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BOE núm. 87 de 29 de Marzo de 2020
confilegal.com
“La normativa de Prevención de Riesgos Laborales”, “para ser claros y directos”, “no es de aplicación al supuesto que nos ocupa de emergencia sanitaria bajo un estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación y respaldado por las Cortes Españolas”.
Con esta contundencia ha contestado el magistrado Antonio Seoane García, titular del Juzgado de lo Social 34 de Madrid, al Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que había solicitado unas medidas cautelarísimas el pasado 28 de marzo.
“Debo rechazar de plano la solicitud de medias cautelares inaudita parte presentada por la representacion procesal del Sindicato Unificado de Policía”, dicta el magistrado al final de su auto desestimatorio, inusitadamente duro y conciso, en el que se dicen cosas que no se suelen leer a menudo en escritos legales.
En el mismo, Seoane le da un fuerte revolcón al SUP al considerar que en su petición ni hay apariencia de buen derecho, ni concurren razones de urgencia ni la solicitud presentada es congruente.
Sobre el primer concepto, la apariencia de buen derecho, el magistrado explica que “en los estados de alarma, excepción o guerra, los servicios esenciales están publificados, no son sólo servicios al empleador sino a la población y son las autoridades gestoras de la crisis las que deben proveer a dotar de equipos de protección, siempre en la medida de sus posibilidades. No es imaginable que en situación de guerra los Sindicatos pidan judicialmente que se construyan refugios antiaéreos u hospitales de campaña o que se proporcionen balas a los soldados para evitar más muertes”.
Y añade: “Malamente podemos concluir la concurrencia del ‘boni iuris fumus’ (apariencia de buen derecho) cuando se nos oculta en qué ha consistido la vulneración que se imputa a la Dirección General de la Policía, si se ha cometido por dolo o por negliencia y qué derechos constitucionales se invocan”.
En la demanda no se dice que tras la falta de provisión de equipos haya intencionalidad o negligencia punible. “Sólo que carecen, no sabemos en qué medida, de los equipos deseados”.
“Se habla del riesgo de los Policías en abstracto como si todos los policías realizaran las mismas funciones y sufrieran la misma exposición. O necesitaran los mismos equipos de protección (todos los que se enumeran: pruebas para detectar el covid-19 a todos los funcionarios; gafas de protección, pantallas, viseras…; mascarillas FPP2 y FPP3; Batas, mandiles y otra ropa de protección total del cuerpo; guantes de seguridad; mamparas de seguridad; contenedores específicos para residuos con riesgo biológico)”, añade.
“Olvida que el problema de faltas de equipos de protección no es exclusivo de la Policía sino que afecta con carácter general a todos los empleados públicos que desempeñan, desempeñamos, servicios esenciales. Que hay personal más gravemente expuesto. Que ante la carencia de material para todos el Gobierno de la Nación debe priorizar servicios, territorios, grupos sociales…“, señala.
El magistrado Seoane ironiza sobre la petición de las medidas cautelares, que no tienen como finalidad “el salvamento de la Humanidad o el Universo, ya nos gustaría, sino el mucho más modesto de asegurar anticipadamente lo resuelto en un procedimiento judicial”.
“No hay razones de urgencia para medidas cautelares, menos aún para cautelarísimas, cuando hay posibilidad de obtener una pronta resolución sobre el fondo del procedimiento principal“, afirma.
“A todo esto resulta que la urgencia justificadora de la adopción de las medidas no se contiene, ni tampoco el plus de urgencia que justificaría la adopción inaudita parte”.
Seoane recuerda que el objeto típico de la sentencia en materia de vulneración de derechos fundamentales es lo que establece el artículo 182 de la ley reguladora. Lo “que no guarda conexión alguna con la medida interesada. Ese contenido es evadido por la solicitud que lo da por supuesto y pasa directamente a solicitar medidas de ejecución que, por tanto, carecen de soporte“.
Y es aquí, donde el titular del Juzgado de lo Social aprieta el acelerador de los reproches al SUP.
Le dice que ha recurrido a pedir medidas cautelarísimas “como atajo para obtener pronunciamientos meramente declarativos sin un claro objeto o finalidad y sin oposición y debate, es decir, sin dar oportunidad de defensa al/los demandado/s”, y le explica que lo ha planteado mal.
“Olvida que el problema de faltas de equipos de protección no es exclusivo de la Policía sino que afecta con carácter general a todos los empleados públicos que desempeñan, desempeñamos, servicios esenciales. Que hay personal más gravemente expuesto. Que ante la carencia de material para todos el Gobierno de la Nación debe priorizar servicios, territorios, grupos sociales…”, explica.
No hay ninguna concreción en los hechos, salvo los hechos notorios conocidos por todos.
El magistrado reprende el planteamiento legal del SUP y se refiere a los autos de otros compañeros, con el contrasentido que suponen sus decisiones.
“Ni se nos solicita una medida prevista legalmente ni una medida eficaz para asegurar la efectividad de la tutela. De hecho, los Juzgados que anteriormente han acordado medidas cautelares ahora se ven en el contrasentido de tener que ejecutar por vía de requerimiento. O sea requerir y volver a requerir hasta el requerimiento final en un círculo vicioso imposible de romper”.
