No podemos volver a abrir como si nada hubiera pasado. No solo se trata de una cuestión de poner un parche económico tirando de ahorros, ayudas, aplazamientos de impuestos, etc. La hostelería y comercio local necesitan un cambio de estrategia en su regreso a la actividad.
Por varias razones fundamentales. La primera de ella es que van a necesitar liquidez de forma inmediata. Esto va a obligar a muchos a realizar descuentos agresivos para dar salida al stock que tienen acumulado. Y a la vez una reducción de los márgenes y los beneficios que normalmente se obtendrían con la venta de este género.
La segunda razón es la falta de clientes. Para muchos sectores que dependen del turismo no saben cuando van a volver sus clientes, sobre todo si dependen del extranjero. No se sabe cuando se van a volver a abrir las fronteras, cuando se volverá a permitir volar ni con qué países. Si tu negocio dependía del desembarco de turistas de crucero, por ejemplo, más vale ir buscando una alternativa.
A esto tenemos que sumarle una reducción de la facturación general en todos los sectores. Una recesión como la que nos espera en lo que resta de año hará que el consumo interno también se retraiga. Por lo tanto nuestro cliente habitual aunque siga comprando, puede que no lo haga en la misma cuantía.
En una guerra de precios, las armas del comercio tradicional generalmente no sirven. Una mejor atención, un trato más cercano, más facilidad para devolver un producto o recogerlo… Todo esto no sirve si el cliente busca un precio más ajustado. Y aquí el comercio local no puede competir en las compras por volumen de las grandes superficies o gigantes de internet.
Por eso necesita nuevas estrategias, más visibilidad y mejorar su procesos internos para que su margen de beneficios aumente sin que lo hagan los precios. La digitalización, la automatización de sus procesos internos y una mayor productividad harán que sean más competitivos y puedan sobrevivir a este año. La pregunta es ¿cómo lo podemos aplicar a cada una de nuestras empresas?
En los últimos tiempos heredar en España se ha vuelto una acción de lujo para muchos, ante los elevados impuestos que hay que pagar. En 2019 el Estado se embolsó, aproximadamente, 50 millones de euros en herencias no reclamadas. Ese mismo año se renunciaron a 45.000 herencias en nuestro país.
El bien más cotizado en las herencias, sin lugar a dudas, es el inmueble(s) de la persona fallecida; sin embargo, a la vez, estos son los que más quebraderos de cabeza trae a todo el mundo.
Actualmente, se calcula que hay en torno a tres millones de viviendas abandonadas en España, lo que resulta más que probable que un buen porcentaje de ese número sea por fallecimiento del propietario.
Problemas de una vivienda abandonada
En muchas ocasiones, la persona fallece sin dejar testamento y sin familiares próximos. Pero, entonces… ¿qué ocurre con ese piso? Nada, y ese es el principal problema. Sin nadie que reclame sus derechos sobre la vivienda lo que puede ocurrir son situaciones problemáticas, para los vecinos y para los administradores de fincas.
En primer lugar, lo más común es la acumulación de deudas que, con el paso de los meses e incluso años, puede convertirse en un tema más que preocupante para una comunidad de vecinos, y más si esta es más bien pequeña, lo que puede llevarla a la ruina.
Un piso abandonado es un piso que no está cuidado, lo que puede generar malos olores, deterioros y daños por el desuso o humedades.
El peor papel se lo llevan los vecinos, que en consecuencia a lo anterior transmiten sus quejas y descontento al presidente de la comunidad o a su administrador.
Además, todo esto no hace más que se corra la voz y cuanto más tiempo pasa, más riesgo existe de una ocupación indebida, lo que paralizaría cualquier trámite judicial que se pueda realizar respecto al inmueble; además de la inseguridad que esto conlleva hacia los vecinos, que, de nuevo, son los peores parados de todo esto.
