Día: 8 de junio de 2020

idealista.com

Autor: David Marrero

En la gran mayoría de los tejados de edificios de viviendas y casas unifamiliares que hay en España es posible instalar fuentes de energía fotovoltaica, según la información de idealista/energy, el nuevo proyecto del principal marketplace inmobiliario en España. Madrid (88%), Navarra (87%) y Murcia (85%) son las regiones que cuentan con mayor porcentaje de cubiertas disponibles para el montaje de placas solares en los hogares.

Con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, idealista/energy ha elaborado un informe sobre la instalación de placas solares en España. Durante 2019, la potencia instalada de origen renovable en la península experimentó un crecimiento del 13,6% interanual, con la entrada en funcionamiento de 6.528 MW ‘verdes’. La mayoría proceden de la energía eólica, aunque la energía solar fotovoltaica cerró 2019 con un incremento del 93,2 % respecto al año anterior en capacidad de generación instalada, según los datos de Red Eléctrica de España (REE).

Con la derogación del llamado impuesto al sol y la apuesta del Gobierno por la Agenda Urbana 2030, que supone aplicar medidas para favorecer el ahorro de energía en los hogares y el uso de energías limpias y no contaminantes para luchar contra el cambio climático, la implantación de alternativas como la energía solar fotovoltaica ha ganado impulso en los últimos años.

Para calcular el potencial fotovoltaico de tu vivienda, ya sea un piso o una casa unifamiliar, idealista cuenta con el nuevo proyecto idealista/energy. Con toda la información facilitada podrás descubrir el patrón de luz solar que recibe su tejado y calcular lo que podrías ahorrar anualmente en energía en caso de instalar paneles solares.

“idealista es consciente del problema medioambiental al que nos enfrentamos y quiere aportar su granito de arena en la concienciación y en la transición energética necesaria para el futuro”, afirma Daniel Pardo, responsable de idealista/data.

De hecho, cerca de ocho de cada 10 tejados en inmuebles residenciales en España son viables para la instalación de placas solares. Madrid (88%) es la comunidad que cuenta con la mayor capacidad para el montaje de esta energía en los asolados sobre los edificios disponibles.

Por detrás de Madrid, se encuentran Navarra (87%) y Murcia (85%), y por encima del 80% se pueden encontrar también Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña o la Comunitat Valenciana. Las regiones con menor viabilidad para la instalación en tejados se dan en País Vasco (70%), Asturias (72%) y Castilla y León, Aragón y La Rioja (las tres con un 74% de tejados viables). Tejados viables para la instalación de placas solaresComunidades AutónomasValues% de tejados viablesAndalucíaAragónAsturiasBalearesCanariasCantabriaCastilla y LeónCastilla – La ManchaCataluñaComunitat ValencianaExtremaduraGaliciaMadridMurciaNavarraPaís VascoLa Rioja0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Fuente: idealista/energyFuente: idealista/energyCompartir

Porque no en todos los tejados puede instalarse una placa solar, todo depende de su inclinación o su orientación y las horas de luz solar que tenga disponible. Las propias placas solares necesitan estar orientadas, principalmente al sur y oeste, para aprovechar al máximo la luz solar. La inclinación también es un factor importante ya que, por la situación geográfica de España, cada placa necesita una inclinación óptima para una mayor irradiación solar. Por ejemplo, en Canarias las placas apenas deben tener unos 23,1 grados de inclinación, mientras que para una instalación en Asturias hace falta colocar la placa a 33,9 grados.

«Para calcular el potencial solar de todos los tejados de España se ha desarrollado una tecnología capaz de procesar las grandes cantidades de información provenientes de los vuelos LIDAR (mediciones láser aéreas elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional) para reconstruir y modelar en 3D cada uno de los más de 25 millones de edificios del territorio nacional. Además, el CIEMAT ha aportado los algoritmos de optimización de radiación fotovoltaica”, agrega el responsable del proyecto energy de idealista. “Este proyecto es un excelente ejemplo de la colaboración público-privada sin el que hubiera sido imposible realizarlo.

