Las indemnizaciones por los daños de los terremotos en Granada ascenderán a 15 millones

El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido ya más de 6.680 solicitudes, la mayoría de Atarfe (1.610) y la capital (1.602)

Un hombre muestra grietas en su casa de Santa Fe tras un seísmo intenso

granadahoy.com

El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido ya más de 6.680 solicitudes de indemnización por la serie de terremotos que afecta al área metropolitana de Granada y prevé que estas puedan alcanzar un montante global, de acuerdo a una primera cuantificación inicial, de unos 15 millones de euros. Alejandro Izuzquiza, director de Operaciones de este consorcio adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos, ha informado de que el coste final real dependerá de si se confirma que los daños han sido efectivamente producidos por el enjambre sísmico o si hay otros reclamados que son previos.

La cifra estimada de 15 millones es por tanto todavía “orientativa”, “de referencia inicial”, y se irá ajustando conforme se concluyan los informes periciales de cada uno de los más de 6.680 expedientes abiertos, ha indicado, al tiempo que ha destacado que el consorcio ya haya acabado las primeras peritaciones y efectuado incluso las primeras transferencias bancarias.

Según Izuzquiza, se trata todavía de cantidades “más bien simbólicas” pero que ponen de manifiesto que el ritmo de elaboración de informes periciales y de transferencias irá progresivamente aumentando cada semana, hasta acabar en un plazo que no debería de ser superior a cuatro meses a partir de este momento.

En concreto, se ha completado la gestión de las primeras 127 solicitudes de indemnización y se han abonado 132.000 euros a través de transferencia bancaria a los asegurados, lo que supone de momento un 2 % de las registradas. De las 6.683 peticiones recibidas por el CCS, que atenderá los daños causados por la serie sísmica siempre y cuando que los bienes afectados contaran con un seguro vigente en el momento de los terremotos, 6.149 corresponden a viviendas y comunidades de propietarios.

Además, otras 430 se refieren a comercios, almacenes y otro tipo de inmuebles públicos o privados de uso no industrial, 45 a locales de oficina, 28 a industrias y 31 a automóviles. Del total de solicitudes, la mayoría de ellas se han concentrado tanto en Atarfe (1.610) como en la capital (1.602), seguidos de Santa Fe (867).

La tecnología marca diferencias en las comunidades de vecinos

Las nuevas tecnologías, como los pagos online, los drones de vigilancia y las aplicaciones móviles para controlar la luz y el agua, llegan con paso firme para gestionar y mantener los inmuebles con máximas garantías

laopiniondemurcia.es

Eva Moya

Las nuevas tecnologías ya han cambiado a mejor la forma de vivir y gestionar el día a día, por lo que no es de extrañar que conglomerados como por ejemplo, las comunidades de vecinos se animen a hacer uso de ellas para gestionar, mantener y facilitar la convivencia.

Si ya se emplean dispositivos conectados y apps para realizar todo tipo de gestiones, como pagar facturas, hacer videoconferencias, hacer la compra, hablar con amigos y familiares, ¿por qué no emplear esas mismas tecnologías en el ámbito de la comunidad de propietarios? Las tecnologías acabarán llegando a las comunidades de vecinos para cambiar y, sobre todo, facilitar las relaciones entre vecinos, administradores de fincas y proveedores.

Por el momento, las reuniones de vecinos no van a desaparecer y habrá que seguir acudiendo para llevar a cabo las votaciones de muchas cuestiones, pero las tecnologías sí pueden ayudar a gestionar ciertos aspectos de relevancia en las fincas.

Apps «comunitarias»

Informes presentados en la plataforma digital tucomunidad.com, explican y detallan que hay apps y ciertas tecnologías que muy pronto empezarán a usarse en las fincas y comunidades. Por ejemplo, los pagos online. La utilización de plataformas que permitan pagar y cobrar de manera automática y segura las cuotas de la comunidad se popularizarán entre propietarios y administradores. Una perfecta solución para resolver el problema de los pagos de los propietarios extranjeros, o vecinos que no vivan de forma continuada en la propiedad, ya que se evita el abono en metálico.

