo disuadir al ‘ladrón’

Antes de poner una denuncia o instalar cámaras de videovigilancia en el edificio, la OCU aconsejo llevar a cabo otras medidas «más sencillas» que quizás puedan disuadir al amigo de lo ajeno. «Si vive en un bloque de pisos, hable con el presidente de la comunidad o el administrador de la finca para que comente la situación en la reunión de vecinos o cuelgue un aviso de advertencia en el tablón de anuncios. La comunidad es la responsable de mantener las buzones en buen estado y puede recibir una sanción por no tenerlos bien separados, accesibles y rotulados».

Otra opción para garantizar la entrega de las cartas y publicaciones en buenas condiciones es solicitar la recepción de la correspondencia bajo firma (correo certificado) o en los casos más extremos contratar un apartado postal. «Consiste en el alquiler de un buzón situado en un lugar seguro y con eso se cortaría el problema de raíz. Las compañías de correos suelen ofrecer este servicio», precisa Ileana Izverniceanu. Si todo lo anterior no le convence, puede reducir los envíos postales y pasarse al formato electrónico. «Basta con suscribirse a los servicios de facturación online de las diferentes compañías de suminsitros (telefonía, electricidad, gasa, agua…) como de las comunicaciones del banco».

Al margen de los vecinos que se quedan con las revistas o periódicos ajenos para no tener que pagarlos de su bolsillo, diferentes cuerpos policiales alertan de la existencia de bandas especializadas en el robo de correspondencia para hacerse con los datos personales de las víctimas, desde documentación de identidad a información bancaria. Uno de los procedimientos más habituales son las altas de contrataciones en servicios de telefonía móvil. «El delincuente usa los datos personales de la víctima para tratar de conseguir un teléfono de gama alta, que después vende para obtener dinero en efectivo», explica José María Puig, director del periódico digital ‘H50’, especializado en el sector de la seguridad pública y privada.

«Todo se solucionó con una advertencia del administrador»

Begoña está suscrita a ‘Vogue’ desde hace más de diez años. Además de esta publicación, recibe todos los meses en su buzón la revista del Athletic de Bilbao por su condición de socia del equipo bilbaíno. Sin embargo, hace un par de años empezaron a desaparecer de su buzón. «Al principio no le di mucha importancia. Pensé que las habían dejado de enviar a domicilio porque la verdad es que el cajetín en el que las dejan es demasiado pequeño y no siempre entran bien. Un día que me crucé con el cartero, le pregunté si había devuelto las revistas porque no entraban y me dijo que no, que las había dejado donde siempre», recuerda esta vecina del centro de Bilbao. Al mes siguiente, recibió las dos revistas sin problema, pero la alegría le duró poco. «Siempre me faltaba alguna de las dos, sobre todo la del Athletic. Me las robaba un vecino. Si me las hubiese pedido, se las hubiese prestado sin problema». Al final, todo se solucinó con una carta de advertencia del administrador a los vecinos. «Se dió por aludido y dejó de robármelas».

El Gobierno activa 100 millones en ayudas para impulsar las Comunidades Energéticas

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La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado el pasado jueves, durante la clausura del acto “Comunidades energéticas: participación ciudadana en la transición energética” celebrado en Crevillent (Alicante), la activación de 100 millones de euros en subvenciones para impulsar las comunidades energéticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Estarán repartidos en tres programas de ayudas cuyo proceso de audiencia e información pública se abrirá de forma inminente. Contribuirán a acelerar la consecución de los objetivos climáticos y servirán para catalizar la participación ciudadana en la transición energética. “Cada día es más evidente que los ciudadanos y las pymes quieren participar en el modelo energético como lo hacen en otros ámbitos de la sociedad”, ha destacado la vicepresidenta.

Durante su intervención, Ribera ha enfatizado la importancia de las comunidades energéticas locales: “tienen muchas ventajas, porque aportan energía de proximidad y beneficios de proximidad. Además rebajan los gastos energéticos de los socios y del ámbito municipal y, al estar cercanas al territorio, conocen sus puntos sensibles y las ventajas que pueden ofrecer, facilitando una buena relación con el entorno. Ahora podemos imaginar 1.200 pueblos con comunidades o 300.000 tejados solares”.