Si nos vamos a la instalación por provincias, destacan el 91% de tejados viables en Sevilla o el 90% de terrados en Albacete, por delante del ya nombrado de Madrid. Entre las provincias con menor viabilidad para poder colocar placas solares aparece el caso de la provincia de Almería, con ‘apenas’ un 70% de tejados viables en un lugar con muchas horas de sol, al igual que otras regiones del centro y norte de España como Ourense (70%), Ávila (67%), Teruel (66%) y País Vasco (65%).

Las subvenciones en las regiones donde tienen mayor capacidad de instalación van desde un máximo del 30% del presupuesto total en Madrid a la deducción fiscal de un 25% del presupuesto sobre el IRPF de Navarra. En Murcia, por ejemplo, dan diferentes ayudas por vatio de instalación conectada a la red, a instalaciones aisladas con baterías. La mayoría de las regiones enfocan las ayudas en subvenciones parciales sobre el presupuesto o en deducciones fiscales sobre el IRPF.

Descubre la reducción de la huella ambiental que tendría la instalación de paneles fotovoltaicos en tu vivienda con idealista/energy, con una comparativa de la instalación con el impacto en toneladas de CO2, kilómetros recorridos en coche, horas de vuelo o número de árboles plantados.

Andalucía	82	35-90% del presupuesto total
Aragón	74	2.000 €/kWp instalaciones sin acumulación; 3.500 €/kWp instalaciones con acumulación
Asturias	72	800 €/kWp instalaciones sin acumulación; 2.000 €/kWp instalaciones con acumulación max. 40% del presupuesto total
Baleares	80	50% sobre el presupuesto total max. 3kWp (personas físicas) max. 50kWp (empresas)
Canarias	79	45% sobre el presupuesto total max. 200.000€
Cantabria	78	40% del presupuesto total
Castilla y León	74
Castilla – La Mancha	83	40% del presupuesto total max. 30.000€
Cataluña	84	50% del presupuesto total max. 3.500€ (vivienda) y 60.000€ (edificio)
Comunitat Valenciana	84	Deducción fiscal del IRPF del 20% sobre el presupuesto total max. 8000€ de base máxima de deducción
Extremadura	78	40% del presupuesto total max. 30.000€
Galicia	75	50% sobre el presupuesto total max. 60.000€
Madrid	88	max. 30% del presupuesto total
Murcia	85	Deducciones euro/vatio según instalación conectada a red o aislada, con baterías o sin ellas. Max. 50% sobre el presupuesto de la instalación
Navarra	87	Deducción fiscal del de un 25% del presupuesto sobre el IRPF Instalaciones con baterías
País Vasco	70
La Rioja	74	30% sobre el presupuesto total max. 200.000€

inmodiario.com

El Ayuntamiento de Valencia, a través del concejal delegado de Emergencia Climática y Transición Energética, Alejandro Ramón, y el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia (ICAFV), mediante su presidente, Sebastián Cucala, han firmado un convenio para colaborar en el incentivo y la promoción del ahorro y la eficiencia energética del sector residencial y de la edificación.

Según han explicado, uno de los sectores más importantes a la hora de reducir las emisiones, incrementar la eficiencia y aumentar la producción de energía solar 100 % renovable es el residencial y de la edificación en nuestra ciudad, dado que representa cerca de un 18 % del consumo total de energía de Valencia.

Además, han destacado el papel de los administradores de fincas -por su posición de proximidad- como profesionales valiosísimos para divulgar conocimientos y buenas prácticas entre las comunidades de vecinos y vecinas y propietarios y propietarias, para poder ser capaces de multiplicar esta información y que llegue así a la inmensa mayoría de la población.

«Valencia tiene vocación de ciudad limpia, sostenible, libre de emisiones y combustibles fósiles para lo cual urge promover la transición energética hacia la descarbonización», ha explicado Ramón. «Entendemos la energía como un bien social y entre nuestros objetivos está el empoderamiento ciudadano en la materia, por lo que tenemos que ofrecer el conocimiento necesario para promover el ahorro y la eficiencia energética, así como la autosuficiencia y el autoconsumo individual y compartido», ha añadido.

