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El Banco de España ha actualizado la información disponible relativa a la aplicación tanto de las moratorias legislativas como de las moratorias sectoriales con datos hasta finales de junio remitidos por las entidades.
Así, los bancos han concedido ya 1,1 millones de moratorias hipotecarias y no hipotecarias a los afectados por la crisis del coronavirus a cierre de junio, con un saldo vivo pendiente de amortización de 41.160 millones de euros
El número de solicitudes de moratoria legislativa con garantía hipotecaria alcanzaban las 272.149, de las cuales se había dado curso a 226.285. El saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos ascendía a 20.370 millones de euros.
Las solicitudes de moratoria legislativa de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria ascendían a 428.113, habiéndose dado curso a 364.407. El saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos se situaba en 2.719 millones de euros.
Las solicitudes de moratoria sectoriales alcanzaban las 614.058, habiéndose dado curso a 509.452. El saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos se situaba en 18.071 millones de euros.
Para los tres tipos de moratoria, la gran mayoría de deudores beneficiarios y avalistas (por encima del 70%) son asalariados.
Respecto a los trabajadores autónomos, el desglose por ramas de actividad muestra que, para los tres tipos de moratoria, los principales sectores beneficiarios de la moratoria son comercio, hostelería y otros servicios, seguidos a cierta distancia de actividades profesionales, científicas y técnicas, transporte y construcción.
Conjuntamente, estos sectores de actividad representan más del 75% del total de moratorias para autónomos a las que se ha dado curso hasta la fecha.
Estas medidas financieras se tomaron para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia de COVID-19, de cara a ayudar a los trabajadores, familias y colectivos vulnerables.
Entre ellas se incluye el establecimiento de una moratoria legislativa de las deudas hipotecarias y la suspensión temporal de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria para personas físicas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa.
Asimismo, con el objetivo de favorecer el aplazamiento de los pagos de créditos y préstamos con un alcance más amplio y con carácter complementario al inicialmente previsto en las moratorias legales, se ha establecido un régimen especial para los acuerdos de moratoria sectoriales alcanzados entre las entidades prestamistas y sus clientes través de sus asociaciones representativas. Estas moratorias sectoriales se refieren tanto al crédito hipotecario como al no hipotecario.
