Día: 29 de mayo de 2020

m.notimerica.com

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) –

El Rey Felipe VI se ha reunido por videoconferencia con representantes del Consejo General de Colegios Profesionales de Administradores de Fincas, que le han explicado el impacto de la pandemia en el ámbito más próximo al confinamiento de la población, obligada a permanecer en sus viviendas.

Durante todo el estado de alarma, la corporación y los administradores de fincas colegiados han considerado que, en estas circunstancias, había que optar por el escenario más restrictivo desde el punto de vista sanitario para evitar que las comunidades de propietarios, en donde la población estaba confinada, se pudieran convertir en un foco de contagios por el incumplimiento de los criterios de la autoridad sanitaria.

En este sentido, los administradores han subrayado que el objetivo de todas las actuaciones ha sido informar y aplicar en los edificios las distintas normas que se han ido publicando en el BOE para controlar el contagio, además de garantizar el buen funcionamiento de todos los servicios de los edificios en un momento de crisis como el actual.

El presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Administradores de Fincas, Salvador Diez Lloris; las vicepresidentas Anabel Miró e Isabel Bajo, y el secretario del Consejo General, Rafael del Olmo, han informado que desde los colegios de administradores de fincas se ha colaborado con los distintos ministerios implicados en la toma de decisiones.

Asimismo, se han presentado, fundamentalmente al Ministerio de Sanidad, distintos escritos con propuestas encaminadas a que los vecinos evitaran el contagio en sus inmuebles, y para ello también se ha informado a los ciudadanos a través de los distintos medios de comunicación -TV, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales- sobre cómo tenían que actuar en sus edificios, con una importante repercusión social y mediática.

Los administradores de fincas colegiados, sus colegios territoriales y su consejo general, han atendido todas las consultas de los ciudadanos respecto a cómo tenían que actuar frente a Covid-19, tras habilitar teléfonos y correos de atención específica para esta crisis, con lo que creen que «se ha evitado un contagio masivo en los edificios».

86.000 EMPLEOS

Actualmente en España hay unos 15.000 administradores de fincas colegiados, a los que se encuentran vinculados, directamente, otros 15.000 trabajadores e indirectamente otros 50.000. Generan 86.000 empleos directos e indirectos, el 2,7% del empleo correspondiente a las profesiones colegiadas y producen más de 2.600 millones de euros, alrededor del 2,2% del valor añadido bruto de las profesiones colegiadas. Al año gestionan entre 34.000 y 40.000 millones de euros.

Los administradores de fincas colegiados y su Consejo General forman parte del Consejo Europeo de las Profesiones Inmobiliarias (CEPI), asociación europea que analiza el mercado inmobiliario en los distintos países que configuran la Unión Europea.

El Ministerio de sanidad ha respondido en el día de hoy a los diversos escritos remitidos por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas sobre normativa a aplicar en las piscinas de las comunidades de propietarios remitiéndose dicho organismo a la Orden SND/414/2020

Acceso al texto completo de la Orden SND/414/2020

material-electrico.cdecomunicacion.es

Dado que la situación sanitaria está evolucionando de manera favorable, y las diferentes áreas geográficas del territorio nacional están avanzando en el proceso de desescalada, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha informado que es posible avanzar también en la normalización de la liberación del segundo Dividendo Digital e introducir ajustes en las acciones planificadas.

Por ello, a partir del próximo día 1 de junio de 2020, en los territorios que se encuentren al menos en la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (aprobado por el Gobierno el pasado 28 de abril de 2020), se permite lo siguiente:

• Se podrá continuar con las actuaciones de cambios directos de canal.
• En las actuaciones de adaptación de instalaciones colectivas de recepción, se anula la prohibición de retirar de las cabeceras de las instalaciones colectivas de recepción de TV los canales radioeléctricos que se abandonan al incorporar los nuevos que los van a sustituir, como consecuencia del Segundo Dividendo Digital.

Medidas de seguridad imprescindibles

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones pone de relieve en un comunicado que los profesionales que realicen actuaciones en el proceso del Segundo Dividendo Digital «deberán adoptar las medidas de prevención y contención necesarias para evitar el contagio y la propagación de COVID-19, tanto de higiene personal como de mantenimiento de distancias mínimas con otras personas», cumpliendo en todo caso las instrucciones marcadas por las autoridades sanitarias.

