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Miguel Ángel Noceda
Los empresarios defienden el diálogo social y los ERTE y demandan certidumbre fiscal y apoyo a la iniciativa privada
Exigencia de consensos amplios, defensa del diálogo social, atención primordial a la seguridad jurídica y la certidumbre fiscal, impulso de las reformas (sobre todo la educativa) y no desmontar lo que ya funciona, apoyo a la iniciativa privada y a la colaboración público-privada, concertación europea, reivindicación de los ERTE como instrumento eficaz para el empleo… Los empresarios que han participado este lunes en la cumbre empresarial que organiza la CEOE (Empresas españolas liderando el futuro) han coincidido en subrayar un amplio abanico de retos que hay que encarar para lograr la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria.
“Las empresas son las que tienen que liderar el futuro y poner en marcha la reconstrucción económica y social del país, venimos con ganas constructivas y a sumar con un sentido de Estado y un compromiso con España en un contexto europeo”, ha subrayado el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en la presentación de esta cumbre sin precedentes, que se extenderá entre este lunes y el 24 de junio con la participación de más de 130 empresarios y ejecutivos. Lo han acompañado en la inauguración por vía telemática los presidentes de Inditex, Pablo Isla, y de Mercadona, Juan Roig, que han coincidido en subrayar que es el momento de poner en marcha la reactivación de la economía del país.Juan Roig, presidente de Mercadona.
Isla, que apeló al sentido de la responsabilidad de los empresarios durante la pandemia, ha dejado un decálogo de reflexiones en el que, además de destacar la magnitud de la crisis, ha encarrilado los mandamientos en los que posteriormente han abundado el resto de participantes: alcanzar consensos amplios que salgan del diálogo social con la participación de Gobierno, partidos políticos, empresarios y sindicatos, buscar certidumbre y seguridad jurídica para que haya inversiones y se genere empleo, huir de dogmatismos e ideas preconcebidas en materia fiscal, no desmontar lo que está funcionando bien ni retirar ni descafeinar medidas que ayudan a no destruir el tejido productivo como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), enfrentarse al problema del tamaño de las empresas y su internacionalización y reivindicar el papel imprescindible del Banco Central Europeo (BCE) en el entorno comunitario.
Juan Roig ha abundado en las tareas que se presentan para el futuro y ha añadido la necesidad de eliminar las trabas burocráticas, facilitar las inversiones finalistas y que la sociedad vea que la empresa genera riqueza y bienestar. “Si hay emprendedores, habrá empresas; si hay empresas, habrá empleo; si hay empleo, habrá riqueza; si hay riqueza, habrá bienestar”, ha sentenciado, para terminar: “Se trata de no parar y de acelerar”.
La prioridad, el empleo
El ambicioso programa de esta cumbre se desarrolla por mesas sectoriales. En la primera jornada han participado entidades financieras, compañías energéticas y transportistas energéticos. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha colocado como prioridad el mantenimiento y la generación de empleo y ha defendido la contribución de los ERTE en ese objetivo. “Cualquier iniciativa o política pública debe pasar por la creación de empleo. Si no, habría que repensarla”, ha señalado antes de decir que toda política de Estado debe permitir avanzar mediante el diálogo social, mirando el mundo que la pandemia ha acelerado (la revolución digital) y con un sistema tributario del siglo XXI. La banquera cántabra ha propuesto, además, lanzar un plan de choque enfocado al turismo y la hostelería, por un lado, y a la compra de vivienda sostenible para jóvenes, por otro, A su juicio, estas medidas podrían generar 1,7 millones de empleos.
También ha defendido las virtudes de los ERTE y la necesidad de extenderlos Carlos Torres Vila, presidente del BBVA, quien ha añadido que hay que aprovechar los recursos para avanzar en el desarrollo y alcanzar el consenso para desarrollar reformas duraderas, sobre todo en educación y formación y en el mercado de trabajo. El banquero ha defendido la necesidad de lograr una fiscalidad eficiente que apoye la iniciativa privada como principal instrumento para mejorar la inversión y crear empleo, así como revisar las cuentas públicas y el déficit estructural. Para Torres, además, es crucial una respuesta europea única, con programas de recuperación comunes. En ese sentido, ha pedido avanzar en la unión bancaria.
Precisamente en este punto ha comenzado su intervención Jordi Gual, presidente de CaixaBank, quien ha alabado las medidas de liquidez “muy agresivas” del BCE para estimular la economía y el paquete de ayudas de la UE, que a su juicio “no debe ser considerado como de solidaridad, sino como necesario para salir todos juntos; si a Alemania le va bien a España le va bien y al revés”. Es, para él, “el embrión” de la unión fiscal. Para Gual, hay que aprender de la experiencia de estos meses para perseguir un sistema productivo más robusto y sostenible, mayor previsión y control de riesgos, mirar a Europa como solución y concertación y enfatizar la necesidad de buscar el consenso generalizado con el objetivo de crear riqueza y acabar con un paro que, en su opinión, resulta “inaceptable”.
