Día: 19 de mayo de 2020

confilegal.com

“La paralización prolongada del funcionamiento de la Administración de Justicia es una grave anomalía democrática, a la que debe ponerse a término lo más inmediatamente posible”, según Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Así se manifiesta el secretariado de la asociación judicial en un comunicado en el que reclama la reanudación inmediata de la actividad judicial, así como los medios tecnológicos y de protección sanitaria necesarios para retomar el normal funcionamiento de la Justicia.

JJpD se dirige al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las comunidades autónomas con competencias transferidas.

“A fecha de hoy las administraciones responsables de garantizar la seguridad e higiene de este servicio público esencial no han puesto en marcha las reformas necesarias en las instalaciones y la dotación de medios telemáticos imprescindibles para que, en un contexto de esta grave crisis sanitaria, la tutela judicial de los derechos y libertades esté permanentemente garantizada”. PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En este sentido, la asociación judicial pide al legislador que “asegure los mecanismos institucionales para la correcta coordinación y cooperación de todas las instituciones implicadas, la implantación de los tribunales de instancia y la dotación en las leyes de presupuestos de los créditos necesarios para el buen funcionamiento de la justicia”.

La asociación de la que es portavoz el magistrado Ignacio González Vega asegura que del CGPJ espera que “dote a los integrantes de la Carrera Judicial de la necesaria protección frente al riesgo sanitario y que inste a las administraciones responsables a fin de que lleven a cabo las actuaciones necesarias para el inmediato levantamiento de la suspensión de la actividad judicial”.

Se cumplen 65 días desde la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, recuerda JJpD, y “la prolongación de esta situación de parálisis casi general de la Administración de Justicia ha puesto de relieve sus carencias”. PUBLICIDAD

Asimismo, apunta que “no existen en nuestro sistema mecanismos suficientemente reglamentados que permitan garantizar la cooperación y coordinación de todas las administraciones e instituciones concernidas” y, agrega, “resultan imprescindibles para que se pueda abordar la reanudación en todo el Estado de la actividad judicial”.

Por otra parte, añade, “la actividad judicial se encuentra todavía condicionada por los límites que impone la utilización del papel y la falta de herramientas tecnológicas”.

Sobre esto, critica que las administraciones responsables “no han sido capaces en todo el territorio del Estado de proporcionar los medios necesarios para que, en una situación de epidemia, sea posible el normal funcionamiento de nuestros Juzgados y Tribunales”. PUBLICIDAD

“Superar el modelo decimonónico”

Esto último, subraya, “es algo más complejo que el simple suministro de ordenadores, lo que se debe generalizar entre los responsables del funcionamiento de los órganos judiciales, y comprende también los programas informáticos que garanticen la viabilidad y seguridad de las actuaciones telemáticas”. PUBLICIDAD

Juezas y jueces para la democracia insiste en que esta crisis sanitaria “ha puesto de manifiesto las deficiencias de la actual organización y planta judicial y la necesidad de superar en la primera instancia el modelo decimonónico con la transformación de los juzgados en auténticos tribunales de instancia que permitan optimizar el funcionamiento de nuestra Administración de Justicia”.

Así, añade, “queremos denunciar que desde los primeros proyectos de hace más de una década las fuerzas políticas han sido incapaces de llegar a un acuerdo que modernice la organización judicial”.

La asociación concluye que esta situación en la que se encuentra la Administración de Justicia “no puede volver a repetirse” y, por ello, pide los medios necesarios para poner en marcha su funcionamiento.

idealista.com

Los precios de la vivienda disminuirán en casi todos los principales mercados de Europa occidental este año debido a los efectos económicos de la pandemia de covid-19, según el informe Government Job Support Will Stem European Housing Market Price Falls de S&P Global Ratings. La agencia de calificación de riesgo pronostica un descenso de entre un 3% y un 3,5% en España y espera que el precio no vuelve a aumentar hasta 2022.

