Día: 28 de abril de 2020

inmodiario.com

El sostenimiento de la renta de los hogares y familias españolas es uno de los pilares esenciales de la respuesta de la política económica a la crisis generada por el COVID-19. Las medidas desplegadas para sostener el empleo cuando pase el shock temporal y para preservar la liquidez de las empresas deben estar complementadas de forma contundente por otras que garanticen un mínimo nivel de bienestar personal y familiar para los casos en los que las medidas laborales y financieras se muestren ineficaces.

Además, a la vista de lo sucedido tras la crisis de 2008 y teniendo en cuenta nuestro modelo productivo y nuestro sistema, es muy probable que uno de los efectos económicos indeseables de la pandemia sea un repunte de la desigualdad en España, esencialmente como consecuencia del paro y de la falta de formación, que son los factores fundamentales de desigualdad en nuestro país. El debate sobre la creación de una renta, en cualquiera de sus versiones, para salvaguardar un mínimo nivel de bienestar entre los hogares españoles más vulnerables estaba ya incoado y el virus no ha hecho más que confirmar su pertinencia. Moral y políticamente es inasumible convivir con bolsas de pobreza y más aún en las sociedades desarrolladas en las que vivimos.

Sin embargo, una renta de estas características supone una reforma de enorme calado que requiere, además de una reflexión previa y rigurosa lo más amplia posible, un diseño técnico que genere seguridad en el tiempo y un amplio consenso político entre los partidos, con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, que son las que poseen las competencias, y todo ello para garantizar su permanencia en el tiempo y no incurrir en sonados fracasos no tan lejanos como el cheque bebé o la financiación de la ley de dependencia.

Las urgencias de bienestar a las que nos está abocando el impacto económico de la crisis del COVID-19 no pueden esperar a todo este proceso lógico de elaboración de un beneficio social que, según su diseño, se podría convertir en una de las rúbricas principales del gasto en España. Esto parecería ser a lo que invitan la lógica y la prudencia. Sin embargo, el Gobierno se ha embarcado en una carrera por aprobar una renta mínima con carácter permanente y estructural, y por hacerlo de forma inmediata y sin consultar con nadie.

Actualmente, en medio aún del marasmo sanitario que a duras penas se está logrando controlar, es inconcebible que se tome una decisión de este calado de forma unilateral y a la carrera, como reconoce el propio ministro Escrivá. Y precisamente ahora que se trata de mostrar voluntad de pacto creando una comisión parlamentaria para el plan de reconstrucción con el principal partido de la oposición, dejar fuera de ese pacto el diseño de la renta mínima sería, cuando menos, un aviso de la poca importancia que otorga el Gobierno de forma preventiva a esa comisión.

Es evidente que de esta crisis solo podemos salir con una acción muy potente del sector público. Pero no se termina de entender la urgencia de aprobar un mecanismo permanente y estructural cuando contamos con los mecanismos necesarios para satisfacer la urgente necesidad de ser justos con los más vulnerables pero prudentes al mismo tiempo.

Dada la incertidumbre aún imperante sobre la duración de las medidas excepcionales, sobre el comportamiento del virus y sobre el impacto final en la economía española, parece sensato apostar por un mecanismo temporal y muy potente para contener y acabar con las situaciones de pobreza generadas o agravadas por el virus. Existen numerosos argumentos para avalar esta tesis, pero destacaría cuatro que desaconsejan las prisas.

En primer lugar, no sabemos si nos podemos permitir un mecanismo estructural. No lo sabemos porque el Gobierno no está siendo particularmente transparente en cuanto a las deliberaciones previas a la adopción de la norma. Tenemos como referencia la prensa y las cuantificaciones de pasadas propuestas. Según estos datos, la medida vendría a costar entre 6.000 y 15.000 millones de euros en función de la generosidad de esta. Por otro lado, las previsiones de impacto económico sobre la economía española sitúan las previsiones de déficit público a finales de año, con datos del FMI de la semana pasada, en el entorno del 10% del PIB. No parece que, incluso si saliéramos mañana a la calle, vayamos a andar sobrados de recursos en los próximos años. El riesgo de un agravamiento de la crisis que haga inasumible un compromiso estructural de esa magnitud existe. Más vale un mecanismo temporal prorrogable que tener que revocarlo en el futuro.

