¿Cómo hacen frente a los daños causados por los temporales de lluvia y nieve las comunidades de vecinos?

comunicae.es

“Son muchas las pólizas de seguro que cubren los siniestros causados por la nieve o lluvia, pero es cierto que no siempre es así. En algunos casos, estas situaciones se tratan como exclusiones dentro de los contratos de seguro, lo que llevaría a la comunidad a desembolsar una gran cantidad de dinero para hacer frente a los daños”. IESA ha llegado un acuerdo con una entidad financiera para poner a disposición de los administradores de fincas opciones sencillas de financiación con préstamos 100% online

Los temporales de viento, lluvia y nieve como la borrasca Filomena, que azotó a ciudades de toda España, causan grandes daños en calles, carreteras y edificios. Muchas zonas del territorio se han visto envueltas estos últimos días en un manto blanco y grandes riadas a causa de estos temporales que se han traducido en árboles caídos, tejados dañados y, también, en el deterioro en diferentes instalaciones de las comunidades de vecinos. Rotura de cornisas, saturación de las tuberías, jardines helados, puertas de garajes averiadas e incluso inaccesibilidad a la finca son solo algunos de los ejemplos de los daños que ha dejado el temporal. Reparar los desperfectos que provocan los temporales en las comunidades de propietarios puede derivar en tener que aprobar una derrama, si bien son los seguros de las propias comunidades los que deberían hacerse cargo de estos gastos.

Aunque las comunidades tienen contratados seguros, es necesario comprobar en la póliza de la comunidad si este tipo de circunstancias están cubiertas o, en cambio, se tratan de una exclusión en el contrato. “Son muchas las pólizas de seguro que cubren los siniestros causados por la nieve o lluvia, pero es cierto que no siempre es así. En algunos casos, estas situaciones se tratan como exclusiones dentro de los contratos de seguro, lo que llevaría a la comunidad a desembolsar una gran cantidad de dinero para hacer frente a los daños. Es necesario analizar bien los daños y la situación de cada siniestro para conseguir no incurrir en más gastos para la comunidad y buscar apoyo y facilidades de financiación cuando no hay más remedio, para que los vecinos puedan hacerle frente sin que esto suponga un gran problema financiero”, asegura Enrique Sánchez, director general de IESA.

Aun así, en el caso de los daños provocados por la borrasca Filomena, el Consorcio de Compensación de Seguros ha afirmado que no cubrirá los siniestros producidos directamente por la nieve o las heladas del temporal, pero sí aquellos derivados de la inundación por deshielo posterior o fuertes vientos. Sea como sea, siempre hay que intentar dar un parte al seguro lo más detallado posible, con fotos de los desperfectos preferiblemente, para ofrecer una versión real a la compañía de seguros que se acompañe del criterio del perito. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, puede que el seguro que la comunidad tiene contratado no proceda a indemnizar por lo que para arreglar todos los desperfectos hay que emplear los fondos de la comunidad o aprobar una derrama.

Es muy posible que los daños provocados por un temporal en la comunidad de propietarios impliquen desembolsar una gran cantidad de dinero y es entonces cuando hay que aprobar una derrama. En este caso, para evitar que los vecinos abonen grandes cuotas de dinero en poco tiempo, lo ideal es solicitar financiación externa.

A petición de muchos administradores de fincas, IESA ha llegado un acuerdo con una entidad financiera para poner a disposición de los administradores opciones sencillas de financiación para las comunidades con préstamos 100% online, de hasta 250.000€ y hasta 96 meses de plazo, haciendo más llevadero el desembolso de los propietarios. Además, la comunidad de vecinos no tendrá que cambiar de cuenta bancaria ni contratar ningún otro producto financiero.

“Con esta opción, cualquier reparación de los desperfectos del temporal se llevará a cabo de forma inmediata, eligiendo el proveedor más idóneo y sin causar quebraderos de cabeza entre los vecinos. Así, aunque el propio seguro de la comunidad no se haga cargo de los daños, los propietarios tendrán que hacer un menor esfuerzo económico”, concluye Enrique Sánchez, director general de IESA.

El IDAE acuerda con entidades financieras la concesión de préstamos para las ayudas a la rehabilitación de edificios

instaladores20.com

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía acaba de cerrar un protocolo con entidades financieras para facilitar la ejecución de proyectos a las Comunidades de Propietarios de cara al Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios (PREE). El objetivo es cubrir la totalidad de la inversión del proyecto de rehabilitación, complementando la subvención recibida con un préstamo reembolsable y está abierto a todo tipo de entidades de financiación, desde banca tradicional a, por ejemplo, sistemas de crowdfunding. También queda abierto igualmente a aquellas entidades interesadas en sumarse y no lo hayan hecho todavía.

El protocolo aprobado permitirá a las comunidades de propietarios, entre otros beneficiarios, acceder directamente desde esta web institucional a la información sobre los productos financieros destinados a la rehabilitación energética comercializados por las distintas entidades financieras adheridas. Según el propio Instituto, ”la experiencia de las convocatorias de ayudas realizadas con anterioridad ha puesto de manifiesto la necesidad de que las ayudas que se otorgan a fondo perdido, y que en el caso del PREE pueden ser anticipadas al beneficiario en su totalidad al comienzo de la actuación, siempre y cuando así se contemple en la convocatoria expresa de cada comunidad autónoma, por lo que podrían ser puedan ser completadas con préstamos reembolsables de manera que la suma de la ayuda anticipada y del préstamo cubra una parte significativa de las necesidades financieras de la actuación de rehabilitación energética”.

No obstante, también constata que las propias comunidades “tienen dificultades para identificar y acceder a esos préstamos complementarios, bien sea por la falta de información o por la escasez de productos de financiación adaptados a sus necesidades específicas”.  Por ello, con el protocolo pretende “paliar esa barrera y facilitar el contacto directo entre las entidades financieras colaboradoras y los beneficiarios de las ayudas que cuenten con una resolución favorable emitida por el órgano de la comunidad autónoma otorgante de la ayuda con cargo al programa PREE”.
El listado completo de las entidades que se han adherido al protocolo, así como los principales datos de contacto de la misma, puede consultarse en el siguiente enlace.

