Día: 10 de noviembre de 2020

idealista.com

Juanjo Bueno

Los hogares del futuro serán más inteligentes y sostenibles que nunca. Así al menos lo cree Schneider Electric, compañía internacional especialista en la gestión y la automatización de la energía. Son tantas las expectativas puestas en el sector de las Smart Home que la multinacional anunció durante la celebración de IFA 2020, la mayor feria de tecnología europea, un plan global para iniciar el camino de transformación de las las casas inteligentes en sostenibles.

El vicepresidente ejecutivo de la división de Home & Distribution de Schneider Electric, Manish Pant, explica a idealista/news cómo evolucionará el mercado de los hogares inteligentes, protagonizado por dispositivos capaces de predecir el futuro energético, al menos en nuestras casas.  

¿En qué consiste el plan para transformar los hogares inteligentes en sostenibles? ¿Cómo debe ser una vivienda para que cumpla, a nivel global, estas características?

Inteligente significa que podemos conectar dispositivos entre sí. Estamos hablando de un enfoque básicamente centrado en los ‘gadgets’. Lo que nosotros decimos es que debemos ir un paso más allá y transformar los hogares inteligentes en sostenibles. La razón es que, ahora, los hogares son responsables del 34% de las emisiones de CO2, por tanto, nuestro papel individual a la hora de hacer que nuestras viviendas sean más sostenibles es importante.

Nuestros hogares deben ser capaces de cumplir, en primer lugar, con las nuevas regulaciones dirigidas a reducir las emisiones de carbono que entrarán en vigor, o que ya lo están, en los diferentes países.

En España, por ejemplo, estaríamos hablando del Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), la Certificación Eficiencia Energética de Edificios (CEE), la normativa sobre “Autoconsumo” o el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). Sin olvidar otras iniciativas que, sin ser obligatorias, se utilizan como auténticas herramientas de marketing, como el estándar Passivhaus o la certificación LEED.

Además, en segundo lugar, y relacionado con el punto anterior, nuestros hogares deberán ser netamente nulos. Es decir, habrán de producir tanta energía como consumen, resultando en una factura eléctrica neta nula y en viviendas libres de carbono.

Actualmente, ¿qué países están en el ‘top ten’ de la penetración de hogares inteligentes? ¿En qué situación se encuentra España?

Hoy en día, los cinco países en los que el mercado ‘Smart Home’ tiene un mayor volumen de ingresos son EEUU, China, Japón, Alemania y Reino Unido. En Europa, los países nórdicos son los que tienen una penetración más alta, un 20%, lejos de España, que tiene una tasa de penetración ligeramente por debajo del 10%.

Aunque España, ahora mismo, no se encuentre entre los principales mercados, prevemos que, en 2025, el volumen de ventas de este tipo de dispositivos se multiplique por cuatro en todas las áreas: gestión energética, confort e iluminación, entretenimiento, control y conectividad, seguridad y electrodomésticos inteligentes. En este sentido, en Schneider Electric contamos con programas específicos para capacitar y certificar a electricistas y contratistas. Su objetivo es prepararlos para responder a este aumento de la demanda y dotarlos de las herramientas y soluciones más adecuadas para satisfacer las necesidades de sus clientes con la mejor calidad.

¿Cómo es posible convencer al usuario de que temporizar las luces de la vivienda o automatizar las persianas no convierte a una vivienda en un hogar inteligente?

La iluminación y la automatización del hogar constituyen la primera capa de inteligencia, pero no contribuyen, de por sí, a hacer el hogar más sostenible. Nuestra solución integra electricidad y digital. Así, la electricidad alimenta lo digital y lo digital habilita la electricidad, permitiendo automatizar, controlar, monitorizar y predecir el uso de la energía que hacen los diferentes electrodomésticos. Esta visibilidad no solo permite a los consumidores ahorrar en su factura eléctrica, sino avanzar hacia un futuro más sostenible.

Además, con nuestra gama de productos Wiser, también integramos las diferentes fuentes de energía para hacer el mejor uso, y consumo, posible del mix energético. Así, el propietario puede aprovechar al máximo su inversión en paneles solares, sin tener tan siquiera que pensar en ello.

¿Cuál es la delgada línea roja que separa a un hogar inteligente de otro domótico? ¿Y de uno sostenible?

La diferencia entre ‘smart’ y ‘domótica’ es una mera cuestión de semántica, podemos usar ambas palabras. Por poner un ejemplo, estamos hablando de la manera en la que logramos conectar nuestros electrodomésticos al ‘smartphone’ y controlarlos. O, ahora, también podemos controlarlos a través de un asistente por voz. Al final, se trata de la comodidad de los ocupantes y, como hemos dicho antes, estaríamos ante un enfoque centrado en los gadgets.

