Día: 17 de noviembre de 2020

El Ministerio ha aceptado estudiar que se permita a los autónomos mayores de 48 años adecuar de forma voluntaria su cotización a sus ingresos

elderecho.com

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a estudiar la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia cambien de base de cotización, para subirla o reducirla, hasta seis veces al año.

Así se lo ha trasladado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, a las principales organizaciones de autónomos en el encuentro celebrado este jueves para abordar cómo será el nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

Según ha señalado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en declaraciones a Europa Press, además de esta medida, propuesta recientemente por la organización que lidera Lorenzo Amor, el Ministerio ha aceptado estudiar que se permita a los autónomos mayores de 48 años adecuar de forma voluntaria su cotización a sus ingresos.

Durante el encuentro, ATA ha insistido en que no es el momento para aprobar este nuevo sistema y ha trasladado a Arroyo que «no entiende las prisas» del Gobierno por ponerlo en marcha.

«No vamos a avalar ninguna reforma en una situación como la actual que pueda conllevar un aumento de cotizaciones y poner en riesgo la viabilidad de los negocios», ha dejado claro ATA, que, no obstante, considera que las medidas puestas encima de la esa son adecuadas, pero que sigue sin entender «las prisas».

De su lado, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha señalado que se ha acordado que el sistema esté definido a lo largo de lo que queda de año para que sea implementado en 2021.

Según Abad, en estos momentos el sistema afectaría a más de 1,9 millones de autónomos y luego se incorporarían otros 1,7 millones de autónomos socios de sociedades.

«El sistema de cotización por ingresos reales está cada vez más cerca y desde UPTA saludamos y nos alegramos infinitamente de la apuesta que se está haciendo por parte del Gobierno para modernizar el sistema y esperamos que a lo largo de este mes se den por finalizados los trabajos», ha añadido.

Lefebvre lanza NEO para que los despachos, proveedores de servicios jurídicos y startups puedan disponer de una solución tecnológica basada en IA y aprendizaje automático (Machine Learning), favoreciendo la correcta adaptación a los cambios en el sector legal tras la pandemia por COVID-19

elderecho.com

Lefebvre, compañía líder en el sector jurídico, lanza la plataforma de conocimiento jurídico NEO y se convierte en la editorial pionera de las nuevas soluciones legaltech para la adaptación profesional en despachos, proveedores de servicios jurídicos y startups, tras la pandemia por COVID-19.

En concreto, NEO utiliza un algoritmo lingüístico para enlazar, contextualizar y adaptar al contexto de cada asunto, todos los conceptos del ordenamiento jurídico español. José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, considera que, gracias a NEO, “los clientes obtienen una mayor seguridad. Hemos creado Inteligencia Jurídica al asegurarnos de que con el acceso a NEO encuentran de forma rápida todo el contenido relacionado con el tema de su interés”.

NEO, la primera red semántica legal

Este nuevo sistema de conceptualización de la información utiliza inteligencia artificial (IA) y tecnologías avanzadas de semántica para que los profesionales del sector legal cuenten con una herramienta que entienda y contextualice el lenguaje y los contenidos jurídicos y reduzca el tiempo dedicado al estudio del caso con resultados óptimos. NEO se convierte, así, en la primera plataforma de conocimiento jurídico del mercado europeo, ya que permite incluir tecnologías de búsqueda mediante la elaboración editorial de una red semántica legal y desarrollos tecnológicos de procesamiento de lenguaje natural y buscadores. NEO es una nueva estructura que incorpora la primera ‘red semántica legal’ que existe en España, ya que:

• Combina el análisis editorial y el Big Data sobre registros (logs) de búsqueda.
• Entiende la consulta del usuario, genera una lista de resultados y presenta un conjunto de documentos con rango de utilidad.
• Incluye información extra con títulos, resúmenes, extractos y descriptores facilitando al usuario la capacidad de decidir.
• Reduce el tiempo de espera en las búsquedas.
• Distingue qué es más relevante para el usuario legal porque elige señales para entender cómo se combinan los contenidos jurídicos.