Escrivá: “Lo más eficaz para hacer sostenible el sistema de pensiones es que las personas trabajen más años”

Muchas personas estarían dispuestas a demorar su edad de jubilación

Ministro Escriva ERTE septiembre

elderecho.com

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que lo más eficaz para hacer que el sistema de pensiones sea sostenible es conseguir que las personas trabajen más años.

Para ello, ha explicado, la reforma de pensiones en la que trabaja con los agentes sociales y que “va muy avanzada”, no busca elevar la edad legal de jubilación, sino reformar los mecanismos que dificultan que la edad efectiva se aproxime a la edad legal.

Durante su intervención en un seminario sobre fondos europeos organizado por Deusto Business School y Deloitte, Escrivá ha denunciado que España tiene un modelo “muy imperfecto” de jubilación demorada y debe incentivarse el que las personas que lo deseen trabajen más años manteniendo una parte de su pensión.

“Hemos hecho encuestas y muchas personas estarían dispuestas a demorar su edad de jubilación si les hacemos un pago de una única vez cuando van a dejar el mercado laboral. Eso se puede diseñar y es muy deseable desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque lo más eficaz para hacer sostenible el sistema es que las personas trabajen más años”, ha subrayado.

Escrivá ha señalado que “quiere acabar” con los mecanismos de jubilación obligatoria que se recogen en algunos convenios colectivos y que impiden a los trabajadores mantenerse más tiempo en activo aunque quieran. “Somos de los pocos países europeos que tenemos tal anomalía”, ha lamentado.

Asimismo, ha afirmado que hay que “desterrar por completo” la cultura de la jubilación anticipada a edades tempranas que arraigó en España durante muchos años y las políticas públicas que lo incentivan. “La gente se realiza más y es más feliz si sigue activa y hay que rediseñar las políticas para que eso sea así”, ha argumentado.

Escrivá ha advertido de que a partir de 2025, por las jubilaciones de los ‘baby boomers’, España va a tener “enormes necesidades” en el mercado de trabajo, con escasez de determinadas profesiones y de demanda. “Nos va a cambiar completamente la realidad y las empresas tienen que prepararse para ello. Vamos a tener que ser muy flexibles a la hora de reajustar todo esto”, ha apuntado.

LA OPORTUNIDAD DE LOS FONDOS EUROPEOS

Para Escrivá, los fondos que va a recibir España de Europa suponen una oportunidad y deben venir acompañados de reformas que acaben con los “cuellos de botella” y las disfuncionalidades del sistema económico y social. “Si conseguimos que (los fondos) se traduzcan en inversiones es más que suficiente para contrarrestar el impacto a corto plazo de la pandemia y generar condiciones de mayor cecimiento a medio y largo plazo”, ha afirmado.

Una de esas reformas es la laboral. El ministro ha señalado que, si tuviera que elegir un problema en España, sería “claramente” el de su tasa de paro, junto a un elevado nivel de precariedad y temporalidad.

“El cambio en el marco laboral es absolutamente crucial”, ha indicado Escrivá, que ha recordado que uno de los puntos del Plan de Recuperación es que el modelo de ERTE se convierta en “algo permanente” para que, ante las dificultades que pueden tener las empresas en determinados momentos por caídas de demanda, no recurran al despido y se mantengan a los trabajadores en la empresa.

“Tiene que haber un esfuerzo por parte de todos en la negociación colectiva y que el Estado entre con ayudas, sobre todo para la formación de los trabajadores”, ha añadido.

Además de la reforma laboral y de pensiones, Escrivá ha citado otras reformas contempladas en el Plan, como la de las políticas activas de empleo, y la de Administración Pública, y ha destacado la importancia de mejorar la relación entre los tres niveles de Administración y también con el sector privado.

“En España el entorno de negocios no siempre es el más favorable y hay que trabajar con las comunidades autónomas para que el marco regulatorio nacional sea más amistoso y facilite el despliegue de las actividades económicas”, ha subrayado.

HABRÁ UN “SALTO DE DEMANDA FORTÍSIMO” PARA EL TURISMO

En relación al sector turístico, Escrivá ha aventurado que “en algún momento de este año” se producirá un “salto de demanda fortísimo”, porque sí lo ponen de manifiesto “patrones históricos”.

A la espera de que llegue ese momento, el ministro ha instado al sector a aprovechar las distintas posibilidades que ofrecerá el Plan de Recuperación, por ejemplo para la renovación de edificios. “Es una oportunidad para los grupos hoteleros de renovar hoteles”, ha indicado.

Los administradores de fincas como servicio esencial

El apoyo a las comunidades vecinales en circunstancias como las de Filomena constituye una tarea añadida, pero también fundamental

cincodias.elpais.com

Las consecuencias de Filomena en nuestras calles, en nuestros edificios e incluso en nuestros trabajos y también en nuestras propias vidas han desatado una nueva ola de indignación contra políticos e instituciones de todo tipo. Y es que, ante situaciones tan adversas, el ser humano trata siempre de encontrar un culpable.

Poco se habla, sin embargo, en esta España de quijotes anónimos, de la cantidad ingente de ciudadanos, organismos e instituciones que sin ruidos ni alharacas se han decidido a arrimar el hombro y ponerse, de nuevo, manos a la obra. Esta vez no para evitar la propagación de una pandemia, sino para colaborar en paliar los efectos de una borrasca de nieve cuya magnitud ha superado cualquier previsión por muy planificada que estuviera para devenir, como señala una y otra vez el alcalde de Madrid, en catástrofe natural. Basta con pasearse por cualquier parque de Madrid para darse cuenta de los efectos de su devastadora acción.

Uno de estos organismos que practica el trabajo responsable y discreto tanto en momentos ordinarios como extraordinarios es el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), el más grande de España, con representación en el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), con un total de 3.500 colegiados que administran más de 200.000 comunidades en el conjunto de la Comunidad de Madrid.

Conscientes de que la unión hace la fuerza y de que con los medios telemáticos podíamos informar directamente al 80% de la población de Madrid que vive en comunidades de propietarios, los Administradores de Fincas Colegiados nos encargamos de realizar, durante los meses de confinamiento en la pandemia por Covid-19, la interpretación normativa de las órdenes sanitarias aplicándolas a las comunidades y le dimos traslado en tiempo real al conjunto de la ciudadanía a través de listas de emails y de whatsapps y de infografías colocadas en los portales, además de las noticias difundidas a través de los medios y las redes sociales.