A veces contactar con el administrador puede ser muy complicado, por lo que la tecnología puede facilitar la recepción y gestión de incidencias de modo online. Según el portal, los administradores emplean tres quintas partes de su jornada laboral contestando a llamadas y mensajes de los vecinos que les informan sobre un problema. Llevar a cabo las notificaciones de incidencias de modo online es mucho rápido y, de hecho, permite que los demás vecinos sepan qué es lo que se ha comunicado y estén al tanto de todo.

La gestión online de reserva de espacios ayuda en las comunidades que tienen locales o pistas deportivas. Estas aplicaciones benefician tanto a los propietarios como a los administradores, que pueden destinar su tiempo a la resolución del problema o a otras tareas. Incluso se puede dar acceso a la plataforma de la comunidad, a los proveedores de servicios como los técnicos de ascensores, fontaneros, jardineros, servicio de limpieza, electricistas, seguridad… para que reciban al instante una alerta de avería y se pueda agilizar la reparación.

Otro aspecto interesante es la gestión online de la reserva de espacios comunes. Muchas comunidades cuentan con locales multiuso para el uso de los vecinos, pistas de tenis o pádel, gimnasio, etcétera. Una aplicación puede ayudar a agilizar las gestiones, ofreciendo información acerca de las horas libres y permitiendo la reserva anticipada.

¿Dónde tienen lugar el 75% de los contagios de Covid-19?

¿Dónde tienen lugar el 75% de los contagios de Covid-19?

okdiario.com

Un estudio ha dado conocer nuevas informaciones sobre dónde tienen lugar el 75% de los contagios de Covid-19. Los espacios cerrados siguen siendo los ejes centrales de contagio de esta pandemia, si bien los científicos ponen especial énfasis en que estos espacios deben estar correctamente ventilados.

Ahora un nuevo estudio reafirma lo que ya sabíamos, que el 75% de los contagios se producen en lugares cerrados que especialmente no tienen suficiente ventilación.

Esto sucede en todo tipo de espacio, sea bares, restaurantes, casas, centros de trabajo,  colegios, etc. Así tales lugares deben estar abiertos y cumplir con determinadas medidas que son clave para que evitar o reducir los contagios de Covid-19.

Da igual que estemos a 5 metros de las personas dentro de un espacio interior, si no está bien ventilado, tenemos más posibilidades de contraer el virus.

En cambio, los científicos creen que es en exteriores donde normalmente hay menos probabilidad de este contagio, pero no estamos exentos de ello, especialmente cuando estamos tiempo con grupos de personas hablando. Así se recomienda llevar mascarilla, mantener la distancia entre personas, el lavado de manos, etc.

Otros espacios

En las comunidades de vecinos hay determinadas normas a cumplir. Por esto desde un inicio de la pandemia, se recomendó evitar el uso del ascensor porque era un lugar demasiado cerrado y compartido por determinadas personas del mismo edificio.

¿Dónde tienen lugar el 75% de los contagios de Covid-19?

Según este estudio, los ascensores son un foco de contagio del coronavirus importante y no se le da tanta importancia. Son lugares con prácticamente ningún lado de ventilación. En este caso, las comunidades de vecinos recomiendan no compartir ascensor con otros vecinos, solamente con las personas convivientes o de la misma burbuja, y en la medida de lo posible no cogerlo y subir por las escaleras.

También se recomienda que las puertas permanezcan abiertas para que el aire circule, pero es complicado al no tener ventilación.

Las famosas partículas de los aerosoles se propagan y pueden hacer circular el coronavirus por el aire. Se ha explicado que tales partículas pueden estar y mantenerse durante tres horas en lugares cerrados como en los ascensores.

Entornos laborales

Según el Ministerio de Sanidad, uno de los entornos  donde  se  produce  mayor  transmisión  de  SARS-CoV-2  son  los  entornos laborales  cerrados y las actividades    que  suponen  una  mayor  cantidad  de  contactos interpersonales.

Además  del  personal  de  los  sectores  sanitario  y  sociosanitario,  que  son  los  que  conllevan  un mayor  riesgo  de  exposición  al  SARS-CoV-2,  determinadas  ocupaciones  están  más  expuestas  a personas  y  por  tanto  podrían  tener  un  mayor  riesgo  frente  a  la Covid-19,  como  por  ejemplo  los conductores  de  transporte  público,  vendedores,  carteros,  repartidores,  limpiadores y  personas que  trabajan  en  servicios  domésticos.