El convenio y el grupo de trabajo mixto que se crea a su amparo permitirá trabajar con más intensidad y apoyo en acciones de información y capacitación de sus colegiados en materia de adaptación frente al cambio climático, transición energética y, particularmente, comportamientos y acciones para el ahorro, la eficiencia energética, el consumo de energía renovable, la electrificación y el autoconsumo.

Por su parte, Sebastián Cucala, presidente del ICAFV ha definido como «un hito» la firma del convenio, «dentro de lo que nos planteamos como colegio y por la proximidad que tenemos con la ciudadanía a la hora de divulgar y hacerles llegar las iniciativas que se pueden implantar en los edificios, con vistas a obtener la eficiencia energética y a cumplir con los parámetros que desde las instituciones se implantan en cuanto a lo que se va a pedir en un futuro respecto a bajo consumo y emisión de carbono cero en las comunidades». Además, ha afirmado que «la creación del grupo reforzará todas estas iniciativas y su llegada a la ciudadanía».

Ramón ha recordado que ya existen acciones en marcha entre la ICAFV y el Ayuntamiento de Valencia que, a través de la Fundación Municipal Valencia Clima y Energía, son socios en un proyecto de financiación comunitaria que persigue aumentar la sostenibilidad y la resiliencia de los hogares valencianos frente a los impactos de la emergencia climática en la que estamos inmersos.

confilegal.com

Autora: Irene Casanueva

La presidenta de WLW, Marlen Estévez, afirma que el teletrabajo ha llegado para quedarse, pero aun hay que profundizar en el cómo

La situación generada por la pandemia de Covid-19 ha demostrado que “se puede trabajar, en muchas ocasiones, desde cualquier lugar, poniéndose de manifiesto que la flexibilidad laboral no solo es posible sino beneficiosa”, afirma Women in a Legal World (WLW).

WLW y 50&50 Gender Leadership Advisory (50&50 GL) lanzaron esta semana un proyecto sobre teletrabajo e innovación que busca aprovechar la coyuntura de los últimos meses para “asentar unas bases razonables sobre el teletrabajo y no desaprovechar las oportunidades que éste nos brinda”.

Ahora, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se suma a la ‘Declaración de teletrabajo e innovación: 12 compromisos + 12 causas’ impulsada por WLW, se trata del primer organismo de la Administración General del Estado que se adhiere a esta iniciativa.

Los 12 compromisos + 12 causas para la era post-covid que contempla la declaración son: nueva cultura empresarial, tecnología y teletrabajo, desconexión digital, entorno colaborativo, dirigir y evaluar por objetivos, liderar con seguridad, asegurar la salud y seguridad, competencias tecnológicas, manual de buenas prácticas, establecer métricas, garantizar la confidencialidad, así como teletrabajo y sostenibilidad.

La presidenta de WLW, Marlen Estévez, ha explicado a Confilegal que estos 12 compromisos “son los pilares para construir una nueva forma de trabajar”, ya que “el teletrabajo es una herramienta potentísima y súper necesaria, que ha venido para quedarse, pero que tiene que guardar un cierto equilibro si lo queremos hacer bien, porque ni todo es teletrabajo ni todo es presencialismo”.

“A partir de ahora de lo que se trata es de crear grupos de trabajo que vayan desarrollando todas estas premisas”, ha apuntado. “Hay que ser conscientes de que (el teletrabajo) ha sido un gran avance, pero hay muchas cosas que adaptar”.

Junto a la AEPD han suscrito esta declaración, entre otras organizaciones, el banco Santander, CEOE, Cámara de Comercio de España, Cámara de Estados Unidos en España, Accenture, EY, KPMG, PWC, Consejo General de la Abogacía, Colegio de Registradores, Consejo General del Notariado, Consejo General de Graduados Sociales de España, Mutualidad de la Abogacía, ESADE, Écija, Roca Junyent, Sagardoy, Pinsent Masons, Broseta, Ruiz-Gallardón Abogados y Cuatrecasas.