S&P ha realizado un análisis del mercado residencial en Europa y las consecuencias de la crisis del covid-19. Los resultados arrojan un futuro esperanzador para los vendedores porque la compañía vaticina caídas mínimas del precio de la vivienda.

«Esperamos que los precios de la vivienda disminuyan entre un 3% y un 3,5% en Irlanda, Italia, España y el Reino Unido, un 2,5% en Portugal y entre un 1,2% y un 1,4% en Bélgica, Francia y Alemania», afirma Boris Glass, economista senior de S&P Global Ratings. «Solo en Suiza esperamos que los precios sigan aumentando mínimamente un 0,5% este año», puntualiza Glass.

En este sentido, S&P espera que los mercados se recuperen más rápido de lo previsto. De hecho, la agencia de calificación de riesgo prevé que el precio de la vivienda vuelva a experimentar un crecimiento a finales de 2022. Los planes de apoyo laboral a gran escala implementados por los gobiernos de toda Europa contendran el aumento de las tasas de desempleo y, por lo tanto, la caída de los precios de la vivienda, explica en este sentido Glass. 

La rápida acción del Banco Central ha limitado el deterioro de las condiciones crediticias. Además, la política monetaria debería de continuar siendo extramadamente flexible y solidaria, incluso a medida que las economías se recuperan, señala el informe.

«Los hogares actualmente están acumulando grandes ahorros, lo que debería ayudar a apuntalar la recuperación de la economía y del mercado inmobiliario una vez que se levanten las medidas de contención de virus y las economías comiencen a regresar gradualmente a una apariencia de normalidad», afirma Glass.

Un pronóstico que podría ser revisado en los próximos meses si se produjera un nuevo rebrote del coronavirus en otoño o si el mercado laboral no responde a las medidas impuestas por los gobiernos europeos para evitar los despidos, según señalan en el informe.

elpais.com

Pablo Hernández de Cos pide a los diputados que pacten varias legislaturas de consolidación fiscal y reformas con el fin de evitar otra crisis de deuda

Esta vez no será como en 2008. Las dos principales instituciones independientes han avisado de lo que hay que hacer para evitar una crisis de deuda que dinamite cualquier recuperación. Primero disparó la Autoridad Fiscal: el organismo que tutela las cuentas públicas dijo que hará falta una década de ajustes. Y este lunes ha sido el Banco de España: el mayor servicio de estudios del país ha pedido un plan de ajuste de las cuentas públicas gradual y a medio plazo, una vez haya pasado lo peor de la pandemia. Esto es: recortes y ahorros del gasto y subidas de impuestos.

En su comparecencia en el Congreso, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha empeorado además sus previsiones económicas. Descarta que la economía vaya a caer solo un 6%, el escenario menos pesimista que barajaba hace un mes. Ahora prevé que la perturbación pueda ser más larga y se sitúe entre el segundo escenario, que daba un 9% de caída, y el tercero, que cifraba el desplome en un 13%. En todo caso, al cierre de 2021 no se habrán recuperado los niveles de actividad. Y ve el riesgo de escenarios incluso “más desfavorables» y con daños más persistentes en el tiempo ante la elevada incertidumbre creada por el virus.

El gobernador ha advertido a los diputados de que hace falta una estrategia a varios años para corregir el agujero presupuestario y evitar que la deuda acabe suponiendo «una carga excesiva para las generaciones actuales o las futuras”. Ahora habrá que gastar con contundencia para alejar un hundimiento mayor y paliar las pérdidas de rentas. “La política fiscal es la primera línea de defensa para evitar una pérdida de tejido productivo. […] No hay otra alternativa sensata”, ha señalado. Y ha precisado que esta respuesta debe ser temporal y bien diseñada.