La solución: encontrar los herederos
Hoy en día hay empresas que se dedican a la genealogía sucesoria, que consiste en el estudio y seguimiento de la descendencia de una persona fallecida, con el fin de realizar una llamada a la sucesión de la misma, es decir, buscar herederos legítimos.
Alicia Delicado, directora del Departamento de Investigación del despacho de abogados Grupo Hereda explica que “los herederos existen, igual son familiares lejanos que han perdido el contacto y nosotros somos los encargados de encontrarles, investigando, documentándonos y elaborando un árbol genealógico que finalmente nos lleva hasta el sucesor”.
La aceptación de la herencia y el cambio de propiedad por parte del heredero abre un nuevo mundo de posibilidades para la vivienda, que puede ir desde ser vendida a unos nuevos propietarios hasta la liquidación de todas las deudas atrasadas con el mismo patrimonio de la herencia, y una de estas deudas pueden ser las de la Comunidad de Propietarios.
Así, no sólo ayudan al heredero haciéndole entrega de una herencia la cual desconocía, sino que, a la vez también ayudan a las comunidades de propietarios encontrando al nuevo dueño y con ello recobrar la deuda que existiese.
El Gobierno ya ha anunciado una batería de medidas para tratar de minimizar el impacto de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, las ayudas a las empresas en lo que a impuestos se refiere están muy lejos de las que han puesto en marcha los principales países europeos.
Los Gobiernos de Alemania, Francia, Italia y Holanda han anunciado un aplazamiento del pago de todos los tributos durante un plazo de tres meses, mientras que en Luxemburgo el aplazamiento dura un mes más. Y en el caso de Portugal el plan pasa por aplazar las autoliquidaciones de IVA e Impuesto de Sociedades.
En el caso de España, las medidas son mucho más limitadas. En marzo, justo cuando el Ejecutivo decretó el estado de alarma, el Ministerio de Hacienda dio luz verde a un aplazamiento del pago de las retenciones de IRPF que pagan las empresas, del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades y de las cuotas repercutidas del IVA, pero con límites: solo está permitido aplazar hasta 30.000 euros en total, durante un plazo máximo de medio año (los tres primeros meses sin intereses). Y lo más importante es que solo pueden beneficiarse las pymes y los autónomos cuya facturación anual no supere los 6 millones de euros.
“El Gobierno debe mantener en la recámara medidas de apoyo más ambiciosas en el ámbito laboral o de liquidez de las empresas y en otros como el tributario o las transferencias directas a empresas, ya que las vigentes son insuficientes”, aseguran desde el Círculo de Empresarios.
El plan que ha puesto en marcha el Gobierno también ha desatado las críticas de los asesores fiscales, colectivo que pide una suspensión generalizada del pago de tributos o, como mínimo, un aplazamiento para todo el tejido empresarial. También reclaman seguir el ejemplo de las principales potencias económicas del Viejo Continente, como por ejemplo en los pagos fraccionados que deben realizarse el próximo 20 de abril, según el calendario fiscal.
En España, las empresas no tienen opción para dejar de afrontar el pago, a no ser que realicen una reclamación judicial o notarial al deudor. En cambio, sus homólogas luxemburguesas tienen la posibilidad no presentar dichas autoliquidaciones o, al menos, reducir los pagos a cuenta para que desembolsen el importe que puedan.
Además, Luxemburgo ha acelerado las devoluciones pendientes para dotar de liquidez a las empresas (medida que también han tomado otros países como Francia y Bélgica), mientras que en Holanda las empresas pueden compensar las pérdidas de 2020 con los beneficios registrados el año pasado.
En Italia también se ha aprobado deducciones fiscales para los comercios que se han visto obligados a echar el cierre, mientras que Grecia ha sacado adelante una exención de IRPF para los primeros 800 euros de sueldo de los trabajadores.