Un estudio  en  Suecia  que compara los  riesgos  de  las diferentes ocupaciones, encontró un riesgo relativo 4,8 superior (IC 95% 3,9-6) en los conductores de  taxi  frente  a  otras  ocupaciones,  seguido  de  los  conductores  de  autobús.

Desde el Ministerio y los médicos recomiendan el teletrabajo para aquellas profesionales donde es posible hacerlo así para evitar el contacto con otras personas y los contagios de Covid-19.

Centros sanitarios

En la fase inicial del conocimiento  de  la  enfermedad, aunque  la  transmisión  comunitaria  era  inexistente  o  muy baja,  el  desconocimiento  de  la  transmisión  de  la  infección  a  partir  de  casos  asintomáticos  pudo generar casos entre sanitarios indebidamente protegidos. Y había contagios de Covid-19.

Si bien el colectivo sanitario es más vulnerable  por  su  mayor  exposición,  el  curso  clínico  de  la  enfermedad  en  este  grupo,  es relativamente  benigno. Las cifras de hospitalización (10,7%), de ingreso en UCI (1,2%) y letalidad (0,1%) corresponden a lo esperable para el conjunto de la población de la misma estructura de edad, según Sanidad.

Escuelas

Es otro de los lugares cerrados que necesitan de mayor ventilación. A destacar, según Sanidad, respecto a la transmisión niño-niño, se  puede  decir  que  la es menos  eficiente  para  SARS-CoV-2  que  para  otras  infecciones  respiratorias como la gripe.

La evidencia de esta afirmación deriva de brotes escolares donde se detectaron los casos sintomáticos, lo que podría haber subestimado el total de infectados por no  detectar  los  asintomáticos.

Así, en algunos  de  estos  brotes  en  Francia,  Irlanda  y Finlandia, los niños enfermos no generaron ningún caso secundario. Del mismo modo, en Singapur no se identificó ningún caso secundario entre los 103 contactos de dos niños  de  prescolar  y  secundaria.

Por  el  contrario  en  Israel, en  una  escuela  de secundaria, diez días después  de  la reapertura de  los colegios con medidas higiénicas de seguridad,  se  detectó  un  brote  importante  con  una  tasa  de  ataque  de  13,2%  entre  los estudiantes y 16,5% entre los adultos.

Respecto a la transmisión  niño-adulto, parece  por  la  evidencia  disponible  que  los  niños  no  son  los transmisores primarios a los adultos en el contexto escolar. Hasta el momento no se han detectado casos secundarios adultos de niños enfermos en este entorno.

En  un brote  en  Irlanda,  ninguno  entre  102  niños  expuestos  a  un profesor infectado desarrollaron la enfermedad, aunque sólo se hizo PCR a aquellos niños que referían síntomas.

¿Puede oponerse una comunidad de propietarios a los pisos turísticos?

¿Puede oponerse una comunidad de propietarios a los pisos turísticos?

burgosconecta.es

Las plataformas online de alquiler vacacional impulsaron el surgimiento y auge de los pisos turísticos. Un fenómeno que llegó incluso a superar la oferta de plazas hoteleras en el año 2018, 406.905 frente a 430.350 en las 22 principales ciudades españolas, según un informe de Exceltur. Su proliferación afectó no solo al mercado de alquiler tradicional, forzando al alza su precio, sino también a la convivencia entre vecinos.

El hecho de que muchos propietarios se decidan a alquilar sus pisos a turistas en edificios originalmente diseñados para uso residencial, y que estos se conviertan en una especie de aparta hoteles con un ir y venir constante de gente desconocida -y en numerosas ocasiones incívica- genera mucha tensión y desconfianza en los residentes habituales. Son situaciones que se viven, sobre todo, en el centro de los grandes núcleos urbanos. Y que ponen sobre la mesa la pregunta de si una comunidad de propietarios puede oponerse a los pisos turísticos.