Más en concreto, cuando los instaladores y técnicos de telecomunicaciones lleven a cabo actuaciones de resintonización de televisores en viviendas y domicilios privados deberán adoptar las siguientes medidas de prevención:

• Concertar la cita con carácter previo.
• Mantener una distancia mínima de 2 metros con los clientes.
• Utilizar mascarilla.
• Utilizar guantes desechables o similares.
• Disponer de soluciones desinfectantes para la limpieza de mandos y botoneras del televisor que sean objeto de manipulación.

Aplazar la finalización del segundo Dividendo Digital

Cabe recordar que, a raíz de la declaración del estado de alarma, se tomaron diferentes decisiones con el objetivo de que no se viera afectada la recepción del servicio de televisión por los ciudadanos, y se decidió el aplazamiento de la fecha final del 30 de junio de 2020, para completar la liberación del segundo dividendo digital, medida que se comunicó a la Comisión Europea el pasado 30 de marzo.

confilegal.com

Autora: Alicia Muñoz Lombardía

El COVID-19, como suele ocurrir con todas las crisis, ha acelerado procesos en curso como la digitalización y el teletrabajo.

La tecnología actual ha sido clave para que, a nivel mundial, haya sido posible el funcionamiento más o menos normal de muchos sectores durante la pandemia algo que, hace solo 5 años, habría sido impensable.

De hecho, el poder trabajar o no a distancia ha sido el elemento que ha marcado la continuidad de la actividad.

En una encuesta reciente realizada por el Banco de España a un grupo de empresas, se ha observado que prácticamente el 80% de la muestra ha aumentado el teletrabajo con el fin de tratar que su actividad se resienta lo menos posible en su situación actual. PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En ese mismo estudio, se pone de manifiesto que el potencial del teletrabajo es considerable y que podría pasar del 8,3% del total de ocupados al 30,6%.

En los próximos meses, veremos que la vuelta al trabajo se realiza con distintas velocidades dependiendo de la situación sanitaria de los países, la naturaleza de la actividad y el grado de digitalización de los sectores público y privado.

Sin embargo, el reto no está solo en mantener esta doble funcionalidad (trabajo presencial y teletrabajo) de manera estructural al margen de circunstancias excepcionales, sino abordar, de la mano de los avances realizados, un desafío cultural y social mucho más ambicioso, implantando una nueva forma de trabajar que se alinee y favorezca la transformación de la economía y del tejido productivo como palancas para la recuperación de la crisis. PUBLICIDAD

Desde la Comisión Europea, gobiernos nacionales y la sociedad civil se esta abogando por una estrategia para la reconstrucción que promueva un crecimiento inclusivo y sostenible y, para ello, no solo harán falta medidas económicas sino que también habrá que continuar impulsando una cultura empresarial y organizativa y un modelo de liderazgo que se oriente hacia la dirección por objetivos, con criterios de eficiencia y productividad, a la consecución del propósito de la compañía y a la creación de valor para la sociedad.

Si queremos acometer esta nueva estrategia empresarial es necesario generar un entorno colaborativo y promover la comunicación, más aún cuando parte del equipo trabaje a distancia y otra parte en la oficina y facilitar espacios de intercambio de experiencias y opiniones para impulsar la creatividad y la suma de fortalezas y, en definitiva, la eficiencia y productividad.

LÍDERES EMPRESARIALES MÁS CERCANOS Y EMPÁTICOS: UNA NECESIDAD

El confinamiento y la falta de contacto físico ha puesto de manifiesto, más aún si cabe, la necesidad de que los líderes empresariales se muestren más cercanos y empáticos y pongan a las personas (clientes y empleados) en el centro de su gestión, favoreciendo un mayor compromiso en las organizaciones y confianza en la sociedad. PUBLICIDAD

El momento es idóneo, además, para implantar nuevas metodologías de trabajo ágiles y equipos diversos y de alto rendimiento, dotando de mayor flexibilidad al desempeño laboral, la asunción de mayor responsabilidad y autosuficiencia por parte de los trabajadores y la aplicación de criterios de eficiencia. PUBLICIDAD

El impulso de la digitalización, la transformación organizativa y el teletrabajo y sus efectos positivos como la preservación del medio ambiente y la inclusión social de trabajadores con movilidad reducida, constituyen un potente motor de atracción de talento de millennials y seniors y, como no, de perfiles digitales tan demandados en el mercado sin que su localización sea un obstáculo, contribuyendo además a paliar el efecto de la España vaciada y a reducir la rotación de plantillas.