Indexación semántica y desarrollo editorial

Esta expansión semántica tiene dos tipos de desarrollos. María José Sesarino, Chief Information Officer (CIO) en Lefebvre, aclara que “la inversión se diversifica en el desarrollo tecnológico y, por otro lado, el editorial. El primero es la indexación semántica para que el motor de búsqueda comience a trabajar con conceptos, como hacemos los humanos”. Además, añade que “el desarrollo editorial consiste en el mantenimiento de una red semántica legal que proporciona al buscador todo el conocimiento legal”. En suma, la combinación del análisis editorial y el Big Data sobre los registros (logs) de búsqueda enriquece la información final para que el buscador “entienda” de infinidad de conceptos jurídicos y técnicos con una relevancia específica en los problemas legales.

La globalización, la era de la digitalización, los nuevos clientes (tecnológicos, informados e internacionalizados), los cambios legislativos o los nuevos competidores han sido elementos clave en la transformación digital del sector legal. Asimismo, se suman otros factores coyunturales similares a la actual crisis económica. Si en 2008 el contexto económico aceleraba un fuerte impulso tecnológico en el sector legal español, la actual crisis por la pandemia del COVID-19 demanda un esfuerzo empresarial en la creación de proyectos Legaltech como NEO de Lefebvre, llamado a transformar el acceso a los servicios jurídicos.

Fácil e intuitivo, NEO está basado en conceptos asociados y conectados, aprende de los propios usuarios, maximiza los conocimientos y habilidades y mejora la preparación de los casos. Además, reduce los tiempos de investigación, ya que se puede acceder a toda la base legal de conocimiento de Lefebvre, en la que han trabajado los mayores expertos en inteligencia jurídica, consultar la base jurídica de legislación, jurisprudencia y normativa más completa del mercado, así como toda la información analítica de los Mementos Prácticos y toda la documentación que se necesita para poder resolver cualquier duda en el menor tiempo posible.

Descubre NEO y descárgate el ebook sobre las 10 tendencias que están transformando el conocimiento jurídico.

idealista.com

Los dos planes municipales de rehabilitación que ha puesto en marcha este año el Área Delegada de Vivienda generarán 4.000 nuevos empleos en la capital. Es uno de los anuncios que ha hecho el concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, en la sesión inaugural del 43 Programa de Formación Municipal que organiza la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), de la que Madrid forma parte.

González ha destacado el compromiso del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida con la vivienda pública y el fomento de “la rehabilitación de edificios y la regeneración de los tejidos residenciales más degradados”, compromiso que se materializó al inicio del mandato con la creación de un área delegada específica de vivienda en la estructura municipal, “un departamento con más competencias, que integra a la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)”.

El objetivo de esta nueva área delegada, ha destacado González, es “estructurar el territorio y el espacio urbano desde el punto de vista de la sostenibilidad social, económica y ambiental, dando respuesta a las necesidades de vivienda en una ciudad del siglo XXI”. En este marco es importante la rehabilitación de edificios y barrios, “una actividad que no sería viable sin ayudas de las administraciones públicas y, menos aún, en el contexto de crisis actual”.

El Área Delegada de Vivienda ha impulsado este año dos importantes planes de subvenciones: Adapta 2020, dotado con tres millones de euros, y Rehabilita 2020, con nueve millones ampliables a 15 millones de euros.

Adapta es un plan pionero dirigido a toda la ciudad de Madrid que subvenciona la realización de obras de adaptación de las viviendas donde residan personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial con el objetivo de mejorar su calidad de vida, eliminar barreras arquitectónicas, mejorar la autonomía dentro de la vivienda y aumentar la seguridad en el entorno doméstico. Un plan que ha tenido una buena respuesta con 300 solicitudes. González ha recalcado que Madrid necesitaba una línea de ayudas de este tipo ya que, en el contexto actual de crisis sanitaria, “se ha puesto de manifiesto con mayor intensidad la falta de adaptación de las viviendas de estos colectivos”.

Por otra parte, el plan Rehabilita 2020 es un ambicioso programa que trabaja en cuatro líneas de actuaciones: accesibilidad, conservación, mejora de la eficiencia energética y salubridad (como la retirada de amianto en los edificios). Como novedad, las ayudas están dirigidas a todos los barrios de Madrid “y esto es importante recalcarlo ya que cabe recordar que las anteriores subvenciones estaban dirigidas solo a determinados barrios y dejaban fuera a un 60 % de la población”, ha señalado González durante su intervención.

Una ayuda para 5.000 familias

El concejal delegado de Vivienda ha explicado también que el Plan Rehabilita dará solución a más de 5.000 familias que están esperando mejoras en sus edificios y creará, junto al Adapta, unos 4.000 empleos en la capital. “Es decir, con estas convocatorias no solo ayudamos a reequilibrar el patrimonio residencial y garantizar las condiciones de habitabilidad que debe reunir una vivienda digna, sino que también generamos empleo, algo muy importante teniendo en cuenta el actual contexto económico”, afirma González.