En segundo lugar, no conocemos la reacción de los mercados financieros a los que tenemos que acudir para financiar el déficit desatado en el que vamos a incurrir, pero muy probablemente será de castigo a la parte de ese déficit que sea estructural. En este sentido, los datos de ejecución presupuestaria de 2019 -con un déficit del 2,8% y habiendo roto la senda de consolidación- permiten estimar un déficit estructural claramente por encima del 2% al que habrá que sumar el impacto de la renta mínima que rondaría un 1% del PIB. Todo esto, además, tendrá un efecto sobre la prima de riesgo de la economía española que habrá que sumar al coste de la creación de la renta mínima y que lastrará la competitividad de nuestras empresas.

En tercer lugar, si algo ha quedado claro en las últimas semanas -también para el Gobierno- es que necesitamos a Europa. De esta crisis no podremos salir sin el apoyo de la UE. De hecho, a nadie le debe sorprender porque, en el fondo, esa es una de las razones para estar dentro de la Unión. Siendo esto así, es previsible que algunos de nuestros socios no vean con buenos ojos que les pidamos solidaridad y que, a cambio, establezcamos mecanismos de solidaridad para con nuestros ciudadanos que ni siquiera ellos aún poseen. La solidaridad demandada a nuestros socios debe estar acompañada de un plan creíble de consolidación presupuestaria a medio y largo plazo. Si dentro de ese plan, como comparto, aparece la renta mínima, que sea fruto de la alteración de las prioridades de los españoles refrendadas en el Parlamento y de un programa creíble de reducción de gasto que compense, al menos en buena parte, el incremento generado por la propia renta mínima.

Finalmente, en cuarto lugar, nadie debería olvidar que estamos tratando con una competencia autonómica y que, por tanto, cualquier enfoque definitivo que se adopte debería encajarse con las prestaciones autonómicas que cubren estas necesidades y respetar en la máxima medida el principio de igualdad de todos los españoles. Sería difícil que una comunidad autónoma se opusiera a que se complementasen las rentas mínimas que ellas proveen a los ciudadanos. Pero el carácter autonómico de estas prestaciones -que hay que insistir, ya existen- es un elemento fundamental que condiciona el diseño de estas políticas. A riesgo de generar mayores desigualdades territoriales y de crear desincentivos a la búsqueda de empleo, hay que hacer un análisis previo muy fino de qué implica la igualdad de los españoles a la hora de definir la cuantía de la prestación. Quizás lo más justo fuera utilizar la paridad del poder adquisitivo de una cesta de bienes esenciales entendiendo que, a efectos de precios, no es lo mismo vivir en Madrid, Barcelona o Bilbao que en Jaén, Cuenca o Badajoz. Ahora bien, ¿soportará nuestro sistema autonómico que se libren diferentes cantidades nominales en función de la comunidad autónoma de destino? ¿Soportarían las cuentas públicas una igualación al alza de las rentas mínimas de las comunidades autónomas tomando como referencia la más alta de ellas?

Todas estas cuestiones que afectan a derechos fundamentales de los españoles no deben ser soslayadas por la urgencia de la situación que estamos atravesando. Como se ha apuntado más arriba, tenemos a mano mecanismos para poder aunar solidaridad con los más vulnerables y la lógica prudencia que debe acompañar a toda acción de política pública.

Y quizá sería mucho más sencillo y eficaz crear un mecanismo ad-hoc de forma inmediata. El planteamiento podría ser el siguiente. Lo primero sería la renuncia del Gobierno a acometer esta reforma de manera unilateral. Después, sería posible crear un fondo contra la pobreza en España, con dotación suficiente según los cálculos de que se disponen, que se financiaría como crédito extraordinario en su totalidad y, por tanto, iría directamente a aumentar en algo menos de un punto la ratio deuda sobre PIB. Este fondo serviría para sostener las rentas de los más damnificados por la crisis y tendría una duración estipulada de un año natural desde su puesta en marcha.

El carácter de las ayudas que pagaría dicho fondo sería estrictamente asistencial y con una condicionalidad baja. Sin embargo, es necesario diseñar esquemas que permitan ligar la percepción de las ayudas a una serie de objetivos tales como el afloramiento de economía sumergida o el incremento de la empleabilidad de los receptores de las ayudas. Por otro lado, el esfuerzo que realizan todos los contribuyentes debe ser protegido con un régimen sancionador muy severo para aquellos casos en los que se detecten abusos en la percepción de las ayudas.