Sin embargo, nuestro mundo está cambiando. La cocina, los vehículos, la calefacción son cada vez más eléctricos. Esto es así porque los gobiernos han identificado al gas y al combustible como las principales fuentes de emisiones de CO2 y están impulsando el cambio. El volumen de electrodomésticos eléctricos y dispositivos conectados en los hogares está creciendo. Se prevé que el consumo eléctrico en las viviendas se duplique en 2050, cuando ya representa el 34% de las emisiones de CO2. No es una opción. Nuestras casas deben cambiar y ser más sostenibles.

¿Cree que la crisis del covid-19 ha dotado de protagonismo a la domótica tras ser considerada durante años como un sector destinado al lujo?

¡Definitivamente! Mira tu factura eléctrica durante el confinamiento. En España, mientras que el consumo eléctrico general ha sufrido una reducción sin precedentes, un 4,8% desde principios de año según Bloomberg, en muchos hogares, con nosotros trabajando, estudiando o entreteniéndonos, la factura ha crecido mucho. Por dar un ejemplo cercano a nosotros, en los últimos tres meses, la factura de mi hogar en Hong Kong se ha duplicado con respecto al año pasado. La única razón es que pasamos mucho más tiempo en casa. Todo esto pone de relieve la importancia de la eficiencia para reducir nuestra factura eléctrica y el papel clave que puede tener Wiser en este sentido.

Solo ajustando la calefacción o el aire acondicionado estancia por estancia o para que se activen cuando haya personas en la habitación podremos utilizarlos solo cuando sea necesario. También podemos bloquear escenas, como el modo ausente o el modo vacaciones, para no gastar energía cuando no estemos en casa.

Por otro lado, la pandemia y la nueva normalidad hacen que sea más necesario que nunca contar con espacios más modulares en nuestra casa. El dormitorio o la sala de estar pueden convertirse en una oficina, un cine, un teatro, una sala de conciertos o, incluso, un aula virtual. Necesitamos que nuestros hogares tengan una mayor capacidad y, para ello, podemos seleccionar las escenas adecuadas en la ‘App Wiser’, como la escena cine, o asegurarnos de que nuestra conexión a Internet no se interrumpirá gracias a un sistema de respaldo SAI. Así, podremos tener nuestro hogar tal como queremos y necesitamos.

¿Qué papel juega la conectividad de datos para controlar el flujo energético y predecir el consumo necesario de cada hogar?

Los datos son la piedra angular en la que se basa la casa inteligente para optimizar el uso de la energía y maximizar el confort. A medida que los diversos generadores y consumidores de energía del hogar realizan sus rutinas diarias, es importante que se comuniquen entre ellos.

Una instalación solar genera energía a lo largo del día, lo que lleva a decisiones tales como si se usa ahora, se almacena para más tarde o se vende de nuevo a la red. La instalación solar necesita entender lo que está sucediendo ahora mismo en el hogar, como por ejemplo si el vehículo eléctrico (VE) se está cargando… ¿Está encendida la calefacción? ¿Es la tarifa de energía barata o cara? Pero también necesita entender lo que ha ocurrido históricamente para predecir el futuro. Sólo a través del intercambio de datos entre los diversos actores; solar, batería, HVAC, VE, electrodomésticos, un sistema eficaz puede realmente optimizar el consumo de energía para las necesidades individuales del propietario de la casa. Es esencial establecer un lenguaje común y APIs abiertas entre estos dispositivos y la conectividad de datos es clave.

Los dispositivos IoT conectados a Alexa, Google Home… ¿son el primer paso a la conectividad global? ¿Cómo deberían ser las soluciones tecnológicas más punteras?

Definitivamente, estamos en una etapa práctica que proporciona confort a los ocupantes facilitando el control y la dirección de los distintos electrodomésticos del hogar.

Los servicios de voz son una forma muy popular de interactuar con el hogar inteligente y esta tendencia seguirá avanzando. El uso de la IA/ML (Inteligencia Artificial/Machine Learning) permitirá que se produzcan más conversaciones contextuales con el hogar y en lugar de ser reactivo, el hogar inteligente del mañana será proactivo en sus interacciones. A medida que veamos que entran más dispositivos controlables en el hogar, los asistentes de voz asumirán más de una persona inteligente vinculando a los diversos actores en la casa para facilitar casos de uso complejos.

La necesidad de la IA/ML será más evidente a medida que la predicción se convierta en la norma utilizando el aprendizaje automático para entender los comportamientos pasados y comparativos para gestionar correctamente el hogar de la manera más eficaz. Si bien los cerebros del hogar se controlorán a través de una plataforma de gestión de la energía doméstica, la interfaz seguirá siendo una preferencia personal y los asistentes de voz, junto con los dispositivos inteligentes como teléfonos, tabletas y pantallas en el hogar, darán al usuario la posibilidad de elegir la forma de interactuar con su hogar.

