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Hace unos días la comisión del Pacto de Toledo presentaba sus 21 recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones. Un sistema que se caracteriza por un déficit sostenido – que este año alcanzará los 45.000 millones – debido al aumento continuado del gasto y a la caída de las cotizaciones entre 2008 y 2013 seguida de un crecimiento posterior muy lento.
El incremento del gasto que se produce año tras año, según explica Javier Díaz-Giménez, Profesor del departamento de Economía de IESE Business School, en la obra El Envejecimiento como riesgo empresarial (disponible en este enlace), se debe a tres factores que son el origen del aumento de los derechos pensionables y del encarecimiento de las pensiones. “Primero, al aumento de la longevidad que ha encarecido el coste medio de los pensionistas para el sistema. Segundo, al crecimiento del número de nuevos pensionistas, derivado de que los nacidos durante el boom de la natalidad de los años 60 están empezando a jubilarse. Y, por último, al incremento de la pensión media inicial provocado por el aumento de la educación y, por lo tanto, de la productividad y los salarios, y la mayor duración de las carreras laborales” explica.
Asegurar la financiación de las pensiones sigue siendo, por tanto, el principal objetivo que guía las medidas contempladas en el Pacto de Toledo. Una de ellas es la consolidación de la separación de fuentes y el restablecimiento del equilibrio financiero, que consiste en pasar al Estado gastos impropios, es decir, que las pensiones no contributivas, como por ejemplo las de maternidad, pasen a ser asumidas por los Presupuestos Generales del Estado, de modo que, las cotizaciones sociales sólo se destinen a soportar las pensiones contributivas.
Una de las medidas más comentadas: acercar la edad de jubilación real a la legal
Otra de las propuestas del Pacto de Toledo es que la edad real de jubilación efectiva se acerque a la edad legal. Para conseguirlo, indica Mariano Jiménez Lasheras, Presidente de OCOPEN, que también participa en la obra El Envejecimiento como riesgo empresarial, se actuará a través de dos vías: endurecer el acceso a las jubilaciones anticipadas e introducir incentivos claros a la prolongación de la actividad laboral.
Y es que, en España, aunque la edad legal de jubilación para los que se jubilaron en 2019 era de 65 años y 8 meses, o 65 años cuando se acreditaran al menos 36 años y 9 meses de cotización, la realidad es que, los trabajadores se retiraron el año pasado tenían una media de 64 años y cinco meses, según datos de la Seguridad Social.
Los pilares de una reforma en profundidad del sistema de pensiones
Para Javier Díaz-Giménez los déficits sostenidos y crecientes que la Seguridad Social lleva acumulando desde 2010, son sólo una de las razones por las que las pensiones españolas carecen de credibilidad, y añade otras dos: “la incapacidad del Pacto de Toledo para proponer reformas convincentes y la captura del sistema de pensiones por parte de los pensionistas”. Por ello, apuesta por la necesidad de una reforma en profundidad que cambie el pacto generacional vigente y reinvente las pensiones preservando los derechos adquiridos por los actuales pensionistas, basada en seis pilares:
1. Universalidad: Las nuevas pensiones deberían organizarse en un régimen único que incluyera a todos los españoles sin ninguna excepción, incluso al Jefe del Estado y a los políticos. De modo que, las necesidades especiales de los colectivos privilegiados por el actual sistema deberían resolverse mediante pensiones complementarias al margen de la pensión básica universal.
2. Contributividad: Las nuevas pensiones deberían calcularse teniendo en cuenta todos los euros cotizados hasta el máximo de cobertura independientemente del momento de la vida laboral en que se produzcan las cotizaciones. Asimismo, las cotizaciones se actualizarán de la misma forma durante toda la vida laboral, y cada euro cotizado generará un euro de derechos pensionables.
3. Sostenibilidad: La mejor forma de garantizar la sostenibilidad de las pensiones es mediante mecanismos de ajuste automático que estén protegidos de los cambios políticos.
