La ley catalana 24/2015 sobre la pobreza energética obliga a las empresas de suministro a solicitar, antes de cortar la luz, el agua o el gas de un hogar, un informe preceptivo a los servicios sociales municipales para determinar si se trata de una familia en riesgo de vulnerabilidad.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 15 de Barcelona ha condenado a la compañía de suministro eléctrico Endesa Energía XXI, SLU, a pagar 10.001 euros al Ayuntamiento de Barcelona por la vulneración grave de la ley.
Es el primer juicio de los expedientes sancionadores interpuestos en los últimos años que gana el Consistorio. La ley establece que las infracciones graves pueden comportar multas desde 10.001 hasta 100.000 euros.
Actualmente, el Ayuntamiento de Barcelona tiene cerrados nueve expedientes sancionadores a compañías suministradoras de luz, agua o gas, con sanciones de 30.000 euros cada uno, y tiene 19 más en trámite.
La vía judicial forma parte del conjunto de medidas que el Consistorio aplica para defender los derechos energéticos de los vecinos y vecinas de la ciudad.
Servicios en defensa de los derechos energéticos
Durante los últimos años se han puesto en marcha protocolos de detección de pobreza energética con los servicios municipales y también con los Bomberos de Barcelona, y se han abierto once puntos de asesoramiento energético, que ofrecen una atención personalizada para reducir el gasto en luz, agua y gas, optimizar los servicios, mejorar la eficiencia energética del hogar y hacer gestiones con las compañías.
Desde que abrieron, en enero del 2017, los puntos de asesoramiento energético han atendido a casi 88.000 personas, han evitado cerca de 32.500 cortes de suministro y han generado un ahorro de 195.000 euros en las facturas de la ciudadanía.
Las personas que no pueden pagar las facturas de luz, de agua o de gas, así como las que necesitan orientación o acompañamiento para hacer trámites, pueden dirigirse al punto de asesoramiento energético más próximo a su domicilio.
Definitivamente en Gipuzkoa, y en concreto en San Sebastián, un inquilino no paga por el qué, sino por el dónde. A diferencia de lo que sucede en los territorios vecinos, en la capital guipuzcoana el precio medio de alquiler residencial es de 1.300 euros al mes (1.200 euros en Gipuzkoa), la más cara de Euskadi. De cerca le sigue Getxo, con 1.291 euros mensuales, Irun (1.105 euros), Bilbao (1.076 euros) y Vitoria (1.070). Pero lejos de que el estudio elaborado por el Observatorio vasco de Vivienda corrobore ‘solo’ que San Sebastián es una ciudad cara, revela además que Gipuzkoa es el territorio con la superficie media más pequeña de Euskadi, con 84,7 metros cuadrados, por debajo incluso de la media vasca que se sitúa en los 89,4 m2. Álava lidera la tabla con 97,9 metros cuadrados de media y Bizkaia se sitúa en los 90,4 m2.
No obstante, si el foco se coloca en la capacidad media que tienen las viviendas para alojar turistas, el territorio guipuzcoano está dentro de la media, con posibilidad de que duerman en cada inmueble un promedio de 5 personas. Por localidades, San Sebastián es donde se encuentran las viviendas de mayor capacidad (4,1 personas por vivienda), frente a las 3,5 de Vitoria y las 3,4 de Bilbao. Casos como el de Hondarribia o Zumaia destacan por estar por encima de la media pudiendo alojar a 5,2 y 4,9, respectivamente.
En cuanto al ranking de la tarifa por noche en este tipo de alojamientos, el informe confirma lo que ya se sabe, que San Sebastián es la ciudad más cara para reservar un piso turístico, ya que se abona de media 178 euros por noche, seguida de Hondarribia (149,5), Getxo (139,7), Zarautz (139,3), Bilbao (137,5) y Vitoria (107).
El informe añade además que desde el Colegio de Administradores de Fincas indican que en general el turista que recurre a estos pisos es «de ‘alto standing’ y mayoritariamente familiar, que no suele generar problemas en el vecindario». En todo caso, subrayan, serían las viviendas no regladas «las que suelen provocar más problemas derivados de una sobreocupación y falta de control».