Nuestros productos pueden utilizarse a través de Alexa de Amazon o de Google Assistant, habilitando la funcionalidad Wiser en la App de Alexa o la Google Home App, respectivamente. Una vez hecho, simplemente nos tenemos que conectar a nuestra cuenta Wiser registrándonos con nuestras claves.

Una vez habilitado el servicio, descubriremos que todos nuestros dispositivos -incluidos termostatos, controles de agua caliente, enchufes inteligentes, luces y persianas- pueden controlarse mediante las frases que ofrecen estos asistentes por voz, como “Alexa, ¿a qué temperatura está la sala de estar?”, “Alexa, enciende el agua caliente” u “OK Google, enciende mi lámpara de mesa al 50%”.  Además, una vez conectados, los dispositivos Wiser también pueden controlarse utilizando las funcionalidades SmartHome de Alexa y Google Home, como Grupos y Rutinas, que permiten controlar múltiples dispositivos con una única instrucción.

¿Podríamos decir que el hogar del futuro ya es protagonista del momento actual o queda mucho camino por recorrer para llegar a él?

¡La solución existe! Wiser hace que los hogares sean más personales, sostenibles, resilientes y eficientes. Además, en Schneider Electric estamos enriqueciendo constantemente la gama para cumplir con esta promesa. En IFA, por ejemplo, hemos presentado tres productos que responden a tres de estas necesidades clave: el sensor ‘plug and play’ para panel eléctrico Power Tag, que hace que nuestro hogar sea más sostenible; ‘Acti9 Acitive’, que lo hace más resiliente y el panel de control de temperatura eficiente, que lo hace más eficiente.

Piden responsabilidad a la Generalitat y alertan de un caos normativo que genera más inseguridad jurídica

idealista.com

Custodio Pareja – Ana P. Alarcos

Cataluña se convierte otra vez en el centro del debate inmobiliario. Si en septiembre puso en marcha el control de los precios del alquiler y hace dos semanas la Generalitat anunció un decreto que obliga a los propietarios de locales comerciales a la reducción del alquiler hasta el 50% si la actividad está suspendida y que hizo saltar las alarmas en el mercado, en esta ocasión el decreto se centra en la paralización de los lanzamientos de colectivos vulnerables.

El Gobierno autonómico ha prohibido esta semana vía decreto el desalojo de inquilinos vulnerables que residan en un inmueble en manos de un gran propietario, paralización que perdurará mientras se mantenga el estado de alarma o se produzcan restricciones a la movilidad por motivos sanitarias. La medida no afectará a los particulares, sino que se centra únicamente en los grandes tenedores de vivienda, pero ha vuelto a levantar ampollas en el sector. A pesar de que los expertos están a favor de paralizar los lanzamientos, se oponen a que la medida recaiga sólo sobre la espalda del sector privado, piden más responsabilidad a la Administración catalana y alertan de más inseguridad jurídica y un posible conflicto de competencias con el Estado Central.

El decreto en cuestión (Decreto Ley 37/2020) obliga a interrumpir los lanzamientos de las familias con pocos recursos hasta que el gran tenedor propietario de la vivienda ofrezca un alquiler social obligatorio. Así, la nueva norma amplía de facto el anterior decreto ley 17/2019 de medidas urgentes para el acceso a la vivienda que ya establecía en qué casos se debía ofrecer un arrendamiento y la ley 24/2015 que aborda la emergencia y pobreza energética.

Según explica el economista y consultor inmobiliario Gonzalo Bernardos, “los distintos gobiernos en España nunca han promovido vivienda pública de alquiler por dos motivos: la propiedad sufre un rápido deterioro y la gestión es muy difícil, porque genera pocos beneficios y muchos costes políticos para el partido que gobierne en el ayuntamiento”.

Debido a ello, “en Cataluña se les ha ocurrido una idea. La protección de las familias más vulnerables la deben hacer los propietarios, en especial los grandes tenedores. Me parece injusto puesto que la protección de las familias, vulnerables o no, la debería hacer el sector público. Para eso pagamos impuestos”, sostiene el economista.

Gonzalo Bernardos, no obstante, se muestra a favor de que se paralicen los lanzamientos de todas las familias que no pueden pagar las rentas, pero insiste en que la Administración debería pagar la renta impagada a los propietarios, ya sea ahora o en el futuro y reitera que es “una vergüenza que no haya un parque público de alquiler porque, en el momento actual, las necesidades de vivienda de los más afectados por la crisis podrían ser satisfechas”.

