Día: 9 de noviembre de 2020

ASG Homes se adentra en el residencial de alquiler

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ASG Homes se adentra en el residencial de alquiler. La compañía ha arrancado un nuevo vehículo de inversión con un volumen de 200 millones de euros con el objetivo de crear una cartera de 2.500 viviendas de alquiler hasta 2022.

La compañía, liderada por Víctor Pérez Arias, prevé entrar tanto en el mercado del ‘build to rent’ como en la compra de activos ya construidos que se deban reformar para adaptarlos a las necesidades del mercado. En todo caso, los proyectos deben tener un mínimo de 100 viviendas cada uno.

El máximo responsable de la empresa ha explicado que “se trata de una magnífica oportunidad de crecimiento para la compañía en su apuesta por seguir desarrollando activos de valor añadido”.

ASG Homes se centrará especialmente en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y País Vasco y en ciudades como Zaragoza, Pamplona, Palma, Valladolid o Murcia, entre otros.

ASG Homes es propiedad del grupo ActivumSG, fundado en 2007 por Saul Goldstein y que cuenta con una cartera de activos bajo gestión de 2.000 millones de euros ubicados en Alemania y España. Desde 2015, la compañía ha levantado más de 10.000 viviendas.

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El control del precio del alquiler vuelve a crear división de opiniones en el Gobierno. A pesar de que PSOE y Podemos pactaron incluir el tope de los precios en la Ley de Vivienda que prepara el Ejecutivo, acuerdo que fue necesario para sacar adelante el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, la ministra económica Nadia Calviño cree que es un error inducir a los ciudadanos a pensar que una sola medida puede resolver los problemas de España en materia de vivienda. 

Según ha insistido la vicepresidenta económica en el programa Espejo Público, “desde hace dos años y medio vengo diciendo lo mismo. La evolución del mercado inmobiliario y del precio de la vivienda y del alquiler es una cuestión compleja y los ciudadanos lo que quieren es que les expliquemos es que las cosas son complejas y no que les digamos que las cosas se resuelven fácilmente con una varita mágica”.

“Creo que no hay que inducir a error a la gente para pensar que hay una medida que va a resolver todos los problemas, y en un mercado en el que los precios están cayendo. No juzgo a las personas que defienden esta medida, pero son muchas las medidas que hay que tomar”, ha recalcado Calviño.

La titular económica ha recordado que el acceso a la vivienda en España, sobre todo por parte de los jóvenes, es una de las prioridades del Gobierno liderado por Pedro Sánchez y que, por ello, en los últimos dos años y medio ha tomado diferentes medidas encaminadas a “facilitar la movilización de los suelos públicos, mejorar la protección de los inquilinos, mejorar el funcionamiento del mercado de viviendas turísticas o frenar los desahucios en un momento tan extraordinario como la pandemia. Y tendremos que preparar la Ley de Vivienda para seguir avanzando en un mejor funcionamiento del mercado”, ha añadido. Recordemos que la partida en vivienda de los Presupuestos incluyen una dotación récord de más de 2.000 millones de euros gracias a los fondos europeos. 

Además de Calviño, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también se muestra partidario de que las actuaciones estén más encaminadas a aumentar la oferta de viviendas en alquiler y menos a restringir los precios. Una alternativa que, de hecho, ya puso en marcha Cataluña en septiembre y que se ha topado con las críticas del sector inmobiliario.

Sobre el motivo por el que la economía española está sufriendo un mayor impacto de la crisis del coronavirus que otras potencias europeas, Calviño ha insistido en que “hay un factor fundamental y es el peso importante del turismo, de la restauración y la hostelería, y todo lo relacionado con las relaciones personales. Y es evidente que en una pandemia que lo que exige cortar con esas relaciones personales afecta de una manera particularmente intensa a una economía como la española, como sucedió en el segundo trimestre del año. Y sin embargo lo que vemos es que existe una base sólida, por eso la economía creció tanto en el tercer trimestre”.

