Presentación de la integración de Whatsapp en Gesfincas y tucomunidad.com Durante la sesión los asistentes aprenderán cómo utilizar Whatsapp como un canal más de comunicaciones con sus propietarios y proveedores integrado desde Gesfincas (asignación de trabajos, comunicaciones a la comunidad, convocatorias a juntas de propietarios, etc…)
Presentación de la parametrización de la App TucomunidApp por el despacho de administración de fincas Daremos un “paseo” por las funcionalidades de la App TucomunidApp y los asistentes aprenderán a parametrizar la App de forma que puedan meter contenido informativo de su despacho, su logo, su ubicación, forma de contactar, sus servicios, etc…
Presentación de la solución de control del aforo en piscinas a través de tucomunidad.com y la App TucomunidApp Además aprenderemos cómo afrontar el problema del control de acceso a las piscinas en la situación actual, cómo dar de alta la piscina, su aforo, las horas habilitadas, cómo controlar/limitar el número de reservas por propietario, tiempo de antelación para la reserva, etc…
La presidenta de Santander, Ana Botín, durante la cumbre empresarial organizada por la CEOE. FOTO Y VÍDEO: EUROPA PRESS
elpais.com
Miguel Ángel Noceda
Los empresarios defienden el diálogo social y los ERTE y demandan certidumbre fiscal y apoyo a la iniciativa privada
Exigencia de consensos amplios, defensa del diálogo social, atención primordial a la seguridad jurídica y la certidumbre fiscal, impulso de las reformas (sobre todo la educativa) y no desmontar lo que ya funciona, apoyo a la iniciativa privada y a la colaboración público-privada, concertación europea, reivindicación de los ERTE como instrumento eficaz para el empleo… Los empresarios que han participado este lunes en la cumbre empresarial que organiza la CEOE (Empresas españolas liderando el futuro) han coincidido en subrayar un amplio abanico de retos que hay que encarar para lograr la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria.
“Las empresas son las que tienen que liderar el futuro y poner en marcha la reconstrucción económica y social del país, venimos con ganas constructivas y a sumar con un sentido de Estado y un compromiso con España en un contexto europeo”, ha subrayado el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en la presentación de esta cumbre sin precedentes, que se extenderá entre este lunes y el 24 de junio con la participación de más de 130 empresarios y ejecutivos. Lo han acompañado en la inauguración por vía telemática los presidentes de Inditex, Pablo Isla, y de Mercadona, Juan Roig, que han coincidido en subrayar que es el momento de poner en marcha la reactivación de la economía del país.Juan Roig, presidente de Mercadona.
Isla, que apeló al sentido de la responsabilidad de los empresarios durante la pandemia, ha dejado un decálogo de reflexiones en el que, además de destacar la magnitud de la crisis, ha encarrilado los mandamientos en los que posteriormente han abundado el resto de participantes: alcanzar consensos amplios que salgan del diálogo social con la participación de Gobierno, partidos políticos, empresarios y sindicatos, buscar certidumbre y seguridad jurídica para que haya inversiones y se genere empleo, huir de dogmatismos e ideas preconcebidas en materia fiscal, no desmontar lo que está funcionando bien ni retirar ni descafeinar medidas que ayudan a no destruir el tejido productivo como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), enfrentarse al problema del tamaño de las empresas y su internacionalización y reivindicar el papel imprescindible del Banco Central Europeo (BCE) en el entorno comunitario.
Juan Roig ha abundado en las tareas que se presentan para el futuro y ha añadido la necesidad de eliminar las trabas burocráticas, facilitar las inversiones finalistas y que la sociedad vea que la empresa genera riqueza y bienestar. “Si hay emprendedores, habrá empresas; si hay empresas, habrá empleo; si hay empleo, habrá riqueza; si hay riqueza, habrá bienestar”, ha sentenciado, para terminar: “Se trata de no parar y de acelerar”.
