Si bien es cierto que la cuarentena ha sido larga y dura, los españoles ya vamos poco a poco acercándonos un poco más a la normalidad. Coincidiendo con el arranque de la fase 0 del plan de desescalada diseñado por el Gobierno y que culminará con el regreso a una nueva normalidad, la consultora CBRE ha dado a conocer las principales recomendaciones para la gestión del nuevo escenario que surgirá en los espacios de oficinas.
La necesidad de mantener distancia física entre las personas en una oficina y el hecho de no compartir el puesto de trabajo por razones sanitarias va a reducir la ratio de ocupación de los espacios, es decir, habrá menos personas por m2. Desde CBRE calculan que, si es necesario mantener dos metros de separación entre los puestos y asimismo entre los puestos y las personas que circulen por la oficina, la ratio de ocupación descenderá al 40%, mientras que, si la distancia de separación física se rebajara a un metro, entonces la ratio de ocupación bajaría al 60%.
Es decir, que si un espacio de trabajo de 1.000 m2 en escenario pre-covid19 podía albergar 100 personas (una persona por cada 10 metros cuadrados), ahora cabrían 40 o 60 según la distancia física mínima entre ellos fuera de dos metros o un metro, respectivamente.
“Estamos viviendo una situación histórica que va a dejar huella, tanto en las empresas como en las personas, las cuales adoptarán unas nuevas formas de trabajo mucho más flexibles». “A modo de ejemplo, en CBRE solamente una de cada cuatro personas podremos acudir durante las primeras semanas. El impacto llegará también a los edificios, que serán cada vez más inteligentes, sostenibles y mucho más digitalizados», aseguran desde CBRE España:
Con su guía Back2thefuture, CBRE lanza su propuesta para la vuelta a la nueva normalidad en el ámbito de oficinas y cómo retomar la actividad reforzando la seguridad y la higiene, permitiendo además que el desempeño profesional de los usuarios de esos espacios se vea mínimamente afectado por las nuevas regulaciones en materia de salud pública. Para ello, CBRE ha desgranado sus recomendaciones desde tres puntos de vista diferentes: la del propietario del edificio, la empresa arrendataria y los empleados de esta.
Un día en la oficina en la “nueva normalidad” para el propietario
El papel del propietario y la óptima gestión de sus edificios es crucial para aumentar la seguridad en la vuelta a la oficina y colaborar en la mitigación de la pandemia; así, entre otras medidas se recomienda comunicar a los arrendatarios el aforo máximo permitido, consensuar la optimización del espacio disponible en el aparcamiento para dar cabida a los usuarios que, por ejemplo, acudan a su puesto de trabajo en patinete o bicicleta, medios de transporte que comportan un menor riesgo de infección. La gestión escalonada de la entrada al trabajo permitirá evitar aglomeraciones, y la delimitación de recorridos de circulación con vinilado en el suelo favorecerá el flujo de tránsito.
En cuanto al control de acceso, se recomienda el uso de dispositivos touchless para la medición de temperatura, limitando la ocupación de los ascensores para asegurar el cumplimiento de la distancia de seguridad. Por otro lado, es también recomendable priorizar la limpieza de los elementos que más se tocan, como las botoneras o los espacios comunes, prestando especial atención a la desinfección de los aseos.
La ‘nueva normalidad’ para la empresa arrendataria
El plan de vuelta al trabajo ha de ser, en cualquier caso, multidimensional, y las empresas deben asegurarse de tener una hoja de ruta clara en la gestión del cambio y en la comunicación con sus empleados. Al mismo tiempo, es importante seguir invirtiendo en hacer que la experiencia del empleado sea, dentro de las prioridades de seguridad e higiene, lo más satisfactoria posible.
Con la intención de ofrecer una información clara, la empresa puede flexibilizar el trabajo presencial dividiendo a la plantilla por grupos y turnos de acceso a la oficina. Asimismo, es importante dotar al empleado con un equipo de protección esencial: mascarillas higiénicas y guantes desechables. Las empresas deberán contar con un plan de acción de cara al aislamiento y detección temprana de casos positivos de covid-19 entre la plantilla.
Puntos sensibles, como la cafetería y los lugares de descanso común, deben ser especialmente reforzados con cartelería y con mecanismos que, en la medida de los posible, ayuden a accionar grifos, picaportes o botones sin emplear las manos, disponiendo en todo momento de soluciones desinfectantes para los empleados.
¿Cómo será para el usuario?
Respetar el flujo de circulación y acceso al edificio será crucial para ayudar a mantener las distancias y aforos de seguridad que marque cada empresa. Además, en este punto es importante tener en cuenta el apoyo que la digitalización puede suponer para facilitar la vuelta a la nueva normalidad para los empleados; la implementación y puesta en marcha de aplicaciones corporativas que permitan a la plantilla reservar plazas de garaje, salas de reunión o de puestos de trabajo en determinado horario, por ejemplo.
El plan de actuación propuesto por la consultora para la plantilla se basa fundamentalmente en el cumplimiento de las medidas personales de higiene, acatando las acciones que por precaución se comuniquen desde cada empresa y apelando al sentido común de cada persona: evitar aglomeraciones y reuniones presenciales, hacer uso de las escaleras en detrimento del ascensor e intentar mantener la distancia interpersonal con los compañeros de trabajo.
Autor: Diego Muñoz-Perea Piñar – Socio y director del departamento de Derecho Civil de Bufete Muñoz Perea SLP
Resumen: EL objeto de este artículo es poner de relieve los dos pilares de la regulación del contrato de seguro a la luz de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo:
La naturaleza aleatoria del mismo, lo cual se manifiesta especialmente en la regulación de la obligación principal del asegurado, esto es, la prima.