A pesar de que nuestro país arrastra uno de los déficits públicos más altos de la Unión Europea (un 2,64% del PIB a cierre del año pasado) y de que este año se disparará hasta situarse entre el 5% y el 10% del PIB, los expertos aseguran que el Gobierno tiene margen para tomar medidas fiscales similares a las de los socios europeos, cuyo impacto positivo sería inmediato.
Bajar impuestos, descartado
Los economistas van un paso más allá y apuestan por una bajada de impuestos para amortiguar el golpe económico de la pandemia. Sin embargo, muchos dudan de que esta alternativa pueda ponerse en marcha.
«Lo que más necesitaría la economía son estímulos fiscales y bajar el IRPF, el IVA y los impuestos sobre los hidrocarburos (que suponen más de la mitad del precio), pero, como no lo veo compatible con los planes del Gobierno, habrá que eliminar gastos superfluos y recortar parte del Estado de Bienestar para evitar que los problemas vayan a más”, explica a idealista/news Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de EAE Business School.
Por su parte, María Jesús Fernández, economista senior de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), incluso alerta de que el Gobierno podría subir algunos impuestos en 2021 o bien, ya que recortar el gasto público no parece estar entre sus planes.
El contribuyente que deja de vivir en su vivienda habitual tiene que venderla en el plazo de dos años
La exención que se puede obtener en el IRPF a través de la Declaración de la Renta 2019 por la venta de la vivienda habitual si el dinero obtenido se ha destinado a comprar otra es una de las más conocidas. Tanto es así, que la Dirección General de Tributos recibe cada vez más consultas al respecto. Y una de las cuestiones más recurrentes es la relacionada con qué ocurre si cuando se vende la vivienda, ésta ya había dejado de ser la habitual desde hace un tiempo, una cuestión indispensable para tener acceso a esta ventaja fiscal.
Esta exención permite ahorrar los impuestos que van del 19% al 23% de la ganancia obtenida con la venta. Las ganancias conseguidas deben integrarse en la base imponible del ahorro y tributarán al tipo fijo del 19% hasta 6.000 euros, del 21% (de 6.000 a 50.000 euros) y del 23% (de 50.000 euros en adelante).
El artículo 41 bis del Reglamento del IRPF regula el concepto de vivienda habitual a efectos de la exención por reinversión. Y considera vivienda habitual aquella que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo de, al menos, tres años. Pero también puede tener la consideración de habitual aquella casa que no haya sido la residencia del contribuyente durante el plazo de tres años. ¿Por qué? Porque es posible que fallezca el contribuyente o que cambie de domicilio por causas como el matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral o cambio de empleo.
Eso sí, el contribuyente debe haber vivido en la casa, al menos, doce meses contados a partir de la fecha de compra o terminación de las obras.
Pero, ¿qué pasa cuando la vivienda vendida haya dejado de ser la habitual? José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, recuerda que el Reglamento marca un plazo claro de dos años desde que la vivienda deja de ser la habitual hasta que se transmite. “La transmisión de una vivienda no podrá beneficiarse de la exención por reinversión, cuando hayan pasado más de dos años desde que dejó de ser la habitual del contribuyente”, señala el experto.
La Dirección General de Tributos ha resuelto recientemente una consulta (número V3447-19) sobre esta cuestión y niega la exención por reinversión si la vivienda dejó de ser la habitual hace más de dos años.
Así, afirma Tributos que “si en el momento de la efectiva transmisión de la vivienda, ésta hubiera perdido la consideración de vivienda habitual para el consultante al haber transcurrido más de dos años, no se cumplirá el requisito previsto en el artículo 41bis.3 del RIRPF. Y, en consecuencia, independientemente de las circunstancias que hubieran motivado el aplazamiento de la enajenación, no será de aplicación la exención por reinversión”.