Según los datos del INE, el PIB se disparó en verano un 16,7% en términos trimestrales, mejorando incluso las previsiones más optimistas, aunque en términos anuales el descenso se situó cerca del 9%.

Respecto al proyecto de las cuentas públicas para 2021 que presentó la semana pasada el Gobierno, y ante las críticas de organismos como el Banco de España a medidas como la subida salarial a los funcionarios o una previsión optimista de ingresos públicos, Calviño ha defendido el alza de las pensiones al considerar que “está suficientemente justificada”, así como la subida de los funcionarios.

Además, la ministra ha recordado que el incremento de los sueldos será de un 0,9% y que, con ella, los empleados públicos “podrán aumentar su consumo”. También ha defendido la nueva ley contra el fraude fiscal y ha recalcado que los pronósticos del Gobierno en materia de ingresos o sobre la evolución de la economía son prudentes. Para este año, el Ejecutivo estima una recesión del 11,5%, frente al más del 12% que espera por ejemplo la Comisión Europea, así como una remontada superior al 7% en 2021, frente al 6% que fijan como máximo Bruselas o BBVA Research.

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El sector inmobiliario vuelve a ponerse en pie de guerra ante la falta de seguridad jurídica que rodea al mercado de la vivienda.

Así lo han manifestado diferentes expertos en unas jornadas organizadas por el Foro de Economistas Inmobiliarios, en las que se pusieron sobre la mesa diferentes estrategias que se deberían seguir en la era postcovid-19.

Uno de los ponentes en las jornadas fue Joan Clos, exalcalde de Barcelona y actual presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), quien criticó los constantes cambios normativos en el mercado residencial. Según Clos, “el problema de vivienda de España no está relacionado con la falta de dinero, sino con la falta de regulación, gestión y de seguridad jurídica. No podemos estar bajo regulaciones cambiantes cada pocos meses, sobre todo en temas fundamentales”. 

Clos también se mostró en contra del control de los precios del alquiler que activó Cataluña en septiembre, medida que el Gobierno quiere trasladar al conjunto del país en los próximos meses, y alertó de que “la literatura económica y los ejemplos europeos demuestran que este tipo de leyes no funcionan y que, incluso, agravan las crisis”. En su opinión, la manera de evitar fuertes subidas de precios está en una verdadera política pública de vivienda en un momento en el que la sociedad y la situación económica están impulsando la demanda del alquiler.

Por su parte, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, recalcó la necesidad de garantizar la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la claridad normativa en materia de vivienda, así como la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para impulsar el desarrollo de viviendas de obra nueva y aumentar el parque de viviendas de alquiler asequible, aprovechando el interés de fondos y promotoras por el negocio conocido como ‘build to rent’.

Según el Boletín Especial de Vivienda Social publicado recientemente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el parque de vivienda social de titularidad pública se sitúa actualmente en torno a 290.000 viviendas, de las que unas 180.000 están en manos de las comunidades autónomas y las 110.000 viviendas restantes son de titularidad municipal. Una cifra irrisoria si tenemos en cuenta que en España hay más de 25 millones de viviendas. Además, desde la Cartera dirigida por José Luis Ábalos sostienen que en todo 2019 se construyeron poco más de 1.000 viviendas protegidas destinadas al alquiler.

Con estas cifras sobre la mesa, Francisco Navajas, socio director de Franamar Consulting, también se suma a las voces que piden fomentar alianzas entre el sector público y el privado para promover viviendas tanto de alquiler como de venta, así como apostar por la rehabilitación del parque de viviendas en España, donde más de la mitad de las viviendas se construyeron antes de 1980 y una de cada cinco tiene más de medio siglo de antigüedad.

La rehabilitación debe ser otro de los pilares del mercado de la vivienda en la época postcovid. Según Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de Sociedad de Tasación ST, la clave es que sea una rehabilitación sostenible, mientras que el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios habla de la fórmula de las ‘3R’: regeneración, renovación y rehabilitación urbanas. 