4. Solidaridad: La solidaridad de las pensiones seguirá garantizándose mediante un sistema de pensiones máximas y pensiones mínimas. Las pensiones se calcularán actuarialmente dividiendo los derechos pensionables por un divisor que dependerá de la edad de jubilación y de la esperanza de vida de los nuevos pensionistas, y si fuera necesario la pensión resultante de esa división se complementará hasta llegar a la pensión mínima.
5. Flexibilidad: El futuro de las pensiones depende fundamentalmente de la evolución de la tecnología, de la globalización, de la longevidad, de la natalidad y de las migraciones. La evolución de todas esas variables en esta época de cambios acelerados y disruptivos es muy difícil de anticipar. Por tanto, la mejor manera de contrarrestar la incertidumbre es mediante la flexibilidad. El diseño del nuevo sistema de pensiones deberá permitirle adaptarse a los cambios tecnológicos, económicos y demográficos a medida que se vayan produciendo.
6. Credibilidad: Muchos trabajadores que están cotizando al sistema actual creen que no van a cobrar una pensión, o que la cuantía de su pensión será insuficiente para financiar una jubilación digna y una calidad de vida comparable a la que tenían durante su vida laboral. Las nuevas pensiones serán creíbles porque los factores de sostenibilidad automáticos garantizarán en todo momento su sostenibilidad y por la transparencia del nuevo sistema.
Javier Díaz-Giménez no esconde que el coste de realizar una reforma de calado, como la que él propone, sería elevado, aunque advierte que “no hacer nada supondría un coste mayor” e insiste en que “el principal problema de la reinvención de las pensiones y de sus reformas estructurales son los costes de transición”.
Por su parte, Mariano Jiménez hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas tendentes a mejorar la contributividad del sistema, como extender el cómputo de bases de cotización que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión por encima de los 25 años. En este sentido, una de las propuestas del Pacto de Toledo es ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la base reguladora para que se puedan elegir los años más favorables para la determinación de las pensiones para evitar perjudicar a quienes hayan visto reducida su base en los últimos años antes de jubilarse pero debería hacerse siempre que se extienda por encima de los 25 años.
Jiménez también reconoce que sería conveniente introducir mecanismos automáticos de ajuste de las nuevas pensiones a la evolución de la esperanza de vida. Algo, que no se contempla entre las recomendaciones de la comisión del pacto de Toledo, entre las que sí está una revalorización anual basada en el IPC real.
El papel de la previsión social complementaria
El objetivo de cualquier sistema de pensiones es facilitar y asegurar el bienestar futuro de la población jubilada, es decir, que quienes se retiren dispongan de pensiones adecuadas y suficientes. Un reto cuya dificultad se acentúa debido al envejecimiento demográfico y también a la situación de crisis actual en la que como destaca, Mercedes Ayuso, Catedrática de Estadística Actuarial de la Universitat de Barcelona (UB), los trabajadores mayores de 55 años se van a ver muy afectados, no solo por su edad, sino por lo que pueden suponer las lagunas de cotización en edades avanzadas, cercanas a la edad de jubilación. “La crisis del COVID-19 abre la puerta a análisis profundos dentro del mercado laboral, en términos de la heterogeneidad de su impacto atendiendo a diferentes factores, y sin duda el impacto por edades y sexo cobra una relevancia fundamental, si además lo relacionamos con otros ámbitos, como puede ser el de las cotizaciones laborales y las pensiones” observa Ayuso.
Es más, como recuerda Mariano Jiménez, una de las debilidades de nuestra economía es la reducida tasa de ahorro de las familias, especialmente del ahorro pensando en la jubilación. “Falta una conciencia generalizada de que la previsión social complementaria es básica para disminuir los desequilibrios macroeconómicos y aumentar el crecimiento sostenido, clave para la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones” señala. En consecuencia, el presidente de OCOPEN reclama a los poderes públicos avanzar de forma decidida hacia un sistema mixto de pensiones en el que la previsión complementaria empresarial desempeñe un papel relevante.