Las ventajas de poner en marcha un esquema temporal son evidentes. La implementación del fondo puede y debe ser inmediata. Durante un año completo tendremos la certeza de que tenemos cubierto ese frente y podremos ir acumulando información para enriquecer el diseño de la herramienta permanente con datos reales sobre lo que nos podemos permitir, sobre el comportamiento de los receptores de las ayudas y sobre el comportamiento de los mercados. Y, como ya se ha apuntado, permitiría que la medida naciera precedida de un mínimo nivel de consenso interno y de ciertas dosis de persuasión política con nuestros socios europeos.

Estamos a tiempo de parar una medida estructural en la que ahorrarse tiempo de reflexión, consenso y diseño adecuado, es sinónimo de fracaso. Tenemos herramientas a nuestra disposición para salvaguardar el bienestar de los españoles hasta que las certezas vayan ganando a las incertidumbres, y contaremos además con las ventajas de probar con una herramienta que nos permita observar los comportamientos inducidos por la medida y enriquecer así el debate de la creación de un mecanismo permanente. Las prisas nunca fueron buenas consejeras. Aquí, tampoco.

elmundo.es

Fuentes inmobiliarias y financieras admiten que hay inversores estudiando diferentes sectores y sus posibilidades, aunque advierten de que la situación es muy distinta a la de 2008

Todas las crisis tienen una serie de elementos comunes y entre ellos suele estar la llegada de fondos e inversores oportunistas. Forma parte de la lógica de su negocio: buscan activos y negocios que pierden parte de su valor en momentos de recesión o dificultades económicas, los adquieren más baratos, les inyectan capital y pasado el tiempo, cuando vuelven a revalorizarse, se deshacen de ellos con la ganancia adquirida en ese lapso de tiempo.

El coronavirus ha desatado una crisis económica cuyas consecuencias aún se desconocen, pero muchos inversores ya monitorizan lo que está ocurriendo en España ante la posibilidad de que vuelvan a surgir oportunidades y gangas con las que hacer negocio. Ocurrió después de 2008, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria tumbó los precios de algunos sectores, especialmente en el ladrillo, y ahora fuentes inmobiliarias y financieras consultadas por EL MUNDO admiten que hay inversores estudiando los diferentes mercados, aunque advierten: la situación es muy distinta.

La crisis de hace 12 años supuso un desembarco masivo de grandes fondos internacionales en el país. Gigantes como Blackstone o Cerberus se hicieron con enormes carteras de inmuebles y suelo en poder de las entidades bancarias que les permitió convertirse en dos de los grandes caseros del país.

Ahora «el desplome de las valoraciones no será tan importante y tampoco hay las mismas bolsas de producto disponible para la venta», explica Juan José Aguilera, director de Relaciones Institucionales del COAPI de Barcelona. Ahora los balances de los bancos y los hogares gozan de un mejor estado de salud económico y no hay tanta urgencia por vender. «Habrá situaciones propicias para invertir si tienen liquidez, pero serán operaciones puntuales a diferencia de las macrooperaciones de antes», añade.

Miquel Laborde, socio fundador de la consultora Laborde Marcet, reitera esta visión: «No tiene nada que ver con 2008». En su opinión, «España sigue siendo un destino interesante para la inversión, pero no en un sentido oportunista. Ahora habrá un intento de mercado oportunista, y es posible que algunos propietarios necesiten vender, pero ni mucho menos será como antes», responde a través del teléfono.

Operaciones pendientes

Su empresa estos días no para. Las operaciones en las que estaban trabajando antes del confinamiento han quedado congeladas a la espera de que se reactive la burocracia, pero las consultas son constantes. «Veo que hay interés. Hay mucha gente que está a la espera, aunque lo que se van a encontrar no va a ser tanto ni tan bueno como probablemente esperan».

A nivel inmobiliario, los hoteles y los inmuebles logísticos se antojan como dos de los activos más codiciados; los primeros, porque se prevé que la crisis en el turismo rebaje sus precios y obligue a los empresarios a vender, y los segundos, por la expectativa de consolidación del e-commerce tras la experiencia del encierro.

En cualquier caso, Laborde y el resto de fuentes consultadas coinciden en que las operaciones no llegarán hasta después del verano. La recuperación todavía es incierta y los inversores necesitan tener estabilidad y seguridad jurídica para tomar sus decisiones. Ahora mismo, «la marcha de la economía es casi más importante que el precio de los activos», señalan fuentes financieras.

De hecho, según Juan José Aguilera, «el inversor profesional está mirando en el mercado el apalancamiento de las propiedades más que el desplome de su valor».