Para favorecer la conciliación en estos meses, la normativa dictada se ha apoyado, entre otras medidas, en el teletrabajo pero las encuestas apuntan a que debe ir acompañado con la corresponsabilidad ya que las mujeres han seguido asumiendo en gran medida el peso de las tareas de cuidado de los hijos menores y de la casa.

Estos avances no deben hacernos olvidar que la tecnología debe estar al servicio de las personas y, aunque en Hamlet se dijera que las cosas buenas se crean en un lugar entre el método y la locura, tras los zooms que se enlazaban y los horarios interminables, es preciso recordar el derecho de los trabajadores a la desconexión digitaly promover un uso razonable de las herramientas tecnológicas que eviten el riesgo de fatiga informática.

La formación en competencias digitales y STEM y el desarrollo de programas específicos, sobre todo para los trabajadores menos cualificados, no solo es un elemento crítico para la creación de empleo y la competitividad de nuestras empresas, sino que servirá también de catalizador para la transformación de sus estructuras organizativas y su manera de trabajar. PUBLICIDAD AdvertisementAdvertisement

Debemos abordar el conjunto: tecnología, teletrabajo, flexibilidad, adaptabilidad, cambio, sostenibilidad ambiental, reducción de costes de espacios y nuevos modelos de trabajo que nos ayuden a conciliar la vida profesional con la familiar y personal y, a tal fin, desde Women in a Legal Word y 50&50GL hemos lanzado una declaración con 12 compromisos y 12 causas para la era post-covid a la que se pueden adherir empresas y organizaciones.

noticias.juridicas.com

Autora: Olalla Carballo Fidalgo

A)    Plazos procesales

1.- Suspensión de los plazos: Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, Disposición Adicional Segunda: Se suspenden e interrumpen términos y plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. Se acuerda que el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto o, en su caso, las prórrogas de este.

Excepciones: 

En el orden jurisdiccional penal: 

–habeas corpus.

-actuaciones de los servicios de guardia.

-actuaciones con detenido.

-órdenes de protección.

-actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria. 

-cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.

-en fase de instrucción, actuaciones que el juez o tribunal competente considere, por su carácter urgente, inaplazables.-Orden jurisdiccional contencioso administrativo: procedimientos para protección de derechos fundamentales. 

En el orden jurisdiccional social:

– procedimientos en materia de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

En el orden jurisdiccional civil:

a) autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.
b) adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.

2.- Cómputo de los plazos y ampliación del plazo para recurrir: Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

-Los plazos y términos suspendidos volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente (artículo 2.1). 

-Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y resoluciones pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora (artículo 2.2.)

– Mención aparte requiere la jurisdicción constitucional. El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante Acuerdo de fecha 6 de mayo de 2020 (publicado en el BOE de 8 de mayo), entendiendo que el Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril no es directamente aplicable a dicho orden jurisdiccional, acordó, del mismo modo, que todos los plazos y términos que hubiesen quedado suspendidos por aplicación del acuerdo de dicho Pleno de 16 de marzo de 2020, volverían a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquél en el que se levante la suspensión de los procedimientos. Asimismo, se acordó que los plazos para interposición de nuevos recursos volverían a computarse desde su inicio, siendo el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en que se levante la suspensión de los procedimientos. 

3.- Alzamiento de la suspensión de los plazos:  Artículo 8 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se deroga la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos procesales. Se alzará la suspensión en esa misma fecha.

Conclusiones: 

-Se inicia el cómputo de todos los plazos procesales el 5 de junio de 2020.

-Para los plazos procesales, en general, se vuelve a computar el plazo íntegro, desde el inicio. 

-En el caso de los plazos para anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y resoluciones pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, éstos quedarán ampliados por un plazo igual al previsto en la norma.

B)    Plazos Administrativos 

1.- Suspensión de los plazos: Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, Disposición Adicional Tercera. 

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia del Real Decreto 463/2020 o, en su caso, las prórrogas de este.

Excepciones: 

-Resolución motivada para medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en derechos e intereses del interesado, siempre con su conformidad. 

-Resolución motivada en procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

– Procedimientos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.

– Procedimientos tributarios, sujetos a norma especial. 

2.-Alzamiento de la suspensión de los plazos: Artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. 