La unión bancaria es para José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, la mejor arma para asegurar las condiciones de financiación y competitividad de la economía. Para el ejecutivo vizcaíno, que ha aconsejado prudencia antes de legislar sobre el teletrabajo, es importante que la Administración aporte seguridad jurídica, condiciones para la inversión de las empresas y que fomente el empleo mediante la formación. Tras reconocer el fuerte impacto de la crisis en la rentabilidad del sector financiero, ha reseñado que “el desarrollo requiere que los bancos sean rentables; si no hay rentabilidad, no habrá capital y no podrá financiarse a las familias y a las empresas”, por lo que imponer más impuestos al sector bancario es “muy contraproducente”.
Estar al lado de las empresas ha sido el mensaje lanzado por Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, para quien resulta fundamental estar en consonancia con los poderes públicos para desarrollar los ERTE y facilitar moratorias en las hipotecas. A su juicio, es preciso un marco estable tanto para desarrollar la formación como para movilizar las inversiones, en las que ha defendido un modelo público-privado como una de las lecciones que ha dejado esta crisis. José Luis Aguirre, presidente de Ibercaja, ha coincidido en este punto con Oliu y ha incidido, además de fomentar esa colaboración público-privada, en respaldar una fiscalidad homogénea y apoyar el crecimiento de las empresas y la exportación.
Transición energética
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha pedido “marcos predecibles y atractivos que ofrezcan seguridad jurídica” para poder fomentar la inversión y aprovechar la transición energética. Con el ejemplo de Alemania y Francia, el ejecutivo ha recalcado que se están acometiendo rebajas de la presión fiscal para atraer inversiones. En ese sentido, ha acentuado la necesidad de una fiscalidad verde que se ajuste al principio de que el que contamina, paga y que los fondos se destinen a rebajar la factura. Asimismo, Galán ha exigido revisar el modelo del mercado eléctrico, agilizar los procesos administrativos para proyectos energéticos, incrementar los apoyos a I+D+i, eliminar el límite máximo de inversión en la red, formar a los equipos profesionales y diseñar políticas industriales que fomenten el desarrollo industrial nacional.
José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, se ha detenido en exigir la eliminación de trabas burocráticas y crear un entorno de confianza y, sobre todo, acabar con el clima de crispación política como elemento imprescindible para superar la crisis, en la que, a su juicio, es vital la participación del sector privado.
Por su parte, José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha significado la importancia que alcanza la colaboración público-privada para potenciar el crecimiento. “Funciona y es más importante que cualquier comité de sabios”, ha dicho. A juicio de Bogas, que ha pedido no revertir las reformas estructurales acometidas durante la anterior crisis, la respuesta a esta tiene que permitir acelerar los objetivos de la transición ecológica y evitar medidas como las subidas de impuestos.
Antonio Brufau, presidente de Repsol, ha hecho una defensa a ultranza de la industria. Ha advertido de que un cambio brusco puede dañar el tejido productivo, por lo que ha recomendado actuar con contundencia y sumar la industria nueva a la que ya hay. Para el ejecutivo de Mollerusa, que ha resaltado el turismo, la construcción, el inmobiliario y el del automóvil (ha recalcado la necesidad de un plan impulsor que incluya al coche eléctrico) como los sectores tractores, hay que pensar en medidas que “de verdad generen empleo y de calidad”. “El reto de la descarbonización es tan colosal que vamos a necesitar todas las tecnologías”, ha completado, para terminar sentenciando que “la mejor energía es la que no existe”.
Francisco Reynés, presidente de Naturgy, ha basado su discurso en reivindicar que España sea un país para invertir. Para ello, se necesita una concordia que permita mantener el sistema sanitario, mejorar el educativo y la seguridad ciudadana, así como consolidar una fuerza laboral con alta capacitación. Reynés también destacado la importancia de la flexibilidad laboral y un marco regulatorio estable. En ese sentido, se ha parado en la transición energética como catalizador de una inversión que cree valor económico, mejore el bienestar y esté comprometida con la sociedad.
Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo y del Club Español de la Energía, ha pedido eliminar trabas para las inversiones, tras elogiar el plan de energía y clima del Gobierno. Han terminado la jornada los presidentes de las operativas del sistema: Antonio Llardén (Enagás), Beatriz Corredor (Red Eléctrica) y José Luis López de Silanes (CLH). Los tres han resaltado la importancia de la logística en el transporte de hidrocarburos, gas y electricidad, sector para el que Corredor ha reclamado reducir los tiempos en los que se tramitan los procesos para realizar una inversión.