Sin embargo, el coste de mantener el estímulo será muy elevado. La deuda pública se disparará hasta el entorno del 120% del PIB y habrá un agujero en las cuentas por cerrar. Ese es el elefante en la habitación que nadie quiere ver. No bastará con una solución europea, que hasta el momento ha sido “insuficiente” y que “ha de avanzar”, ha subrayado Hernández de Cos. Y ha añadido que «hace falta un esquema de compartición de riesgos para financiar a todos los Estados en condiciones comparables más allá del BCE”. Esto podría hacerse por ahora con un fondo de reconstrucción que financie los gastos generados por la covid-19. Pero en cualquier caso ha asegurado que es necesario plantear cuanto antes un plan de ajuste a medio plazo. “El reto es de una magnitud muy significativa”, «es inevitable” y “vamos a tener que remar en contra”, ha declarado Hernández de Cos.

Según ha dicho el gobernador, el déficit estructural ya era del 3% del PIB al cierre de 2019, a lo que se tendrán que añadir varias décimas de PIB por el mayor gasto en sanidad, otras dos o tres por el coste de acumular más deuda, algunas más por la renta mínima y un punto de PIB a lo largo de esta década por las pensiones tras haber suprimido la reforma del sistema aprobada por el PP. Además, se deberían preservar algunas partidas que aumentan el crecimiento como la educación o el I+D. Aunque el gobernador no lo ha especificado, la suma alcanza en torno al 5% del PIB, unos 60.000 millones de euros a día de hoy. “Hace falta un ajuste de medio punto de PIB a partir de 2022”, ha afirmado. Esto es: unos 6.000 millones al año.

Así que lo óptimo es diseñarlo ahora, pero aplicarlo una vez se haya dejado atrás el golpe del coronavirus. Se trata de forjar cuanto antes “un pacto político de varias legislaturas”, en el que se explique que, después del desastre, el país será prudente con sus finanzas públicas. La idea del gobernador es hacerlo creíble, detallado a varios años y con el respaldo amplio de los partidos. Solo así se podría ganar credibilidad ante los mercados, ha apuntado Hernández de Cos.

El gobernador tiene voz y voto en el Banco Central Europeo (BCE), la entidad que ha duplicado sus compras de deuda española para mantener la prima de riesgo a raya desde la sentencia del Constitucional alemán. Traducción: el BCE no podrá hacerlo solo y, para eludir una situación insostenible en la que “se encarece la deuda”, en algún momento más adelante se tendrá que reconducir el desfase presupuestario. “La política nacional debe acompañar”, ha recalcado. Y es mejor planearlo de manera gradual y dilatado en el tiempo. El gobernador no ha detallado cómo abordar el ajuste. Pero ha mencionado una revisión de la eficiencia del gasto y una ampliación de bases impositivas, es decir, recortes y ahorros en el gasto y subidas de impuestos. “No bastará con unos retoques y habrá que tocar las dos patas, el gasto superfluo y los tributos que tienen capacidad recaudatoria”, ha zanjado. El organismo supervisor siempre ha sostenido que en la comparativa internacional España recauda menos por IVA e impuestos medioambientales.

En medio de la actual confrontación política, el mensaje que subyace es que siempre resultará mucho mejor acordar aquí entre todos el ajuste, en lugar de acabar con turbulencias en los mercados y un programa de austeridad impuesto por Bruselas.

Por otra parte, Hernández de Cos ha reclamado también una ambiciosa agenda de reformas estructurales. Estas ya eran necesarias antes debido al elevado paro, el crecimiento bajo y el envejecimiento de la población. Pero ahora cobran todavía más sentido ante la necesidad de un mayor crecimiento para pagar la deuda y el riesgo de daños estructurales para la economía. Aunque todavía se desconozca cuál será la magnitud de la herida, puede haber sectores que no salgan igual de esta crisis. El gobernador ha incidido en que España es más vulnerable por su elevada dependencia del turismo o la hostelería, muy afectados por las medidas de distanciamiento social. Y por eso “hay que facilitar la reestructuración sectorial y entre empresas con reformas estructurales”, ha indicado.