Qué dice la ley

Hasta el año 2019 no existía ninguna norma a nivel estatal que legislara sobre el alquiler de los pisos turísticos. Es decir, que para prohibir el alquiler vacacional se necesitaba del acuerdo de todos los miembros de una comunidad de vecinos. Sin embargo, en marzo de ese año, con la reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal que trajo el Real Decreto Ley 7/2019 y la consiguiente modificación de su artículo 17, se abrieron nuevas posibilidades para limitar o condicionar el alquiler vacacional o turístico.

En pocas palabras, la reforma faculta a las comunidades de propietarios para adoptar acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad de alquiler turístico de vivienda con una mayoría de tres quintas partes. Luego hay que atender a la legislación autonómica o local que en cada comunidad o municipio rija a este respecto. En Cataluña, por ejemplo, se exige que el 80% de los propietarios se pongan de acuerdo. Son varias las ciudades que ya han implementado normativas propias para frenar la proliferación de estos alquileres. Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca o Donostia-San Sebastián están entre ellas.

Además, con la modificación de la normativa convalidada por el Congreso, las comunidades de vecinos ahora también pueden adoptar acuerdos para establecer cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice la actividad turística. Siempre y cuando estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%.

Cómo frenar el alquiler turístico

Raro es encontrar comunidades de propietarios en cuyos estatutos o títulos constitutivos se hiciera referencia a los alquileres turísticos antes de que estallara este boom en regiones ajenas a los destinos de playa. Pero a partir de la aparición y proliferación de este fenómeno, las comunidades más activas de vecinos sí que se empezaron a plantear revisar estos acuerdos de cara a establecer si no la prohibición total, al menos condicionamientos y normas específicas.

Desde marzo de 2019, con la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal ya tienen un respaldo legal en el que poder apoyarse. Es verdad que, desde el punto de vista doctrinal, no existe una posición unánime que avale la posibilidad de prohibir esta actividad sin una causa justificada. Una rama considera que las comunidades de propietarios solo están facultadas para limitarla o condicionarla, mientras que otro sector cree que si la mayoría de los miembros de una vecindad están de acuerdo e inscriben los estatutos o su modificación en el Registro de la Propiedad sí que pueden prohibir de raíz el alquiler vacacional. Eso sí, esto nunca afectaría a aquellos propietarios que lo hicieran con anterioridad.

Como el Registro de la Propiedad es de carácter público y puede ser consultado por cualquier persona -de hecho, es un paso obligatorio para alguien que vaya a adquirir un inmueble si quiere asegurarse de que esté libre de cargas o limitaciones-, nadie podrá alegar que se desconocían los condicionantes en el momento de comprar la vivienda.

En comunidades de propietarios en las que no existan estatutos se necesita de un acuerdo de la junta de propietarios para permitir, limitar o prohibir esta práctica, además de atender a la normativa de la comunidad autónoma en la que se sitúe la propiedad. Claro que una vez adoptados estos acuerdos, lo más conveniente es que queden inscritos en el Registro de la Propiedad para otorgarles oficialidad.

¿Cómo actuar en caso de que haya que confinar un edificio de viviendas?

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España ha elaborado una guía en la que se detalla cómo actuar en caso en ese supuesto. 

La mayoría de solicitudes de las ayudas de alquiler corresponden a la provincia de Zaragoza.

heraldo.es

Varios muertos, hospitalizados y una treintena de contagiados en un mismo edificio. Ese fue el balance de coronavirus en un bloque de viviendas de Bilbao. A lo largo de la pandemia son varios los inmuebles que se han confinado a causa de los casos registrados entre sus vecinos. La utilización de los ascensores, la recogida de residuos o cómo gestionar el uso de las zonas comunes -que no se podían frecuentar- eran algunas de las cuestiones que las comunidades les han trasladado a los administradores colegiados en Aragón desde que hace un año irrumpiese el virus.

Sira Repollés anunciando las nuevas medidas por el coronavirus en AragónJosé Miguel Marco

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España ha editado un manual en el que se recogen algunos de los puntos a tener en cuenta en caso de que sea necesario confinar un edificio. Su empeño es que en los “inmuebles se cumplan todas las normas sanitarias para frenar contagios en los espacios comunes que compartimos y hacerlos más seguros”.