El fundamento que rige la Ley especial, el interés jurídico protegido, cuál es el principio pro asegurado; lo que se manifiesta especialmente en la regulación de la obligación principal del asegurador, es decir, la respuesta ante el siniestro.
Sumario:
1 EL CONTRATO DE SEGURO
1.1 Líneas generales
1.2 Ley del Contrato de Seguro
1.3 Estatuto del Contrato de Seguro
2 ASEGURADO: LA PRIMA, “ALEAS”
2.1 Determinación de la prima
2.2 Modificación de la prima
2.3 Impago de la prima.
3 ASEGURADOR: LA RESPUESTA ANTE EL SINIESTRO, PRINCIPIO RECTOR
3.1 En las disposiciones legales, art. 2
3.2 En las disposiciones contractuales, art. 3.
3.3 En la ejecución del contrato, art. 20.
CONCLUSIÓN.
BIBLIOGRAFÍA.
1 EL CONTRATO DE SEGURO
1.1 Líneas generales.
El contrato de seguro, que en esencia –como todos los contratos- es civil, se desarrolla principalmente en el ámbito mercantil. Un contrato que se apoya en dos pilares fundamentales que nos dan su esencia y justifican su regulación especial:
Concepto y esencia. En una primera aproximación a su concepto, podemos entenderlo como el pago o prima que abona una de las partes para que la contraparte le cubra una eventualidad dañosa. Es, por tanto, un contrato aleatorio, de ‘aleas’, suerte; por lo que su esencia es el carácter eventual sin el que no puede existir, como sucede con los demás contratos que participan de esta misma naturaleza: contrato de alimentos, del juego y de la apuesta, y de la renta vitalicia, entre otros.
Hay un aparente paralelismo entre estos contratos aleatorios y las obligaciones condicionales; si bien, como señala nuestro más alto Tribunal, la esencia de la distinción es lo que diferencia a los contratos aleatorios de los conmutativos: en los contratos conmutativos, la prestación está perfectamente determinada; en los aleatorios, la prestación está por determinar. Así, las obligaciones condicionales están sujetas a que entre en juego la prestación, o no, PERO en cualquier caso esta está determinada, es decir, son conmutativos. En los contratos aleatorios la prestación está por determinar (en el contrato del seguro dependerá del siniestro; en el juego de la suerte).
Evolución y fundamento de su regulación. Antes de entrar en su regulación concreta, es obligado hacer referencia al paso evolutivo del derecho: de las concepciones liberales e individualistas decimonónicas del Código Civil (en adelante Cc.) a las concepciones sociales y humanizadoras del derecho, donde, cada vez más, se subordinan los intereses particulares a los intereses generales y, consiguientemente, cada vez se justifica más la intervención de los poderes públicos en las relaciones jurídico privadas, paso evolutivo que se manifiesta muy claramente en esta relación contractual.
Así, nuestra Ley Sustantiva Civil, como hija de su tiempo, regulaba el contrato del seguro de manera escueta y bajo las premisas individualistas de la libertad contractual (artículos 1.791-1.797), como así también lo hacía el Código de Comercio (artículos 380-438); ambas derogadas desde la actual regulación legal del contrato del seguro. Dicha legislación es una de las manifestaciones más claras de esta “nueva” tendencia social del derecho, dado que la premisa es proteger a la parte débil, el asegurado, de la parte económicamente más fuerte, el asegurador, en claro detrimento de la libertad contractual del 1.255 del Cc. Una vocación que no solo manifiesta el legislador en la exposición de motivos, sino que es una constante en el articulado y que tiene su máxima expresión en el denominado principio “pro asegurado”, que si bien guarda claras similitudes con el principio “pro consumatore” del 51 de la Constitución Española (en adelante CE) no puede identificarse con él plenamente, toda vez que el asegurado puede ser tanto un consumidor como un empresario o profesional.
1.2 Ley del Contrato del Seguro.
La Ley del contrato del seguro es la homónima 50/1980, de 8 de octubre, última reforma de 15 de noviembre de 2005 última reforma de 15 de noviembre de 2005 (en adelante LCS); Dicha ley, consta de 4 títulos, a saber, los aspectos generales, seguros contra daños, seguros de personas y aspectos de Derecho Internacional Privado. Un cuerpo legaldel que reseñamos los dos aspectos antes vistos:
La esencia aleatoria de su concepto, destacada en el artículo 4 “el contrato de seguro será nulo, salvo en los casos previstos en la Ley, si en el momento de su conclusión no existía el riesgo o había ocurrido el siniestro”
Y, el fundamento de su legislación; el principio “pro asegurado” que rige toda la Ley; véanse puntos muy concretos que muestran esta voluntad del legislador de proteger al asegurado: artículos 2, 3, 18 y 20 que serán analizados en el último apartado de este trabajo.
1.3 Estatuto del contrato.
Dejando a un lado los pormenores de cada tipo de seguro, pasamos a ver el estatuto general de toda relación aseguraticia.
Elementos personales.
El asegurador es el que se obliga a cubrir el riesgo en el supuesto de la eventualidad dañosa.
El asegurado u obligado a abonar la prima para la cobertura; figura que puede desdoblarse cuando el que abona la prima lo hace en beneficio de un tercero, determinado o determinable; en tal caso tenemos:
El tomador, que es el titular del derecho
El beneficiario de esta obligación.
Véase con el artículo 9 que la póliza puede ser nominativa o al portador.
El perjudicado, de ordinario es el propio beneficiario: el perjudicado por el siniestro será el beneficiario del seguro; si bien puede ser un tercero, téngase presente en los seguros de responsabilidad civil.
Elementos reales:
De lo que se ocupan los artículos 14 a 21
La obligación esencial del asegurador es responder del riesgo cubierto, debiendo constar, de manera clara, el concepto y naturaleza del riesgo asegurado, garantías, coberturas, etc.