Por último, el concejal ha explicado que todos estos planes de rehabilitación cuentan además con una financiación especial tras el protocolo que la EMVS firmó con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con varias entidades financieras. “De esta manera, ayudamos a facilitar la financiación de las obras de rehabilitación a intereses muy ventajosos para los beneficiarios de estas subvenciones municipales, ya que los planes de rehabilitación subvencionan una parte importante de la reforma que solicitan los vecinos, pero no el total”.

Las grandes inmobiliarias con patrimonio en arrendamiento avisan de que la falta de seguridad jurídica y el exceso de regulación ponen en riesgo el mercado en España

elpais.com

SANDRA LÓPEZ LETÓN

Pocas veces el tablero del alquiler había estado tan agitado como ahora. La medida de limitar las rentas anunciada por el Gobierno para 2021, que ya se aplica en Cataluña desde septiembre, ha causado un auténtico terremoto. También, la obligación impuesta por la Generalitat de reducir hasta un 50% el alquiler de locales comerciales cerrados por covid. O incluso la prórroga para subir rentas o desahuciar a inquilinos afectados por el virus.

La revuelta situación ha llevado a los grandes caseros, pocas veces tan incomodados, a levantar la voz para pedir un marco legal estable. “No decimos a los gobernantes lo que tienen que hacer, la capacidad normativa es suya, pero lo que sí pedimos es que las fórmulas jurídicas tengan consistencia en el tiempo. Pedimos seguridad jurídica y que no nos cambien las reglas a mitad del juego”, defiende Fernando Lacadena (Jaca, 1956), presidente de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), que durante más de tres décadas ha tenido puestos de responsabilidad en varias grandes empresas del sector.

La asociación, que preside desde 2015, lleva 44 años trabajando para consolidar y profesionalizar el sector. Aglutina a 17 de los principales propietarios de inmuebles en alquiler en los segmentos de residencial, locales y centros comerciales, hoteles y logística. Este lobby representa a grandes socimi como Merlin, Colonial, Lar España, GMP o La Finca; propietarios de centros comerciales, como Unibail Rodamco Westfield o Klepierre; compañías de seguros, como Mutua Madrileña o Allianz; gestoras de viviendas, como Azora, Cevasa o la socimi Vivenio.

Cansados de las acusaciones de “fondos buitres y especuladores” que les llegan a diario de las plataformas de inquilinos, los grandes caseros se parapetan en esas cuatro décadas para defenderse. “Ni somos fondos ni somos buitres. Tenemos espíritu de permanencia, largoplacista. No somos el problema de los precios del alquiler y, de hecho, somos jugadores que vamos a estar más tiempo que los gobernantes de hoy. Lo que hay en la asociación son propietarios de verdad, de los de toda la vida. Hemos construido porfolios que queremos mantener en el tiempo, dejárselos a nuestros hijos, no liquidarlos”, argumenta el presidente de Asipa. Quiere esto decir que “los proyectos no son a cuatro o cinco años, sino a más de 20. Son contratos a largo plazo con un nivel de riesgo moderado, por lo que la rentabilidad también es moderada. Las grandes plusvalías solo se dan cuando se vende el activo, no con su alquiler”, añade.

La rentabilidad que se obtiene al arrendar viviendas en España va del 3% al 5,5%; en oficinas se mueve entre el 4% y el 5%; en centros comerciales, entre el 5% y el 6% y del 6% al 7% en logístico. “El inversor que se piense que va a sacar un 10% o un 15% se ha equivocado”.

Canalizar el ahorro

Las empresas integradas en Asipa cuentan con inversores como fondos de pensiones o inversores institucionales y constituyen un importante instrumento para canalizar el ahorro de familias. “¿Cree que estos caballeros quieren especular en el mercado?”, pregunta de forma retórica. “Queremos estar muchos años, asumimos los riesgos y venturas, pero lo que llevamos mal es la inseguridad jurídica, porque responde a criterios políticos a corto plazo”.