“El manual de actuación se valora de manera muy positiva, ya que nos aporta soluciones a la problemática derivada de un posible confinamiento de un edificio”, aplaude Marisa Polo, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón. Desde la entidad reconocen que existe la preocupación de que se dé un confinamiento de un edificio, pero también valoran que el tiempo de pandemia transcurrido ha ayudado a aprender tanto a administradores como a propietarios. “Ha sido una labor de aprendizaje y trabajo conjunto”, añade Polo.

Los propietarios de las viviendas han percibido este gesto como un “importante apoyo”, ya que “se establece de forma muy fácil la manera de actuar”. “Saber que hay profesionales, los administradores colegiados, que se han preocupado por hacer las cosas bien y preservar el bienestar de todos los propietarios transmite tranquilidad”, considera Marisa Polo.

Esta profesional incide en la coordinación que se establece entre la autoridad sanitaria y el administrador, que en caso de carecer de esta figura recae sobre el presidente de la comunidad. “Habría que incidir en la limpieza y desinfección inicial del edificio, así como durante la cuarentena. Destacaría también la instalación del contenedor, con el fin de la eliminación de residuos con todas las medidas de seguridad necesarias. Me parece muy importante, las imprescindibles medidas sanitarias y sociales para personas dependientes”, resalta la miembro de la junta del colegio y administradora de fincas en Teruel.

Desde la entidad señalan que no conocen ningún caso de cuarentena de este tipo en Aragón. Además, también valoran de forma positiva, además de la adopción de rigurosas medidas de seguridad, la prohibición de las juntas de propietarios. “Creo que han ayudado a frenar el aumento del número de contagios porque las reuniones habrían sido un foco directo”, concluye Marisa Polo.

Puntos clave

En el protocolo elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España se detallan una serie de puntos a tener en cuenta por las comunidades de vecinos para la prevención de contagios o en caso de que se dé uno comunitario.1

Limpieza y desinfección inicial del edificio

El administrador del inmueble encargará una “desinfección inicial”. Los empleados de la empresa de limpieza de la comunidad, u otra empresa especializada, deberán hacer uso de epi y materiales conforme a las normas y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.2

También durante la cuarentena en zonas comunes

El administrador será el puente entre Sanidad y los responsables de llevar a cabo la limpieza, ya sea una empresa, conserje o portero. “Se intentará el intercambio de la obligación de limpieza por la retirada de las basuras en el horario establecido, siempre dotados de epi”, señala el manual.3

Edificios con conserje, empresas de limpieza, personal de limpieza y porteros

Durante el periodo de cuarentena, la jornada de estos empleados de la comunidad “se reducirá al tiempo necesario para la limpieza y/o desinfección del edificio y la retirada de residuos / basuras”. Los vecinos tienen que estar informados del horario de estas labores.4

Instalación de un contenedor frente al portal

La autoridad sanitaria correspondiente le comunicará ayuntamiento de la localidad la orden de cuarentena del inmueble. De ahí pasará al Servicio de Medio Ambiente, “para que proceda a la instalación de un contenedor de basuras en la puerta del edificio”, se añade en la guía. Los vecinos de la finca afectada deberán ser informados del horario, que será la última parada del camión de recogida, antes de ir al vertedero.
​El traslado de la basura desde las viviendas hasta el contenedor se tiene que efectuar, como máximo, dos horas antes de la recogida. “Cuando el traslado se efectúe por el conserje, portero, personal de limpieza o la empresa de limpieza, el personal deberá utilizar epi y, en caso de utilizar un carrito o contenedor con ruedas, se deberá proceder a su desinfección posterior”.5

Medidas sanitarias y sociales

Sanidad se hará cargo de todas las cuestiones sanitarias relacionadas con atención primaria y servicios sociales de lo relativo a la ayuda domiciliaria de personas dependientes. El administrador facilitará los datos pertinentes. El mismo responsable será quien trace, junto con la Policía, el sistema de entrega de alimentos y medicinas, sin contacto directo y a través de pedidos, familiares o los servicios sociales.6