Berkshire Hathaway HomeServices, red de franquicias de mediación inmobiliaria del grupo del magnate Warrent Buffet, ha desembarcado en España para comercializar viviendas de lujo, según ha informado la compañía.
La firma entra en el mercado español en alianza con Larvia, consultora inmobiliaria del grupo Petrus, propiedad de la familia Rabassa.
En virtud de la alianza, Larvia pasará a denominarse Berkshire Hathaway HomeServices Larvia y abordará un plan de expansión con el que prevé duplicar el tamaño que actualmente tiene en Madrid y Barcelona durante 2020 y, posteriormente, posicionarse en otros «mercados estratégicos» del país.
En el marco de esta estrategia de crecimiento, la nueva sociedad conjunta de las dos firmas lanzará una «agresiva campaña de contratación» para «atraer a los mejores agentes inmobiliarios del mercado».
El presidente de la filial de comercialización de viviendas del grupo de Buffet, Gino Blefari, asegura en un comunicado que «España siempre ha sido un objetivo prioritario en la expansión de la firma».
«Se trata de un país estratégico del comercio y el turismo global, y el objetivo de muchos clientes europeos y latinoamericanos», añade.
Desembarco europeo
Berkshire Hathaway HomeServices desembarca en España después de que en el último año y medio se posicionara en Berlín, Londres, Milán y Dubai, también de la mano de socios locales.
La agencia inmobiliaria de la corporación de Warrent Buffet cuenta con 1.400 oficinas y unos 50.000 agentesrepartidos en todo el mundo que, en el ejercicio 2018, cerraron ventas por 114.500 millones de dólares (101.780 millones de euros).
Buffet se suma así ahora al listado de grandes fondos e inversores internacionales que se han posicionado en el mercado inmobiliario español, actualmente en plena fase de crecimiento.
En este sentido, el consejero delegado de Larvia, Bruno Rabassa, destacó que actualmente se da el momento idóneo para aliarse a la firma de Buffet.
«El mercado inmobiliario español se ha recuperado de la crisis y continúa creciendo», indicó Rabassa. «Además, España sigue siendo uno de los principales destinos europeos, al registrar una elevada demanda de inversores de todas las partes del mundo», añadió.
Piscina en una urbanización en la localidad de Seseña, en Toledo. getty images
Cuando aprieta el calor, el debate sobre si poner o no una piscina en la finca se vuelve más encarnizado. Cada año, en esta época, la imaginación de los vecinos se dispara y se visualizan en bañador y chanclas. Ninguna decisión tomada en junta de vecinos resulta un paseo, pero en el caso de las piscinas, la cosa se complica. El principal escollo es la votación para que salga adelante su construcción.
Es una cuestión controvertida que ha sido resuelta de forma distinta por los tribunales: algunos consideran que todos los vecinos deben estar de acuerdo y otros que no es necesaria la unanimidad. «Según la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), al tratarse de una instalación no necesaria, el acuerdo debe aprobarse con el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios y cuotas, esto es, el 60%», explica Isabel Bajo, presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). Las sentencias de algunas Audiencias Provinciales dan por válida esta proporción de votos.
Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo del 9 de octubre de 2008 declara como doctrina jurisprudencial que la «construcción de una piscina, al modificar un elemento común o hacerlo inservible para otro uso, requiere unanimidad, siendo insuficiente la regla de los tres quintos para su aprobación», precisa Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE). Al sentar jurisprudencia, toda piscina nueva debería requerir la unanimidad de los vecinos, pero en la práctica esto no siempre es así.
En este mar de incertidumbre se mueven los vecinos y, sobre todo, los administradores de fincas. En una de las urbanizaciones que gestiona Carlos Torres en Cobeña (Madrid) se aprobó la construcción de la piscina, de 15 por 10 metros, el pasado año por las tres quintas partes de los vecinos. Han decidido acogerse a lo que dice la LPH. Este verano estrenan la instalación, por la que cada propietario debe pagar unos 2.500 euros. Algo más tendrán que esperar los vecinos de la comunidad que administra en Móstoles Federico Cerrato, de la empresa Fisconta. Su construcción se acaba de aprobar por las tres quintas partes. Ahora están valorando presupuestos. «De 112 vecinos, 81 han dicho que sí, por lo que el proyecto lo pagan los que participan en él», argumenta el administrador. El coste final de la piscina, de 18 por 8 metros, asciende a 168.000 euros y cada vecino debe abonar unos 2.100 euros. «Es un tema que suscita controversia, sobre todo, entre los que quieren piscina a toda costa y los que no quieren perder parte del uso del terreno que es comunitario o plantean que produciría ruidos durante las siestas de verano», dice Cerrato.