Empresas endeudadas

El apalancamiento parece ser una de las claves y no sólo en el inmobiliario. Muchas empresas que se han endeudado en los últimos años aprovechando los tipos bajos y la liquidez disponible en los mercados, se exponen ahora a una situación comprometida por el parón de las actividades. Sus necesidades de financiación aumentarán, pero es posible que no les resulte tan fácil conseguir dinero de los bancos, y es aquí donde los fondos y el capital riesgo pueden encontrar su oportunidad.

«Veremos consolidación y movimientos entre compañías y también entrada de capital riesgo en muchas de ellas más apalancadas», aprovechando precisamente esa urgencia por mantenerse a flote, aseguran fuentes del mercado. Las infraestructuras y la construcción son dos de los sectores más proclives a este escenario y también se prevén movimientos en el sector agrícola, en el logístico y en el sanitario, que pueden resultar muy interesantes para los inversores con dinero disponible.

Los movimientos se dan por hecho en unos meses. De hecho, un 56% de los directivos planea hacer una fusión o adquisición en los próximos 12 meses al considerar que esta situación puede ser una oportunidad para impulsar su crecimiento. Así se desprende de la encuesta Global Capital Confidence Barometer realizada por la consultora EY entre 2.900 directivos de 46 países que consideran que esta situación puede ser una oportunidad para hacer adquisiciones de activos de calidad que impulsen el crecimiento de los negocios en un mercado en recuperación.

«En el caso de España, el COVID-19 ha puesto en stand-by casi la totalidad de las operaciones de M&A que estaban en marcha, siendo renovables e infraestructuras los sectores en los que algunos procesos se mantienen activos. En el contexto actual, las compañías necesitan centrarse en sus operaciones y en la gestión de la tesorería», asegura Juan López del Alcázar, socio responsable del área de Transacciones de EY.

elpais.com

El ministro de Transportes señala que su departamento está “trabajando en escenario futuros”

Los retos que plantea el coronavirus para que la actividad económica se reanude son múltiples, pero la movilidad es una de las cuestiones que más preocupan. Las horas punta del transporte público, tal y como las hemos conocido hasta ahora, deberán evitarse durante un tiempo. Así que esa es una de las cuestiones que estudia el Ministerio de Transportes para cuando se produzca la ansiada desescalada. En una comparecencia en comisión parlamentaria para dar cuenta de su gestión, el ministro José Luis Ábalos ha señalado el escalonamiento de la jornada laboral y la implementación de franjas de teletrabajo como dos de las posibilidades que su departamento contempla.

Ábalos ha detallado que su Ministerio está “trabajando y modelizando escenarios futuros”. Para ello participa de “distintos grupos de trabajo”, en los que participan otros ministerios y las comunidades autónomas, con el objetivo de “diseñar un sistema de transportes seguro y coordinado” cuando comience a producirse un desconfinamiento masivo de la población. Entre los retos principales para la vuelta a una normalidad que el ministro ha señalado que será muy relativa, hay tres ejes principales: cómo aumentar la oferta de movilidad, cómo gestionar la demanda y qué medidas de protección instaurar en los medios de transporte.

Con el fin de “reducir la demanda en origen” y de “aplanar los picos de usuarios en horas punta”, el ministro ha citado algunas de las propuestas que podrían adoptarse, como el “decalaje de la jornada laboral” o “franjas horarias de teletrabajo”. Ábalos no ha entrado en detalles, pero por el contenido de su comparecencia ha quedado claro que el Gobierno intentará evitar en la medida de lo posible que, como sucedía antes de la pandemia, millones de personas tengan turnos de trabajo similares, lo que tiene un reflejo el uso de los transportes públicos a determinadas horas.

Las normas laborales que se implanten irán en todo caso acompañadas de otras sobre el uso de los medios de transporte tanto público como privado. Ábalos ha especificado que se harán “recomendaciones sobre el uso de mascarillas”, así como de desinfección de vehículos, flujo de pasajeros en las estaciones, etc. “El éxito [de la desescalada] no dependerá de una única medida”, ha declarado ante la comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana celebrada este lunes en el Congreso.

Trenes casi vacíos

Además de referirse al futuro, Ábalos también ha aprovechado su intervención para repasar las 116 medidas que el Ministerio ha puesto en marcha desde el inicio de la emergencia sanitaria y que han ido encaminadas a hacer más seguros los transportes, garantizar el abastecimiento o paliar las consecuencias económicas de la crisis en la vivienda (cuyas competencias estatales recaen sobre su departamento). Uno de los escenarios que ha sufrido un cambio más radical es el de la movilidad. Según ha detallado, los ferrocarriles de larga distancia han visto reducir sus pasajeros un 98%, en Cercanías se ha llegado a caídas del 90% y los autobuses interurbanos registran un 97% menos de uso.