La prioridad, el empleo
El ambicioso programa de esta cumbre se desarrolla por mesas sectoriales. En la primera jornada han participado entidades financieras, compañías energéticas y transportistas energéticos. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha colocado como prioridad el mantenimiento y la generación de empleo y ha defendido la contribución de los ERTE en ese objetivo. “Cualquier iniciativa o política pública debe pasar por la creación de empleo. Si no, habría que repensarla”, ha señalado antes de decir que toda política de Estado debe permitir avanzar mediante el diálogo social, mirando el mundo que la pandemia ha acelerado (la revolución digital) y con un sistema tributario del siglo XXI. La banquera cántabra ha propuesto, además, lanzar un plan de choque enfocado al turismo y la hostelería, por un lado, y a la compra de vivienda sostenible para jóvenes, por otro, A su juicio, estas medidas podrían generar 1,7 millones de empleos.
También ha defendido las virtudes de los ERTE y la necesidad de extenderlos Carlos Torres Vila, presidente del BBVA, quien ha añadido que hay que aprovechar los recursos para avanzar en el desarrollo y alcanzar el consenso para desarrollar reformas duraderas, sobre todo en educación y formación y en el mercado de trabajo. El banquero ha defendido la necesidad de lograr una fiscalidad eficiente que apoye la iniciativa privada como principal instrumento para mejorar la inversión y crear empleo, así como revisar las cuentas públicas y el déficit estructural. Para Torres, además, es crucial una respuesta europea única, con programas de recuperación comunes. En ese sentido, ha pedido avanzar en la unión bancaria.
Precisamente en este punto ha comenzado su intervención Jordi Gual, presidente de CaixaBank, quien ha alabado las medidas de liquidez “muy agresivas” del BCE para estimular la economía y el paquete de ayudas de la UE, que a su juicio “no debe ser considerado como de solidaridad, sino como necesario para salir todos juntos; si a Alemania le va bien a España le va bien y al revés”. Es, para él, “el embrión” de la unión fiscal. Para Gual, hay que aprender de la experiencia de estos meses para perseguir un sistema productivo más robusto y sostenible, mayor previsión y control de riesgos, mirar a Europa como solución y concertación y enfatizar la necesidad de buscar el consenso generalizado con el objetivo de crear riqueza y acabar con un paro que, en su opinión, resulta “inaceptable”.
La unión bancaria es para José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, la mejor arma para asegurar las condiciones de financiación y competitividad de la economía. Para el ejecutivo vizcaíno, que ha aconsejado prudencia antes de legislar sobre el teletrabajo, es importante que la Administración aporte seguridad jurídica, condiciones para la inversión de las empresas y que fomente el empleo mediante la formación. Tras reconocer el fuerte impacto de la crisis en la rentabilidad del sector financiero, ha reseñado que “el desarrollo requiere que los bancos sean rentables; si no hay rentabilidad, no habrá capital y no podrá financiarse a las familias y a las empresas”, por lo que imponer más impuestos al sector bancario es “muy contraproducente”.
Estar al lado de las empresas ha sido el mensaje lanzado por Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, para quien resulta fundamental estar en consonancia con los poderes públicos para desarrollar los ERTE y facilitar moratorias en las hipotecas. A su juicio, es preciso un marco estable tanto para desarrollar la formación como para movilizar las inversiones, en las que ha defendido un modelo público-privado como una de las lecciones que ha dejado esta crisis. José Luis Aguirre, presidente de Ibercaja, ha coincidido en este punto con Oliu y ha incidido, además de fomentar esa colaboración público-privada, en respaldar una fiscalidad homogénea y apoyar el crecimiento de las empresas y la exportación.
Transición energética
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha pedido “marcos predecibles y atractivos que ofrezcan seguridad jurídica” para poder fomentar la inversión y aprovechar la transición energética. Con el ejemplo de Alemania y Francia, el ejecutivo ha recalcado que se están acometiendo rebajas de la presión fiscal para atraer inversiones. En ese sentido, ha acentuado la necesidad de una fiscalidad verde que se ajuste al principio de que el que contamina, paga y que los fondos se destinen a rebajar la factura. Asimismo, Galán ha exigido revisar el modelo del mercado eléctrico, agilizar los procesos administrativos para proyectos energéticos, incrementar los apoyos a I+D+i, eliminar el límite máximo de inversión en la red, formar a los equipos profesionales y diseñar políticas industriales que fomenten el desarrollo industrial nacional.