El presidente de la asociación afea el gesto del que considera su único socio, la Administración. Aunque en la práctica no lo sea. “Salvo honrosas excepciones, no nos consultan. Desde luego el Gobierno central y los autonómicos [se refiere a Madrid y Barcelona] nada, así que se diluyen las consideraciones que hacemos”, critica. Una es avisar de que si sale adelante la regulación del alquiler en España podría desincentivar la inversión y las operaciones. “El inversor extranjero ve oscilaciones de este tipo sin justificación y si en España no le salen los números se va a ir a otros países que le dan más confianza, aunque gane menos”, indica Lacadena, que recuerda con tesón que la recuperación del sector del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008 fue gracias a la inversión foránea.

Los grandes caseros consideran que ponerle puertas al campo nunca suele ser una medida efectiva. Aunque creen que, en este caso, el gran perjudicado es el pequeño propietario —el 96% del parque de viviendas en alquiler está en sus manos—, porque “o se guarda la casa o la vende y destruye el mercado de alquiler”. En Cataluña, la regulación del mercado acaba de empezar y “ya se han retrasado o parado los proyectos para construir viviendas destinadas al alquiler”, apunta. Aunque reconoce que a sus oídos no ha llegado ningún rumor sobre compañías que se estén planteando abandonar el mercado catalán. No obstante, “sí hay una grandísima inquietud”, comenta.

¿La solución? Que la Administración ponga suficiente oferta en el mercado de viviendas en alquiler para personas vulnerables y mileuristas sin capacidad adquisitiva para comprar y alquilar. “El problema es que en esto se tarda más de una legislatura”, reconoce.

Respecto al golpe fiscal a las socimi —el Gobierno maneja gravar un 15% sobre dividendos no distribuidos—, Lacadena lo ve como un castigo al capital. “Es totalmente falso que las socimi no paguen impuestos, además de ser ineficaz por su escaso poder recaudatorio, atentaría contra la seguridad jurídica y alejaría a los inversores extranjeros”.

La crisis del coronavirus ha hecho un agujero en las cuentas de los grandes caseros. Los dueños de hoteles han perdido más del 50% de sus ingresos y se ha disparado la venta de establecimientos para hacer frente a la crisis. Hosteltur calcula que hay ocho hoteles en venta por 174 millones de euros solo en las islas Baleares. Los dueños de locales comerciales (bares, restaurantes…) ya apuntan mermas de entre el 30% y el 50%, según Lacadena. Los que operan en residencial salen más airosos y pierden entre el 5% y el 10%. Por todo ello, no descarta que en los próximos meses se cierren operaciones de venta de retail y de proyectos de viviendas financiadas.

Cuando comenzó la pandemia, los grandes señores del alquiler llegaron a acuerdos con la mayoría de sus inquilinos para aplicar moratorias en el pago o rebajas de la renta. Por ejemplo, los grandes propietarios de centros comerciales han negociado con un 63% de sus inquilinos. En Asipa están convencidos de que se seguirán echando estos salvavidas a los inquilinos en 2021. Porque, en nada se parece esta crisis a la de 2008 y, de hecho, Lacadena considera que el impacto, aunque notable, es distinto. Dice que las empresas estaban saneadas y tenían una estructura de capital muy sólido cuando llegó el virus. Además, han reducido casi todas las líneas de costes (recortando o eliminando subcontratas, personal…). Cierto es que los niveles de endeudamiento de estas empresas estaban ajustados cuando llegó la pandemia, pero ahora la mayoría están financiando pérdidas con recursos ajenos.

Menos trabas burocráticas para ampliar el parque residencial y evitar la inseguridad jurídica para el sector

idealista.com

David Marrero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta a España del aumento de la brecha social, agravada por la pandemia del coronavirus. A la desigualdad de ingresos se suman los problemas de accesibilidad a la vivienda de muchos jóvenes, por lo que recomienda ampliar la oferta en el mercado de alquiler acabando con las trabas burocráticas, para incrementar el parque residencial, evitar la inseguridad jurídica y una excesiva regulación de los alquileres.

Los problemas de acceso a la vivienda ya se venían produciendo en España desde la crisis de 2008. Los trabajadores menos cualificados fueron los más castigados por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, una situación que les impidió ser propietarios de una casa y les llevó a mirar hacia el alquiler. A ellos se están sumando desde hace unos años los jóvenes que acceden al mercado laboral con sueldos relativamente bajos, especialmente en las áreas urbanas. Ellos tampoco están accediendo a una vivienda en propiedad por la falta de ahorros y las condiciones estrictas para acceder a un crédito hipotecario.