Algo menos han caído los vehículos ligeros privados, un 80%, y el tráfico de camiones, que el ministro ha cifrado entre un 30% y un 35% ya que muchos han tenido que seguir circulando para garantizar el abastecimiento. En este segmento, Ábalos ha destacado que el transporte de alimentos y otros artículos esenciales ha sido superior a los volúmenes normales durante todos los días del estado de alarma por la mayor demanda de los hogares.

En cuando al avión, el tránsito de pasajeros en aeropuertos se ha reducido un 94%. Precisamente Ábalos ha citado a ese sector como uno de los más afectados por la epidemia de covid-19. Las propias empresas públicas del Ministerio notan en sus ingresos la crisis de los transportes, ha detallado el ministro, quien ha señalado que la semana pasada mantuvo un encuentro por videoconferencia con sus homólogos de Alemania, Francia e Italia para fijar una posición común en la reunión de ministros de Transportes de la UE que se celebrará este miércoles.

inmodiario.com

Miles de arrendatarios de locales comerciales en toda España están atravesando una «situación dramática» por no poder afrontar los pagos de los alquileres.

El Gobierno aprobó ayer una normativa para flexibilizar el pago de los alquileres de miles de locales comerciales, en el caso de que los inquilinos fueran pymes y autónomos, y habilitó una vía para que se puedan establecer sistemas de renegociación de la deuda, según eel Real Decreto-Ley 15/2020.

«Sin embargo esto no es una solución para los autónomos y las pymes, porque en verdad tarde o temprano tendrán que hacer frente al pago de estos alquileres, aunque es verdad que les alivia la tesorería en el día de hoy», valora Yannick Charton, socio fundador de Valio Consulting.

Charton añade que «son miles los inquilinos de locales comerciales que están atravesando una situación dramática al no poder hacer frente al pago de los alquileres, por lo que se requería una respuesta urgente por parte del Gobierno para descomprimir su situación».

Desde Valio Consulting, facilitamos una guía sobre quiénes pueden beneficiarse de esta medida y los pasos que deben dar para poder hacerla efectiva.

¿Quién se puede beneficiar?

PYMES y autónomos que alquilan un local (uso distinto de vivienda) donde desarrollan su actividad y no han conseguido un acuerdo con el arrendador, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

PYMEs – Requisitos:

1. Que no supere limites Artículo 257.1 RDL 1/2020:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

2. Actividad suspendida por el RDL 163/2020 de 14 de marzo

3. Si la actividad no ha sido suspendida por RDL: Acreditar reducción del 75% de la facturación del mes anterior respecto al trimestre

Autónomos – Requisitos:

1. Estar afiliado y de alta en la fecha del estado de alarma (RDL 463/2020 del 14 de marzo)

2. Actividad suspendida por el RD 463/2020 de 14 de marzo o por órdenes dictadas por la autoridad competente.

3. Si la actividad no ha sido suspendida por RD u orden de autoridad competente: Acreditar reducción del 75% de la facturación del mes anterior respecto al trimestre

¿En qué casos?

Si la persona arrendadora es:

– Una empresa pública de vivienda o un «Gran tenedor» (Por gran tenedor, se entiende una persona jurídica o física que sea titular de más de 10 inmuebles (Excepto garaje y trasteros) o de una superficie construida total de más de 1500 m2 ? Moratoria automática durante el periodo del estado de alarma (El RDL prevé también la mensualidad siguiente y hasta 4 meses según precio del arrendamiento y superación de la situación). El pago se hará una vez superada la situación por pagos fraccionados en un plazo de 2 años sin intereses ni intereses.

– Otra persona física o jurídica: Si no existe acuerdo previo de aplazamiento o rebaja de renta:

– Aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta

– Se puede disponer libremente de la fianza para pagar esta renta. Entonces, el arrendatario debería reconstituir la fianza en un plazo de un año.

¿Cómo solicitarlo?

El arrendatario tiene que solicitarlo directamente al arrendador y acreditar que cumple los requisitos con la documentación siguiente:

-Reducción de actividad: Declaración responsable en base a la información contable de ingresos y gastos.

-Suspensión de la actividad: Certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

idealista.com

En las últimas semanas están lloviendo las críticas en las redes sociales a aquellas ‘celebrities’, ya sean futbolistas, actores o cantantes, que cuentan cómo están pasando el confinamiento por el coronavirus mientras se ve detrás de ellos una extensión verde que bien podría ser similar a la madrileña Casa de Campo, y con una buena piscina al fondo.