José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, se ha detenido en exigir la eliminación de trabas burocráticas y crear un entorno de confianza y, sobre todo, acabar con el clima de crispación política como elemento imprescindible para superar la crisis, en la que, a su juicio, es vital la participación del sector privado.
Por su parte, José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha significado la importancia que alcanza la colaboración público-privada para potenciar el crecimiento. “Funciona y es más importante que cualquier comité de sabios”, ha dicho. A juicio de Bogas, que ha pedido no revertir las reformas estructurales acometidas durante la anterior crisis, la respuesta a esta tiene que permitir acelerar los objetivos de la transición ecológica y evitar medidas como las subidas de impuestos.
Antonio Brufau, presidente de Repsol, ha hecho una defensa a ultranza de la industria. Ha advertido de que un cambio brusco puede dañar el tejido productivo, por lo que ha recomendado actuar con contundencia y sumar la industria nueva a la que ya hay. Para el ejecutivo de Mollerusa, que ha resaltado el turismo, la construcción, el inmobiliario y el del automóvil (ha recalcado la necesidad de un plan impulsor que incluya al coche eléctrico) como los sectores tractores, hay que pensar en medidas que “de verdad generen empleo y de calidad”. “El reto de la descarbonización es tan colosal que vamos a necesitar todas las tecnologías”, ha completado, para terminar sentenciando que “la mejor energía es la que no existe”.
Francisco Reynés, presidente de Naturgy, ha basado su discurso en reivindicar que España sea un país para invertir. Para ello, se necesita una concordia que permita mantener el sistema sanitario, mejorar el educativo y la seguridad ciudadana, así como consolidar una fuerza laboral con alta capacitación. Reynés también destacado la importancia de la flexibilidad laboral y un marco regulatorio estable. En ese sentido, se ha parado en la transición energética como catalizador de una inversión que cree valor económico, mejore el bienestar y esté comprometida con la sociedad.
Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo y del Club Español de la Energía, ha pedido eliminar trabas para las inversiones, tras elogiar el plan de energía y clima del Gobierno. Han terminado la jornada los presidentes de las operativas del sistema: Antonio Llardén (Enagás), Beatriz Corredor (Red Eléctrica) y José Luis López de Silanes (CLH). Los tres han resaltado la importancia de la logística en el transporte de hidrocarburos, gas y electricidad, sector para el que Corredor ha reclamado reducir los tiempos en los que se tramitan los procesos para realizar una inversión.
En tan solo dos meses la morosidad en el mercado del alquiler se ha triplicado pasando del 5% al 15%, y la situación podría empeorar si el Gobierno no tomas cartas en el asunto. Así lo creen los grandes caseros de pisos en renta representados por Asval, la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler, que cuenta con 400 socios entre los que se encuentran grandes fondos como Blackstone o Ares, y también propietarios particulares.
La asociación considera que las ayudas ofrecidas hasta la fecha por el Gobierno y estructuradas a través de créditos ICO no son suficientes ni del todo efectivas, «ya que una parte de los inquilinos prefiere no endeudarse y termina por no solicitar esta ayuda».
Según explica a elEconomista la directora general de Asval, Beatriz Toribio, para poner freno al aumento de la morosidad el Gobierno, en el marco de la negociación de los fondos europeos, debería asignar un fondo de 750 millones que se destinara a ayudas directas a los inquilinos para el pago de la renta del alquiler. «Según un estudio que hemos realizado, con esta cantidad se podría ayudar a 350.000 familias que a día de hoy dedican un 48% de sus ingresos para hacer frente a su alquiler», apunta Toribio.