Durante esos meses trabajamos en una doble vertiente. Por un lado, la habitual nuestra, que es gestionar las comunidades, hacer que funcionen, algo realmente importante en momentos como los que hemos vivido, en que el 100% de la población se encuentra en sus casas. Y al mismo tiempo, la informativa para hacer llegar a todos nuestros administrados y a los ciudadanos en general indicaciones de cómo debían de comportarse las comunidades, cómo utilizar los elementos comunes, cómo limpiar esos edificios y trasladar las normas sanitarias y de convivencia.

Nuestra actividad, concretada en una ardua labor preventiva y resolutiva por parte del colectivo de Administradores de Fincas Colegiados fue reconocida como esencial por las instituciones locales, autonómicas y del Estado hasta el punto de que solicitaron nuestra colaboración para la difusión de determinadas campañas de prevención, como la identificación de personas solas, las situaciones de violencia de género o la recogida de residuos domésticos en hogares con positivos.

Ahora, ante este nuevo envite causado en Madrid por la borrasca Filomena, los Administradores de Fincas Colegiados del CAFMadrid hemos vuelto a actuar de la misma forma aconsejando a los ciudadanos para efectuar labores de mantenimiento en los edificios, editando una guía práctica para reclamar siniestros o solicitando a las Administraciones que contraten recursos para retirar la nieve endurecida y las placas de hielo que impiden atender el mantenimiento, conservación y suministro de los edificios.

Y lo hemos hecho con la misma vocación de servicio de siempre, utilizando nuestros propios medios físicos, telemáticos y con la ayuda de los medios de comunicación, con el objetivo de orientar y ayudar a minimizar los efectos de la borrasca en las comunidades de propietarios.

Ahora los servicios de emergencia de Madrid anuncian la llegada de nuevos fenómenos atmosféricos con riesgos de inundaciones y otros daños para las comunidades de propietarios y el conjunto de la ciudadanía. Los Administradores de Fincas colegiados del CAFMadrid queremos anunciar desde esta tribuna que seguiremos atentamente los acontecimientos para cumplir con nuestro trabajo al frente de las comunidades y contribuir informativamente trasladando nuestro know how a los ciudadanos en aras al bien común.

Isabel Bajo es presidenta del Colegio de Administradores de Madrid y vicepresidenta del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE)

¿Existe responsabilidad civil objetiva, o por riesgo, ante la organización de eventos, celebraciones o reuniones donde se produzcan contagios por Covid?

elderecho.com

Coordinador Vicente Magro Servet

Planteamiento

Se analiza por cinco Juristas la siguiente cuestión:

Una de las cuestiones que más ha llamado la atención del legislador, tanto nacional durante el estado de alarma, como, una vez alzado éste, ha sido la fijación de una normativa acerca de lo que se puede hacer, o no, para evitar la proliferación de los contagios por COVID 19. Pero, sobre todo, ha llamado especial atención lo relativo a la celebración de reuniones, eventos, celebraciones como bodas y similares en donde existe un evidente riesgo de contagio provocado por la concentración de personas y las posibilidades de contagio que de ello se puede derivar.

Planteamos la cuestión acerca de si podría darse una situación de responsabilidad civil objetiva o por riesgo si en la organización de estas reuniones pudieran derivarse contagios, que, incluso, acabaran en el fallecimiento de alguno de los que acudieron a la reunión o evento.

¿Cabría, también, en estos casos fomentar una especie de aseguramiento de RC para la organización de eventos por si esto ocurriera, o no sería necesario por entender que los convocantes no asumen ningún tipo de responsabilidad aun cuando existieran contagios en esa convocatoria?

Este foro ha sido publicado en la “Revista de Jurisprudencia“, en diciembre de 2020.

Puntos de vista

Jesús Tafur López de Lemus

La respuesta acerca de la posible responsabilidad civil en que pueden i…

La respuesta acerca de la posible responsabilidad civil en que pueden incurrir los organizadores de reuniones sociales, por contagios de coronavirus producidos en el seno de esas celebraciones, cabe considerar una doble fuente legal de responsabilidad.

La primera es la responsabilidad extracontractual por hecho de tercero, prevista en el art.1903 CC –EDL 1889/1-, respecto de contagios derivados de la inobservancia, por parte de los asistentes a la celebración, de normas sanitarias de obligado cumplimiento -por ejemplo, uso de mascarillas y geles, respeto de distancias interpersonales, omisión del deber de confinamiento ante la presencia de síntomas o ante el conocimiento de que se padece el virus, etc.-.

Esta clase de responsabilidad ha sido ampliamente interpretada por el Tribunal Supremo, y sus notas más significativas son las siguientes. -1 El daño debe producirlo una persona dependiente del sujeto responsable, y en el ámbito en que aquella trabaje o con ocasión de sus funciones. -2 El desempeño de estas, y no de otras ajenas a la relación de dependencia, debe ser la ocasión necesaria para que el daño se produzca. -3 El sujeto dependiente que causa el daño ha de incurrir en la responsabilidad prevista en el art.1902 CC –EDL 1889/1-. -4 Cabe la interpretación extensiva por analogía, pero se precisa una identidad de razón.

Con tales premisas, es difícil admitir que los asistentes-invitados a una celebración puedan ser jurídicamente tenidos como dependientes de la persona o empresa organizadora, porque ninguna vinculación funcional, o de servicios, o de cumplimiento de fines, existe entre ellos.

La segunda fuente de responsabilidad es la responsabilidad por hecho propio, ex art.1902 CC –EDL 1889/1-, por riesgo, derivada de haber dispuesto el organizador el encuentro sin observar las medidas profilácticas que legalmente eran exigibles. Por ejemplo, permitiendo la asistencia de un número excesivo de personas, disponiendo la celebración en un local manifiestamente pequeño, etc.

Si en tales circunstancias se produjeran contagios y daños personales -que en cualquier caso sería necesario probar-, habría que aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de la responsabilidad por riesgo, cuyas notas más significativas son las siguientes. -1 El riesgo, como tal, no es criterio de responsabilidad con fundamento en el art.1902 CC –EDL 1889/1-, porque la objetivación de la responsabilidad no se adecua a los principios que informan su regulación. -2 El mero hecho de que se haya producido el resultado dañoso como realización del riesgo creado, no puede considerarse prueba de culpa, porque ello equivaldría a establecer una responsabilidad objetiva o por el resultado, que no tiene encaje en el art.1902 CC –EDL 1889/1-. -3 Solo en supuestos de riesgos extraordinarios es aceptable la inversión de la carga de la prueba.