En definitiva, Hacienda no tendrá en cuenta situación extraordinarias del contribuyente, como el matrimonio, separación, divorcio, traslado laboral… “Sea cual sea el motivo, le exigirá haber transmitido dicha vivienda en el plazo de dos años desde que dejó de residir en ella para poder aplicar la exención por reinversión del IRPF. El contribuyente que abandone su vivienda habitual tiene que venderla en el plazo de dos años, si quiere tener derecho a la exención por reinversión. Esto es algo que los contribuyentes deben tener muy en cuenta si quieren evitar problemas con la Administración Tributaria”, sentencia Salcedo.
Asociaciones de autónomos denuncian un coste mayor para ellos que para pymes. Las entidades agotan el primer tramo de 20.000 millones centrados en los más solventes
(Istock)
“He cerrado mi cafetería y no tengo ingresos, pero sí gastos, incluyendo la cuota de autónomos. No tengo deudas y he ido al banco, me han pedido multitud de documentación, me han dicho que soy perfil de riesgo y que no saben si me van a poder financiar, pero que de todos modos ya más solicitudes que cantidad disponible para prestar con avales”, explica Dolores, una autónoma de un barrio del sur de Madrid. Muchos trabajadores por cuenta propia estarán sintiéndose identificados ahora mismo.
Los hay con más suerte, fruto de tener igualmente una posición sólida con el banco y, también importante en este momento, mayor actividad con la sucursal. Ya sea por la operativa del negocio o como cliente particular. “Si alguien es un buen cliente, al que conocemos por sus créditos o por sus inversiones, lo va a tener más fácil que otro autónomo o empresario que, aunque haya sido solvente hasta marzo, apenas ha tenido trato con nosotros y ahora hay incertidumbre sobre cuándo y cómo volverá a su actividad”, admiten desde un banco.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades españolas de crédito alcanzaron un acuerdo el viernes para iniciar la concesión de préstamos avalados para grandes empresas, pymes y autónomos que sufran el envite de la parálisis de la actividad económica, como consecuencia del estado de alerta decretado por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció avales por hasta 100.000 millones, aunque empezó con una línea de 20.000 millones, para los que la que la demanda ya es superior a esa cifra. El reparto depende de las cuotas de mercado en 2019 que maneja el Banco de España (BdE), datos que no son públicos. Cada banco sólo sabe de forma oficial su propia cuota. Es decir, el volumen de préstamos que pueden poner a disposición de los clientes. La mitad deberá ser para grandes empresas y la otra mitad para pymes y autónomos.
El ICO comunicó a los bancos este lunes su cuota, con lo que las entidades pueden empezar ya a tramitar las solicitudes. Dan por hecho que el tramo de pymes y autónomos se agotará entre hoy y mañana y el de grandes compañías a lo largo de la semana, por lo que el sector urge al Gobierno a que habilite un nuevo tramo. La sobredemanda en el tramo de autónomos y pymes es más del doble en varios bancos.
El crédito sí llega a los autónomos. De hecho, algunos han recibido de forma proactiva por parte de su entidad la oferta de financiación en llamadas realizadas la semana pasada, en muchos casos con seguros asociados que, finalmente, no existirán. Así, hay trabajadores por cuenta propia que están tramitando créditos al 1,5% para tener liquidez con la que lidiar ante esta crisis.
Tipos más altos
Hay que tener en cuenta que el acuerdo de la banca con el ICO contempla que “las entidades financieras deberán transferir a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma de menores intereses o mayor plazo”, lo que supone un compromiso de buenas intenciones, pero el coste de los préstamos dependerá de cada entidad y cada cliente. Es decir, funcionarán las leyes de oferta y demanda y el poder de negociación de cada cliente por tamaño, solvencia y urgencia.