Pero este aumento de la demanda en el mercado de alquiler no ha venido acompañado de un incremento de la oferta de pisos en arrendamiento. Una tendencia que ha contribuido a un aumento de los precios de los alquileres, sobre todo en los últimos años.

“La crisis del covid-19 podría empeorar los problemas de acceso a la vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables”, afirma el FMI en su estudio. “El confinamiento por el estado de alarma que paralizó el país puede agravar más aún los problemas de accesibilidad por los menores ingresos de los inquilinos, que por la posible caída de los precios de alquiler”, destaca el organismo internacional, en particular cuando expiren las medidas de alivio temporal adoptadas por el Gobierno español, como la moratoria sobre los desalojos y las rentas del alquiler.

El Fondo Monetario Internacional hace un análisis del mercado en la última década tomando datos de varias estadísticas, entre las que se incluye idealista, ante la falta de datos oficiales de esos años, aunque valora que se han publicado hace poco nuevos datos oficiales sobre los precios de las viviendas de alquiler.

“Con estos datos, vemos que los precios del alquiler a nivel nacional comenzaron a subir en 2014. En agosto de 2020, los precios de alquiler están alrededor de un 30% más altos que en 2007”, destaca el informe. “Sin embargo, los precios de venta están aproximadamente un 15% más bajos que en 2007”, compara el FMI con datos de idealista.

El FMI destaca que el Gobierno español está tratando de contrarrestar estas presiones con medidas como la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que vuelve a ampliar los contratos a cinco años, y un aumento de los subsidios para los inquilinos con bajos ingresos.

La accesibilidad al mercado del alquiler se deterioró después de la crisis financiera mundial. España es uno de los países de la UE con la mayor tasa de esfuerzo para los inquilinos, es decir, aquellos que gastan más del 40% de sus ingresos en los costes totales de la vivienda. Según datos de Eurostat, la «tasa de esfuerzo» se mantuvo en 2018 por encima del nivel anterior a la crisis financiera de 2008.

Ante todo esto, el Fondo Monetario Internacional ofrece algunas consideraciones al Gobierno español para mejorar el acceso a la vivienda en alquiler:

Por un lado, pide mejorar la oferta de viviendas acabando con los obstáculos regulatorios y sugiere simplificar la normativa de construcción para impulsar la construcción de un mayor parque residencial en alquiler, aumentado también así la oferta de alquiler social o asequible.

Por otro lado, «se debe evitar tanto la sobreprotección excesiva del arrendamiento como la inseguridad jurídica para el sector inmobiliario para evitar efectos adversos en la oferta de viviendas de alquiler que intensifiquen los problemas de accesibilidad”.

Los esfuerzos de las diferentes Administraciones podrían centrarse de manera útil en abordar las limitaciones del lado de la oferta, ya que la elasticidad de la oferta de vivienda es relativamente baja en España, al tiempo que garantice un acceso rápido a los más necesitados, aclaran desde el FMI.

Entre esas prioridades del Estado pide:

• facilitar y simplificar la regulación del suelo y acelerar los procesos de reparcelación, especialmente, en el desarrollo de vivienda asequible
• incrementar el stock de vivienda social en alquiler, centrándose especialmente en personas de bajos ingresos
• mejorar la eficiencia de los procesos de acceso a vivienda asequible y,
• garantizar una buena infraestructura pública en ubicaciones más asequibles.

noticias.juridicas.com

La transformación digital se ha convertido en uno de los objetivos del ecosistema financiero español. Internet y su interoperabilidad, el Big Data y la profusión de su información y la automatización global han tenido como consecuencia un profundo cambio en los procesos de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios en todas las actividades económicas. Un nuevo escenario, que las entidades financieras deben asimilar con la debida seguridad.

Se trata de apuntalar la transformación digital para que no afecte en modo alguno al nivel de protección del consumidor, a la estabilidad financiera, a la integridad en los mercados y a la igualdad de oportunidades de todas las personas, independientemente de su situación económica y de su lugar de residencia. Todo ello, sin olvidar el cierre legal a la utilización del sistema para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Estos son los objetivos de la nueva Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero. En vigor a partir del 15 de noviembre, 24 horas después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El sandbox, tal y como es conocido popularmente,  nace con la finalidad de consagrarse como un espacio experimental, donde las entidades puedan apostar por la innovación testando proyectos con un número limitado de clientes en un entorno seguro y controlado, sin necesidad de obtener las autorizaciones reglamentarias hasta ahora prescriptivas con carácter previo al lanzamiento. De esta forma, se pretende enfrentar al sector financiero con el mundo real y validar, ajustar o descartar rápidamente modelos de negocio, sin poner en funcionamiento al gigante burocrático que acecha a este tipo de operaciones.