Para este cometido, los expertos piden al Gobierno que aproveche las ayudas europeas que va a recibir España en el marco del fondo de reconstrucción para paliar los efectos del covid-19. Con 140.000 millones de euros entre ayudas directas y préstamos, España será el segundo país de la UE que recibirá el mayor importe, después de Italia.

De momento, y a la vista del Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Gobierno prevé destinar a la partida de vivienda más de 2.235 millones de euros, una cifra récord gracias a que incluye más de 1.600 millones procedentes de los fondos europeos, lo que convierte a la vivienda en, la sexta área económica que recibirá el mayor importe. Según las cuentas públicas del año que viene, el destino de parte de esos fondos será la rehabilitación de medio millón de casas en un plazo de tres años, la ampliación del umbral de las ayudas al alquiler asequible (que pasará de 600 a 900 euros) o el desarrollo de viviendas de alquiler social y asequible, entre otros.

Por otro lado, los expertos que se dieron cita en la jornada también hablaron de la posibilidad de crear ayudas directas para facilitar el acceso a la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler. En este caso, una alternativa sería introducir una especie de cheque dirigido a los arrendatarios y que permitiría que el propietario tuviera garantizados los ingresos por el alquiler de un inmueble.  

noticias.juridicas.com

El Ministerio de Asuntos Económicos está preparando una orden para habilitar el sistema permanente de identificación remota para conseguir certificados «cualificados» desde casa. El objetivo es evitar la acumulación de usuarios en las oficinas de la Administración, en vista de los datos de la segunda ola del coronavirus y la posibilidad de un segundo confinamiento. Esta identificación a distancia servirá para expedir certificaciones para trámites con Hacienda, el SEPE o la Seguridad Social. 

La llegada del Estado de Alarma en marzo ya trajo un sistema de certificación a distancia por videoconferencia para la emisión de ciertos certificados, con el Real Decreto-ley 11/2020. Hasta el momento, estos trámites requerían la presencia del ciudadano para garantizar su efectiva identificación. 

Con el fin de implantar «de forma permanente y con plena seguridad jurídica dicha posibilidad», y para evitar desplazamientos innecesarios, la disposición final quinta del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que modifica el artículo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, habilita a que mediante orden ministerial se regulen las condiciones y requisitos técnicos que permitan la implantación de los citados métodos por parte de los prestadores de servicios electrónicos de confianza (empresas públicas o privadas). Esta orden vendría a marcar dichos mínimos.

Puede consultar el texto del proyecto en este enlace. 

El Colegio Oficial presenta un informe técnico a modo de alegaciones contra la nueva ordenanza de Santa Cruz de Tenerife y advierte del riesgo de derrumbes debido a los problemas estructurales que presentan la mayoría de inmuebles de la capital

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El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de la provincia ha presentado un informe, a modo de alegaciones a la Ordenanza de la Edificación de Santa Cruz de Tenerife, que desaconseja autorizar la instalación de piscinas en cubiertas y terrazas de los edificios existentes, sin un estudio técnico, tal y como que se recoge en el documento sometido a consulta antes de su aprobación definitiva.

El informe se basa en la realidad del estado de los edificios que gestionan los administradores de fincas colegiados en el municipio y en el estudio exhaustivo de la futura normativa que ha realizado la arquitecta especialista en patología estructural Victoria Marrero Forniés, asesora técnica del Colegio.

Son varios los argumentos que, según explica el informe, desaconsejan la instalación de piscinas en las cubiertas de los edificios del municipio, toda vez que la mayoría son anteriores a 2006, es decir, construidos antes del Código Técnico de Edificación, y requieren ya de revisión técnica y rehabilitación, «por lo que es impensable añadir más carga a estructuras ya dañadas».

La arquitecta advierte del riesgo claro de derrumbe, si se autoriza la instalación de piscinas en azoteas y terrazas de edificios existentes y sin un informe técnico previo, un requisito que, siendo imprescindible para cualquier otro elemento arquitectónico que se quiera colocar en un edificio, no aparece en la Ordenanza. «Máxime, cuando la inmensa mayoría de edificios de este municipio presentan ya problemas estructurales», insiste.