Agrega: “No creemos que ante la situación actual el requerimiento que un Juzgado pueda hacer a la Dirección General de la Policía, aporte nada al requerimiento moral que cada día se estarán efectuando los mandos policiales al comprobar las deficiencias en que seguramente han de trabajar los hombres y mujeres de que son responsables. Entre otras cosas porque ellos también están expuestos y serían beneficiarios”.
El titular del Juzgado de lo Social 34 de Madrid, suscribe que la competencia jurisdiccional objetiva sobre protección de riesgos laborales corresponde al orden social.
Pero esto es una emergencia sanitaria, lo que cambia las cosas.
“Bajo un estado de alerta en que la dirección suprema incumbe al Gobierno de la Nación, investido de toda la auctoritas y el imperium que le corresponde. Entendemos que lo que se está haciendo, también por los demandantes es impugnar resoluciones administrativas del Gobierno o imponer al Gobierno decisiones administrativas, por la puerta de atrás”, escribe.
“Es decir, mediante la utilización de unas reclamaciones judiciales huecas, carentes de cualquier contenido. No estamos, reiteramos, ante un litigio empleador/empleado, sino ante un conflicto entre Estado/empleado en el desempeño de servicio esencial a la Comunidad. La exposición al riesgo desborda el marco laboral para alcanzar a los ancianos en las residencias de general o internos en residencias, a los parados, a los autónomos, a los políticos, etc. Y las medidas preventivas también el marco del centro de trabajo, para alcanzar los transportes públicos, los comercios, los centros de ocio y cultura, la calle, los domicilios, etc.”.
La competencia, por lo tanto, sería de la jurisdicción contencioso-administrativa.
“La solicitud incluso desbordaría ese marco para invadir la jurisdicción militar ya que en la Súplica se pide no sólo en nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad sino también de ‘las fuerzas armadas’”, apunta el magistrado.
Aunque también podría corresponder a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, porque se estaría ante un conflicto colectivo que afectaría a todo el territorio nacional. No obstante, Seoane ve un problema de legitimación activa porque el SUP no podría actuar en virtud de su representatidad sindical sino de su apoderamiento por los individuos o colectivos concretos afectados, que no comprenderían a las fuerzas armadas.
Es una pregunta que se hace, finalmente, el titular del Juzgado de lo Social 34.
“Sorprende igualmente que no sean los Sindicatos de clase mayoritarios del país (CCOO, UGT,CGT,CSIF…), los más representativos y aquéllos que posiblemente representen a más trabajadores en esta deficiente situación los que planteen tales medidas sino Sindicatos, legítimos, “de franja” defensores de los intereses corporativos, alguno de ellos con unas cuotas de representación minoritaria en sus respetivos cuerpos funcionariales, otros con opciones ideológicas, igualmente legítimas, en clara oposición al color del Gobierno. Incluso Sindicatos corporativos que otrora defendían la Sanidad privada, los recortes a la Sanidad Pública y la compatibilidad de los sanitarios de la Pública con la Privada”, desnuda su pensamiento el magistrado.
Continúa: “Todo ello nos hace sospechar que pudiéramos estar dispendiando servicios esenciales en atender solicitudes apodícticas, imposibles e inútiles para que determinados Sindicatos den satisfacción a su electorado real o posible, para utilizarlos como arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación, pasando por alto que en estas situaciones calamitosas es necesaria la unidad de dirección y que tras el que dirige hemos de situarnos todos sin reservas ni conjunciones adversativas (mas, pero, empero, sino, aunque…) o locuciones adversativas (como sin embargo, no obstante, antes bien, etc.) En ello radica el auténtico patriotismo. Unicamente recordar que en situación de guerra, en la que afortunadamente no estamos, los ‘quintacolumnistas’, los desinformadores, los que desmoralizan y desmotivan a la población civil son condenados por traición a las más graves penas por connivencia con el enemigo”.
“No hay en el ejercicio de estas solicitudes elemento jurisdiccional alguno”, remacha el magistrado.
«BOE» núm. 91, de 1 de abril de 2020, páginas 27885 a 27972 (88 págs.)
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La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha publicado en su web el procedimiento excepcional a seguir para la obtención de NIF por entidades de forma no presencial durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Para facilitar la gestión de la obtención de un NIF provisional durante el tiempo que se mantenga el estado de alarma, se ha desarrollado un sistema que permite prestar el servicio a los ciudadanos, sin necesidad de que deban efectuar la gestión presencialmente ni vean mermadas las garantías exigidas por la norma.
La presentación de la solicitud de asignación de NIF provisional a entidades sin exigir su personación en oficina, se admitirá en el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria, en el tramite creado al efecto en su sede electrónica.
Puede consultar el procedimiento a través de este enlance.
Este 1 de abril arranca la Campaña de la Renta 2019, y todo apunta a que miles de contribuyentes van a aprovechar a presentar la declaración de forma telemática en los próximos días para recibir el ingreso de la Agencia Tributaria lo antes posible.