Para José Ramón Zurdo, Director General Agencia Negociadora del Alquiler, este decreto es un ataque directo al sector privado. “Es inadmisible e irresponsable que el sector privado pague las políticas sociales de vivienda. La medida adoptada por la Generalitat nos parece una alteración de las reglas del juego en mitad del partido, que va a crear más inseguridad jurídica y va a hacer que muchos de estos inversores huyan del alquiler. Entendemos que este decreto, encaminado a proteger a muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad y exclusión residencial, está dentro de las políticas sociales de vivienda que puede acometer el sector público, pero lo que es inadmisible es que las políticas sociales las pague el sector privado. ¿Por qué la Generalitat no compensa a los arrendadores de esas rentas que dejan de percibir?”.

Según el experto, “la Generalitat vuelve otra vez a trasladar al sector privado sus carencias en materia de oferta pública de viviendas, sector que no tiene la culpa de la situación actual y que ya se está hartando de tanta política intervencionista”.

No obstante, coincide con Bernardos en que, si bien la acción es la correcta, no se ha hecho de una manera equitativa para ambas partes. “Nos parece bien que desde el sector público se quiera proteger a las familias más vulnerables, pero debe ser el mismo sector público y la Administración que lo representa (la Generalitat en este caso), el que se haga cargo al 100% de todos los gastos de estas medidas. Hacer política social para que lo pague el sector privado es totalmente irresponsable y ataca frontalmente a la viabilidad de los grandes tenedores de vivienda que son los responsables del aumento de oferta de viviendas en alquiler, que es precisamente lo que más necesita el mercado del alquiler en toda España. Con esta medida se contraerá la oferta de viviendas, con las consecuencias que ello tiene en los precios de los alquileres”, alerta Zurdo.

En esa misma línea, Marta Martín, abogada de AM2 Legal, afirma que “mientras no se diga lo contrario, las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias, fondos de inversión y fondos de capital riesgo son entidades jurídicas con derechos y obligaciones, y su actividad es lícita, por lo que no cabe condenarles a asumir obligaciones tan gravosas y a privarles del aprovechamiento de sus bienes inmuebles sin una compensación. El artículo 33.3 de la Constitución dice que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

La letrada añade que “si aceptamos que la situación actual es grave y el Gobierno de la Generalitat tiene una causa justificada de interés social para obligar a los grandes tenedores a poner sus inmuebles al servicio de las personas en riesgo de exclusión social, debe compensarles por ello. No puede expropiar el uso de los inmuebles de forma gratuita, tal y como está haciendo”.

Por su parte, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) considera que este tipo de medidas van en contra del desarrollo del mercado del alquiler en Cataluña porque es “un ataque a la propiedad privada que supone un paso más de la política de la Generalitat para socavar los derechos de los propietarios de viviendas, en este caso de los grandes tenedores”.

Beatriz Toribio, directora general de la asociación, asegura que “es un llamamiento a impagos de renta y a la ocupación ilegal. Esta prohibición de los lanzamientos por un tiempo ‘sine die’ va a provocar que muchos inquilinos con dificultades económicas decidan no pagar sus rentas, antes que solicitar algún tipo de ayuda, como los créditos ICO o una moratoria, al saber que no serán desahuciados, promoviendo la ocupación ilegal de inmuebles”.

Sus argumentos los comparte la abogada de AM2 Legal, quien recalca que “de forma indirecta, la Generalitat está fomentando la ocupación ilegal de inmuebles de grandes tenedores”, ya que con el decreto “se suspende el desalojo de los okupas que hayan iniciado la ocupación antes del 25 de octubre de 2019. Es decir, se les permite seguir en la vivienda, aunque hayan accedido a ella por la fuerza. El Gobierno catalán se olvida de que no todos los okupas son familias desvalidas. Muchos son delincuentes organizados en mafias que además destrozan los inmuebles”.

Desconcierto, inseguridad, litigiosidad y menos inversión

La abogada pone como ejemplo la paralización de un lanzamiento que debía haberse producido este 5 de octubre y en el que ella ejercía como abogada de la comunidad de propietarios demandantes. Un caso que no debía haberse frenado, ya que se trataba de un local, no de una vivienda.

“Este jueves se tenía que celebrar uno de esos lanzamientos de okupas que ponen en riesgo a toda una comunidad de propietarios y les amargan la existencia, que ocuparon un local comercial de una entidad bancaria hace año y medio.  Sin embargo, el Juzgado de 1ª Instancia 41, tras la publicación del Decreto, decidió suspenderlo. No se paró a analizar si el Decreto es aplicable a los locales comerciales o no, sino que suspendió sin más. Yo tengo claro que únicamente es aplicable a viviendas, pues la Ley 24/2015 en todo momento se refiere a viviendas, no a inmuebles en general, pero ante tal cúmulo de leyes y decretos, ni los propios jueces se aclaran”, relata Martín.