En cuanto a la banca, esta se encuentra mejor preparada. Sin embargo, el gobernador ha admitido que se enfrenta a serios riesgos. Sobre todo por la magnitud de la perturbación. Nunca se había sometido a las entidades a una prueba que incluya una caída del PIB del entorno de los dos dígitos en un solo año. Si los efectos de la pandemia son rápidos, esta podría capearlo. Pero la amenaza evidente es que se prolonguen. Y dada esa posibilidad, ha explicado que los colchones construidos podrían brindar un cierto tiempo para preparar una respuesta. También ha recordado que hay colectivos de familias y empresas que todavía están en una situación patrimonial vulnerable y que provocarán un aumento de la morosidad. “Hay que evitar que la crisis venga acompañada de un endurecimiento de las condiciones de financiación o de una crisis del sistema financiero”, ha destacado.

idealista.com

Autora: Ana P. Alarcos

Continúa la oleada de previsiones sobre las consecuencias nefastas que provocará la crisis del coronavirus en la economía. A los fuertes desplomes de la actividad que auguran el Banco de España, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y algunos bancos de inversión internacionales, que sitúan la recesión del PIB por encima del 13%, se une ahora el negro pronóstico sobre el comportamiento del consumo de los hogares en plena pandemia.

Según un estudio publicado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el gasto en consumo de las familias en España se contraerá un 11,8% este año, aunque el desplome en el segundo trimestre, con el estado de alarma en pleno apogeo, podría superar el 30%.

“El impacto del covid-19 sobre el gasto total en consumo de los hogares supondría, además de la caída intertrimestral ya conocida del -7,2% del primer trimestre e interanual del -5,7%, una reducción del -31,5% en el segundo trimestre, del -6,5% en el tercero y del -3,5% en los últimos tres meses del año. En total, la contracción del consumo en 2020 se elevaría hasta el -11,8%, una cifra próxima a la que el Banco de España estima para el consumo privado en su escenario más desfavorable (-11,9%)”, detalla el estudio.

La caída que anticipa el IVIE en primavera prácticamente duplica la registrada durante los años más duros de la crisis económica: entre 2007 y 2013 el consumo de los hogares se redujo en un 16,6%. Y no hay más que echar un vistazo a la serie histórica del INE para darse cuenta de cuán complicada es la situación que estamos viviendo. Ya en el primer trimestre se produjo un desplome intertrimestral histórico y el que se espera en el segundo podría superar hasta en cinco veces el récord del segundo trimestre de 2009 (cuando en términos anuales el consumo cayó un 5,97%, 25 décimas más que entre enero y marzo de este ejercicio).

Con estas cifras sobre la mesa, el estudio insiste en que “el gasto en consumo se ha ajustado rápidamente a la baja por el covid-19” y lo ha hecho “mucho más intensamente de lo que ocurrió al principio de la gran recesión”.

Y recuerda que se trata de una variable muy importante para la economía, ya que el peso de la demanda nacional en el PIB alcanza el 55%. En términos netos, el consumo de las familias supera con creces el medio billón de euros.

Las particularidades de la crisis sanitaria

El estudio recuerda que toda crisis impacta en las familias, aunque la clave está en cómo evolucionen estos cuatro factores: la caída de la renta de las familias, las alteraciones que se produzcan en cada uno de los componentes del consumo, el peso de esos componentes en el gasto total y la duración de la crisis. 

Por ejemplo, entre 2007 y 2013, numerosos componentes del gasto acumularon ajustes nominales superiores al 20% y mayores incluso en términos reales (ocio y cultura, vestido y calzado, hostelería, muebles y artículos del hogar, o transporte). Los gastos en alimentos y bebidas, sanidad y comunicaciones apenas cambiaron. En este último caso el gasto incluso se redujo, sobre todo, por la caída de los precios en esos bienes y servicios. En cambio, aumentaron con fuerza el gasto en enseñanza (al compensar las familias los recortes de los fondos públicos) y la vivienda. Así, aclara el IVIE, «la pauta que subyace a estos cambios es que las principales partidas ajustadas son las de los bienes duraderos (porque sus compras se posponen) y las relacionadas con el ocio, mientras que las más protegidas tienen que ver con las necesidades consideradas más prioritarias».