Son solo algunos ejemplos del conjunto de organizaciones que se han ido sumando poco a poco a esta iniciativa que busca asentar las bases del teletrabajo.

Entre los principales retos, Estévez señala determinar cómo quedará reflejado el teletrabajo a nivel regulatorio y cómo se implementará correctamente por parte de la organizaciones.

“A partir de aquí, es el trabajo que nos corresponde, qué tipos de protocolos son los que podemos ir trabajando: confidencialidad, protección de datos, conciliación…”, así como “políticas concretas que van a tener que desarrollar las empresas como políticas de flexibilidad horaria, políticas internas de teletrabajo, de fijación de objetivos… todo esto la mayoría de las organizaciones no lo tenían o no lo tenían adaptado”.

“La protección de datos no puede ser una excusa para denegar el teletrabajo”

Sobre la incorporación de la AEPD, Estévez destaca que “está super alineada” con los compromisos de la declaración porque es algo que la agencia ya venía implementando desde hace tiempo.

De hecho, Protección de Datos inició su plan de teletrabajo en 2017 con un programa piloto y, desde entonces, se ha convertido en un método habitual de ordenación del trabajo en la AEPD.

El apoyo a esta declaración, explica la AEPD en un comunicado, se engloba en el marco de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Agencia y su Plan de Igualdad, que incluye una apuesta firme por esta modalidad laboral también en el ámbito de las Administraciones Públicas.

El teletrabajo implantado en la AEPD, que permite realizar el 40% de la jornada en este régimen, “ha contribuido de manera fundamental a que la conciliación sea una realidad efectiva en la AEPD, posibilitando no solo el incremento de la productividad de los empleados y empleadas sino también su bienestar”, afirma.

La ‘Declaración de Teletrabajo: 12 compromisos + 12 causas’ suscrita por la agencia, añade, “pretende lograr una conjunción equilibrada entre el teletrabajo y el trabajo presencial”.

En este sentido, y consciente de que la protección de los datos debe mantenerse en condiciones de teletrabajo, la agencia publicó recientemente unas Recomendaciones para proteger los datos personales en situaciones de movilidad y teletrabajo, un documento en el que recoge consejos dirigidos tanto a las organizaciones como a los y las trabajadoras.

El objetivo de estas recomendaciones, además de dar pautas para que las organizaciones puedan implantarlas, es que la protección de datos no se utilice como una excusa para denegar la adopción del teletrabajo.

A cierre de mayo se habían aprobado 208.698 solicitudes, frente a las 65.559 de abril. Suponen un 80% de las presentadas

idealista.com

La banca se sacude las malas cifras que se registraron en abril sobre la aprobación de las moratorias hipotecarias solicitadas por los clientes por el impacto del coronavirus. Y es que, en apenas un mes, el incremento de peticiones que han sido aprobadas se ha más que duplicado.

Según los datos del Banco de España, a cierre de mayo el sector financiero habría aprobado un total de 208.698 moratorias hipotecarias, que incluyen las solicitudes de asalariados y autónomos, y tanto de viviendas como de otros inmuebles como locales, pequeñas oficinas o naves. La cifra supera con creces las escasas 65.559 aprobaciones contabilizadas a cierre del cuarto mes, y además mejora el ratio de operaciones en curso respecto a las solicitudes recibidas.

Así, y mientras en abril solo se había dado luz verde al 29% de los casos, en mayo el porcentaje alcanza el 80%. No obstante, el sector todavía tiene pendiente dar respuesta a casi 50.000 procedimientos, más los que nuevos que se soliciten, lo que significa que no se ha tramitado uno de cada cinco expedientes.

Recordemos que estas moratorias hipotecarias se amparan en las medidas que aprobó el Gobierno en las primeras semanas de confinamiento para intentar paliar el impacto económico del covid-19 y los efectos sobre las restricciones de movilidad y de actividad. Para acogerse a esta suspensión temporal del pago del préstamo hipotecario es necesario cumplir unos requisitos, como por ejemplo haber perdido el empleo o estar en situación de ERTE en el caso de un trabajador, o haber sufrido una pérdida importante de ingresos en el caso de los autónomos. Además de la vivienda, los autónomos también pueden solicitar una moratoria de la hipoteca de los inmuebles afectos a su actividad económica (locales comerciales, oficinas…). 