El informe analiza cuestiones como el peso, cargas, reserva de carga de los edificios, materiales de construcción los edificios en Canarias hasta hace unos años, entre otros factores condicionantes para instalar una piscina en un inmueble. También hace un cálculo de la inversión necesaria, puesto que habría que reforzar las estructuras de todo el edificio­, lo que conlleva un presupuesto tan elevado y desproporcionado que haría inviable lo previsto en la Ordenanza para los edificios existentes.

A la vista de este informe y de los argumentos expuestos, el CAF tinerfeño valora que «autorizar las piscinas en edificios ya construidos, y sin prescripción técnica, sería una temeridad. Y poco realista, porque en realidad lo que se propone no se podría realizar, teniendo en cuenta la edad de los inmuebles y que la mayoría de ellos ya tienen problemas estructurales».

La Ley de Propiedad Horizontal prohíbe a los morosos votar en la junta de propietarios, pero respecto al uso de los espacios comunes hay dudas.

expansion.com

ALEJANDRO GALISTEO

La hucha de las comunidades de vecinos se está vaciando y la culpa, como casi de todo en los últimos meses, es del Covid-19. Así lo cree el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que prevé un repunte de entre el 25% y el 40% de los impagos de las cuotas en las comunidades de propietarios de todo el país, sobre todo por los sobrecostes que generan las medidas sanitarias preventivas frente al coronavirus.

La economía interna de las agrupaciones de propietarios se está viendo comprometida por la morosidad, una realidad que afecta de forma más dura a unos que a otros. «Quienes no estén al día en sus cuotas con la comunidad pierden algunos de sus derechos. El más importante es el voto en las juntas de propietarios», explica Guillermo Mosquera, abogado de Mosquera & Vicente.

No obstante, los morosos sí pueden acudir a estas reuniones (juntas ordinarias y extraordinarias), pero tan solo con voz, no con voto. «Lo que sí pueden es representar a otros propietarios que sí estén al corriente de pago. Además, también pueden salir elegidos presidente de la comunidad», comenta Mosquera.

Cosa distinta es la de impugnar las decisiones que se tomen en las juntas o las propias actas de estas reuniones, un derecho que pierden con la morosidad.

Zonas comunes

¿Puede un propietario que no cumple con sus pagos disfrutar de la piscina? ¿Se le debe restringir el acceso? La respuesta a esta pregunta genera controversia e irritación en algunas comunidades de vecinos.

La Ley de Propiedad Horizontal sólo recoge como sanción la privación del derecho a voto. «Por tanto, el vecino que tenga pagos pendientes tendrá derecho a utilizar los elementos comunes (ascensor, piscina) a pesar del incumplimiento», explica el letrado de Mosquera & Vicente.

Sin embargo, una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 13 de mayo de 2016 señala que «privar temporalmente del uso de un elemento común de carácter accesorio, como puede ser las zonas deportivas, queda en el ámbito de las normas de régimen interior». Así, si esta norma queda recogida en los estatutos de la comunidad, el resto de vecinos sí puede prohibir al moroso el paso a la piscina.

Otra cosa es no dejarle utilizar el ascensor. La Dirección General de Registros y del Notariado, en una resolución de 23 de octubre de 2012, señaló que se puede restringir el acceso a determinadas zonas no necesarias para la habitabilidad, como la piscina o una cancha de tenis, pero no si son elementos necesarios para el edificio, como el ascensor.

Plazo para reclamar

La comunidad de propietarios puede llegar a los tribunales si el vecino moroso no liquida sus deudas. Por tanto, ¿de cuánto tiempo dispone para reclamar? El Tribunal Supremo abordó esta cuestión este año a instancia de una comunidad de vecinos que presentó una reclamación frente a un moroso al que exigían los gastos generales de los últimos ocho años. La cuestión de fondo discutida era el plazo de prescripción de las deudas. El Tribunal Supremo considera que el periodo habilitado para reclamar, como recoge el Código Civil, es de cinco años.