El 1,5% es el Dorado en estas semanas, supone un coste menor al habitual y, en general, lo mejor a lo que se puede aspirar. Pero sólo está reservado para algunos autónomos. “Yo he recibido ya una carencia en el alquiler, y lo que me queda por pagar estas semanas son las cuotas de un crédito que tengo, pero la solución que me dan es otro préstamo al 3%, con comisiones del 0,5% de apertura y del 1% de cancelación”, afirma un trabajador por cuenta propia que tiene un pequeño restaurante para dar servicio a oficinas. No hay duda de que su trabajo volverá tan pronto como esta crisis quede atrás, pero asume un coste más alto para sobrevivir en su primera oferta.
“Yo estoy solicitando un crédito porque el propio banco me lo ha ofrecido como clienta suya. De momento me han reclamado mucha documentación y también me incluyeron un seguro de vida, pero ya tengo uno y este era muy caro”, afirma una intermediaria inmobiliaria, que trabaja con Banco Santander, entidad que es la que acapara mayor volumen de avales con algo más del 20%. En segundo lugar estaría Caixabank, con un 15%. Sumando BBVA, Sabadell y Bankia, el porcentaje supera el 70%. “Si uno ya es cliente y ya te han dado otros créditos, es más fácil poderlo conseguir”, agrega esta autónoma como conclusión tras sus conversaciones con la sucursal.
“A mí me llamaron directamente de BBVA para ofrecerme un préstamos con el que poder cubrir durante un año el resto de créditos que tengo con ellos, una especie de moratoria, al 3% de interés”, comenta otra autónoma dedicada al mundo de la publicidad. Las asociaciones de autónomos han mostrado indignación con los tipos de interés que les transmiten sus asociados. “Nos estamos encontrando que los autónomos, en general, soportan tipos de interés de al menos el 2,5% para asumir estos créditos mientras que para las empresas es del 1,5%”, critica Eduardo Abad, presidenta de UPTA.
Nos encontramos que los autónomos, en general, soportan tipos de al menos el 2,5% para en estos créditos, y para las empresas es del 1,5%
Lo mismo lamenta Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA: “Hemos visto que ya ha habido una avalancha de solicitudes de autónomos, y que soportan tipos más altos. Por eso es bueno que los autónomos recurran de forma paralela a las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas, para tener mayor cantidad del préstamo avalada y poder abaratarlo”. Además, recuerda que los trabajadores por cuenta propia han tenido que pagar las cuotas de marzo y abril sin ingresos en muchos casos, con lo que hay bastantes descubiertos. “Nos hemos encontrado también con autónomos a los que no se les da la opción de un crédito avalado, sino de préstamo sobre fondos propios y exigiendo un seguro asociado”, agrega.
La decisión para los préstamos más reducidos en pymes y autónomos corresponde únicamente a los departamentos de riesgos de los bancos, mientras que en operaciones de mayor tamaño el ICO tiene que dar el visto bueno. “Muchos autónomos que son solventes han entrado temporalmente en descubierto, lo que les deja sin opción de préstamo por los sistemas automatizados de riesgos de los bancos. Sería bueno que la información contable sólo se tuviera en cuenta hasta el inicio de esta crisis”, pide Ferrero. “Hay una tendencia a los deudores de más calidad (‘fly to quality’), especialmente en el primer tramo”, afirman en otro banco.
La concesión del préstamo no es fácil para los autónomos por coste, solvencia y también por la documentación exigida. Las grandes empresas y también las pymes habituadas a trabajar con el banco para garantizar su liquidez tienen equipos o gestorías subcontratadas para ello. En el caso de los autónomos no es tan habitual. “Nosotros hemos pedido un crédito y nos han exigido muchos documentos que estamos reuniendo, pero nos está costando en cuarentena. Y también ayudamos a algunos clientes, pero no es fácil”, explican desde una asesoría enfocada a la tramitación fiscal de empresas, que piden financiación asumiendo que sus clientes no van a pagar a corto plazo.