Habrá, pues, que ponderar el grado de riesgo creado por el organizador del evento, cuya medida vendrá dada por la relevancia que, en orden a la producción de contagios, tengan las disposiciones omitidas, y por la actitud que adoptó durante la celebración misma -por ejemplo, no suspendiéndola cuando pudo ser consciente de la magnitud del riesgo-.

Por último, nada impide que el organizador asegure su responsabilidad civil.Cerrar el detalle 

Antonio Alberto Pérez Ureña

La responsabilidad objetiva, o por riesgo, supone imputar a un sujeto l…

La responsabilidad objetiva, o por riesgo, supone imputar a un sujeto los riesgos generados por su actividad, presumiéndose culposa la acción u omisión generadora del evento dañoso, siendo un mecanismo que atenúa -aunque no excluye la exigencia de la culpa propia de la responsabilidad extracontractual, de tal forma que aquél que crea un riesgo, aunque su actuar sea lícito, debe soportar las consecuencias derivadas de la actividad peligrosa de la que se beneficia. En nuestro sistema, por lo general, las normativas especiales que regulan las actividades de riesgo contemplan un seguro obligatorio para su desarrollo -circulación de vehículos a motor, caza, etc. que cubra los daños causados a terceros.

La cuestión que se propone en este foro es la de si sería necesario, o viable, extrapolar el sistema expuesto a la actual situación de pandemia por COVID-19, en concreto, al posible contagio del virus durante la celebración de eventos tales como celebraciones de bodas y reuniones.

Pongámonos en situación: asistimos a una pandemia que, en el caso de España, está siendo especialmente grave y contumaz, por lo que se están dictando continuas normas que limitan, restringen e, incluso, prohíben la celebración de eventos donde participe gran cantidad de personas, que, llegado el caso, dificulta el posterior rastreo de los contagios producidos. Así, v.gr., el denominado ocio nocturno está limitado totalmente y vamos comprobando que, con la llamada segunda ola, las normas limitadoras de celebraciones y eventos son cada vez más restrictivas en cuanto a aforos y horarios.

Pues bien, partiendo de que celebración o evento a la que se refiere la pregunta es de las permitidas, su organizador -persona física o jurídica y el propietario o titular del lugar donde tenga lugar dicho evento, serán responsables de que el mismo se celebre con pleno cumplimiento de los requisitos de aforo, distancia, uso obligatorio de mascarillas y demás medidas de seguridad, corriendo por su cuenta las consecuencias negativas para la salud de los asistentes que sean debidas a la falta de adopción de las medidas. Probablemente, si tiene lugar un brote en dicha reunión es porque alguna persona -invitados, asistentes, trabajadores, etc. es portadora del patógeno, por lo que, es preciso que la persona organizadora preste especial atención al control de acceso -toma de temperatura individual, lavado de manos y, apuntamos nosotros, el tener personal especializado en apreciar el estado físico general de los asistentes, además de que la entrada se curse como invitación personal a fin de su identificación.

Si de la celebración de una boda se trata, por lo general, los contrayentes -o quien invite contratan los servicios de una empresa dedicada a este tipo de banquetes, por lo que es esta empresa la encargada de tomar todas las medidas necesarias para evitar contagios.

En todo caso, si se entendiera que la asistencia a estos eventos entra en el ámbito de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios -RDL 1/2007, de 16 noviembre –EDL 2014/35453– -que, como es sabido, pretende conseguir un alto grado de protección de los consumidores-, y un brote de COVID-19 producido en dicho evento pudiera considerarse como un supuesto de responsabilidad por servicio defectuoso, la responsabilidad del empresario, entendemos, estaría basada en la culpa -por la no adopción de las necesarias medidas de seguridad-, aunque eso sí, una culpa presunta -art.147 TRLGDCU –EDL 2007/205571–, pero no es desechable que se pueda acudir a la responsabilidad objetiva que establece el art.148 TRLGDCU –EDL 2007/205571-.

En el caso de ser un empresario el organizador o prestador del servicio, el seguro de explotación de la actividad deberá hacerse cargo de las posibles indemnizaciones a que hubiera lugar, pero, claro está, habrá que estar al contenido de la póliza para ver si está afectada por alguna exclusión de siniestros que sean consecuencia de eventos extraordinarios o de fuerza mayor.

Por último, si la actividad es de las no permitidas -ocio nocturno, fiestas ilegales, etc.-, o no se tomaren o incumplieren las medidas de seguridad necesarias, cabría, además de las sanciones administrativas oportunas, por infracción del deber de cautela y protección exigido en el art.4 y otros del RDL 21/2020, de 9 junio –EDL 2020/15263 -y normativa autonómica concordante-, barajar, incluso, la posibilidad de instruir diligencias previas penales si como consecuencia de dicha irresponsabilidad se derivaran lesiones o muertes, incoándose el procedimiento penal correspondiente por un delito de resultado, ya sea de homicidio imprudente -art.142 CP –EDL 1995/16398– o bien de lesiones -art.151 y 152 CP –EDL 1995/16398–.Cerrar el detalle 

Enrique García-Chamón Cervera

En principio, la llamada responsabilidad objetiva o por riesgo, distint…

En principio, la llamada responsabilidad objetiva o por riesgo, distinta de la responsabilidad subjetiva o por culpa, está descartada como regla general en nuestra jurisprudencia. Así la STS 11 de marzo de 2020 declara: «En modo alguno podemos aceptar tal argumento. Si hay algo que caracteriza la jurisprudencia de este tribunal en los últimos tiempos es el indiscutible retorno, por elementales exigencias de lo normado en los art.1902 y 1101 CC –EDL 1889/1-, a la constatación de la culpa como fundamento de la responsabilidad civil tanto contractual como extracontractual.