La obligación esencial del asegurado: el pago de la prima, es decir, el pago del importe, recargos e impuestos, con determinación de si es un solo pago o, lo que es más común, si es un pago periódico, en cuyo caso se especificarán vencimientos y forma de pago. Además, se debe tener presente la fuerza ejecutiva que tiene la reclamación del impago de la prima conforme al artículo 15.
El siniestro. Como hemos visto en el siniestro está la esencia de la naturaleza de este tipo contractual, el “aleas” que determina cuándo y cómo debe cumplir el asegurador su obligación. El contrato nace, se perfecciona desde que se firma la póliza, si bien no se consuma hasta que se extingue el periodo o circunstancia cubierta sin que ocurra el siniestro, o bien, ocurriendo el siniestro y entrando en juego la obligación principal del asegurador, este cumple con su obligación: el pago de la prestación pactada. Siniestro ante el cual tenemos con los artículos 16-21 que imponen a las partes:
Al asegurado, las obligaciones de comunicarlo y de emplear diligencia para aminorar sus consecuencias. El incumplimiento de estos deberes sólo dará derecho al asegurador a reducir su prestación; si bien, podrá quedar liberado totalmente si hubiere mala fe en el asegurado.
Al asegurador, cumplir con su obligación principal de responder del siniestro conforme a lo pactado. Y para evitar las dilaciones de las compañías aseguradoras, se les imponen dos medidas: la caución mínima del artículo 18 dentro de los 40 días desde su recepción y los famosos intereses moratorios del artículo 20, con gran desarrollo jurisprudencial.
Elementos formales.
Los elementos formales en esta relación contractual revisten especial importancia, en orden a las garantías que el legislador quiere dar al asegurado ocupándose de este particular los artículos 5-13, siendo la pieza clave la póliza, documento donde consta la relación contractual (teniéndose presente toda la doctrina de las condiciones particulares y las generales; y, a su vez las cláusulas limitativas –que en sí mismas no son nulas- y las abusivas, que sí lo son) debiendo constar, por escrito, en los términos detallados del artículo 8, muy especialmente los elementos reales del contrato: prima, prestación y todo lo relativo al enlace causal el siniestro y, a su vez, dentro de este, con especificación de cuál es la eventualidad cubierta y los elementos que lo determinan.
Elementos temporales.
Esta es una cuestión relevante de la que se preocupa especialmente el legislador, siendo uno de los aspectos que han de constar en la póliza: la duración del contrato con expresión del día y hora en que comienzan y terminan sus efectos. Elemento temporal que tiene relevancia antes y durante el contrato:
Fase precontractual. La solicitud del asegurado no le vinculará, en cambio la proposición del asegurador, sí será vinculante durante 15 días pudiendo retrotraerse los efectos, por acuerdo de las partes, al momento en el que se presentó la solicitud o se formuló la proposición, según el art. 6, un máximo de 10 años, prorrogables anualmente.
Después del contrato, prescripción. El artículo 23 señala especialidades respecto a la prescripción de las acciones: “las acciones que se deriven del contrato de seguro prescribirán en el término de dos años si se trata de seguro de daños y de 5 si el seguro es de personas”
Respecto al “diez a quo” la STS 353/2014 de 17 de marzo de 2016 declaró como doctrina jurisprudencial “el día inicial para el cómputo del plazo de prescripción de dos años, establecido en el artículo 23 LCS para el seguro de daños respecto de la reclamación del asegurado a su aseguradora, en los casos en que haya existido reclamación judicial, es el de la notificación de la resolución que determina la firmeza de la sentencia condenatoria, pues desde ese momento puede ejercitarse la acción de modo efectivo y con pleno conocimiento del alcance de la obligación de indemnizar“
Y entramos ya en el desarrollo de estos dos puntos cardinales y su influencia en las dos obligaciones principales de las partes:
El “aleas” en la obligación fundamental del asegurado, el pago de la prima.
Y el principio pro asegurado, en la obligación fundamental del asegurador: la respuesta ante el siniestro.
2 ASEGURADOR: LA PRIMA. EL “ALEAS”.
Pago de la prima en torno al cual tenemos:
2.1 Determinación de la prima (según el “aleas”).
Determinación que, a priori, se rige por la omnipresente libertad contractual del 1.255 del Cc; si bien esta fijación debe siempre tener presente la esencia de este contrato, el “aleas” del riesgo cubierto. Por ello, la fijación de la prima, a priori, deberá ser proporcional al riesgo cubierto, lo que nos lleva a las siguientes cuestiones:
2.2 Modificación de la prima (por variación del “aleas”).
Si el “aleas” es lo que determina la fijación de la prima es lógica consecuencia jurídica que su alteración, una vez perfeccionado el contrato, facultará a las partes a solicitar la variación del “quantum”; lo cual no es sino una aplicación, regulada legalmente, de la cláusula “rebus sin stantibus” (carácter imperativo de LCS).
Ante esta variación tenemos (art. 10 y 11 LCS):
Prohibición legal.
Existe una excepción en cuanto a los seguros de personas: en estos las circunstancias relativas al estado de salud no se consideraran agravación del riesgo y no hay obligación de comunicarlas, consecuencia del carácter humanizador que rige esta Ley. A “sunsu contrario” se entiende que tampoco la mejoría del estado de salud es causa de rebaja de la prima.
Agravación (art.12).
Si ha sido comunicada al asegurador:
En dos meses el asegurador puede proponer modificación, que en 15 días debe ser aceptada o rechazada.
Si hay silencio, el asegurador puede rescindir el contrato previa advertencia al tomador por escrito, dándole un nuevo plazo de 15 días para que conteste, tras el cual, y dentro de los ocho días siguientes, comunicará al tomador la decisión definitiva. Véase aquí la clara protección del asegurado, el principio pro asegurado.