Una de las polémicas más importantes respecto a los avales del Estado para los autónomos ha sido la acusación de que se estaba realizando venta cruzada con otros productos financieros por parte de los bancos. “Me han querido dar el crédito ICO que he pedido con un seguro de vida”, explica una autónoma del sector inmobiliario, que realizó con Banco Santander la solicitud la semana pasada. “He tenido que rechazarlo porque es muy caro y yo ya tengo uno”. “En mi caso eran más de 11 euros mensuales para un seguro de vida a 5 años”, explica un cliente de Caixabank. Otro autónomo, que es de este mismo banco, comenta que aceptó la semana pasada firmar un crédito con la condición de que también firmara uno de estos seguros, pero en el documento final “han puesto que era optativo y que no era una condición indispensable”.
Esto mismo le ocurrió la semana pasada a una autónoma que regenta una panadería-pastelería en Valencia que se interesó por un préstamo ICO con la idea de tener colchón para cerrar el negocio en abril, tras haber hecho un ERTE a dos empleadas. La respuesta del subdirector de una sucursal de Bankia en Valencia fue proponerle una póliza de crédito a tres meses, “para posteriormente ver si utilizamos alguna de las líneas ICO y lo reconvertimos en un préstamo u otro producto de financiación”, señala un correo fechado el 1 de abril. En el mismo, solicita a la empresaria que le aporte flujos de caja previstos, documentación económica interna y datos de IRPF de 2018 y 2019. “Todavía hay muchas incógnitas al respecto, por lo que proponemos ir preparando la cuenta de crédito para disponer estos tres meses”, insistía el directivo bancario.
“Lo que le dije a la clienta fue que exigiera al banco que las condiciones fueran las mismas que el ICO, que nada de pedirle avales, ni cambiar tipos de interés ni nada de eso”, señala una asesora de Progestión en Valencia. La autónoma, que prefiere no dar su nombre, ha vuelto a comunicarse con el banco y está a la espera de respuesta. “Está siendo bastante caótico todo en general. Van publicitando pero luego no concretan y no concretan”, afirma la misma asesora sobre la tramitación de los avales, ayudas o préstamos.
Las críticas respecto a este tema ha escalado en poco tiempo y ha provocado que el ICO reaccione y prohíba explícitamente la venta cruzada en la comercialización de estos créditos con avales públicos, mientras que el Banco de España ya ha anunciado que vigilará que se cumpla. Las propias entidades se han comprometido a no hacer esto a través de un comunicado de la Asociación Española de Banca (AEB) y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia
Los Letrados de Justicia se comprometen a poner en circulación durante el mes de mayo 1.800 millones de euros para poner al día las operaciones pendientes desde el 14 de marzo
Se comprometen además a ejercer su competencia de mediación gratuita
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha propuesto al Ministerio de Justicia un paquete de 13 medidas de impacto, además de otras específicas de cada orden jurisdiccional, que contribuirán al debido servicio público de la Justicia, de manera más ágil y eficiente, en el escenario post-crisis del Coronavirus.
Desde el CNLAJ se ha insistido en que el Gobierno no debe olvidar que en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia están interesados e implicados muchos colectivos que deben actuar de forma coordinada para lograr una justicia eficaz y rápida. Por ende, desde el Colegio Nacional se entiende que el Ministerio de Justicia debe atender las aportaciones de los Letrados de la Administración de Justicia en su calidad de Directores de las oficinas judiciales, directores del proceso judicial y fedatarios públicos.
Teniendo en cuenta que algunas de las medidas propuestas deberán tener una permanencia en el tiempo, otras adoptarse de manera inmediata y otras en medio plazo, todas pretenden agilizar la respuesta de la Justicia, reintegrar a la sociedad recursos necesarios para mejorar la situación económica, optimizar recursos humanos y materiales y modernizar la prestación.
Entre el paquete de medidas desde el CNLAJ se ha destacado el plan de choque para la agilización de los pagos judiciales. El año pasado emitimos 4.500.000 ordenes de pago por un importe de 7.500 millones de euros.