La responsable de ASVAL también augura que este decreto dejará un escenario con “más inseguridad jurídica y menos inversión” y un “conflicto de competencias CCAA-Estado”. “La Generalitat de Cataluña no tiene competencias para legislar en materia de desahucios de alquiler, ya que es competencia del Estado, lo que provocará un nuevo capítulo de litigiosidad que se suma a los que provocarán otras normativas aprobadas anteriormente por el Ejecutivo catalán, como el control de precios de los alquileres, medida que el Consejo de Garantías Estatutarias del propio Parlamento de Cataluña ya ha dictaminado que es inconstitucional”. En este escenario, ASVAL insta al Gobierno a que ponga freno a este tipo de medidas, y alerta de las graves consecuencias que tendrá para el mercado del alquiler mientras esté en vigor.

Su postura es similar a la que mantiene Vicenç Hernández Reche, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC). “Evidentemente, las normas procesales que regulan el ejercicio de acciones en relación con arrendamientos urbanos son competencia exclusiva del Estado. Esto supone que las previsiones relativas a la suspensión de los lanzamientos y que impiden el ejercicio de una acción judicial o la paralicen son inconstitucionales, dado que la Generalitat carece de competencias. Y ello seguramente tendrá un efecto: muchos jueces no van a aplicar esta norma”, dice David Viladecans Jiménez, director de asesoría jurídica de la compañía.

En su opinión, “estamos ante una socialización de una situación que se ha generado con ajenidad de estos actores económicos” y que está provocando “un gran desconcierto”.

La abogada de AM2 Legal también cree que este tipo de políticas, así como el trato que se está dispensando a los grandes tenedores de vivienda, “está causando el efecto de la fuga de inversiones a otras comunidades autónomas” e insiste en que “no tiene sentido que trates tan mal a quien vas a necesitar para solucionar los problemas de vivienda”. Martín defiende la colaboración público-privada, pero siempre y cuando implique que las dos partes aporten y reciban, y se respeten los derechos constitucionales. “No se puede quebrantar de este modo el derecho de propiedad”, concluye.

En una sentencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS anuló por defectos de motivación un auto judicial que autorizó la petición de Hacienda de entrada en el domicilio de una empresa

elderecho.com

El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha afirmado este jueves que el acceso a domicilios con previo aviso para realizar comprobaciones «no parece que sea muy efectivo cuando existe la posibilidad de destruir pruebas», después de que el Tribunal Supremo fallara que Hacienda no puede acceder a un domicilio u empresa por una «corazonada» o «para ver qué se encuentra».

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, en la que Gascón se ha referido a la sentencia del Supremo y ha defendido que las personas físicas y jurídicas tienen una «protección» y derechos constitucionales que hay que «conciliar» con el hecho de que un investigador con autorización judicial pueda acceder a los locales sin previo aviso.

«El acceso con previo aviso no parece que sea muy efectivo cuando existe la posibilidad de destruir pruebas», ha indicado Gascón, quien, no obstante, ha apuntado que el Supremo «ha puesto el problema encima de la mesa» y ha dicho que hay que ver la normativa y encontrar la solución más oportuna, por lo que «lo que hay ahora es endeble».

Por ello, ha indicado a los diputados presentes en la Comisión de Presupuestos que hay una «tarea por delante» en este asunto que se tendrá que ver y «probablemente» también tengan que abordar legislativamente los parlamentarios.

En cualquier caso, ha rehusado utilizar «sistemáticamente» la vía penal, ya que, a su juicio, tiene que ser el «último recurso», ya que «por judicializar más asuntos no se está haciendo mejor el trabajo, a veces puede ser contraproducente». «La vía penal tiene que ser excepcional», ha añadido.

En una sentencia publicada a primeros de octubre, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló por defectos de motivación un auto judicial que autorizó la petición de Hacienda de entrada en el domicilio de una empresa basada en que había tributado por debajo de la media del sector, lo que inducía a pensar que podía haber estado ocultando ventas efectivas.

Así, estableció que no se puede acceder a un domicilio u empresa por una «corazonada» o un propósito «meramente prospectivo o indeterminado» o «para ver qué se encuentra».

El director general de la AEAT ha pedido no fijarse únicamente en el resultado de la lucha contra el fraude, que cree que este año podrá alcanzar un nuevo «récord», sino en si la evolución del cumplimiento voluntario crece más que los indicadores macroeconómicos.

El reto este año y el próximo, ha dicho, es mantener la tendencia de los últimos años y que crezcan más las bases fiscales e ingresos homogeneizados de lo que está decreciendo la economía.

noticias.juridicas.com

Irene Ruíz de Valbuena

La proporción de población activa de menos de 40 años ha bajado en los últimos años (38 % en el segundo trimestre de 2020 frente a un 52 % en el mismo período de 2010), mientras que el porcentaje de trabajadores en activo que supera los 40 años ha subido (62% en el segundo trimestre 2020 frente al 48% en el mismo período de 2010), lo que demuestra un envejecimiento creciente de los trabajadores, con una media de edad de 43 años. Asimismo, los datos de la última encuesta de población activa reflejan una fuerte segmentación por edades, en la que los profesionales de 50 años en adelante ya representan casi un tercio (32%) de la fuerza laboral, porcentaje que se prevé que aumente hasta el 50% en menos de 10 años.