Si de la agravación ha tenido conocimiento, la única variación será en plazo, que será de un mes, en vez de dos.
Sin embargo, si la agravación no le ha sido comunicada y ocurre el siniestro:
Si ha habido mala fe, queda liberado de su obligación.
Si no ha habido mala fe, se reducirá proporcionalmente a la diferencia convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la gravedad.
Disminución (art. 13).
Si lo que hay es una minoración del riesgo, el tomador podrá pedir, al acabar la prima en curso, la reducción proporcional; si el asegurador se niega, podrá, por esta causa, resolver el contrato y reclamar la parte proporcional de la prima que hubiera satisfecho.
Siniestro sobrevenido.
Si el siniestro ocurre durante este periodo valorativo, la prestación será proporcional a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera convenido de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.
2.3 Impago de la prima (consecuencias del impago y obligaciones de la aseguradora ante este impago).
El siguiente punto que nos debemos plantear en orden a la prima es ¿qué ocurre cuando esta no es abonada?
La perfección del contrato se rige por los criterios generales (1.258 y 1.278 del Cc), por lo que no es necesario el pago de la prima para su perfección; ahora bien, ¿qué ocurre cuando esta no es abonada? conforme al artículo 15 tenemos:
Pago único o primer pago. Si no se ha pagado el pago único o la primera prima a su vencimiento el asegurador podrá optar entre la resolución del contrato o exigirla en vía ejecutiva. Si bien, en el caso de que opte por la resolución, deberá notificárselo al asegurado –de manera que se tenga constancia de su recepción- para que surta efectos, como nos señala la STS 544/2013 de 10 de septiembre de 2015: “Para que la compañía aseguradora quede liberada de la obligación de indemnizar al perjudicado en el contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor por impago de la primera prima o prima única por culpa del tomador, es necesario que acredite haber dirigido al tomador del seguro un correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio admitido en derecho que permita tener constancia de su recepción, por el que se notifique la resolución del contrato“
Si lo que no se paga es una de las primas siguientes, la cobertura del asegurado quedará SUSPENDIDA (que no resuelta) un mes después del día de su vencimiento.
Si el asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda extinguido.
En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del periodo en curso.
3 ASEGURADOR: LA RESPUESTA ANTE EL SINIESTRO. PRINCPIO RECTOR.
La obligación fundamental del asegurador es la respuesta ante el siniestro. Y en este punto se manifiesta la protección que el Ordenamiento dispensa al asegurado a través del principio pro asegurado, velando por el cumplimiento de tal respuesta. Protección que rige tanto las disposiciones legales al respecto, como las disposiciones contractuales y su ejecución:
3.1 En las disposiciones legales, artículo 2.
En cuanto al principio pro asegurado, en las disposiciones legales encontramos el artículo 2, que establece el carácter imperativo de las disposiciones de la LCS y consagra la interpretación de las normas pro asegurado: “Las distintas modalidades del contrato de seguro, en defecto de Ley que les sea aplicable, se regirán por la presente Ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo, a no ser que en ellos se disponga otra cosa. No obstante, se entenderán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado”.
3.2 En las disposiciones contractuales, artículo 3.
Recordar que, a priori, toda la lucha contra la abusividad en el contrato de seguro no se encuadra en la protección del consumidor del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante TRLGDCU), sino que su “lucha” descansa más bien en la protección del asegurado que emana del principio pro asegurado, garantizado en el artículo 2 y manifestado -en cuanto a las disposiciones contractuales- en el artículo 3 de la LCS.
Artículo 3 y clasificación doctrinal de las cláusulas.
Artículo que tiene por finalidad velar por el equilibrio patrimonial del contrato, como leemos en el primer párrafo: “las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito”, definición en la que la doctrina científica ha intentado ver, de manera ciertamente forzada, tres categorías:
Cláusulas lesivas, cuando hay nulidad por abusivas en las condiciones generales del contrato, que por remisión a la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación (en adelante LCGC) y el TRLGDCU, conforme a las cuales son lesivas:
Art. 8.2 LCGC nulidad de las Condiciones Generales que sean abusivas
Y son abusivas con el TRLGDCU “todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que contra las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes”
Sustituyendo, en el concepto de perjudicado al asegurado por el consumidor
Cláusulas limitativas, que son las que restringen los derechos del asegurado, que de ordinario suelen darse en las condiciones particulares.
Cláusulas delimitadoras del riesgo del asegurado, que en realidad no son sino una aplicación de las anteriores: concretamente, cuando la abusividad consiste en la delimitación del riesgo cubierto por el asegurado, ya sea:
Por la descripción del hecho que origina la obligación de indemnizar
Por la delimitación cuantitativa de la obligación de indemnizar (que es lo que parece ser el caso de Autos)
Por la delimitación temporal de la cobertura
Por la delimitación espacial de la cobertura
Por la delimitación personal de la cobertura (delimitación de posibles terceros perjudicados).
Crítica a esta clasificación y concepto.
Como decíamos, esta es una clasificación y conceptuación muy forzada, dado que:
No es admisible la distinción conceptual, puesto que es difícil encontrar en la práctica una cláusula que, siendo lesiva, no sea limitativa de derechos, por lo que los conceptos vienen confundidos. Y más forzado es ver un criterio clasificado en las cláusulas limitativas del riesgo, como nos dice la STS 715/2013, de 25 de noviembre “las fronteras entre ambas no son claras”
Y tampoco es admisible la distinción entre:
La abusividad en las condiciones particulares, como clausulas limitativas
La abusividad en las condiciones generales, como clausulas que restringen los derechos de los asegurados
No es admisible porque, entre otras cosas, en la práctica, muchas veces las condiciones particulares que suponen limitación de derechos suelen encuadrarse bajo la rúbrica de ‘condiciones generales’.