Las comunidades energéticas permiten desarrollar proyectos impulsados por la población, pymes, cooperativas o entidades locales en ámbitos como las renovables, la eficiencia energética o la movilidad sostenible. Las personas involucradas en estas comunidades son, a su vez, productoras y consumidoras de su propia energía limpia, lo que redunda en una mayor democratización del sistema energético y en un importante ahorro para el consumidor final. Por todo ello, constituyen una figura clave en la transición hacia un sistema energético limpio, abierto y participativo.

Además, estas figuras aportan importantes beneficios económicos y sociales en los territorios donde se implementan, ya que ayudan a dinamizar la actividad local, generar empleo y fijar población en municipios de reto demográfico.

En este sentido, la vicepresidenta ha destacado su papel en el impulso de una transición hacia un modelo rural con energía asequible y sostenible: “Queremos que todos los territorios tomen un papel activo en la transición energética y se beneficien de las ventajas que genera, como el abaratamiento de la energía, la independencia frente a las tensiones que se producen en los mercados energéticos internacionales o la generación de actividad económica”, ha señalado.

100 millones en tres convocatorias

Los 100 millones de euros del PRTR movilizados para este plan se repartirán en tres programas de gestión centralizada: CE-Aprende, CE-Planifica y CE-Implementa. Estas líneas se complementarán con una red de Oficinas de Transformación Comunitarias que, coordinadas por el IDAE y repartidas por todo el territorio, acompañarán y asesorarán a las comunidades energéticas en toda su cadena de desarrollo y facilitarán el acceso a cada línea de ayudas.

La primera de las líneas (CE-Aprende), en régimen de concurrencia simple, tiene como objeto ayudar a personas físicas u organizaciones interesadas en la constitución de una comunidad energética a familiarizarse con el concepto e identificar futuros socios o miembros. Subvencionará actuaciones como los gastos asociados a la dinamización, promoción y publicidad de la comunidad.

Por su parte la segunda línea (CE- Planifica), también de concurrencia simple, se orienta al planteamiento y constitución de la comunidad energética en sí misma. Entran en este programa la financiación de estudios y modelos de contrato o la asistencia técnica especializada y el asesoramiento jurídico.

Una vez constituida legalmente, la comunidad energética podrá optar a la financiación de la tercera línea (CE- Implementa), que se articula en régimen de concurrencia competitiva. A través de ella se subvencionarán proyectos integrales y de carácter transversal en el ámbito de la energía renovable eléctrica y térmica, la eficiencia energética o la movilidad eléctrica.

La selección de los proyectos tendrá en cuenta factores como el grado de innovación, los niveles de participación social que haya incorporado la iniciativa, sus beneficios sociales, su contribución a la lucha contra la pobreza energética, la generación de empleo o la perspectiva de género, así como la combinación de distintas actuaciones como el impulso de renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible.

Otras actuaciones

Fruto de la apuesta del Gobierno por las comunidades energéticas en el marco del PRTR el MITECO, a través del IDAE, organizará junto con la Generalitat Valenciana el I Congreso Nacional de Comunidades Energéticas. La cita tendrá lugar en la primavera de 2022 en Crevillent.

Asimismo, en la línea de las actuaciones anunciadas, el IDAE habilitará en GENERA 2021, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente que se celebra en el mes de noviembre en Madrid, un foro de debates específico para comunidades energéticas abierto a iniciativas que quieran compartir su experiencia.

Paralelamente, el IDAE está invirtiendo en iniciativas que impulsan la participación ciudadana, como la start-up FUNDEEN, una empresa destinada al crowdfunding de renovables que permite a cualquier persona hacer pequeñas inversiones en proyectos de esta índole, y ha otorgado un préstamo a la iniciativa ‘Illa eficient’, en la que varias comunidades de propietarios de una misma manzana de Barcelona se han agrupado en forma de cooperativa para abordar un proyecto de rehabilitación energética conjunta.