Conclusiones: 

Los plazos administrativos se reanudarán el día 1 de junio de 2020. Estos plazos, con carácter general, se reanudarán, computándose por tanto los días que se hubiesen agotado antes del Real Decreto 463/20, de 14 de marzo. No obstante, estos plazos se reiniciarán, volviendo a computarse el plazo íntegro, si así se hubiese previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. 

C)    Plazos sustantivos: prescripción y caducidad

1.- Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad: Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, Disposición Adicional Cuarta.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedan suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

2.-Alzamiento de la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad:  Artículo 10 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020. 

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones.

Conclusiones: 

Los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones se reanudarán el día 4 de junio de 2020. 
 

elpais.com

El primer mes afectado por la pandemia registra menos de 6.000 visados, la mayor caída interanual desde febrero de 2014

Poco a poco se van revelando todos los detalles de una foto general que muestra a un sector inmobiliario muy malparado como consecuencia de la crisis del coronavirus. Una vez conocido que el pasado marzo, el primer mes afectado por el estado de alarma, se vendieron menos casas, que estas se devaluaron y que, en consecuencia, también se resintió el mercado hipotecario, este jueves ha sido el turno de la construcción. Y de acuerdo con la estadística de visados de obra, en el tercer mes del año se pidieron permisos para edificar de 5.956 viviendas. Es una cifra baja, más propia de un mes de agosto cuando la actividad se frena mucho, y lo peor es la comparación con marzo de 2019: la caída interanual alcanza el 36,7%. Para encontrar un desplome mayor hay que viajar hasta febrero de 2014.

Ninguna de las categorías que contempla la estadística publicada este jueves por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana registra una evolución positiva. En marzo se pidieron menos permisos para construir unifamiliares (-24,6%), la pendiente se volvió más pronunciada en el caso de los pisos en bloques (-39,6%) y el desastre todavía fue mayor en los permisos para reformas y restauraciones (-45,1%), un segmento al que el sector ha confiado buena parte de la recuperación. En conjunto, el presupuesto de ejecución material de las obras nuevas (excluidas las reformas) superó por poco los 593,5 millones, siempre según los visados solicitados en los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos de toda España. Para encontrar un marzo similar hay que retroceder cuatro años (595,5 millones en 2016). A modo de comparación, en febrero esa cifra superaba ampliamente los 900 millones.

El batacazo era por todos esperado. Las empresas constructoras, sobre todo las pequeñas y medianas, ya avisaron de que la epidemia y las medidas para contenerla estaban dificultando gravemente su actividad. Y con grandes obstáculos para seguir siquiera con las obras en curso, más complicado parece todavía preparar nuevos proyectos. Más en un momento en que existían todavía más incertidumbres que ahora, si cabe, sobre la evolución de la situación sanitaria y económica. Los datos de los meses sucesivos serán previsiblemente peores. Para frenar la expansión de la covid-19, el Gobierno decretó desde el 30 de marzo un permiso retribuido para todas las actividades no esenciales que paralizó por completo la construcción durante las dos primeras semanas de abril.

De vuelta a las cifras de marzo, la caída de casi el 37% en los permisos de nuevas viviendas agrava el declive de un sector que ya mostraba cierto tendencia a la baja desde el año pasado, cuando parecía haber alcanzado el cénit del ciclo de recuperación de la Gran Crisis. Aunque 2019 batió en conjunto los datos del año previo (106.000 permisos frente a 100.000, en números redondos), desde el segundo trimestre comenzaron a verse algunos decrecimientos interanuales, generalmente leves. Eso hace que la caída de este marzo en sí no sea algo nuevo (de hecho, incluso el pasado noviembre llegaron a caer los visados un 25%, aunque entonces por efecto de un extraordinario noviembre de 2018 en que habían subido un 40%). Sí lo es, sin embargo, la intensidad de la bajada: para encontrar un derrumbe comparable hay que retroceder hasta diciembre de 2014 (-35,3%). Y para encontrar uno superior todavía hay que ir un poco más atrás: a febrero de 2014 (-38,1%).