Conclusiones.
Concepto. Parece más acertado entender las cláusulas limitativas en los contratos de seguro como aquellas en las que hay abusividad en la relación contractual del seguro. Abusividad en los contratos de seguro, respecto al que existen dos exigencias legales:
Que las normas de la LCS tienen carácter imperativo, y por tanto, solo se admitirá su exclusión cuando sea en beneficio del asegurado (art. 2)
Y que para cualquier alteración de tales derechos del asegurado, se requerirá el consentimiento específico y por escrito. (art. 3).
Supuestos de abusividad. Es muy clara la STS 273/2016, de 22 de abril, que trata de “individualizar el riesgo y de establecer su base objetiva, eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato (la contraprestación)”. Sentencia que -al margen de los supuestos generales de abusividad que puedan darse en todo contrato- destaca los dos supuestos concretos de abusividad (cláusulas lesivas para el asegurado) característicos de los contratos de seguros:
Cuando no se “individualiza el riesgo y se establece su base objetiva”, como, por ejemplo, cuando los supuestos que exceptúan la indemnización, en realidad son la norma general, siendo la excepción el supuesto indemnizable cubierto por la póliza.
Cuando no hay proporción entre el supuesto de hecho indemnizable y la prima abonada, “coherencia con el objeto del contrato”. Estas son las ya conocidas “delimitaciones del riesgo” antes vistas, que son abusivas cuando no guardan relación con la prima satisfecha.
Consecuencia de la abusividad-delimitación de derechos. La consecuencia de este tipo de cláusulas no es la nulidad, sino que para su validez se requerirá:
Que sean admitidas específicamente y por escrito por el consumidor (lo cual suele debería darse en las condiciones particulares)
Sin olvidar que si el asegurado es, además, consumidor, puede entrar en juego la protección del TRLGDCU: en tal caso, puede no bastar con el consentimiento específico y por escrito, sino que, en tal caso, deberá acreditarse que se ha cumplido con los deberes de información:
Consentimiento: información suficiente, de que ha entendido todo y de que conoce sus consecuencias.
Contenido: de si es conforme a derecho.
En la ejecución, art. 20.
Y, finalmente, en la ejecución del contrato, el principio pro asegurado se manifiesta en la intención del legislador de evitar el otro pecado capital de las compañías aseguradoras “el ánimo dilatorio” en el tiempo. Un tiempo que, además, de ser un valor en sí mismo “el tiempo es oro” es usado para ahogar reclamaciones. A esto responden medidas como la caución mínima que tiene que abonar el asegurador desde que se les notifica el siniestro, art. 18 LCS y, muy especialmente, en los intereses moratorios del art. 20 del mismo cuerpo legal.
Configuración.
Dichos intereses son aplicables al Seguro de Responsabilidad Civil, cuyas peculiaridades citamos a continuación:
1.- Se aplican de oficio, aunque no hayan sido solicitados por la parte.
2.- El aumento sobre el 1.108 del Cc (tampoco aplicable el 921 de la LEC), la mayor cuantía de los mismos. El cómputo de estos 3 meses o 40 días a partir de la recepción del siniestro. Y si no, entran en juego los intereses del artículo 20, en el que hay dos tramos:
Interés legal del dinero incrementado en un 50% hasta el segundo año
A partir del segundo año, se incrementa un 20%
Carácter.
Los Intereses moratorios, respecto a los que conviene recordar el marcado “carácter sancionador y una finalidad preventiva” de los mismos según el criterio de nuestro más alto tribunal (STS 26 de mayo y 20 de septiembre de 2011 entre otras) en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de las obligaciones de la compañía aseguradora: el oportuno pago de la correspondiente indemnización (STS de 22 de mayo de 2014). Por lo que la mora únicamente desaparece es los siguientes supuestos:
1.- Cuando –de las circunstancias del siniestro o del texto de la póliza- surge incertidumbre sobre la cobertura de la póliza. Y, sobre esta “incertidumbre”, también el TS tiene declarado (STS 17 de amo de 2012) “que no puede entenderse por tal las meras discrepancias de las cuantías reclamadas”.
Tampoco basta la mera existencia de juicio, salvo que sea necesario para dirimir la incertidumbre de la obligación de indemnizar. Como nos dice la conocida STS del accidente de SPANAIR de 3 de septiembre de 2019: “No basta la mera existencia de juicio para justificar el retraso, salvo que “se aprecie una autentica necesidad de acudir a Juicio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar. Lo cual no ocurría en el caso de Autos”.
2.- Cuando la compañía aseguradora ha hecho al menos una “oferta motivada” como señalan las sentencias del Tribunal Supremo al respecto.
3.- Cuando sea notificado el siniestro tardíamente, también habrá intereses moratorios, pero estos comenzarán en el plazo respectivo.
4.- Y, por último, lógicamente, cuando es desestimada la demanda.
Caso especial del consorcio.
Cuando el obligado a responder del siniestro es el Consocio de Seguros, se dan las siguientes peculiaridades:
Sólo incurrirá en mora a los tres meses desde que sea reclamado conforme a su normativa específica.
No está obligado a la caución mínima.
Sub-excepción: cuando contrate como asegurador directo le será de aplicación íntegramente el artículo 20.
CONCLUSIÓN
Nos gustaría acabar alabando la labor del legislador de 1980 a propósito del contrato de seguro, obra jurídica que supo acertar en la necesidad de la Ley especial. Una regulación que, respetando la naturaleza aleatoria del contrato, se adaptó perfectamente a las exigencias de los tiempos, con una adecuada protección del asegurado y una primera regulación de las condiciones generales. Cuando se legisla bien, perdura.
– Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de informació
Ante una recesión «sin precedente en tiempo de paz», como calificó la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a la crisis que estamos padeciendo, la política económica tiene que dar una respuesta adecuada para que la recuperación sea lo más rápida posible.
En la vertiente de la política monetaria, afortunadamente para los países que formamos parte de la zona euro, el Banco Central Europeo está adoptando medidas proporcionadas a la magnitud de la crisis, con programas de liquidez y de compra de activos, tanto públicos como privados, sin precedentes, dirigidas a mantener la liquidez del sector financiero, asegurando las condiciones de financiación para todos los sectores de la economía, evitando que la crisis económica degenere en una crisis financiera e impidiendo que se produzcan incrementos desmesurados en las primas de riesgo de los países más afectados.
Sin embargo, como la propia Lagarde no se ha cansado de recordar, en la respuesta a la crisis la política monetaria desempeña un papel fundamental, pero complementario. El papel central le corresponde a la política fiscal de los distintos Estados, con el apoyo en caso necesario de las ayudas que está implementando la Unión Europea.
El problema para España es que la política fiscal articulada por el Gobierno no solamente es insuficiente en relación con la profundidad de la crisis, sino que adolece de un problema de credibilidad que obliga a cuestionar su sostenibilidad en el medio plazo.
Es difícil confiar en la política fiscal de un Gobierno que ha sido incapaz de articular una mayoría parlamentaria que le permita aprobar unos presupuestos en los dos últimos años, viéndose obligado a prorrogar por dos veces los elaborados en 2018 por el Gobierno del Partido Popular, que tanto criticó, y que fueron aprobados en medio de la moción de censura de junio de ese año.
La desconfianza aumenta cuando se constata cómo el Gobierno abandonó este último año la senda de consolidación fiscal seguida desde el año 2012. El 31 de marzo comunicó a la Comisión Europea que el déficit de 2019 ascendía a 33.882 millones de euros, el 2,64% del Producto Interior Bruto (PIB). En abril la Comisión corrigió estas cifras, elevando el déficit a 35.195 millones de euros, el 2,83% del PIB, el tercero más alto de la UE. Este aumento del déficit en relación con el del ejercicio 2018 se produjo por un incremento de los gastos públicos de un 4,1%, frente a un crecimiento de los ingresos del 3,3% (1).
A pesar de estas cifras, francamente preocupantes, el Gobierno parece congratularse al valorar que «estos datos implican que España se mantenga por segundo año consecutivo por debajo del 3% de déficit público, lo que permitió abandonar el año pasado el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (2). Se omite en esta valoración que España, tras la derogación por parte del Consejo de la UE del Procedimiento de Déficit Excesivo en el que se encontraba inmersa desde el año 2009, ha pasado a estar sometida al denominado «brazo preventivo» del PEC. También obvia que las autoridades europeas le alertaron, en el mes de noviembre, del riesgo significativo de incumplimiento de los requerimientos de convergencia hacia el equilibrio presupuestario fijados para 2019 y 2020 (3).
Tampoco hizo caso el Gobierno a la advertencia del Banco de España de que, ante la necesidad de que la política fiscal adoptara a corto plazo un papel más activo, para hacer frente a la desaceleración de la actividad económica que se estaba produciendo, recordaba que «existe un amplio consenso en que la prioridad para aquellas otras economías con niveles de deuda elevados, como es el caso de España, debe continuar siendo alcanzar una posición presupuestaria más saneada, de modo que se genere un margen de maniobra mayor para combatir una eventual desaceleración más acusada de la actividad» (4).
Esta falta de previsión, que supuso desaprovechar la fase expansiva del ciclo económico «para construir un colchón presupuestario que habría permitido afrontar desde una posición más sólida la actual crisis sanitaria» (5), ha limitado la capacidad de respuesta de la política fiscal española a la crisis, en la que se han movilizado unos recursos públicos muy inferiores a los de otros países de la UE (6).
Finalmente, la primera estimación que ha realizado el Gobierno sobre los efectos de la crisis económica, en la Actualización del Programa de Estabilidad 2020 remitida el día 30 de abril a Bruselas, en vez de despejar dudas, introduce mayores interrogantes sobre las consecuencias que tendrán sobre el déficit y la deuda pública tanto la propia crisis como las medidas de política económica que está adoptando.
Las previsiones macroeconómicas asumen que la crisis tendrá «un impacto muy elevado en la actividad económica en el corto plazo, con una vuelta a la normalidad progresiva (‘V asimétrica’)» (7). Para el año 2020 se estima una caída del PIB del -9,2%, seguida de una recuperación en 2021 del 6,8%.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), considera que estas previsiones, que se sitúan dentro del rango de las elaboradas por otros organismos públicos y privados, son asumibles siempre que se cumplan las hipótesis realizadas sobre la duración de la pandemia y que las medidas de política económica consideradas en el cuadro macroeconómico sean las aprobadas hasta este momento. Sin embargo, no descarta que se puedan producir escenarios más adversos derivados principalmente de la intensidad de la recuperación (8).
De hecho, en el Informe presentado el día 6 de mayo, publicó sus propias proyecciones en las que, en función de la extensión temporal de la pandemia, y de la influencia de las características estructurales de la economía en la recuperación, considera que la contracción del PIB en 2020 se situará en un intervalo entre el -8,7 y el -12,8% del PIB, por lo que la previsión del Gobierno se sitúa cerca de su escenario más favorable. Para 2021 identifica mayores riesgos en el proceso de recuperación, considerando que el PIB podría situarse cinco puntos porcentuales por debajo de su nivel anterior a la crisis (9).