«Con estas ayudas directas cada familia percibiría unos 2.000 euros anuales, y de este modo su esfuerzo se vería reducido al 30%, la cuota recomendada», explica la directiva, que asegura que con la crisis del Covid la situación se ha complicado notablemente para muchas familias. Concretamente, antes de la pandemia eran 875.000 familias las que dedicaban un 40% de sus ingresos al pago de la renta. Actualmente esa cifra ha crecido un 37% y ya son más de 1,2 millones de familias las que tienen que hacer frente a esa cuota de esfuerzo.
«Con este tipo de medidas haces frente a la morosidad, reduces la litigiosidad y también reduces esa inseguridad que se está generando entre los propietarios»
«Esta cifra puede seguir creciendo si se recrudece la crisis y no se toman nuevas medidas de ayudas al alquiler que se estructures de forma diferente a las que han aprobado hasta ahora», demanda la directora general de Asval, que destaca que las solicitudes que están recibiendo las distintas comunidades autónomas superan por mucho a la disponibilidad de fondos actuales. «Hace falta una respuesta inmediata por parte del Estado, ya que hasta el momento la morosidad la están asumiendo los propietarios y si se prolonga mucho esta crisis nos podemos encontrar con un problema muy importante que se sumaría al que ya teníamos antes estructural de acceso a la vivienda».
Según la directiva la clave pasa por ofrecer ayudas directas al inquilino que no supongan un mayor endeudamiento «ya que muchas de las 350.000 familias están afectadas por desempleo, ERTE o reducciones de ingresos importantes». Además, con este tipo de medidas «haces frente a la morosidad, reduces la litigiosidad y también reduces esa inseguridad que se está generando entre los propietarios, que actualmente son los que están asumiendo los problemas de morosidad sin la posibilidad de recuperar su vivienda», explica Toribio, que advierte que si la situación no se resuelve podemos encontrarnos con la misma tendencia que se dio en la anterior crisis.
Seguridad jurídica
«Una parte importante de los propietarios particulares, que no olvidemos que representan el 95% del mercado del alquiler de nuestro país, pueden tener miedo y decidir retirar su vivienda del mercado o incluso venderla si tienen necesidades económicas, lo que al final llevaría a una reducción de la oferta», alerta la directiva.
«Precisamente lo que necesitamos es que el parque de viviendas crezca y para desarrollar nueva oferta necesitamos a los particulares y también a los grandes operadores privados. El sector inmobiliario y la administración están obligados a entenderse por que no hay otra forma de generar esa oferta que no sea mediante la colaboración público privada. La administración tienen la materia prima y no tienen el pulmón financiero y el sector tiene esa capacidad financiera pero necesita la materia prima», explica Toribio.
Si bien para aprovechar el capital que actualmente sobrevuela sobre el mercado del alquiler, especialmente interesado en comprar grandes carteras de viviendas o de construirlas mediante operaciones build to rent, «la administración debe ofrecer a estos inversores seguridad jurídica y diseñar un margo estable que genere confianza y atraiga a esa inversión», destaca la experta.
En estas últimas semanas de campaña, son muchos los contribuyentes que se preguntan qué pasa si no presentan la declaración a tiempo. Y deben saber que no cumplir los plazos establecidos por el fisco tiene consecuencias, que van desde el pago de multas leves, hasta las sanciones y el pago de intereses de demora, independientemente del motivo: un despiste, una equivocación o que el contribuyente no sepa que está obligado a presentar la declaración de la renta.
Este año las cifras han cambiado. Hacienda exime de hacer la declaración a quienes tuvieran un solo pagador en 2019 y percibieran hasta 22.000 euros. En el caso de que tuviera al menos dos pagadores, está exento de presentar la declaración si las no superan los 14.000 euros anuales. No obstante, son libres de presentarla si el resultado es a devolver.