Podemos en este sentido sostener que la jurisprudencia de este tribunal se fundamenta en los postulados siguientes: 1. La responsabilidad subjetiva, por culpa, solo se excepciona por ley. 2. El carácter anormalmente peligroso de una actividad puede justificar la inversión de la carga de la prueba y, por lo tanto, la necesidad de acreditar la falta de culpa. 3. Para el resto de actividades, en aplicación del art.217 LEC –EDL 2000/77463-, es al perjudicado que reclame a quien compete la carga de la demostración de la culpa del demandado.»

Al no existir una norma con rango legal que establezca la responsabilidad objetiva del organizador de un evento que haya provocado el contagio de la COVID-19 a los asistentes no podrá fundamentarse su responsabilidad por razón del riesgo.

Otra cosa distinta sería la responsabilidad administrativa a que se refieren las L 14/1986, de 25 abril, General de Sanidad –EDL 1986/10228 y 33/2011, de 4 octubre, de Salud Pública –EDL 2011/217725-, que prevén varios tipos de infracciones administrativas y sus correspondientes sanciones.

Dentro de la responsabilidad subjetiva o por culpa, podrían plantearse dos hipótesis:

La primera, si es posible exigir responsabilidad por culpa imputable a un organizador de un acto público que, con manifiesta infracción de las normas preventivas -por ejemplo, aforo máximo en el interior de un local cerrado facilita el contagio de los asistentes al mismo. Sería posible exigir responsabilidad si se demostrara la directa y necesaria relación de causalidad entre la infracción de la normativa preventiva sanitaria y los daños corporales de los asistentes al acto.

La segunda, la posible neutralización de la responsabilidad del organizador del acto porque siendo notorias y públicas las medidas que deben adoptarse en los lugares de asistencia de público, los asistentes asumieron y consintieron el riesgo del contagio.

En cuanto al seguro, no siendo admisible con carácter general la responsabilidad extracontractual del organizador del acto, un seguro de responsabilidad civil no cubriría los daños corporales de los asistentes al acto. Parece más bien que en estos casos se podría contratar por el organizador del acto un seguro de enfermedad y de asistencia sanitaria previsto en el art.105 de la Ley de Contrato de Seguro –EDL 1980/4219 que es el que, según informan los medios de comunicación, han contratado los responsables de algunos hoteles para ofrecer mayor seguridad a sus clientes en el caso de que pudieran contagiarse durante su estancia.Cerrar el detalle 

Luis Antonio Soler Pascual

No es fácil determinar prima facie, y al margen de las circunstancias …

No es fácil determinar prima facie, y al margen de las circunstancias del caso en concreto, si la organización, convocatoria y celebración de una reunión de personas con cualquier finalidad, festiva, social, laboral o de otra índole, en época de pandemia y bajo el régimen de limitación que esté vigente a la fecha del evento, puede determinar una forma de responsabilidad por riesgo al organizador, convocante y ejecutor del evento al margen de la doctrina de la asunción de riesgos y por tanto, sin valorar los criterios que determinan la imputación objetiva y su relevancia sobre la relación causal, atendida la relevancia que en una vulneración patente de las normas de cuidado y protección personal imperativamente impuestas por disposiciones legales, puede tener la conducta del perjudicado que de manera consciente participa a sabiendas de la infracción que comete y que es la que atenta contra su salud.

En efecto, la participación en un evento de esta naturaleza supone asumir un riesgo que es inherente, en tiempos de pandemia, a la naturaleza de cualquier acto social, riesgo que sin embargo es lícito presuponer que es aceptado por todo aquél que participa en dicho evento.

A partir de aquí será preciso valorar el fin que persiguen la protección de las normas dictadas para la protección frente al Covid-19, la provocación de la situación, el incremento del riesgo que una conducta propia implica en la producción del daño y, por tanto, determinar si el daño se habría producido igual aunque se adoptase otra conducta, el alcance del dominio de la víctima y la probabilidad del riesgo.

Siendo así, la valoración de los criterios expuestos para determinar la imputación de responsabilidad exigirá un juicio que, más allá de la mera constatación física de la relación de causalidad, deriva en la valoración sobre la posibilidad de imputar al organizador del evento del daño causado, apreciando para ello la proximidad con la conducta realizada, el ámbito de protección de la norma infringida, el riesgo general de la vida, la ya citada provocación, el incremento del riesgo, el consentimiento de la víctima y asunción de su propio riesgo.

En suma, resultará preciso examinar si en el proceso causal puesto en marcha por el organizador del evento, se ha incardinado sobrevenidamente la conducta dolosa o gravemente imprudente de los asistentes, pues aquella podría excluirse cuando la misma se haya visto decisivamente favorecida por la imprudencia de la propia víctima.

Teniendo en cuenta estos criterios, que son los generales de responsabilidad por actos en los que puede concurrir asunción del riesgo, y aplicados al caso del evento celebrado en momentos en los que la confluencia social constituye per se un riesgo, la conclusión que alcanzamos es que si el factor desencadenante de contagios se encuentra en la propia organización del evento, previsto para una pluralidad de personas, difícilmente se puede pretender que no le incumba al organizador ninguna responsabilidad pues constituye una conducta imprudente la de organizar un acto en el que no es imprevisible el contagio, lo que supone asumir ese riesgo, sin perjuicio de que la conducta imprudente de alguno o varios de los asistentes, actuando de forma negligente -sin guardar distancias y/o sin portar mascarillas por ejemplo haya de calificarse como una causalidad contributiva que ha favorecido decisivamente la causación final del siniestro, sin perjuicio que además podría argumentarse que en el riesgo del organizador estaba también la asunción de la imprudencia de los asistentes teniendo en cuenta, incluso, ciertas características del público -edad o del propio evento -festividad que pueden contribuir decisivamente a la conducta esperable del asistente.

Siendo así, podría concluirse que podría haber una omisión del deber de cuidado por parte del organizador, que opera como contribución causal y con la entidad suficiente como para que la omisión del deber de cuidado de los asistentes no absorba en exclusiva el desencadenante causal pues, como se viene señalando por la jurisprudencia, no cabe considerar como no eficiente la causa que concurriendo con otras, condiciona o completa la causa última.

Finalmente, y en cuanto a la posibilidad de aseguramiento del riesgo de contagios con ocasión de la convocatoria u organización de un evento social permitido por la ley, no creemos que haya problema pues la concertación de un seguro voluntario de responsabilidad civil se rigen por el principio de autonomía de la voluntad y el riesgo de contagio responde bien a los parámetros propios de la naturaleza del objeto del contrato de seguro de responsabilidad civil de manera tal que al igual que se puede delimitar el riesgo derivado del contagio por medio de una cláusula de exclusión, se puede contratar específicamente, tanto más teniendo en cuenta que la pandemia actual es un supuesto incierto y futuro pero no imprevisible.