Se trata de actuar como en los ensayos clínicos en los que se busca aumentar la calidad de la salud pública gracias a las posibilidades de la innovación y la investigación, sin que pueda suponer ningún tipo de desprotección para los pacientes, sino todo lo contrario, que sirva como mecanismo indispensable para evitar tratamientos y fármacos lesivos y, en general, para que la innovación se ponga al servicio del interés principal: curar mejor. Del mismo modo, el entorno de pruebas será un espacio controlado por las autoridades responsables con la finalidad última de contribuir a facilitar el acceso a financiación como motor de la economía y a mejorar la regulación actual.

No solo permitirá un mejor conocimiento de las innovaciones financieras de base tecnológica, sino que además deberá contribuir, desde el mismo momento de su implantación, a un mejor control del cumplimiento de la legislación vigente

Inicio del procedimiento: Ventanilla financiera única

Se crea una ventana financiera única para la presentación de proyectos por parte de empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación o cualquier otro promotor interesado.

Los proyectos podrán recibir una evaluación favorable si se encuentran suficientemente avanzados y si pueden aportar valor añadido en aspectos que van desde la mejora del cumplimiento normativo o de los instrumentos de protección a la clientela, hasta el aumento de la eficiencia y el perfeccionamiento de la prestación de servicios.

Protocolo de pruebas

Con posterioridad a esa evaluación previa, los supervisores y el promotor firmarán un protocolo sobre el desarrollo de las pruebas en el que incluirán los detalles de su celebración y, en particular, su duración y alcance limitados. Suscrito el protocolo podrán comenzar las pruebas.

Garantías y Protección

Respecto al régimen de garantías y protección a los participantes durante la realización de las pruebas indicadas, se establecen siete cautelas:

• Consentimiento informado y protección de datos personales;

• Derecho de desistimiento;

• Responsabilidad del promotor;

• Garantías que cubran la responsabilidad del promotor;

• Confidencialidad;

• Seguimiento supervisor durante todo el ejercicio de las pruebas; y, finalmente

• Posibilidad de interrupción de las pruebas, entre otros, en casos de mala práctica o incumplimiento de la legislación o del protocolo.
Igualmente, se prevé:

• Un canal de comunicación directa con las autoridades supervisoras que aporte confianza a los innovadores y transparencia en las funciones públicas.

• Un cauce para las consultas escritas sobre aspectos de la regulación y otros que pudieran surgir como consecuencia la dificultad de comprensión o de la generación de incertidumbre entre los distintos destinatarios de las normas

Resultados y salida

El examen de los resultados será realizado por el promotor de las pruebas e incluido en una memoria que se enviará a las autoridades que han hecho el seguimiento.

Se contempla la existencia de una pasarela de acceso, que implica un aligeramiento de los trámites legal y reglamentariamente exigidos en caso de que sea necesaria licencia o autorización para el posterior ejercicio de la actividad profesional. En particular, se establece la posibilidad de reducción de los plazos del procedimiento

Rendición de cuentas

Para la rendición de cuentas final se apunta a:

– La creación de una comisión de coordinación, presidida por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y compuesta por representantes de las autoridades supervisoras o de otras instituciones del sector.

– La redacción de un informe anual que será publicado y remitido a las Cortes Generales con información sobre las posibilidades de mejora identificadas. En este informe se atenderá a:

• Los nuevos desarrollos tecnológicos,

• La evolución internacional,

• Los efectos sobre la protección a la clientela de servicios financieros

• La estabilidad financiera, y

• Aquellos aspectos de la regulación y la supervisión que pudieran requerir mejoras o adaptaciones.

Esperemos que con esta nueva regulación se garanticen plenamente los objetivos de política pública en tres ámbitos especialmente sensibles: la protección de datos de carácter personal, la protección a los usuarios de servicios financieros y la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Y no solo eso, deseamos que esta versión española funcione igual o mejor que la de su homónima británica. Sistema del que hemos copiado, además del nombre, muchas lecciones aprendidas en más de un lustro de funcionamiento más allá del Canal de la Mancha.