Sin embargo, el mayor problema aparece en la valoración del impacto presupuestario de la crisis. En el aval de las previsiones realizadas por el Gobierno, la AIReF destacaba que: «no ha recibido el escenario fiscal ni el detalle de la valoración de las medidas aprobadas y su traslación al cuadro macroeconómico. Este hecho, por un lado, dificulta la valoración de la consistencia de los cuadros macroeconómicos inercial y con medidas, y, por otro lado, impide evaluar la coherencia entre el escenario macro y fiscal» (10). El Informe sobre la actualización del Programa de Estabilidad es más contundente, ya que destaca que las previsiones fiscales de la Actualización del Programa de Estabilidad no parecen completamente coherentes con su escenario macroeconómico (11).
En relación con el impacto presupuestario de las políticas implementadas para hacer frente a la crisis, el Gobierno estima en algo más de 28.400 millones de euros el coste de las medidas discrecionales adoptadas en la vertiente del gasto público, y una reducción de ingresos de 6.120 millones de euros por las medidas aprobadas en relación con impuestos y cotizaciones sociales (12). Por su parte, las estimaciones de la AIReF sitúan este coste entre 3,7 y 4,8 puntos del PIB, si bien considera que la mayor parte de las medidas, en torno al 95%, tienen carácter temporal y revierten de forma automática, por lo que no generarán gasto adicional en próximos ejercicios (13).
En lo que se refiere a las proyecciones fiscales realizadas por el Gobierno para el año 2020 (14) (el Plan de Estabilidad no incluye proyecciones presupuestarias para 2021), se estima que el déficit público, medido en términos de necesidad de financiación, será del -10,34% del PIB, con un déficit primario del 7,7 y una carga de intereses de la deuda pública del 2,6%. La deuda pública alcanzaría el 115% del PIB.
Los gastos públicos se incrementarán en 54.765 millones de euros, con un ratio gasto público/PIB que pasará del 41,9% en 2019 al 51,5% en 2020. Los ingresos públicos disminuirían, en términos absolutos, en 25.711 millones de euros, aunque el ratio ingreso/PIB aumentará del 39,1 al 41,2% en este período.
En lo que se refiere a los ingresos tributarios del conjunto de las Administraciones Públicas, medidos en términos de contabilidad nacional, se prevé una pérdida recaudatoria del 5%, 13.874 millones de euros, incrementándose la presión fiscal del 22,3 al 23,5% del PIB.
Las previsiones realizadas por la AIReF elevan el déficit para 2020 a un intervalo entre el -10,9 y el -13,8% del PIB, con unas previsiones de ingresos entre el 39,5 y el 39,4% del PIB, ambos escenarios por debajo de la previsión del Gobierno del 41,2%. Los gastos se situarían entre el 50,4 y el 53,2% del PIB, quedando la estimación del Gobierno, del 51,5%, entre ambos escenarios. También empeoran las previsiones de ingresos impositivos, que se situarían en un intervalo entre el 22,3 y el 22,1% del PIB, con una estimación de caída de la recaudación entre el 8,7 y el 12,8% (15).
La AIReF, a diferencia del Gobierno, incluye en su Informe proyecciones fiscales para 2021. La estimación de déficit se mueve entre -7,5 y -9,4 puntos porcentuales del PIB.
Finalmente, la deuda pública se situaría en un rango entre el 115 y el 122% del PIB en 2020 y entre el 117 y el 124% del PIB en 2021. La acumulación de los déficits primarios será el factor que contribuirá en mayor medida a dicho incremento.
En la parte de recomendaciones, la AIReF plantea al Gobierno la necesidad de establecer un Plan de Reequilibrio que sirva de orientación fiscal a medio plazo y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas, y que no adopte ninguna medida de carácter permanente sin considerar su financiación, con la finalidad de preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas (16).
Esperemos que esta vez el Gobierno no desoiga las advertencias, ya que todos los datos nos llevan a pensar que el déficit final será muy superior al previsto y que, más pronto que tarde, el Gobierno no va a tener más remedio que acudir a los instrumentos aprobados por la Unión Europea, fundamentalmente al Mecanismo Europeo de Estabilidad, para poder financiarlo.
(1)Gobierno de España: Actualización del Programa de Estabilidad 2020, abril de 2020, páginas 42 y siguientes.
(2)Gobierno de España: Actualización del Programa de Estabilidad 2020, página 42.
(3)Banco de España: Informe Trimestral de la Economía Española, diciembre de 2019, página 68.
(4)Banco de España: Informe Trimestral de la Economía Española, página 8.
(5)Banco de España: Informe Trimestral de la Economía Española, marzo de 2020, página 14.
(6)Funcas: Respuesta de la política fiscal a la crisis del Covid-19. Cuadros Comparativos, 30 de abril de 2020.
(7)Gobierno de España: Actualización del Programa de Estabilidad 2020, 30 de abril de 2020, página 6.
(8)AIReF: Aval de las previsiones macroeconómicas del programa de estabilidad 2020-2021, 1 de mayo de 2020, páginas 3 y 4.
(9)AIReF: Resumen Ejecutivo del Informe sobre el Programa de Estabilidad 2020-2021, 6 de mayo de 2020, páginas 6 y 7.
(10)AIReF: Aval de las previsiones macroeconómicas del programa de estabilidad 2020-2021, página 3.
(11)AIReF: Resumen Ejecutivo del Informe sobre el Programa de Estabilidad 2020-2021, página 11.
(12)Gobierno de España: Actualización del Programa de Estabilidad 2020, páginas 55 a 59.
(13)AIReF: Resumen Ejecutivo del Informe sobre el Programa de Estabilidad 2020-2021, páginas 8 y 9.
(14)Gobierno de España: Actualización del Programa de Estabilidad 2020, páginas 64 y siguientes.
(15)AIReF: Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2020-2021, 6 de mayo de 2020, páginas. 67 a 75.