Animales domésticos

El administrador facilitará una serie de folletos informativos entre los vecinos sobre el horario y las normas que establezca la autoridad sanitaria. Si existe una orden cautelar se informará, también, al Ayuntamiento y a la Policía Nacional. “Se sugerirá a los vecinos que contacten con familiares o amigos para que les paseen a sus mascotas, o bien que se cuiden mientras dure la cuarentena para evitar trasiego de personas. La Policía acotará la zona habilitada para el paseo de mascotas y vigilará que se cumplan las normas establecidas”, determinan en el protocolo.7

Correspondencia

La entrega de la correspondencia seguirá el mismo patrón que la de alimentos o medicinas. Aconsejan disponer de un espacio, mesa o casillero para depositar los paquetes o el correo, que más tarde se desinfectará.8

Cartelería

El administrador correspondiente informará a través de carteles sobre lo que se puede hacer y sobre lo que no durante la cuarentena. También comunicará las recomendaciones que le transmitan desde Sanidad.9

Normas de prevención para todas las comunidades de propietarios

Para poder cumplir con eficacia con las normas, es necesario que el administrador de fincas conozca los datos actualizados de los inquilinos y residentes. Además, se acometerán los protocolos para la localización de un posible foco de contagio.

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Atención propietarios: las juntas de vecinos por Zoom pueden ser anuladas judicialmente

Atención propietarios: las juntas de vecinos por Zoom pueden ser anuladas judicialmente

elpais.com

Iván Romero Díaz

Los expertos advierten de que las asambleas vecinales celebradas de forma telemática por la Covid no gozan de cobertura legal

La prohibición de celebrar reuniones de más de seis personas, impuesta por las autoridades sanitarias para contener la tercera ola del coronavirus, está afectando particularmente a las comunidades de vecinos que llevan un año prácticamente paralizadas a consecuencia de las sucesivas limitaciones de aforo. Algunos propietarios han decidido salvar los obstáculos celebrando juntas por Zoom, Whatsapp y otras aplicaciones similares. Ahora esas asambleas online podrían acabar siendo anuladas judicialmente y, con ellas, medidas tan importantes como la instalación de un ascensor o la reclamación de recibos impagados.

Las comunidades de vecinos están obligadas a celebrar una junta general, al menos una vez al año, para aprobar cuentas, renovar cargos y tratar asuntos que requieren del consentimiento de los dueños: derramas por obras, acciones judiciales contra morosos, etc. Sin embargo, la actual Ley de Propiedad Horizontal no contempla que estos asuntos puedan tratarse de forma telemática. En concreto, la norma prevé que los propietarios asistan presencialmente a las reuniones y en todo caso que deleguen su voto en una tercera persona. Nada más.

Estos estrictos requisitos legales, unidos a las restricciones relacionadas con el estado de alarma podrían servir de base jurídica para solicitar la anulación de cualquier encuentro informal que se haya celebrado en los últimos once meses, según los expertos. “Los acuerdos son impugnables tanto si se la junta se llevó a cabo en persona como a través de internet, porque en ningún caso hay cobertura legal”, advierte Alejando Fuentes-Lojo, especialista en derecho inmobiliario.

En concreto, si los propietarios decidieron verse físicamente cualquiera de ellos podría alegar que no se cumplían las necesarias medidas de seguridad y que, por tanto, las condiciones no fueron óptimas en el momento de la convocatoria. Pero es que, además, si la reunión se hizo por videollamada para evitar los contagios, tienen derecho a oponerse a cualquier votación realizada por esa vía porque es una fórmula que no está prevista expresamente por la normativa vigente. Un auténtico caldo de cultivo para los litigios entre vecinos en el que se entremezclan elementos como la brecha digital, la seguridad jurídica y las rencillas de toda la vida.

Cataluña ha sido la primera Comunidad Autónoma en reconocer, por ley, la validez de las juntas online. El Consejo General de Administradores de Fincas ya ha solicitado al Gobierno que impulse una reforma similar en el resto del Estado, pero la iniciativa todavía no ha cuajado. “La inacción legislativa es clamorosa y está provocando graves conflictos en el día a día”, asegura Fuentes-Lojo

Impago de cuotas

Uno de los principales problemas que está provocando la falta de una regulación adaptada al actual escenario de pandemia es el incremento de impagos. Para poder reclamar una cuota a los vecinos morosos, se les debe incluir en una lista de deudores; después apercibirles para que cumplan con sus obligaciones y, si finalmente no lo hacen en un plazo razonable, se ha de autorizar por votación al presidente o (en su defecto) al administrador para que emprendan acciones legales. Pero todas estas decisiones deben adoptarse en asamblea y por mayoría, algo imposible hoy por hoy.