Sin querer ser frívolos, lo cierto es que no es lo mismo pasar el confinamiento en 50 m2 que en una de 200 m2, ni en un piso exterior que en uno interior. Qué se lo digan a ese 8% de españoles que están viviendo la cuarentena sin poder ver la calle desde su vivienda, según los datos de idealista.

Tampoco se lleva igual si tienes un balcón, una terraza y no digamos ya un jardín para tomar el aire y disfrutar del sol, cuando el tiempo lo permite. 

Todo esto nos ha llevado a plantearnos cuándo dejaron de hacerse los balcones en los edificios, una constante del paisaje urbano, casi tanto como el color de los toldos en verano.

En el madrileño barrio de Ventas, por ejemplo, hay un sinfín de edificios de los años sesenta/setenta, o más antiguos incluso, todos con balcón. Sin embargo, otros más modernos, incluso promociones que se están proyectando en la actualidad, carecen de ese espacio que está resultando un balón de oxígeno cuando ya casi vamos para un mes de confinamiento. Este espacio se diseña únicamente o en las viviendas ático o en las de lujo, no así en el resto. ¿A qué responde esto? ¿Hay alguna directriz a nivel arquitectónico que lo explique?

“La proyección de viviendas y edificios así como el urbanismo y diseño de las ciudades es algo que evoluciona en el tiempo acompañado de las técnicas de construcción e ingeniería. Hay un cambio radical en la morfología de los edificios que se realizaron con muro de carga y los que lo hicieron con estructuras de hormigón”, explica el arquitecto Pablo García, de Atrezo Arquitectos.

Y continúa: “Cada generación tiene una forma diferente de vivir, de habitar. No es lo mismo la vivienda de principio de siglo que la de hoy. Ahora vivimos en ciudades y la familia se compone de menos miembros, muchas familias tienen dos coches, una demanda mayor de almacenamiento… El modelo de ciudad y de edificios de casi todo el siglo XX tiene muy presente el balcón y las terrazas. Se pueden ver los proyectos de fachadas de muchos arquitectos que imaginaban estos espacios llenos de plantas y vegetación y sus moradores haciendo un uso relajante de ellos. Quizás todo esto se planteaba en un momento en el que el nivel de tráfico, ruidos y formas de vivir era diferente”.

Normalmente los sucesivos ‘boom’ de la construcción son los que marcan un tipo de forma de construir. “El ladrillo visto pertenece a una época por ejemplo, años 60-70. Quizás el boom anterior fue el que marcó la construcción sin balcones, o con ellos cerrados a urbanizaciones, como sucede en algunas zonas de Madrid como Sanchinarro o Las Tablas. En la ciudad igual, se construyó mucho en esos años y la mayoría ya dejaba de lado los balcones y terrazas porque no compensaban”, comenta.

¿Es cosa de los promotores o del público que quiere casas sin balcones?

Ahora las calles están llenas de coches, el nivel de contaminación se ha elevado. Si viviéramos en ciudades silenciosas y rodeadas de arboles más que de coches, seguramente sería un valor añadido, pero en la ciudad de hoy de poco sirven sobre todo las terrazas. “Y muchos balcones se han convertido en trasteros, zonas donde alojar la máquina del aire acondicionado o se han incorporado a la vivienda en el mejor de los casos.

¿Cuántas terrazas se han cerrado e incorporado a la vivienda en ciudades como Madrid? Muchísimas. ¿Cuántas fachadas se han visto deterioradas sin ornato ni decoro con la aparición del aluminio y el cristal? Muchísimas. Esta es la estampa generalizada de estos espacios vistos como inútiles, hasta que te encierran y los echamos de menos”, añade.

Entonces, ¿es cosa del promotor o del público? Se puede decir que una mezcla de ambos. “Que se proyecten edificios con galerías en vez de con balcones o terrazas es fruto de nuestro estilo de vida. Cuando construyes tienes una edificabilidad asignada al proyecto. Por ejemplo, en la parcela puedes construir 100m2, el cómo estén distribuidos es indiferente. Los balcones no suman en los m2 y las terrazas lo hacen al 50%, pero al final ninguno puede pasarse de 1.000 m2”, aclara.