El mal dato conocido este jueves compromete además las cifras del primer trimestre del año en su conjunto. La catástrofe de marzo se suma a un enero y un febrero discretos, con visados para 23.418 nuevas viviendas, un 16% interanual menos y una cifra que pone al sector en niveles similares a los de 2018 (23.460 permisos). Aunque durante los años de crecimiento el mantra del sector fue que la velocidad de crucero en España está en el entorno de las 150.000 viviendas nuevas al año —una cifra considerada saludable, frente a las más de 850.000 en el pico de la burbuja de principios de siglo—, la realidad es que casi nadie aspiraba a alcanzar esa cifra viendo que la actividad había comenzado a ralentizarse el año pasado. Algunas previsiones situaban 2020 en el entorno de las 120.000 casas nuevas, pero las cifras de enero a marzo, el sombrío pronóstico que se augura en el siguiente trimestre y la incertidumbre sobre cuándo comenzará la recuperación económica hacen que ese vaticinio parezca de otro mundo. El mundo de antes del coronavirus.

cincodias.elpais.com

Opta a 77.000 millones en transferencias, 63.000 en créditos y 15.000 del Sure

La Comisión Europea apostó ayer por poner en marcha una suerte de Plan Marshall sin precedentes, dotado de 750.000 millones de euros, para tratar de asistir a la maltrecha economía comunitaria ante los efectos de la pandemia del coronavirus Covid-19. A falta de concretarse detalles y contrapartidas del plan, el Gobierno español valoró “positivamente” el diseño de un mecanismo compuesto principalmente por transferencias de ayudas directas y, en menor medida, por créditos a devolver, que podrían aportar hasta 140.000 millones al país. Si a este fondo se le suman los 540.000 millones ya movilizados en un primer momento por la UE, de los que España podría llegar a obtener otros 40.000 millones, la respuesta comunitaria podría reforzar la potencia de fuego española en 180.000 millones, el 14% de todas las ayudas.

En el caso del fondo, la mayoría de los 750.000 millones (500.000 millones) se distribuirá a los socios en forma de subvenciones directas, y los 250.000 restantes tendrían forma de préstamos a devolver. De obtener el visto bueno por parte de los socios, a España le correspondería el 15% del primer monto, 77.000 millones que no tendría que restituir, y otros 63.000 millones en préstamos (25% del total). Entre ambas patas del fondo, el país amarraría 140.000 millones para actuar a medio y largo plazo, el equivalente al 11% de su PIB y el 18% del fondo europeo.

A esta cuantía habría que sumarles las cantidades potenciales del primer paquete de ayudas aprobado el 9 de abril como respuesta inmediata a corto plazo, que suponen una movilización conjunta de 540.000 millones para toda la UE. Este paquete, a diferencia del propuesto ayer por el Ejecutivo comunitario, ya está cerrado y validado por los socios, por lo que su letra pequeña es más extensa.

El mayor peso lo acarrea el MEDE, el fondo de rescate europeo, con una potencia de 240.000 millones. Cada estado miembro puede solicitar el equivalente al 2% de su PIB, una cifra que en el caso español ronda los 24.900 millones de euros. Al MEDE se le añadirían las partidas de Sure, el fondo para costear los ERTE y mecanismos similares de otros países. Sure movilizará 100.000 millones que se repartirán entre los socios en función de sus necesidades, con la condición de que los tres países que más cantidad aglutinen no sumen, en conjunto, más de 60.000 euros. Según las estimaciones del Gobierno, España puede aspirar a sumar de este paquete otros 15.000 millones. En total, entre unas y otras ayudas, se asciende a los 180.000 millones.

Tras el MEDE y Sure, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) supone la tercera pata de las ayudas del primer paquete. El BEI, con una movilización de hasta 200.000 millones tras un aval de los socios que asciende a 25.000 millones, repartirá sus fondos entre el tejido empresarial comunitario, con el foco puesto en las pymes. A día de hoy se desconoce cuál será el reparto de estas cuantías, pero fuentes de la entidad estiman que España, por el peso que suponen las pequeñas y medianas empresas en su economía podría beneficiarse de este fondo más que ningún socio.

Estos 180.000 millones suponen el potencial al que puede recurrir España. No obstante, todo hace indicar que la cifra final de ayudas a las que recurra el país sea menor. A falta de lo que suceda con el fondo de reconstrucción propuesto por la Comisión y, sobre todo, con la condicionalidad de sus préstamos, el Gobierno ya ha confirmado en varias ocasiones que, al menos por ahora, no se plantea recurrir a los casi 25.000 millones del MEDE. El estigma asociado al fondo, vinculado a los rescates y los años de austeridad, hace que muchos socios sean reacios a su uso, incluso a sabiendas de que su puesta en marcha supondría un importante ahorro para los socios. El MEDE calcula, por ejemplo, que España podría ahorrarse hasta 2.000 millones en intereses.