Ante esta situación en el panorama laboral de nuestro país, las empresas que quieran ser competitivas no tienen otra opción más que formular una estrategia clara que favorezca la convivencia de las distintas generaciones y potencie el talento de todos los trabajadores independientemente de su edad. Para ello es necesario que las organizaciones hagan un diagnóstico sobre a qué generaciones pertenecen sus trabajadores, qué las caracteriza, cuáles son sus necesidades y los puntos fuertes a potenciar de cada una de ellas.

Elena Cascante, Presidenta de la Asociación 50plus, impulsora de la iniciativa Generacciona y Socia Directora del Observatorio Generación & Talento, trata este desafío para las empresas en la obra El Envejecimiento como riesgo empresarial (disponible en este enlace) en la que señala que “no es raro encontrar entre tres y cinco generaciones conviviendo en la misma coyuntura laboral: Tradicionales (nacidos antes de 1955), Baby Boomers (nacidos entre 1956 y 1970), Generación X (nacidos entre 1970 y 1981), Generación Y o Millennials (nacidos entre 1982 y 1992) y Generación Z (nacidos a partir de 1993)”.

Los desafíos de cada generación en el ámbito laboral

Como explica Cascante, cada generación tiene diferentes experiencias, valores, habilidades, inquietudes y motivaciones que marcan su esencia vital y profesional. De hecho, los principales conflictos en el ámbito laboral surgen de las diferencias generacionales en aspectos como las políticas de conciliación, formas y procesos de comunicación, el uso de la tecnología, las distintas formas de liderazgo o los diversos métodos de aprendizaje.

Por ello, advierte la experta que “resulta estratégico para las organizaciones conocer y gestionar los muchos desafíos por resolver para cada generación si queremos potenciar su talento y compromiso”. Y cita algunos ejemplos como: la necesidad de que los Tradicionales se enfrenten a una jubilación activa y positiva para prevenir y potenciar su salud física, cognitiva, emocional y social durante el mayor número posible de años tras su retiro. Que los Baby Boomers se jubilen lo más tarde posible y que sigan aportando valor, en vez de desvincularlos o dejar de contar con ellos sin medir en términos económicos lo que supone la descapitalización de su conocimiento. O que los jóvenes maduros de la generación X, actualmente atrapados entre las cargas propias de su edad como pueden ser hijos, hipotecas, etc… y la falta de proyección en sus carreras profesionales por el tapón de los Baby Boomers, se sientan estresados y desmotivados porque piensen que todo recae sobre ellos.

Por su parte, la Generación Y, los mejor formados, o no trabajan o en el mejor de los casos han tenido una incorporación muy precaria al mercado laboral o se han planteado emigrar a otro país; realizan trabajos que no se corresponden con su formación y sin embargo las empresas los quieren retener. Y finalmente, la Generación Z, testigos nuevos de este mundo que están heredando, ven cómo el esfuerzo y el trabajo realizado por sus padres y la gran formación de sus hermanos no son baluartes del éxito, y lo mismo ya no se creen el mundo que están heredando.

“La gestión de la diversidad no es una opción, es un imperativo empresarial para toda organización que quiera mantener un crecimiento sostenido en el nuevo orden socioeconómico” sentencia Elena Cascante. Algo en lo que coincide Natalia Fernández, Directora de Personas y Transformación en Mutualidad de la Abogacía – que también participa en en la obra El envejecimiento como riesgo empresarial -, y añade que “el futuro es intergeneracional, con una configuración de los equipos de trabajo cada vez más plural, y es por tanto labor de las empresas fomentar entornos inclusivos e integradores”.

El valor del talento senior

Sin embargo, Fernández lamenta que esta realidad no haya calado en las organizaciones y que exista una consolidada tendencia a excluir del mercado laboral a los perfiles senior mediante procesos de reorganización, planes de jubilación y jubilaciones anticipadas. En su opinión, las empresas cometen un grave error al desaprovechar el conocimiento y la experiencia de los trabajadores denominados como Talento Sénior (Silver Talent) y que abarca a la generación Baby Boomer y parte de la generación X. Sobre todo, teniendo en cuenta que representan un porcentaje cada vez mayor de la fuerza laboral de nuestro país, y que cuentan con un bagaje profesional que puede resultar muy útil para superar las situaciones de crisis en las que muchas empresas están inmersas en la actualidad a raíz de la pandemia.