Pongamos el caso de un contribuyente que está obligado a presentarla y se da cuenta más allá del 30 de junio. ¿A qué se enfrenta? Todo depende de si es el contribuyente el que la hace fuera de plazo o si es el fisco quien se lo reclama, de si el resultado le sale a pagar o a devolver y del tiempo que transcurra desde el fin de la campaña hasta su presentación definitiva. Repasamos de la mano del blog del banco ING los diferentes escenarios que se plantean:
Si es el contribuyente quien avisa a Hacienda
Es el escenario con las menores consecuencias, ya que la Agencia Tributaria entiende que el contribuyente no ha tenido mala fe. No obstante, las consecuencias dependen del resultado de la declaración:
Si sale a devolver o cero
En este caso, el fisco pagará al contribuyente lo que le corresponde, aunque le multará con 100 euros. La cifra puede bajar a 75 euros si el contribuyente no recurre y abona la cantidad dentro del plazo voluntario. La entidad recuerda que el plazo “es de un mínimo de cinco días. En concreto, si la notificación se realiza entre el día uno y el 15 del mes, tendrás hasta el día 20 para pagar. Si llega más tarde, tendrás hasta el día 5 del mes siguiente”.
Si sale a pagar
Si es el contribuyente el que debe pagar a Hacienda, el retraso conlleva el pago de intereses de demora a modo de recargo. Como explica ING, “primero tendrás que hacer la renta normalmente y, sobre la cantidad que te tocaba pagar, el fisco aplicará un porcentaje de recargo adicional. Ese porcentaje va aumentando en función del tiempo que tardes en hacer frente a tus obligaciones desde que termina el plazo legal para hacerlo”.
Estos son los plazos y los recargos en cada caso:
Hasta tres meses: recargo del 5% sin sanción ni intereses de demora
De tres a seis meses: recargo del 10% sin sanción ni intereses de demora
De seis a 12 meses: recargo del 15% sin sanción ni intereses de demora
Más de un año: recargo del 20% sin sanción, pero con intereses de demora
Si Hacienda reclama al contribuyente
Las consecuencias económicas son mayores si es la Agencia Tributaria quien reclama la presentación de la declaración al contribuyente, aunque también depende del resultado.Si Hacienda reclama al contribuyente
Si sale a devolver o cero
Hacienda pagará al contribuyente, aunque le multará con 200 euros, que se reducen a 150 euros si paga en los plazos mencionados y no recurre.
Si sale a pagar
Este es el peor escenario, y conlleva el pago de la cantidad correspondiente más una sanción de entre un 50% y un 150% de la deuda, “dependiendo del perjuicio económico a las arcas públicas, la gravedad del ocultamiento (no es lo mismo olvidarte con una declaración normal que hacerlo porque tenías operaciones en bolsa por las que pagar) y de si has cometido otras infracciones tributarias”, aclara ING.
Debido a las secuelas económicas que la crisis del coronavirus está dejando muchos consumidores buscan nuevas fuentes de generación de ingresos. Una de ellas es la tentación de subarrendar la vivienda alquilada como vivienda de uso turístico.
En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que quien desee destinar un piso al alquiler turístico de corta estancia debe tener en cuenta algunos requisitos esenciales: el respeto a la regulación de la comunidad autónoma donde radique el piso, el acatamiento de las normas de la comunidad de propietarios de ese edificio y, en el caso de viviendas en alquiler, el cumplimiento del propio contrato de alquiler.
Todos estos aspectos son cumulativos e independientes, y resultan muy importantes para no tener problemas.
En el caso de viviendas alquiladas, OCU le aconseja que revise su contrato de alquiler. La mayor parte de los contratos bien confeccionados establecen que la vivienda se ha de destinar exclusivamente a vivienda permanente de los arrendatarios y pueden precisar que el inmueble no se puede destinar ni total ni parcialmente a otros fines como el hospedaje.
Aunque se conceda al arrendatario el derecho a subarrendar una de las partes de la vivienda, es esencial saber que el subarriendo parcial no ampara de por sí el alquiler turístico, donde hay una rotación continua de huéspedes con una finalidad comercial.