Ahora bien, antes de presentar la declaración, los declarantes deben revisar todos los datos que incluye el fisco incluye en el borrador, ya que es una simple propuesta que no tiene en cuenta posibles cambios en su situación personal o familiar o que puede incluir datos erróneos en lo referente a aportaciones, así como no incluir deducciones a las que se pueden acoger.
Y dentro de la batería de datos que incluye el borrador, Hacienda recomienda repasar con lupa algunos de ellos, que habrá que modificar si no son correctos:
Además de revisar los datos económicos, el contribuyente debe comprobar que los de carácter personal estén correctos. En concreto, la fecha de nacimiento, el NIF y el domicilio fiscal. Y en este apartado hay novedades en la campaña de este año: se simplifica la identificación del domicilio fiscal del contribuyente, que este año se realizará de forma separada al resto de la declaración. Todos los contribuyentes tendrán que ratificar o modificar su domicilio fiscal la primera vez que accedan a la AEAT en cualquier formato y para consultar cualquier información (como consultar los datos fiscales, usar la app de Hacienda, pedir cita previa, acceder a los expedientes… )
Es necesario cambiar los datos en el caso de que hayan cambiado las circunstancias familiares. Por ejemplo, si el contribuyente se ha casado o se ha quedado viudo, o si ha tenido algún hijo. En este sentido, también debe tener en cuenta que existen varias deducciones relacionadas con la familia, como la deducción por maternidad/paternidad, las deducciones familiares por descendiente/ascendiente discapacitado, por familia numerosa o por cónyuge no separado legalmente con discapacidad. Todas estas deducciones son de 1.200 euros anuales, aunque se amplían en determinados casos.
Si tienes derecho a aplicarte alguna deducción y no figura en el borrador, puedes consignarla en las casillas correspondientes a tu comunidad autónoma. Recuerda que hay muchas deducciones disponibles, aunque es necesario cumplir los requisitos establecidos.
Los contribuyentes que tengan derecho a aplicarse el régimen transitorio (es decir, si compraste tu vivienda o aportaste cantidades para su construcción antes del 1 de enero de 2013) deben comprobar la información de los préstamos hipotecarios que aparecen en tus datos fiscales. Esta bonificación es del 15% de las cantidades aportadas durante 2019, hasta un máximo de 9.040 euros. Esto significa que se pueden recuperar 1.356 euros en cada ejercicio fiscal.
También sigue vigente esta bonificación para los que firmaron el contrato de alquiler antes del 1 de enero de 2015 y cumplen las condiciones para aplicarte la deducción. La deducción estatal para esos casos es del 10,05% de las cantidades pagadas, siempre que la base imponible del contribuyente sea inferior a 24.020 euros. Y la mayoría de las autonomías también ofrece deducciones, sobre todo a los jóvenes, los mayores y los discapacitados con rentas bajas.
Los contribuyentes que durante el año pasado pagaron donativos o cuotas sindicales, deben revisar que aparezcan las cantidades pagadas y las deducciones aportadas. En el caso de las aportaciones a sindicatos, la deducción puede suponer un ahorro en la cuota anual sindical de entre un 20-35% según los casos, mientras que las donaciones a entidades sin ánimo de lucro están bonificadas en un 75% para los primeros 150 euros, y en un 30% para las cantidades superiores, hasta un máximo del 10% de la base liquidable del contribuyente.
Los contribuyentes que hayan realizado aportaciones a su plan de pensiones deben comprobar que figuran y que además son correctas. La aportación máxima anual es de 8.000 euros, cantidad que, según el Sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha), garantiza un ahorro fiscal adicional de unos 1.870 euros de media, aunque hay variaciones en función de los ingresos y la comunidad autónoma de residencia del contribuyente.
Hacienda hace hincapié en la necesidad de revisar estos datos. Una forma de comprobar que son correctos es consultar el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (el famoso IBI), llamar al Catastro (902 37 36 35) o acceder a la sede electrónica del Catastro. Además, recordemos que otra de las novedades de este año es la forma de declarar los inmuebles, que se podrán visualizar de forma más sencilla y en un único apartado. [Consulta más información]
El cambio debe realizarse a través Renta Web, la herramienta online para presentar la declaración. También es posible actualizarlo llamando por teléfono a la oficina de atención al contribuyente (de lunes a viernes de 9 a 21 horas) al teléfono 901 200 345/ 91 535 68 13, pero siempre que se trate de alguna de las siguientes rentas: rendimientos del trabajo, rendimientos de capital mobiliario, imputación de rentas inmobiliarias, régimen de atribución de rentas (capital mobiliario e inmobiliario) o ganancias y pérdidas patrimoniales (de participaciones en instituciones de inversión colectiva con retención o las no derivadas de transmisiones).
Otra alternativa es pedir cita previa para acudir a confeccionar la declaración a una oficina de la Agencia Tributaria. A pesar de la crisis del coronavirus y el confinamiento, de momento el calendario sitúa el 7 de mayo como el primer día para poder pedir las citas y el 13 de mayo para el inicio de la campaña presencial. Se puede pedir cita previa por Internet o en los teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71 (lunes a viernes de 9 a 19 horas).