En este sentido, Natalia Fernández apuesta por que las organizaciones integren de forma efectiva a los trabajadores senior utilizando distintas palancas para asegurar una mejor capacitación a la carta, aprovechar su experiencia y adaptarse a las necesidades particulares de este colectivo a través de los itinerarios individuales de capacitación, las formas de flexibilidad laboral, la personalización de los beneficios sociales o diferentes formatos de prestación de servicios.

Muchas son las causas de esta desvinculación de los perfiles senior en las empresas, como los prejuicios sobre su desactualización en nuevas habilidades o competencias, o sobre su falta de motivación, aunque para Cascante no cabe duda de que la principal causa es económica. “Se les desvincula de las organizaciones justificando que se necesita sangre nueva, pero la realidad es que son sustituidos por un joven al que se incorpora con contratos de trabajo muy precarios o se le empuja a emigrar a destinos donde se le reconozca su gran formación” afirma.

Por ello, la directora del Observatorio insiste en superar el eterno debate sobre quién aporta más valor, si los jóvenes o los seniors, y centrarse en convencer a las organizaciones que tienen una visión cortoplacista y que gestionan por “costes” a que pasen a gestionar por talento. “Tanto la sociedad como las organizaciones y las personas necesitamos la sabiduría, experiencia y compromiso de los más senior, así como la gran formación, visión global y digital de los más jóvenes” destaca. Y concluye “la diversidad generacional aprovecha e interconecta el conocimiento de cada generación potenciándolo, incrementa la creatividad e innovación con foco en el negocio y favorece el compromiso de los empleados, lo que redunda en el incremento reputacional de las organizaciones entre otros beneficios”.

confilegal.com

Irene Casanueva

Las resoluciones judiciales que dan la razón a los consumidores frente a los bancos por determinadas cláusulas abusivas incluidas en sus préstamos hipotecarios se suceden en los tribunales españoles.

Una de las más recientes es la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 5 de Alicante que ha declarado la nulidad por abusividad de la cláusula de gastos, de comisión de apertura y de comisión por reclamación de posiciones deudoras (por descubierto) de un préstamo de BBVA.

El magistrado José María Bernabeu estima de esta manera la demanda interpuesta por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y condena a la entidad a abonar al cliente 1.869,37 euros más los intereses legales y le impone las costas.

En la sentencia número 3246/2020, 28 de octubre, que puede ser recurrida en apelación, el juez indica que “no existe prueba alguna que corrobore el carácter negociado del contrato en general, ni de las cláusulas impugnadas, en particular”.

Tampoco queda acreditado, explica, que “existiera una situación de igualdad entre los contratantes que colocara al demandante en la misma situación de fuerza que la del profesional”.

Por lo tanto, para el juez, debe establecerse “el carácter predispuesto, general e impuesto de las cláusulas impugnadas, que directamente fueron impuestas por el profesional, sin que el demandante pudiera influir en su contenido, y por ende, sin negociación individual”.

Declara nula la comisión de apertura: Ordena un reintegro de 800 euros 

En cuanto a la comisión de apertura (0,9%) aplicada sobre el préstamo, el juez determina su carácter nulo y su falta de proporcionalidad y es que “tal comisión no responde a un servicio autónomo y previo realizado por la entidad bancaria, sino a un mero gravamen hacia el prestatario sin justificación alguna”.

Este sentido interpretativo, recuerda, se extrae, entre otras, de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) de 16 de julio.

De modo que, indica, “no acreditado por la entidad bancaria el servicio a que responde la comisión, se considera que la cláusula que imponía una comisión de apertura en el préstamo debe ser considerada nula por su carácter abusivo”.

Por ello, procede, en aplicación del artículo 1.303 del Código Civil, y a fin de evitar cualquier tipo de enriquecimiento injusto, que la entidad reintegre al demandante la cifra abonada por tal concepto (864 euros).

Por concepto de gastos hipotecarios ordena reintegrar 600 euros

En la sentencia, el juez también señala que “a pesar de que la estipulación se redacte de forma sencilla y clara, procede determinar si ocasiona un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor, contrario a la buena fe”.

“La cláusula referida impone al prestatario una pluralidad de conceptos, de modo que la entidad se asegura que cualquier eventual coste derivado del préstamo hipotecario será asumido por el consumidor”.

Esta forma de proceder, subraya, “se ha considerado abusiva por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como así concluye la reciente Sentencia de Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, número 148/2018, de 15 de marzo”.

El juez declara la nulidad de la estipulación. “No obstante, la expulsión de la misma del contenido del contrato no implica que la entidad bancaria deba correr con todos los gastos derivados del préstamo hipotecario, sino que para distribuir las partidas habrá que atender a la normativa sectorial correspondiente y al interés de cada interviniente en la operación”.

Añade que la declaración de nulidad de las cláusulas indicadas “tiene como consecuencia ineludible que la cláusula se tenga por no puesta, como si nunca hubiera existido”.