La inseguridad jurídica que rodea a las juntas de vecinos ha llevado a muchas comunidades a posponer sine die las reclamaciones ante el temor de que puedan quedar en papel mojado. “Nos preocupa que las demandas sean finalmente desestimadas por los jueces y que además seamos condenados en costas” afirma el letrado Miguel Jiménez que representa los intereses de varias de ellas.

Para Jiménez es evidente que esta situación de impasse está contribuyendo a la asfixia de un sector que mueve cientos de millones de euros al año y del que dependen directamente miles de empleos directos. Asegura que “por suerte” la gran mayoría de propietarios está cumpliendo con sus obligaciones, pero reconoce que se empieza a notar un progresivo aumento de la morosidad. “Hay familias en ERTE o con todos sus miembros en paro que no tienen entre sus prioridades el pago de cuotas, lo cual es lógico, pero también hay quien no las abona porque no quiere”.

Sea como sea, en algunos edificios empieza a escasear el dinero para hacer frente a los gastos comunes. Así lo pone de manifiesto Rosa Gómez, presidenta de una comunidad de ocho plantas en el barrio madrileño de Vallecas. Según cuenta, el año pasado había solo una morosa en el bloque, pero en los últimos once meses se le han unido tres más. De seguir así pronto entrarán en números rojos. “Lo curioso es que algunos tienen los pisos alquilados y están cobrando rentas de más de 700 euros”, dice indignada.

Rosa recuerda que todos los vecinos acordaron reformar la fachada hace dos años, pero aún no han dado luz verde a la correspondiente derrama, por lo que la reforma tendrá que esperar. Es otra de las consecuencias de la parálisis de las juntas vecinales: el deterioro de los edificios. Fuentes-Lojo precisa que es algo muy común y a la vez peligroso, ya que la comunidad es la encargada de mantener en buen estado el inmueble. “Eso significa que es la responsable directa si se produce algún daño personal o material por caída de cascotes, goteras, etc”.

La ley sí que permite la ejecución de reparaciones muy urgentes con el permiso del presidente o, en su defecto, del administrador. Aun así, Jiménez explica que en esta categoría no se incluyen obras tan necesarias como la instalación de un elevador para personas minusválidas en las escaleras del portal. “Hay propietarios con problemas de movilidad que llevan un año esperando a que se instale uno de estos dispositivos y apenas salen de casa”, señala.

Recuperar la normalidad

A pesar de las de los múltiples factores en contra, hay comunidades que están funcionando con cierta normalidad y dentro del marco legal. Es la idea que defiende el administrador de fincas José María Águila-Bonfill, que dice no haber parado de celebrar juntas vecinales desde la desescalada “sin mayores problemas”. El método, según describe es sencillo: dar a elegir a los propietarios entre hacer reuniones presenciales (de no más de seis personas); hacer encuentros telemáticos (siempre y cuando todo el mundo tenga conexión) o completar un tipo test (folio en mano).

Este sistema, destaca Águila-Bonfill, ha permitido a las comunidades que él gestiona “no caer en la inacción y solventar muchos conflictos”, aunque puntualiza que si el acuerdo no es posible siempre queda la opción de dilatar las cuestiones más espinosas, que normalmente deben ser tratadas en junta general, para un momento más propicio. “De hecho, un reciente decreto permite posponerlas hasta diciembre de 2021”, destaca.

Por su parte, Jiménez aplaude que algunos profesionales hayan encontrado “maneras de salir del paso” pero insiste en que no todos los problemas pueden solventarse por consenso y mucho menos “en un momento de crispación social como el actual”. En ese sentido, espera que más pronto que tarde se modifique la legislación para que las juntas telemáticas dejen de ser encuentros informales y pasen a convertirse en verdaderas asambleas, con todas las de la ley.