VOTO PARTICULAR

No puede plantearse en este ámbito responsabilidad civil. Se asume el riesgo por el asistente, en su caso.

1. Por lo general se trata de reuniones sociales de personas próximas cuando no familiares donde no observo un componente culpabilístico. Las personas llamadas al mismo que voluntariamente deciden participar en tal evento o reunión, son sabedores del riesgo que corren, y asisten a locales que tienen la obligación de velar por la salud de sus clientes y a quienes ya se obliga con el cumplimiento de una normativa especial sobre la materia

2. El incumplimiento o no de tal normativa por parte del establecimiento no repercute en la organización del evento, como tampoco el organizador puede responder del incumplimiento de la normativa por parte de quienes asisten al mismo. No son supuestos que la norma marca como hechos que faculten una responsabilidad por hecho ajeno.

3.- Al no existir una norma con rango legal que establezca la responsabilidad objetiva del organizador de un evento que haya provocado el contagio de la COVID-19 a los asistentes no podrá fundamentarse su responsabilidad por razón del riesgo.Cerrar el detalle 

Luis Alberto Gil Nogueras

A mi juicio nuestro sistema de responsabilidad civil, por más que en a…

A mi juicio nuestro sistema de responsabilidad civil, por más que en algunas concretas y muy especiales materias prevea un ámbito de responsabilidad civil objetivo o cuasi objetivo, es un sistema basado en la necesidad de un comportamiento culpable.

La organización de eventos dentro de los términos que la legislación específica y los protocolos COVID recogen, normalmente en lugares que deben de contar ya con los elementos de protección y con la necesidad de cumplir unos aforos específicos, a mi juicio no genera ningún tipo de responsabilidad.

El riesgo es conocido por quienes voluntariamente desean participar de tales eventos, y a mi juicio asumido, como en tantas otras facetas de la vida cotidiana.

Cabrá algún tipo de evento al margen de todo control o incluso facilitado por la propia organización del mismo, que pudiera generar algún tipo de responsabilidad en función del desconocimiento que un llamado a participar al mismo pudiera tener, caso de asistir. Pero ello supone un supuesto anómalo respecto de la generalidad de supuestos que se contemplan en la cuestión suscitada.

Por lo general se trata de reuniones sociales de personas próximas cuando no familiares donde no observo un componente culpabilístico. Las personas llamadas al mismo que voluntariamente deciden participar en tal evento o reunión, son sabedores del riesgo que corren, y asisten a locales que tienen la obligación de velar por la salud de sus clientes y a quienes ya se obliga con el cumplimiento de una normativa especial sobre la materia

El incumplimiento o no de tal normativa por parte del establecimiento no repercute en la organización del evento, como tampoco el organizador puede responder del incumplimiento de la normativa por parte de quienes asisten al mismo. No son supuestos que la norma marca como hechos que faculten una responsabilidad por hecho ajeno.

Al margen de eso, sobre la conveniencia o no de asegurar esa actividad frente al riesgo reseñado, pues nos encontramos ante una cuestión subjetiva en la que cada cual deberá de valorar los pros y contras del aseguramiento.Cerrar el detalle 

Resultado

Conclusión: (4 A 1)

Puede existir responsabilidad civil por el riesgo por COVID y defectuoso control de su evitación o subjetiva por culpa del organizador del evento.

1.- Responsabilidad por hecho propio, ex art.1902 CC –EDL 1889/1-, por riesgo, derivada de haber dispuesto el organizador el encuentro sin observar las medidas profilácticas que legalmente eran exigibles. Por ejemplo, permitiendo la asistencia de un número excesivo de personas, disponiendo la celebración en un local manifiestamente pequeño.

2.- Habrá, pues, que ponderar el grado de riesgo creado por el organizador del evento, cuya medida vendrá dada por la relevancia que, en orden a la producción de contagios, tengan las disposiciones omitidas, y por la actitud que adoptó durante la celebración misma (por ejemplo, no suspendiéndola cuando pudo ser consciente de la magnitud del riesgo).

3.- Nada impide que el organizador asegure su responsabilidad civil en estos casos para evitar problemas.

4.- Partiendo de que celebración o evento a la que se refiere la pregunta es de las permitidas, su organizador (persona física o jurídica) y el propietario o titular del lugar donde tenga lugar dicho evento, serán responsables de que el mismo se celebre con pleno cumplimiento de los requisitos de aforo, distancia, uso obligatorio de mascarillas y demás medidas de seguridad, corriendo por su cuenta las consecuencias negativas para la salud de los asistentes que sean debidas a la falta de adopción de las medidas. Probablemente, si tiene lugar un brote en dicha reunión es porque alguna persona (invitados, asistentes, trabajadores, etc.) es portadora del patógeno, por lo que, es preciso que la persona organizadora preste especial atención al control de acceso (toma de temperatura individual, lavado de manos) y, apuntamos nosotros, el tener personal especializado en apreciar el estado físico general de los asistentes, además de que la entrada se curse como invitación personal a fin de su identificación.

5.- Si de la celebración de una boda se trata, por lo general, los contrayentes (o quien invite) contratan los servicios de una empresa dedicada a este tipo de banquetes, por lo que es esta empresa la encargada de tomar todas las medidas necesarias para evitar contagios.

6.- Si se entendiera que la asistencia a estos eventos entra en el ámbito de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007, de 16 noviembre –EDL 2014/35453-) -que, como es sabido, pretende conseguir un alto grado de protección de los consumidores-, y un brote de COVID-19 producido en dicho evento pudiera considerarse como un supuesto de responsabilidad por servicio defectuoso, la responsabilidad del empresario, entendemos, estaría basada en la culpa (por la no adopción de las necesarias medidas de seguridad), aunque eso sí, una culpa presunta (art.147 TRLGDCU –EDL 2007/205571-), pero no es desechable que se pueda acudir a la responsabilidad objetiva que establece el art.148 TRLGDCU –EDL 2007/205571-.