Sin embargo, durante la crisis del coronavirus el instituto prevé un aumento del consumo en alimentación por el confinamiento (en el primer trimestre el gasto de los hogares con tarjeta se ha disparado un 60% interanual), una caída de los gastos en conservación y reparación de la vivienda (aunque se irá recuperando a medida que pasan los meses, el mantenimiento de los gastos vinculados a los servicios de comunicación, información y entretenimiento (ya que la mayoría de las familias tienen tarifas planas, por lo que un mayor consumo no conllevará un mayor gasto, a no ser que aumenten los servicios contratados). Por último, estima un repunte de la compra de equipamientos digitales, para reforzar las dotaciones y que puedan usarse más intensamente para el ocio, el teletrabajo o la formación a distancia por distintos miembros de las familias sin padecer cuellos de botella.

Y es que, como concluye, «el confinamiento ha reforzado el papel de los hogares en la vida de las personas al obligarles a desarrollar más actividades en la vivienda, incluida parte de la laboral y la educativa. Y todas estas circunstancias tienen consecuencias sobre el gasto en consumo de los hogares, afectando a su nivel y composición«.

idealista.com

La crisis del coronavirus ha golpeado con fuerza al sector terciario y ha supuesto el cierre (temporal para algunos, permanente para otros) de muchos locales comerciales. La compañía TC Group Solutions, especializada en  fórmulas de ‘retail Intelligence’, afirma que hasta la semana pasada sólo se habían abierto el 36% de los locales comerciales de España. Los datos de Madrid y Barcelona (en fase 0 de la desescalada), los más preocupantes.

Según los datos de TC Group Solutions, desde que se decretó el confinamiento (en la semana 12) y hasta la semana del 27 de abril (semana 18) la gran mayoría de establecimientos comerciales han permanecido cerrados, con una cifra mínima de aperturas del 13% en la segunda mitad de marzo y primeras semanas de abril. En los últimos quince días han abierto en España un 20% más de establecimientos comerciales. De hecho, la semana pasada ya estaban abiertos uno de cada tres establecimientos.

El siguiente gráfico muestra el % de apertura de tiendas por semanas, teniendo en cuenta que el Estado de Alarma se produjo en la semana 12. Fuente: TC Group.

Baleares ha sido la provincia que ha presentado un mayor avance en esta “vuelta a la normalidad”, con el 40% de las tiendas abiertas; le sigue la provincia de Valencia con un 35%, Vizcaya con un 32% y Alicante con un 30%.

Las ciudades de Madrid y Barcelona son las que están reanudando su actividad a un ritmo más lento. En Barcelona, han abierto solo el 23% de los negocios a píe de calle, mientras que, en Madrid, la cifra es inferior, solo el 17%.

Comparando los datos de España con países como Francia e Italia se observa que Francia en estos momentos encabeza la vuelta a la normalidad, con un 63% de tiendas abiertas, frente al 46% de Italia y al 36% de España.

La realidad es que tras esta crisis del coronavirus, muchos de los locales comerciales en España podrían cerrar de manera permanente, según las predicciones de algunos expertos y empresas del sector. En este sentido, la empresa Brickbro vaticina que hasta un 40% de establecimientos podría quedarse sin inquilino tras el coronavirus.

El CEO de la compañía, Guillermo Preckler, ha explicado que en las últimas semanas ya se ha producido un cambio de tendencia en este sentido. “La situación está forzando a que muchos negocios tengan que cerrar directamente la persiana”, afirma. Una situación que favorece a otros modelos de negocio y empresas que se dedican, por ejemplo, a la conversión de locales comerciales en vivienda. Un nicho de mercado que ofrece rentabilidades de hasta el 200%.