Se pagaron en dos meses y medio 1.800.000.000. Los Letrados de la Administración de Justicia nos comprometemos a hacer este año en un solo mes una vez se levanten las medidas, órdenes de pago por 1.800 millones de euros con el debido plan de actuación que pasa ineludiblemente por el refuerzo de equipos de Letradosde Justicia para agilizar la devolución de cantidades depositadas en la cuenta de consignaciones judiciales reactivando, así, la economía española.
Del mismo modo, desde el CNLAJ se ha propuesto la creación de equipos funcionales transversales (Juez, Letrados de Justicia y funcionarios) de refuerzo, cinco días a la semana, para adelantar las celebraciones de juicios y sentencia de los reseñalamientos (juicios que estaban señalados en agenda y han tenido que suspenderse). Desde el Colegio Nacional se ha planteado la posibilidad de que tales equipos trabajen tanto de mañana y tarde como durante el mes de agosto, siempre y cuando tanto los turnos, como la habilitación de tal mes, se dediquen exclusivamente a la celebración de vistas suspendidas. Un planteamiento que obligatoriamente también pasa por el refuerzo de los Letrados de Justicia, que son los que atienden los señalamientos, por medio de sustituciones, comisiones de servicio, etc para posibilitar que las medidas sean efectivas, y pudiéndose dedicar los juzgados a la reactivación de los procesos suspendidos.
Además, el CNLAJ ha apostado por equipos funcionales de Letrados de Justicia que asuman tanto los procesos monitorios (reclamaciones económicas rápidas) que representan el 51% de la carga de trabajo, como que ejerzan de manera gratuita su competencia de conciliación y mediación en todos los asuntos de cara a evitar al ciudadano un pleito costoso y largo, éxito que ya están consiguiendo los Letrados de Justicia en el 50% de las demandas laborales.
Otra de las medidas propuestas responden directamente a la modernización de la Justicia. El CNLAJ ha planteado múltiples actuaciones de carácter tecnológico resaltando el uso de medios digitales para las comunicaciones (correos electrónicos, sms, whatsapp, …) así como la implantación de la sede electrónica para la ciudadanía lo que supondría la agilización de notificaciones y citaciones. Todo esto, en esencia, aceleraría el reseñalamiento de los juicios suspendidos. Además, el Colegio Nacional no se ha olvidado de las medidas que condicionan la actividad judicial como el teletrabajo y la transferencia como medio principal, casi exclusiva, y preferente para los pagos judiciales.
Desde el Colegio Nacional se ha recordado que la colaboración con los colectivos de abogados, procuradores, graduados sociales es esencial y en estos momentos aún más relevante.
El presidente del Colegio Nacional de Letrados de Justicia, Rafael Lara ha hecho hincapié en la obligada puesta en marcha de soluciones inmediatas, “ya que el reinicio de la actividad de la Administración de Justicia, aunque se prevea paulatina por las evidentes recomendaciones sanitarias, a partir del mes de junio , supondrá la entrada masiva de escritos, demandas y peticiones, y la reactivación de aquello que se vio necesariamente suspendido por las determinaciones del Gobierno” a lo que hay que sumar el incremento de asuntos derivados de las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma. Lara ha insistido en la necesidad de preparar desde ya mecanismos organizativos y legales “que permitan un reinicio de la actividad ordenada y ágil coordinando todas las fuerzas y colectivos implicados.
Finalmente el Presidente del CNLAJ ha planteado medidas organizativas urgentes “que eviten la descoordinación que hemos vivido estos días”. Lara ha ofrecido como solución “el despliegue de la estructura de la Nueva Oficina Judicial en todo el territorio nacional, pero de manera inmediata la potenciación de los Servicios Comunes Generales en la medida en la que son el centro que debe realizar el control y cribado de todo lo que entre y salga en los Juzgados y Tribunales” y para eso volcarán su trabajo si se les dan los medios necesarios por parte del Ministerio de Justicia.
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