7.- En el caso de ser un empresario el organizador o prestador del servicio, el seguro de explotación de la actividad deberá hacerse cargo de las posibles indemnizaciones a que hubiera lugar, pero, claro está, habrá que estar al contenido de la póliza para ver si está afectada por alguna exclusión de siniestros que sean consecuencia de eventos extraordinarios o de fuerza mayor

8.- Dentro de la responsabilidad subjetiva o por culpa, podrían plantearse dos hipótesis:

La primera, si es posible exigir responsabilidad por culpa imputable a un organizador de un acto público que, con manifiesta infracción de las normas preventivas (por ejemplo, aforo máximo en el interior de un local cerrado) facilita el contagio de los asistentes al mismo. Sería posible exigir responsabilidad si se demostrara la directa y necesaria relación de causalidad entre la infracción de la normativa preventiva sanitaria y los daños corporales de los asistentes al acto.

La segunda, la posible neutralización de la responsabilidad del organizador del acto porque siendo notorias y públicas las medidas que deben adoptarse en los lugares de asistencia de público, los asistentes asumieron y consintieron el riesgo del contagio.

9.- Podría haber una omisión del deber de cuidado por parte del organizador, que opera como contribución causal y con la entidad suficiente como para que la omisión del deber de cuidado de los asistentes no absorba en exclusiva el desencadenante causal pues, como se viene señalando por la jurisprudencia, no cabe considerar como no eficiente la causa que concurriendo con otras, condiciona o completa la causa última.

El Gobierno cambia el decreto antidesahucios y protege a los okupas aunque cometan un delito

La Moncloa

idealista.com

Con ‘nocturnidad y alevosía’. Así ha introducido el Gobierno un cambio sustancial en la normativa que busca paralizar los desalojos de las familias vulnerables durante el estado de alarma (hasta el 9 de mayo). Este cambio, que llega por sorpresa, se produce apenas un mes después de activar la prohibición de los desahucios.

En concreto, el Real Decreto-ley que ha aprobado esta semana para introducir la figura del consumidor vulnerable, publicado este 20 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye una modificación del artículo 1 bis introducido en el Real Decreto-ley 37/2020, avalado en el Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre y publicado en el BOE al día siguiente, que impide también los desalojos de okupas que hayan delinquido, algo que no contemplaba la normativa hasta el momento.

“Se modifica el artículo 1 bis introducido en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, con objeto de dar cobertura a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda. Esta modificación se ampara en la competencia exclusiva del Estado atribuida por la regla 6.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación procesal“, reza el documento oficial.

Fuentes jurídicas y del sector inmobiliario sostienen que una modificación tan rápida y de tal calado “va a provocar una gran inseguridad a los inversores“. Y es que la normativa que se activó el año pasado contemplaba como colectivos vulnerables a las familias afectadas por la crisis del coronavirus, a las que ya atravesaran problemas económicos antes de que estallara la pandemia y a los inquilinos sin título habitacional (es decir, a los okupas), siempre y cuando se dieran unas circunstancias.

Tal y como explicó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 22 de diciembre, el desalojo estaría paralizado cuando se trate de personas que hayan okupado viviendas sin que haya habido violencia ni intimidación ni lleven a cabo acciones ilícitas en el inmueble, que su condición vulnerable esté acreditada (por ejemplo, que tengan dependientes o menores de edad a su cargo, que sean dependientes o sean víctimas de violencia de género), y que no sea una vivienda habitual ni segunda residencia, ni se trate de un inmueble cedido a otra persona. “Están muy tasadas las circunstancias personales y también las situaciones”, sentenció Ábalos.

En cambio, el BOE detalla que, tras la actualización, se modifican “el título y el apartado 1 del artículo 1 bis, que quedan redactados de la siguiente manera:

Artículo 1 bis. Suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal”.

1. Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma. Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso en cuanto finalice el estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre”.

Se modifican las letras b) y c) del apartado 7 del artículo 1 bis, que quedan redactadas del modo siguiente:

b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.

c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas”. 

En la versión anterior, en cambio, este último punto establecía literalmente “cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito”. Por su parte, el punto b se ha añadido persona física, ya que el texto en el decreto de diciembre era el siguiente, lo que supone ampliar las coberturas de cara al pequeño propietario: “Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada”.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) explican a idealista/news que el cambio del punto c (que pasa de consecuencia de delito a intimidación o violencia sobre las personas) responde al objetivo de dar cobertura única y exclusivamente cuando la okupación (tipificada como delito) se encuentra dentro de uno de estos tres colectivos vulnerables: que sea una víctima de violencia de género, que tenga menores a su cargo o dependientes, o que sean dependientes”. Además, y en un intento de templar los ánimos, insisten en que la paralización de los procedimientos no es automática, sino que depende en última instancia de los jueces.

Qué desalojos se paralizan y cuáles siguen adelante

Durante el tiempo que dure el estado de alarma (su finalización está prevista para el 9 de mayo), quedan prohibidos por ley los desalojos de familias vulnerables y de los okupas que acrediten su situación de extrema seguridad (con el correspondiente informe de los servicios sociales) salvo que, como dice la letra c del apartado 7 del artículo 1 bis antes mencionado, la okupación se haya producido a través de la intimidación o violencia sobre las personas. 

Otro supuesto que contempla la normativa para poder desalojar es cuando la ocupación ilegal se produzca en un inmueble de propiedad de una persona física, si en dicho inmueble tiene su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada, sin perjuicio del número de viviendas de las que sea propietario.

También seguirá adelante el desahucio cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas; cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley; o cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante por parte de la administración o entidad que gestione dicha vivienda.

Además, y tal y como queda la nueva redacción del Real Decreto-ley, el último supuesto en el que el desahucio puede seguir su curso es cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.

Se mantienen las compensaciones a los propietarios

Lo que se mantiene inalterado es la compensación económica a los priopietarios afectados. En concreto, la norma aprobada en diciembre contempla un plazo máximo de tres meses para que la Administración y los servicios públicos encuentren una alternativa habitacional.

El inquilino es quien debe presentar la solicitud de aplazamiento y el juzgado será el encargado de pedir un informe a los servicios sociales municipales para que acrediten la vulnerabilidad de la persona, mientras que corresponde a la comunidad autónoma encontrar una alternativa.