“La gente quiere un salón más grande mejor que una terraza. Los promotores no son ajenos a este fenómeno y optan por no ofrecerlos. Es mucho mejor que la casa tenga esa galería dentro de la superficie útil y un buen trastero y garaje que es lo que la gente quiere. Al final, la arquitectura es un producto, esa es la realidad, y como producto se vende en función de los compradores, su nivel adquisitivo, intereses y demandas”, finaliza.

elpais.com

Vivienda quiere publicar el índice de precios una vez se normalice un mercado que el coronavirus ha puesto patas arriba: los expertos auguran caídas en unos meses

Operaciones paralizadas, vendedores y arrendadores a la expectativa y una enorme incertidumbre sobre cómo la crisis afectará a la demanda. Son los tres efectos con los que el coronavirus ha golpeado al sector inmobiliario. La mayoría de expertos auguran una caída de precios de vivienda cuando vuelva la actividad, aunque también confían en un bache relativamente corto. El nuevo escenario fuerza a improvisar nuevas estrategias a las empresas y también al Gobierno, que debía haber publicado en marzo el índice de precios de alquiler, la base para habilitar posteriormente alguna limitación en las rentas.

La intención del Ejecutivo se mantiene, pero la reflexión en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (con las competencias estatales en Vivienda) es que no tiene sentido presentar la estadística ahora que la emergencia sanitaria ha cambiado la situación. “Estábamos trabajando en el sistema de índices de referencia, con más de dos millones de datos que nos daban una radiografía bastante exacta de lo que sucedía con los precios, para establecer las modificaciones legales a las que nos habíamos comprometido de aquí a verano”, explica David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda. “Ahora hay que esperar a que la situación se normalice”.

Lucas incide en que la medida “no se ha aplazado”. Pero el virus ya ha alterado el calendario marcado y se evita poner fecha a los siguientes pasos. “Hasta que sepamos exactamente cómo está la situación no podremos actuar, pero seguimos con la misma vocación de conocer esas áreas tensionadas de precios para facultar a las comunidades autónomas a que las conozcan y las limiten”, indica el secretario general.

En las últimas semanas, el Gobierno ha trabajado en “medidas de carácter coyuntural”, como las ayudas y créditos a inquilinos o las moratorias de pago, que influirán en la evolución del mercado. Y el ministerio cuenta ya con un grupo de trabajo que analiza con representantes del sector y agentes sociales medidas para cuando acabe el confinamiento.

Caídas en unos meses

El escenario que se avecina, según la mayoría de expertos, no es muy halagüeño. Muchos destacan que los pronósticos de caída del PIB son una mala señal. “Siempre ha habido una correlación con el mercado de la vivienda”, resume Rafael Gil, director del Servicio de Estudios de Tinsa. “Hay que ver la evolución del PIB y el empleo y esta es una de las pocas veces en que el Banco de España es más pesimista que el FMI”, advierte Sandra Daza. Para la directora general de Gesvalt, la previsión de esos dos indicadores “no augura que la demanda vaya a ser muy robusta, lo que claramente impactará en los precios”.

La horquilla de caída del PIB del Banco de España (del 6,6% al 13%), sirve a Pisos.com para intentar poner cifras al abaratamiento de las casas: entre un 6,5% y un 13,5% hasta final de año. “Marzo fue el primer mes desde el verano de 2017 en que a nivel nacional cayeron los precios de compraventa (un 0,6%), pero creemos que responde a la tendencia propia del sector”, desarrolla el jefe de estudios de ese portal, Ferran Font. “Mientras dure la parálisis, creemos que los precios se congelarán, la bajada que tenga que haber será cuando se reactive”, añade.

El economista Gonzalo Bernardos recuerda las cifras de 2009 (el PIB bajó un 3,8% y los precios un 4,3%) y de 2012 (caídas del 2,9% y 13,7%, respectivamente) y cree que este año se moverá en esas pérdidas de valor. “Si el confinamiento dura más de dos meses, 2020 será el peor de los tres años”, pronostica. También cree que habrá un descenso de “entre un 20% y un 25%” de las 500.000 compras de vivienda que se registraron el año pasado, un porcentaje que Pisos.com rebaja al 15% o 20%.

La inactividad ya afecta a las operaciones, pero la bajada de precios se demorará un poco, opina Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, porque los propietarios tardan en asumir los descuentos: “La idea que tienen es que el agente inmobiliario les encuentre un mirlo blanco, alguien que no se ha enterado de que hay una crisis y que esté dispuesto a pagar lo mismo que en febrero”.