Según los datos del supervisor fnanciero, las moratorias hipotecarias aprobadas hasta la fecha suman un saldo de 18.833 millones de euros, cifra que representa un 4% del stock total de préstamos que hay actualmente. La mayor parte de los beneficiarios son asalariados, que suponen más del 70%. Dentro de los autónomos, los principales beneficios pertenecen a los sectores vinculados «al comercio, la hostelería y otros servicios, seguidos a cierta distancia de actividades profesionales, científicas y técnicas, transporte y construcción. «Conjuntamente, estos sectores representan más del 75% del total de moratorias para autónomos a las que se ha dado curso hasta la fecha», según el documento del organismo liderado por Pablo Hernández de Cos. 

Lo mismo sucede con las moratorias de préstamos sin garantía hipotecaria. En este caso, el Banco de España sostiene que se habían solicitado 383.320 procesos a cierre de mayo, de las que están en curso 318.751. El saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos se sitúa en 2.345 millones de euros, lo que supone un escaso 1,3% del saldo total de este tipo de préstamos. 

confilegal.com

El borrador de anteproyecto de ley de eficiencia procesal contendrá medidas de agilización, tecnológicas (cita previa y la videoidentificación) y de medios alternativos de solución de conflictos. 

Así se lo explicó ayer Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, vía telemática, a los máximos representantes de las 4 asociaciones de jueces y de las 3 asociaciones de fiscales: La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, por las primeras, y la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, por los segundos.

Todas ellas formarán grupos de trabajo para aportar ideas sobre la base del borrador de anteproyecto.

Vargues informó, asimismo, que es inminente la aprobación de una Orden Ministerial para activar, el próximo 9 de junio, la Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 

Dicha orden contemplará cuatro puntos:

1.- LA INCORPORACIÓN DEL CIENTO POR CIENTO DE LAS PLANTILLAS 

En sus respectivos centros de trabajo, garantizando, en todo caso, las adecuadas medidas de seguridad. El Ministerio de Justicia, dentro de sus competencias, garantizará la adecuada protección de todo el personal (con EPIs y pantallas de protección), profesionales y del público en general en las sedes judiciales y fiscalías. En los edificios se limitarán los aforos de público.

2.- SE ACABAN LOS PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS A PARTIR DEL 21 DE JUNIO 

Los funcionarios que actualmente se encuentren de permiso por deber inexcusable, mantengan su vigencia en la nueva fase 3, pero extinguiendo sus efectos el 21 de junio de 2020 con el fin del estado de alarma.

3.- REGULACIÓN DEL TELETRABAJO 

Se regulará de forma específica el teletrabajo. Serán los responsables de cada unidad, con criterios de atención a las necesidades de servicio los que determinen, en el caso de existir medios, qué funcionarios (en un horquilla entre el 30 y 40 por 100 y con obligación de asistir dos días al Juzgado) pueden teletrabajar.

4.- LOS AFECTADOS POR COVID-19 NO PUEDEN SER LLAMADOS A TRABAJAR, PERO SÍ PODRÁN TELETRABAJAR

No podrá ser llamado a prestar servicios de forma presencial el personal que tenga reconocidos permisos por patologías susceptibles de agravarse por efecto de la exposición la COVID-19, en tanto no se verifique por la autoridad competente en qué condiciones puede prestar servicio presencial en situación de seguridad.

Estos funcionarios, siempre que existan medios materiales para ello, prestarán sus servicios en la modalidad de teletrabajo, en su horario habitual.

La duración de las excepciones de estos trabajadores de especial sensibilidad está vinculada a la evolución de la pandemia y a lo dispuesto por las autoridades sanitarias. La cobertura de esas plazas será a través de la redistribución de efectivos.

VACACIONES 

Durante la reunión, a los representantes asociativos se les ha indicado que se van a regular las vacaciones de los funcionarios de este verano con el fin de que se concentre su disfrute en el mes de agosto y que julio y septiembre sean de plena operatividad. 