Aunque se hayan podido obtener las licencias administrativas oportunas, si el inquilino transforma por su cuenta un piso alquilado para su uso como vivienda, en un uso distinto del de vivienda, y esta transformación contradice lo pactado en el contrato, facultando a la propiedad a que solicite la resolución del contrato de alquiler.
Los jueces tienen declarado que la explotación de la vivienda como apartamento turístico efectuada por un inquilino sin prueba alguna del consentimiento por parte del arrendador propietario, constituye un incumplimiento contractual que debe llevar a la resolución del contrato.
Si además no se ha obtenido la autorización administrativa para el alquiler turístico, se podrían derivar graves sanciones. Para que dichas sanciones no alcancen al arrendador, este debe probar su desvinculación con esos alquileres turísticos.
De ahí la importancia de utilizar un buen contrato de alquiler y de estar bien asesorado para reaccionar prontamente ante actuaciones del inquilino contrarias a la normativa o al propio contrato de alquiler.
BlockchainFue es una nueva iniciativa empresarial impulsada por la Universidad de Alicante (UA), que se constituyó formalmente la semana pasada en Valencia. Se trata de la primera cooperativa española en ofrecer una red pública blockchain, un proyecto multisectorial con el objetivo de fomentar el uso de esta tecnología en la administración pública y en la empresa privada.
La tecnología blockchain posibilita la realización de transacciones de todo tipo de una forma descentralizada y garantizando en todo momento la trazabilidad entre el origen y el destino de la información, abriendo un gran abanico de aplicaciones en múltiples sectores. En este contexto, se ha creado la red pública para impulsar el uso de esta tecnología, BlockchainFue. La firma se ratificó el pasado 3 de junio en varias notarías repartidas por todo el territorio nacional por los condicionantes derivados del COVID-19, presidida a través de videoconferencia por el vicerrector de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante, Rafael Muñoz.
El proyecto ha sido impulsado por el grupo de investigación BAES de la Universidad de Alicante, tras más de dos años de maduración, con el apoyo de la UA y la Fundación Empresa Universidad de Alicante (Fundeun). Sus socios fundadores han sido Fundeun, el Colegio de Registradores de la Propiedad de España, Caixa Popular-Caixa Rural Coop. de Crèdit V., la Cooperativa Eléctrica de Crevillent (Grupo Enercoop), el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, Dynastic Explotaciones S.L., KH VIVES S.L, la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Generalitat Valenciana (ACCV), el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), y Zeumat zitycard S.L.
Ventajas de la tecnología blockchain
Entre las ventajas que aportará la tecnología blockchain, “supone crear escenarios más fiables respecto a la trazabilidad de la información, la transmisión del valor y la relación de confianza de las empresas con los clientes y proveedores», según explica Manuel Cazorla, presidente de la cooperativa en representación de Fundeun.
Asimismo, la red sentará los cimientos para un crecimiento exponencial del teletrabajo y la digitalización generalizada de las empresas y administraciones. «La cooperación y tecnologías como blockchain, serán la clave en la etapa post COVID-19”, sostiene Carmen Pastor, directora del grupo BAES e impulsora del proyecto.
En el sector de la energía, posibilitará las transacciones energéticas peer-to-peer vinculadas a nuevas instalaciones de producción renovable destinadas al autoconsumo colectivo, facilitará la democratización de la energía y permitirá la monetización o compensación de las transacciones energéticas entre la ciudadanía.
Las piscinas de las comunidades de propietarios en fase 2 podrán abrir con un 30% del aforo
«Cumplir con las condiciones exigidas será muy difícil para muchas comunidades de vecinos», aseguran desde el Consejo General de Administradores de Fincas
En Madrid está previsto que abran unas 6.000 piscinas, la mitad de las que hay en toda la comunidad
«La piscina abre el sábado y por la mañana se puede entrar hasta completar aforo. Imagina la cola que se va a montar para entrar, va a ser tonto el último. Menos mal que va a hacer frío», dice una vecina de una comunidad de propietarios del centro de Madrid.