En caso de que no se consiga una solución, el propietario tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al precio del alquiler de la zona en la que se encuentre el inmueble, según establece el Índice de Precios de Vivienda del Ministerio, y debe ser él mismo quien lo solicite.

Más protección a los okupas y un efecto llamada

Fuentes del sector consultadas por idealista/news sostienen que esta modificación “amplía la protección a la ocupación ilegal, ya que elimina la posibilidad de suspender la paralización del desahucio aún en el caso de que haya delito. Al eliminar la restricción del delito, se protege a los okupas ilegales que hayan delinquido, legitimándoles y permitiendo su ocupación“, ya que, “con este cambio, solo se podrá paralizar un desahucio en el caso de que haya violencia o intimidación sobre las personas. En la gran mayoría de los casos de ocupación ilegal no existe violencia de ningún tipo”, ya que se producen en inmuebles vacíos o cuando no hay nadie en los mismos.

Las mismas fuentes insisten en que este cambio de última hora “incrementa la inseguridad jurídica que se está generando en torno al alquiler, y generará un efecto llamada de la ocupación ilegal que perjudicará tanto a propietarios particulares como profesionales”.

Algo similar defiende la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), que aclara que la medida “prosigue la continuación de la ocupación ilegal de todos esos inmuebles en los que se ha entrado sin violencia, que suele ser la inmensa mayoría dado que, normalmente, se encuentran vacíos al pertenecer a bancos, grandes fondos o promotoras en estado de insolvencia o iliquidez con procesos de ejecución pendientes”. En definitiva, añade la asociación, “se protege a los okupas ilegales que hayan delinquido cometiendo el delito de usurpación en su tipo más leve, comprendido en el art. 245.2 del Código Penal: El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.”

Para Mikel Echavarren, CEO de la consultora Colliers en España, “la inclusión de la protección de los ocupantes que estuvieran inmersos en un procedimiento penal, además de esperpéntica, define de forma meridiana cuáles son las prioridades de quienes han redactado dicha cláusula: la protección del delincuente frente a la protección del propietario. Sin ser expertos en derecho penal creemos que es tan grande el grado de atropello a los derechos fundamentales de los propietarios que probablemente dicha disposición atente contra la legalidad vigente“. Por resumirlo de forma clara, añade, “nos parece un disparate”. 

Su opinión coincide con la de AMADEI, que en este sentido recalca que las modificaciones introducidas en la normativa “redundan una vez más en perjuicio del derecho fundamental a la propiedad privada, consagrado en el art. 33 de la Constitución, por lo cual se considera que podría ser declarada la medida inconstitucional, máxime cuando se trata de afectar ese derecho fundamental a través de un real decreto, cuando el art. 53.1 de la Constitución establece que el ejercicio de dichos derechos solo puede regularse por ley y, en todo caso, respetando su contenido esencial”.

Marta Martín, abogada de AM2 Legal, también pone sobre la mesa que “la modificación del RDL 11/2020 supone ampliar la prohibición de desahuciar a aquellos okupas contra los que se haya instado un procedimiento penal (por delito de usurpación, porque el allanamiento quedaría fuera) o contra los que hayan entrado en una vivienda sin emplear violencia o intimidación”.

Pero la letrada va un paso más allá y asegura que, en su opinión, “la entrada en una casa ajena ya supone una forma de violencia. Al igual que entrar a robar en casa ajena con las llaves robadas o perdidas por su propietario se considera un robo con fuerza, entrar en esa misma casa para quedarse en ella, aunque no se ejerza violencia física, debería considerarse violencia. Hay violencia desde el momento en que el intruso entra en casa ajena sin el consentimiento del propietario y permanece en dicha vivienda contra la voluntad del mismo”.

En definitiva, recalca, “esta modificación del RDL 11/2020 es una vuelta de tuerca más contra la propiedad privada y una invitación a la okupación. Una vez más se está haciendo pagar a los propietarios la incapacidad de la Administración para proporcionar vivienda social a las personas vulnerables, y se está lanzando el mensaje de que al que okupe una vivienda ajena no sólo no le van a condenar por ningún delito ni va a pagar ni un euro al propietario, sino que van a impedir al propietario que le eche”. Es “un fecto llamada evidente”, sentencia la abogada. 

Para la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), lo más llamativo es que la modificación incita la ocupación ilegal de viviendas vacías. Así, explica, “el Gobierno abre la puerta a la ocupación de viviendas vacías de grandes tenedores de viviendas, personas físicas o jurídicas, al quitar la figura del delito, como puede ser el de usurpación, para que un juez pueda suspender el lanzamiento, siempre y cuando no haya personas en el interior de la misma y en los requisitos específicos que debe cumplir el inquilino vulnerable y que detalla la Ley”.

También recalca que ahora “el Juez puede suspender un desahucio, en el supuesto de que, por ejemplo, se produzca un delito de usurpación, la vivienda se encuentre vacía, sea propiedad de un gran tenedor de vivienda (persona física o jurídica), y que los ocupantes cumplan los requisitos de vulnerabilidad que establece el Real Decreto para suspender los desahucios y lanzamientos arrendaticios en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, hecho que antes de este cambio, el Juez no tenía la posibilidad de suspender”. Por tanto, resume, “puede ser una llamada a la ocupación de viviendas de un determinado perfil de ocupantes y que cumplan con unas determinadas características, y posiblemente se trate un adelanto o advertencia sobre las intenciones de una parte del Gobierno de expropiar las viviendas vacías”.

Los expertos consultados también destacan que esta paralización, además de que podría suponer un freno para el mercado del alquiler como asegura la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), podría alargar el plazo para que el propietario pueda recuperar su vivienda. Y también dudan de cómo se articularán las indemnizaciones prometidas a los propietarios afectados. 

En este sentido, la asociación de empresas inmobiliarias madrileñas insiste en que “si ya un procedimiento judicial de este tipo puede durar años, los propietarios afectados pueden ver alargarse aún más la posibilidad de recuperar sus inmuebles si el juez, tras esta medida gubernamental, decide suspender los lanzamientos de los okupas ilegales sin solución habitacional”, mientras que la abogada de AM2 Legal detalla que “si bien es cierto que este Real Decreto-ley introduce la compensación a favor de los propietarios que no puedan desahuciar, todavía está por ver cómo se calculará y, sobre todo, cómo se pagará esa compensación”.