España ha destinado ya 138.900 millones a dar respuesta a la pandemia

De momento, lo que parece claro es que, de prosperar, el Gobierno aprovechará “el máximo de transferencias posibles” del nuevo fondo, según avanzó el martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Un mecanismo que la vicepresidenta de Asuntos Económicas, Nadia Calviño, celebró ayer porque permitirá “invertir en la recuperación de España” a fin de “volver cuanto antes a la senda del crecimiento”, con una financiación que “por primera vez se plantea” que salga de “la emisión de deuda comunitaria”.

A falta de ver cuánto dinero solicita España a la UE, conviene poner las cifras en contexto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los 15.000 millones de los fondos para programas de empleo del Sure apenas cubren dos meses del sobrecoste de desempleo y prestaciones de ERTE que está suponiendo la crisis. Sin embargo, el esfuerzo no es nada despreciable. Solo el reparto del nuevo fondo permitiría a España sufragar los 138.900 millones que ha movilizado desde marzo su plan de choque entre gasto sanitario, social o de apoyo empresarial.

elmundo.es

Los daños en los edificios obligan a los Bomberos a intervenir durante la reclusión por el coronavirus y provocan inquietud en los vecinos

Albert Barbany y Silvia Sánchez ignoraban al hipotecarse que el domicilio que habitan en el barrio barcelonés del Besòs debería llevar años derruido. Pagan unos 600 euros al mes en un bloque que los Bomberos desalojaron durante varias horas el 22 de abril, cuando la reclusión por la pandemia aún era estricta. «Niños, gente en pijama, enfermos de corazón… Todos en la calle en pleno Covid-19«, recalca Barbany. Le han salido grietas en casa durante el confinamiento y se han desencajado baldosas en la cocina; justo debajo, se ha apuntalado el techo desconchado del primero y también el del bajo.

Más vecinos se ataron a créditos de unos 200.000 euros por viviendas con hasta 60 años de existencia en uno de los lugares más pobres de Barcelona. No sabían que un informe municipal de 1977 aconsejó derribarlas: arrastran defectos que no compensa reparar, fruto de una construcción veloz, con material malo y una cimentación insuficiente, según el remoto estudio.

«Como no den un arreglo, esto se cae. Estamos acojonados», reconoce Albert: «Puede haber una desgracia muy gorda. Cuando el bus pasa, tiembla todo en los pisos. Están hechos polvo». «Si un camión para delante del semáforo, vibran los cristales y las persianas», anota Alfredo Losada, que atestigua que la degradación no es repentina: recuerda cuando su madre convivió con una hendidura en el suelo en un hogar de menos de 50 metros cuadrados. «Se veía al vecino de abajo», asegura.

«Siempre he tenido grietas, pero hace unos meses que tengo una que va de pared a pared. Se ve la viga», detalla Isidora Díaz, una de las decanas de la comunidad, levantada como el resto de la zona por el antiguo Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento, el actual Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona. Los domicilios, de promoción pública, pasaron a ser de los inquilinos a primeros de los 90. La mujer no recuerda que el Consistorio les anunciara que fueran a trasladarlos para echar abajo el inmueble. «Hace años pusieron unos refuerzos, dieron un lavado de cara a la fachada y con eso dijeron que ya estaba bien», completa Losada.

Con los daños ha reflotado un achaque asociado a los barrios de aluvión, erigidos para aglomerar a familias en el extrarradio durante el desarrollismo franquista: la aluminosis. «Nadie nos avisó que lo tenía. Me enteré en una reunión con vecinos», confiesa Diana Escudero, a quien el piso le costó «siete millones de pesetas» en 1989.

«En el último mes y medio, los Bomberos han intervenido en un techo, unas vigas y un balcón porque se desprendía parte de la cornisa. Hemos evitado una desgracia de milagro», cree Teresa Pardo, del grupo de afectados por aluminosis en el Besòs. El movimiento estima que 141 comunidades del vecindario se edificaron con cemento aluminoso. Aunque en el 40% se han efectuado arreglos, siguen carcomiéndose.

«Los planes han fracasado, pero no se asumen responsabilidades», critica Pardo. La plataforma apela a que el Ayuntamiento erigió los domicilios para exigir que costee inspecciones que certifiquen qué inmuebles deben derribarse y cuáles pueden reformarse. A partir de ahí, reclaman que se dignifique el Besòs, evaluando también el deterioro social que ven que arraigó con la pasada crisis.