De este modo, la entidad debe restituir al cliente el 50% por ciento de los gastos asumidos por Notaría (299,59 euros), el 50% de Gestoría (104,40 euros) y la integridad de Registro (197,38 euros), lo que suma un total a reintegrar por concepto de gastos hipotecarios es de 601,37 euros.

En lo referido a la cláusula de comisión por reclamación de posiciones deudoras de 30 euros por recibo impagado, determina también su nulidad por su carácter abusivo. Asimismo, impone el abono de las costas procesales devengadas a la parte demandada.

confilegal.com

Borja Monforte San Román

Con la proclamación otra vez del estado de alarma vuelven a surgir exactamente mismos los problemas que aparecieron en marzo, pero esta vez, agravados. Ahora no va a ser un bache, va a ser un terrible socavón. Esta hecatombe quebrará gran parte de las PYMES de nuestro país.

Además de los ya sobradamente conocidos problemas de UCIS llenas y hospitales absolutamente desbordados, se suma una crisis económica histórica. Es triste ver como los comercios intentan salir a flote y no parando en ningún momento de pedir auxilio.

Las empresas y el pequeño comercio tienen un aguante determinado, es decir, pueden soportar algún mes sin ingresos o poca venta.

Pero seguro que no van a poder aguantar otro cierre, esta vez, se habla ya, nada más y nada menos que 6 meses.

Y es perfectamente normal que no puedan aguantar, o ¿usted sería capaz de aguantar en su casa al mismo nivel de vida, cuantos de los lectores serían capaces de aguantar sin un ingreso en 6 meses?

Esta situación acarrea numerosos problemas legales, como la declaración del concurso de acreedores o la quiebra directa de los negocios entrando directamente en liquidación.

Sueños, esfuerzo, sacrificio e infinidad horas trabajo que han hecho miles y miles de personas diariamente en nuestro país para poder salir adelante para construir un país más fuerte y una vida mejor que se escapan inevitablemente de los dedos de la mano.

Sin liquidez o financiación los negocios están abocados a la quiebra.

CUATRO CONSECUENCIAS

A esta quiebra le acompañan cuatro consecuencias fundamentales que son catastróficas, a saber: En primer lugar, la limitación de acceso a financiación, se “cierra el grifo”.

No porque no quieran dárselo, sino porque las leyes de la lógica dictan que se perderá.

¿Usted prestaría dinero a un negocio que va a cerrar?

Nadie deja dinero para perderlo.

Segundo y como consecuencia del anterior, si no generas negocio, ni tienes acceso a financiación, te ves obligado a cesar en la actividad. Se produce el cierre de un negocio que, hasta la llegada del Covid funcionaba, generando riqueza y creando trabajo pero que con esta situación es completamente insostenible.

A la “bajada de persiana” le acompaña la correspondiente quiebra del empresario o autónomo, personas que habían apostado por una vida mejor, luchado por mejorar, por crecer, invirtiendo lo que tenían y ahora por razones ajenas a su voluntad y su trabajo, lo pierden.

Tercero, los despidos del personal, probablemente el más conflictivo y la decisión más dolorosa, tener que despedir a trabajadores válidos y cualificados por cese de negocio.

Personas con familia que van a tener que buscarse la vida porque pasarán a engrosar las filas, ya de por sí numerosas del paro Cuarto y no por ello menos importante, las deudas a terceros que nunca se pagarán.

UNA REACTIVACIÓN ECONÓMICA QUE  NO VA A SER FÁCIL

Aunque una empresa goce de una buena salud financiera, existe la posibilidad de que las mercantiles con las que trabaje, se vean envueltas en esta situación concursal y terminen dejándoles deudas impagadas, perjudicando gravemente a las primeras, porque se ha de recordar que en pocas ocasiones se cobran deudas que no tienen carácter privilegiado.

La reactivación económica no va a ser nada fácil, menos aún si se produce una subida del tipo impositivo, es muy triste observar como llegados a un momento en el que parecía que la sociedad levantaba un poco la cabeza y comenzaba el crecimiento después de la espantosa crisis del 2008, llega ahora una crisis económica mucho peor que la anterior.

Por todo ello, van a surgir con toda seguridad, infinidad de reclamaciones extrajudiciales y judiciales, las cuales se alargarán en el tiempo debido a la cantidad de asuntos y a la reducción de personal.

Los despachos de abogados estaremos al pie del cañón, dando el do de pecho para internar mejorar la salud y viabilidad de las empresas desde el punto de vista legal, trabajando para que puedan salir adelante el máximo número de ellas y defendiendo en todo momento a todos aquellos trabajadores que se queden por el camino.

Es nuestro trabajo y es de justicia arrimar el hombro en estas situaciones tan difíciles e injustas.