Mercado “cerrado”

“El mercado está cerrado y los precios ni suben ni bajan porque no hay movimiento”, describe Juan José Aguilera, dueño de dos inmobiliarias en Barcelona y directivo del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de esa provincia. Con las oficinas de calle cerradas y sin poder visitar casas, el estado de alarma ha cambiado radicalmente la rutina. Pero por su experiencia, tiene claro el pronóstico: “Toda crisis sacude al mercado inmobiliario por la gente que se queda en el paro o que son autónomos y no pueden facturar”. “En España el ahorro de las familias está en el ladrillo y cuando falta liquidez se sacan inmuebles para vender a toda prisa”, añade. Y ante esa posibilidad, ya mueven ficha algunos fondos de inversión: “Nos están pidiendo que si vemos operaciones con interés, les avisemos”.

Para Ricardo Martí Fluxá, presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), lo fundamental de la actual coyuntura es “que no acabe en una crisis de confianza”. En el sector al que representa “hay operaciones, aunque más lentas”, y destaca el buen arranque de año, cuando España captó 1.900 millones de inversión inmobiliaria. “Lo fundamental es tomar medidas de la misma magnitud que en otros sectores económicos”, añade el también presidente no ejecutivo de Neinor Homes, quien apoya la propuesta de bajar el IVA a la compra de vivienda nueva al 4%. “Todo lo que supone actividad urbanística es un sector muy intensivo en mano de obra y puede ser un dinamizador muy claro”, argumenta.

Un sondeo del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) muestra que ese gremio es pesimista. Más de 5.000 encuestados señalaron que esperan ver reducirse los encargos e ingresos de este año aproximadamente a la mitad de 2019. “El sector funciona con mucha inercia, cuando un trabajo se detiene o se pospone los efectos se suelen ver en unos meses”, indica el presidente del CSCAE, Lluís Comerón. Pero el estado de alarma sigue paralizando muchas intervenciones en edificios existentes, su gran apuesta para superar la situación. “España está ocho veces por debajo de los países de su entorno en rehabilitación”, explica. Alcanzar un nivel similar “no solo evitaría destruir puestos de trabajo, sino que emplearía además a 400.000 personas”.

David Lucas también señala la rehabilitación, junto con el alquiler, como un eje sobre el que pivotará la recuperación. “España tiene 18 millones de viviendas principales y más de la mitad son anteriores a 1980”, señala. El plan del ministerio que dirige José Luis Ábalos era aumentar el presupuesto de Vivienda de 450 a 700 millones y solo la respuesta al virus ya supera los 1.300 millones. “Es verdad que hay medidas coyunturales y habrá que esperar a la normalización para resituarnos”, admite Lucas. “Pero la idea es reforzar las políticas de vivienda no solo por garantizar un derecho constitucional sino porque entendemos que puede ser un motor de relanzamiento del país”, zanja.

Los inquilinos, más vulnerables

Aunque hay un consenso en que los inquilinos son en general más vulnerables a las crisis que las personas que viven en casas de su propiedad, las consecuencias de la covid-19 sobre el mercado de alquiler tampoco están claras. “Ante la caída lamentable que se va a producir del empleo, el alquiler puede ser una opción de acceso a la vivienda y desde las Administraciones debemos intentar aumentar el parque público”, valora el secretario general de Vivienda. Para ello, apuesta por las ayudas a las comunidades, aprobadas recientemente, para que se doten de más vivienda social y asequible y también por la colaboración público-privada.

“La tendencia que había justo antes de esta crisis era una apuesta muy clara tanto en el ámbito público como privado de aminorar las tensiones de precio aumentando la oferta”, explica Rafael Gil, de Tinsa, quien cree que la recesión aumentará el número de edificios construidos expresamente para alquiler. Sin embargo, el mercado al que se encaminen las medidas será diferente. “El golpe para el alquiler puede ser superior incluso al de compra”, apunta Gonzalo Bernardos, “hay más gente de alquiler con contratos temporales y suelen ser los primeros que se van a la calle en las crisis”. El también director del Máster de Asesoría y Consultoría Inmobiliaria de la Universidad de Barcelona cree que eso llevará a muchos arrendatarios a pedir rebajas o a buscar pisos más baratos.

A ello se unirá un aumento de inmuebles vacíos. El portal Pisos.com ha detectado que un 11% de sus anuncios de alquiler vacacional han pasado al arrendamiento tradicional. Si la confianza hunde el turismo un tiempo, cree Ferran Font, esa tendencia continuará. “O incluso si vemos que bajan los precios, algunos pisos pasarán a la venta”, subraya.