Urgen en especial que se actúe donde se cuentan varias viviendas apuntaladas desde hace años. Ocurre al menos en dos portales. «Ahí se tiene que intervenir subsidiariamente, porque hay familias en riesgo», advierte el grupo, que se apoya en el estudio que Barcelona encargó a arquitectos y bomberos hace más de 40 años. En él, se propuso demoler 30 bloques. «Solo se derruyeron tres. Los que no se derribaron presentan patologías muy severas», indica Pardo.

Quienes llegaron a ser desocupados en abril quisieran ser realojados, pero sus escasos ingresos les dificulta financiar un eventual cambio de vivienda. «Hay personas que no podrían», piensa Losada, quien añade que los Bomberos no les garantizaron que los puntales con los que afianzaron las paredes aguanten más «de tres o cuatro meses».

Un convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento estipula que hasta el 85% de la remodelación de los hogares del barrio se cubran con fondos públicos. El Consistorio remarca que la subvención sube al 100% «en caso de que se justifique precariedad económica». Las condiciones no convencen a la plataforma. «Son abusivas y no se ajustan a la realidad del barrio», subraya Pardo.

La vecina señala a la pobreza como principal obstáculo para que los residentes colaboren en el pago. «Reparar mi edificio cuesta 307.000 euros y a cada vecino nos sale a 1.900 euros. De 24 pisos, solo tres tenemos salarios para asumirlo», recuenta Pardo, que suma la alta okupación de viviendas a los inconvenientes: «Hay un mínimo de dos pisos okupados por edificio. Hay comunidades con ocho o nueve okupados, y eso las descapitaliza. Los pisos donde no se puede acreditar la propiedad no reciben la ayuda y su parte tiene que pagarla el resto de vecinos». A menudo, las entidades financieras tampoco responden: a Pardo le costó que un banco saldara las cuotas que adeudaba de tres años.

El distrito de Sant Martí afirma que trabaja en una medida para abordar el deterioro de los bloques del Besòs. No concreta cuánto dinero destinaría. Define el asunto de «prioritario» y se fija «comenzar a resolverlo dentro de este mandato», que concluye en junio de 2023.

En febrero pasado, vecinos movilizados entregaron un casco al concejal del distrito, David Escudé (PSC). «¿Puede garantizarnos que no tendremos que dejar nuestras viviendas repentinamente por derrumbe? ¿Nos puede garantizar que no habrá muertos?», le preguntaron.

Los desalojados de Badalona, aún sin viviendas

El desplome de parte de un muro de un bloque de Badalona reveló hace seis meses que sufría aluminosis. El inmueble se evacuó y se derribó de inmediato. Medio año después, gran parte de sus 42 habitantes aguardan solución en apartamentos y pensiones por las que el Ayuntamiento abona unos 30.000 euros al mes. No saben dónde serán realojados tras no recuperar parte de las pertenencias.

«No les han solucionado nada», lamenta Chaima, sobrina de una pareja hospedada en Santa Coloma de Gramenet. A falta de que el Consistorio defina ayudas, la familia ha buscado un alquiler. «En todas las agencias les piden una nómina y un contrato fijo, pero mi tía cobra 400 euros y el contrato de mi tío es por obra. Ninguna les acepta en esas condiciones», explica la chica.

Sus parientes han tratado de arrendar el apartamento, pero les dicen que no es posible. «Han comprado cubiertos, pero les faltan muebles. No quieren cargarse porque no saben si se tendrán que ir», comenta Chaima. El nuevo gobierno municipal del PP responde que busca una fórmula para «garantizar estabilidad» a los afectados «a largo plazo».

Los consultados indican que, antes del confinamiento, el ejecutivo anterior marcó el 30 de marzo como límite para dejar los alojamientos. «Luego se amenazó con que deberían salir cuando acabase el estado de alarma», afirma el abogado Rafael Mendoza, que ha acordado con el BBVA que se anulen las hipotecas de tres familias. La entidad confirma que condona la deuda que pesaba sobre los domicilios demolidos.

Una familia a la que se llegó a cobrar la cuota cuando el edificio se echaba abajo permanece en un albergue. «Lo han pasado fatal. Estuvieron días en un cuarto y sin televisión al empezar la alarma. Fue un confinamiento absoluto hasta que el dueño les ofreció otra habitación», cuenta Mendoza.