En esta urbanización en concreto se han establecido unos turnos. El de mañana; podrán acceder todos los vecinos por orden de llegada hasta completar el aforo permitido en cada fase, en la fase 2 podrán entrar hasta 50 personas. Por la tarde; podrán acceder los días pares los vecinos de viviendas ubicadas en plantas pares y los días impares los vecinos de los pisos impares. Pero nunca llueve a gusto de todos.
«A ver, hay siete pisos, los que somos impares estamos en desventaja porque cuando nos toca el día somos más a compartir. Ya veremos como sale esto», asegura otro vecino de la misma comunidad. Esta comunidad tiene unos 170 vecinos y las normas se han establecido con los presidentes de los tres bloques.»Supongo que han intentado beneficiar a todos sin gasto extra pero ya sabes, seguro que habrá quejas», dice otra vecina.
«Cada comunidad busca la mejor forma de hacerlo»
«Hemos trabajado mucho, esta siendo un poco complicado, pero al final cada comunidad está buscando la forma de adaptarse lo mejor posible a su situación. Todas quieren abrir, así que el plan era intentar ponerse de acuerdo cumpliendo las normas», asegura Salvador Díez, Presidente del Consejo General de Administradores de Fincas. En España hay 55.000 comunidades de propietarios con piscina.
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ya ha avisado de que cumplir con las condiciones exigidas será muy difícil para muchas comunidades de vecinos, pues la mayoría de estas no cuentan con un sistema de control de aforo ya que «no hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina».
Además recalcan que el sistema de cita previa no es sencillo de implementar, pues «la inmensa mayoría de comunidades de propietarios» carecen de recursos para contar con personal y tecnología que lo hagan posible. A esto, añaden, se suma que la competencia para regular es de la Junta General de Propietarios y todavía no están autorizadas las reuniones de las comunidades de propietarios.
«Nos han dejado un poco de lado. Han dicho las normas y qué cada uno se busque la vida. Pero lo estamos haciendo bien», explican los administradores de Fincas.
Cómo controlar el aforo
«Hay comunidades de 20, de 120, o de 1.000 propietarios. No tiene nada que ver, por eso cada uno hace lo que puede. Los propietarios de comunidades pequeñas, lo han tenido fácil. Son pocos vecinos, se conocen y han llegado a un acuerdo más o menos rápido», explica Diez. «Las comunidades más grandes también lo han controlado bien porque normalmente ya tenían tanto socorrista como personas que controlaban las instalaciones y por eso estaba incluido en el presupuesto. Lo que más preocupa es cómo controlar el aforo y en este caso no necesitan contratar a más gente», asevera.
«El verdadero problema está en las comunidades medias que son la mayoría», explica Diez Lloris. En Madrid las comunidades con más de 30 viviendas están obligadas a tener un socorrista pero las que tienen menos y no es obligatorio se han tenido que buscar la vida para controlar el aforo. Con App, tornos, sistema de turnos. Todo intentando que no haya un sobrecoste, explican los administradores de fincas de Madrid.
Por ejemplo, hay dos urbanizaciones colindantes en el este de Madrid, una de chalets y otra de pisos y las normas establecidas no pueden ser más dispares.
Una de ellas, la de los chalets, ha decidido contratar hasta un guardia de seguridad que va a costar mucho dinero. En la otra, una comunidad de 200 vecinos, van a hacer turnos y van a apelar a la responsabilidad de los vecinos y en la confianza de que la gente cumpla esos turnos y las normas».
Eso lo han hecho la mayoría, como en las terrazas, como en general, esperar que todos sean conscientes de la situación en la que se encuentra España. «Otros han puesto en marcha una App para controlar el aforo», asevera Diez Lloris.
«En mi comunidad han puesto una App para que cojas hora para bañarte en la piscina media hora pero luego en el césped puedes estar tiempo ilimitado. Yo creo que es una locura y no tiene sentido. la gente se va a quedar allí todo el día echando cubos de agua a los niños», dice una vecina de una urbanización de Alcalá de Henares.
Solo los residentes
Lo que casi todas van a hacer es solo dejar que usen la piscinas los que residan en los pisos de la urbanización. Ni familiares ni amigos.
