El sector inmobiliario pide medidas contra la ocupación ilegal de viviendas
Barcelona, 27 feb (EFE).- Diversas entidades catalanas del sector inmobiliario han pedido a las administraciones instrumentos legales para combatir la ocupación ilegal y han criticado los decretos ley de vivienda del Parlament por «admitir a los ocupantes tener determinados derechos a cargo de los propietarios particulares».
Esta demanda la han llevado a cabo de forma conjunta la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña.
También la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida.
Según estas entidades, «las necesidades de vivienda no legitiman a nadie para ocupar una vivienda ajena» y este problema «se ha ido agravando con el tiempo, por culpa del negocio ilegal gestionado por tramas mafiosas que viven a expensas de familias necesitadas».
«Hacen falta instrumentos legales como la ley que en 2018 reformó la normativa procesal civil para hacer más ágiles los procedimientos judiciales en los casos de ocupación ilegal de una vivienda», han reclamado.
El sector inmobiliario ha demandado modificar las normas en este sentido porque «la ocupación es un problema que afecta a la convivencia en las comunidades de pisos, a la seguridad ciudadana de los barrios y genera una degradación que pone en peligro a otras personas».
Asimismo, las entidades han denunciado que el decreto ley 17/2019 «amplía la obligación de grandes tenedores de proponer alquiler social también en casos de viviendas ocupadas» y que su ampliación en el decreto 1/2020 dice que «la ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda».
Este decreto «carga sobre el propietario la necesidad de actuar judicialmente contra los ocupantes ilegales para que no transcurra el plazo de dos años en el que se puede considerar vacía la vivienda, con el riesgo de ser sometida a medidas expropiatorias», según las entidades.
«Tendría que ser la administración la que encontrara una solución a la necesidad de vivienda de los que se encuentran en situación de exclusión residencial», han exigido desde el sector, que ha reclamado «no cargar siempre las consecuencias de la falta de vivienda sobre la espalda de los particulares». EFE