Inevitablemente, durante la reunión emergió la cuestión de los tests y específicamente, de las posibles pruebas a los miembros del Ministerio Fiscal.

A día de hoy, sólo el Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que haría pruebas de detección del COVID-19 a su plantilla de 5.500 jueces y magistrados.

En la Comunidad de Madrid, por otra parte, el Ministerio de Sanidad está haciendo esas mismas pruebas a los 9.500 funcionarios de la Administración de Justicia prestacional, entre los que se encuentran fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios, dentro de un estudio epidemiológico de índole nacional.

El secretario general dejó claro que, por lo que a su territorio corresponde –las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Islas Baleares, las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los órganos centrales (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional)– no tenía previsto realizarlos por el momento por no estar prescrito por las autoridades sanitarias.

PLAN DE CHOQUE DE CARA A SEPTIEMBRE

Vargues, por otra parte, explicó que se está preparando, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, un plan de choque para reforzar la actividad judicial a partir de septiembre tras su parón por la pandemia.

En concreto, se crearán juzgados temporales (en particular, en el orden social, mercantil y contencioso-administrativo) que atenderán las causas relacionadas con el coronavirus.

Las asociaciones solicitaron la urgente derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la inseguridad jurídica generada por el cómputo de los plazos del citado precepto.

El secretario general reconoció la necesidad y urgencia de la derogación e informó que es un asunto que se está abordando y que ha sido planteado por la fiscal general del Estado.

inmodiario.com

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado Adapta 2020, un pionero y ambicioso plan dotado con tres millones de euros para financiar obras en viviendas habitadas por personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial.

El regidor ha destacado que es la primera vez que un plan de ayudas de este tipo, diseñado por el Área Delegada de Vivienda, incluye subvenciones para personas con otro tipo de discapacidades, como auditiva o visual, además de la movilidad reducida.

El plan está dirigido a residentes en la capital con una discapacidad igual o superior al 33 % que incluya grado de movilidad reducida positivo y a residentes con discapacidad visual igual o superior al 65 %. La cuantía de las ayudas puede llegar a un máximo de 25.000 euros por solicitante.

Por ejemplo, si una persona con una discapacidad sensorial del 65 % solicita la ayuda para adaptar su cocina a sus necesidades sensoriales recibiría el 100 % de la ayuda sobre los 1.000 primeros euros del coste de la obra y el 70 % del coste del resto de presupuesto.

Los objetivos de este plan son la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de la autonomía dentro de la vivienda, una mayor facilidad en la movilidad interior y un aumento de la seguridad en el entorno doméstico, en definitiva, «la mejora de la calidad de vida de personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial», en palabras del alcalde.

El Área Delegada de Vivienda, que dirige el concejal Álvaro González, detectó la necesidad de un plan de estas características después de analizar que el coste de la vida diaria para una persona con discapacidad supone un 20 % más que para una persona sin discapacidad.

Es la primera vez que una administración diseña un plan con ayudas económicas tan elevadas y que recoge en una sola convocatoria un abanico tan amplio de actuaciones subvencionables: grúas de techo, muebles de cocina regulables en altura, bucles electromagnéticos para discapacidad auditiva, domótica y hogar digital, entre otras.

Actuaciones subvencionables

El plan Adapta 2020 subvencionará actuaciones tan distintas como la adaptación de cuartos de baño y cocinas; la adecuación de puertas, pasillos y pavimentos; la modificación en la compartimentación de espacios; la instalación de dispositivos fijos mecánicos; de domótica, control de entorno y hogar digital; del sistema de bucles de inducción magnética; de sistemas de aviso y señalización visuales, sonoros y táctiles; en definitiva, cualquier obra que contribuya a mejorar la accesibilidad y la autonomía en el hogar.

Otra de las ventajas de este plan es que la ayuda se concederá de forma anticipada. El plazo para presentar las solicitudes será de dos meses, del 29 de junio al 29 de agosto. «El compromiso del Ayuntamiento es que antes de que acabe 2020 estén abonadas todas estas ayudas», ha recalcado el alcalde.