Así lo expresan algunas comunidades. Como medida excepcional este verano, y siguiendo recomendaciones del personal de mantenimiento y administradores, el uso de la piscina se limitará a los propios vecinos y no se permitirán invitaciones. Es decir, no se permitirá el uso de la piscina a aquellas personas que NO residan actualmente en la vivienda, exceptuando a aquellas personas que por circunstancias estén al cuidado de menores o mayores y por tanto podrán hacer uso de la piscina.
Baños y vestuarios cerrados
«Así se quitan otro foco de infección», explica Diez. Y la mayoría han decidido que los baños y los vestuarios estén cerrados. Así se ahorran contratar personal para limpiarlos. Precisamente por esto, para no incurrir en gastos en la contratación de personal extra, sólo se permitirá el uso de los aseos de las zonas comunes al personal contratado por la comunidad, no a los residentes. Por lo que permanecerán cerrados.
Normas a tener en cuenta
En cualquier caso, las piscinas comunitarias deben cumplir unos mínimos relativos a seguridad, higiene y mantenimiento de las instalaciones que son prácticamente idénticos en todas las CCAA. La Comunidad de Propietarios o el Administrador de Fincas deberá velar por una correcta aplicación de estas normas. El Boletín Oficial del Estado señala que las piscinas pertenecientes a las comunidades de vecinos podrán reabrir a partir de la fase 2, siempre y cuando se cumplan las siguientes medidas de prevención.
Se deberá reducir el aforo al 30% o menos en el caso de que no se respete la distancia de seguridad entre los bañistas.
Se procederá a la desinfección de las instalaciones dos veces al día y a la limpieza hasta en tres ocasiones diarias.
No estará permitido el acceso a las duchas o servicios comunes, ni a las fuentes de agua dispuestas en el interior de las instalaciones.
La distribución espacial de las zonas para objetos personales y toallas deberá garantizar la distancia mínima de dos metros y ha de estar señalizada.
Se insiste en el uso de mascarilla aun cuando se respete la distancia de seguridad. Además, se aconseja la utilización de gafas para el baño, incluyendo las que protegen las fosas nasales o máscaras de buceo.
Los objetos personales, incluida la toalla, deberán permanecer dentro del perímetro de seguridad, no estando permitido el uso de colchonetas, balones…, ni accesorios o elementos que generen chapoteos.
Establecer una normativa interna que especifique las condiciones de uso, el aforo y los horarios de apertura y cierre. Esta información debe estar colocada en un lugar visible, preferiblemente en la entrada de las instalaciones.
De momento se abren las piscinas en fase 2 con un 30% del aforo. Y se espera que según se pase de fase se amplíe ese aforo y se pueda llegar al 50% del aforo en muchas de ellas. «Aquí también depende de muchas cosas. Hay piscinas que tienen un jardín enorme y que podrían abrir casi el 100% del espacio. Y otras que los alrededores son pequeños y no cabrá más que el 50%. Pero eso depende de cada comunidad de vecinos. La norma dice que se debe dejar 1,5 metros de distancia de seguridad así que hay que calcular lo que toca en tú piscina», concluye Diez Lloris.
En Madrid abrirán la mitad de las piscinas, cerca de 6.000
El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid estima que de las 12.000 piscinas comunitarias que existen en la región, cerca de la mitad podrán abrir en estas condiciones (restricción de aforo y mayor gasto).
Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid, subraya que “aunque es difícil aplicar las normas de la Orden Ministerial en las piscinas comunitarias, los administradores de fincas estamos trabajando para que su apertura sea posible con los menores costes para su aplicabilidad en las comunidades de propietarios”. Desde CAFMadrid calculan un sobrecoste de un 50% de media en la partida correspondiente a la temporada de piscina con respecto al año anterior en las comunidades que abran finalmente estos recintos, debido a la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias (son obligatorias las labores de limpieza tres veces al día y de desinfección dos veces diarias) y a la contratación de personal auxiliar.
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