(16)AIReF: Resumen Ejecutivo del Informe sobre el Programa de Estabilidad 2020-2021, página 13.
Con el estallido de la crisis del covid-19 son muchos los autónomos que están trabajando desde casa. En caso de tener la vivienda en propiedad, es posible deducirse el IVA y el IRPF, pero si se vive de alquiler, el inquilino y el arrendador tendrían que firmar dos contratos de arrendamiento diferentes: uno sobre la parte destinada a vivienda y otro sobre la parte destinada a oficina. Así, el autónomo podría deducirse el IVA del alquiler de la parte que es oficina. Sin embargo, la Dirección General de Tributos no está dispuesta a aceptarlo tal cual.
En concreto, Tributos no se opone a que se formalicen dos contratos de alquiler sobre la misma vivienda. Pero considera que este tipo de arrendamientos están sujetos a IVA y no exentos del pago de este impuesto. Es decir, tal y como señala José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, Tributos exige que toda la vivienda esté destinada al uso de oficina para permitir su exención en el IVA. Y esto pese a que la propia Ley del IVA establece que los arrendamientos que recaigan sobre “los edificios o partes de los mismo destinados exclusivamente a viviendas”. Es decir, esta normativa ya contempla las “partes” de una vivienda para poder deducirse el IVA.
Además, Salcedo recuerda que la Dirección General de Tributos considera que “el contribuyente que trabaje desde casa en una vivienda alquilada, a pesar de tener que pagar IVA por toda la renta del alquiler, según hemos visto, no podrá deducir todo el IVA soportado. Y es que solo podrá deducir la parte de IVA que se corresponda con la renta correspondiente a los metros cuadrados de la vivienda que utilice en su actividad”.
Los efectos que tiene el criterio de Tributos para los propietarios
Para Hacienda el alquiler de la vivienda donde el inquilino viva y tenga su oficina debe estar sujeto a IVA, lo que tiene consecuencias para el arrendador: deberá ingresar en Hacienda, a través del modelo 303, la cuota de IVA correspondiente al alquiler, pese a que el inquilino no se la haya abonado.
Hacienda sabe que el inquilino trabaja desde casa en el momento en que éste presente el modelo 036/037 considerando afectos a la actividad unos determinados m2 de la casa. Desde este momento, Hacienda podrá exigir el ingreso de la cuota del IVA al propietario, aunque no lo haya repercutido el inquilino aún.
Salcedo sostiene que la única forma que tendría el propietario de evitar que Hacienda le exija el pago de un IVA que no ha cobrado es prohibir en el contrato establecer la oficina en su vivienda.
Los efectos que tiene el criterio de Tributos para los inquilinos
El inquilino estará obligado a pagar el IVA por todo el alquiler y sólo podrá deducir la parte de IVA correspondiente a la superficie afecta a la actividad. En definitiva, “el ahorro que pudiera obtener por la deducción del IVA soportado en el trabajo desde casa, pudiera perderlo al ver incrementado el alquiler en el IVA”, sentencia José María Salcedo.
En cuanto a otros impuestos, el inquilino no está obligado a pagar gastos como el IBI, la comunidad de propietarios o la tasa de basuras, a no ser que sí esté contemplado en el contrato de arrendamiento. En ese caso, sí podrá deducirse los gastos. La deducción sólo podrá realizarse proporcionalmente respecto a los m2 del inmueble destinados a la actividad económica.
La promotora ha alcanzado un acuerdo estratégico con Google España con el objetivo de ofrecer una oferta de búsquedas enfocada a las preferencias de cada cliente.
A través de esta alianza, ambas compañías llevarán a cabo un trabajo de investigación conjunto con el que podrá abordarse un caso de éxito.
Con este acuerdo, Metrovacesa conseguirá optimizar mediante machine learning las diferentes opciones inmobiliarias en las que el usuario esté interesado y demande en cada momento.
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Con este acuerdo, Metrovacesa ha querido ir un paso más allá en los servicios que ofrece a sus clientes, utilizando nuevos métodos más innovadores, sofisticados y adaptados a las nuevas tecnologías, como pueden ser por ejemplo el uso de Lead Ads form o Discovery ads. Los Lead Ads form permiten captar el interés del cliente potencial cuando éste busca tanto a Metrovacesa, como a sus viviendas y servicios, en Google. Por su parte, los Discovery Ads ayudan a la promotora a ofrecer formatos atractivos en el momento en que los clientes recurren a Google para descubrir cosas nuevas. Metrovacesa empleará todas estas herramientas, entre otras, con el fin de mejorar la búsqueda de las diferentes opciones inmobiliarias de los usuarios mientras navegan.
Esta alianza refuerza el compromiso de la compañía con la innovación, uno de los principales valores de Metrovacesa, que apuesta firmemente por un modelo abierto de colaboración tanto con startups como con empresas líderes y que la posiciona como la promotora líder en el conocimiento y el desarrollo de iniciativas basadas en tecnología. En este sentido, recientemente ha perfeccionado su servicio digital, poniendo a disposición de todos sus clientes MVC Digital, un servicio de asesoramiento personalizado en remoto que brinda la posibilidad de realizar visitas 360º y free walk de las viviendas, configurar los acabados y el mobiliario y gestionar el proceso de venta en su totalidad de manera digital.
Ambas compañías impulsarán un trabajo de investigación conjunto a través de esta alianza que culminará con un caso de éxito.
Carmen Chicharro, Directora de Innovación y Marketing de Metrovacesa, señaló que «nuestro objetivo es ofrecer cada día el mejor servicio adecuado a los intereses de nuestros clientes. Este acuerdo con Google nos va a permitir desarrollar una estrategia personalizada, facilitando la experiencia de usuario y ofreciendo aquellos productos que demanda cada cliente».
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