Una vez votada la construcción, el problema está en saber quién paga la piscina. Si ha salido adelante con el voto de las tres quintas partes, solo la costean esos vecinos que votan a favor. El resto no tiene obligación de abonarla, ya que el coste de la instalación supera las tres mensualidades de cuotas ordinarias. Ahora bien, tampoco pueden hacer uso de la piscina, aunque sí de la zona de césped. «La LPH establece diferencias entre las obras necesarias, obligatorias y las de mejora. Si la piscina que se instala se considera de mejora, solo se exigiría las tres quintas partes y en este caso puede impedirse la entrada a los vecinos que no han pagado», dice Díez. Para evitar su entrada se puede instalar un sistema de control de acceso. Algunas comunidades dan tarjetas a los propietarios e, incluso, pueden poner precio a la entrada de los vecinos disidentes. Si después se arrepienten y deciden pagar la instalación, pueden hacerlo, algo bastante habitual. En cualquier caso, siempre pueden impugnar ante un tribunal la decisión de su comunidad para declarar nulo el acuerdo.
Las motivaciones de los vecinos para instalar una piscina no suelen ser económicas y eso que revaloriza las viviendas entre un 7% y un 10%, comenta Bajo. Su objetivo es el de disfrutar de una zona al aire libre (calidad de vida, hacer ejercicio…) sin salir de casa, sobre todo cuando hay niños. Ahora bien, no hay que olvidar los gastos de mantenimiento y los costes derivados del servicio del socorrista. La normativa varía por regiones: en la de Madrid, por ejemplo, es obligatoria la contratación de socorristas a partir de 31 viviendas.
Crece la demanda
La demanda de piscinas comunitarias está ayudando al sector, cuya facturación aumentó un 5,45% en 2018, según la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Equipos y Productos Químicos, Mantenedores y Constructores de Piscinas (ASOFAP). En España existen 1,3 millones de instalaciones, de las que 82.000 son comunitarias. El 95% son de obra, hechas de hormigón gunitado —se proyecta hormigón sobre una superficie—. En cuanto al revestimiento, cerca del 92% utilizan gresite o cerámica, comentan en Fluidra, empresa fabricante de sistemas y componentes para piscinas.
Para fincas y piscinas pequeñas, las mejores opciones son las prefabricadas y desmontables. En el caso de las primeras, la forma y conexiones vienen ya de fábrica en una sola pieza y solo se requiere hacer la excavación del hueco. «Cuestan unos 9.000 euros, un 30% menos que las piscinas de obra», indican en el portal de reformas Habitissimo. Si no se pueden hacer perforaciones, las desmontables son la mejor solución, aunque son más comunes en unifamiliares. Los precios se mueven entre 1.500 y 5.000 euros, calculan en el portal. Cada vez más populares son las piscinas de cloración salina. «En España, la mayoría utiliza productos clásicos como el cloro, mientras que entre el 15% y el 20% emplea electrolisis de sal, aunque la tecnología salina está muy de moda y cada vez más extendida», dicen en Fluidra. No se producen irritaciones en los ojos y se reduce la sequedad de la piel. Además, el mantenimiento es menor.
El coste de mantener una piscina
Los trabajos de mantenimiento incluyen la revisión de fugas, limpieza del vaso de la piscina, revisión del PH… Los precios pueden ir desde los 105 euros que cuesta la cloración y desinfección de la piscina a los 1.200 euros, que también incluiría llenado o limpieza, dicen en Habitissimo. El mantenimiento durante toda la temporada de verano para una instalación de 100 metros cuadrados de lámina de agua cuesta a partir de 3.000 euros, comenta Salvador Díez. En cuanto al ahorro de agua, existen diversas opciones que pasan por la utilización de cubiertas para evitar la evaporación o los productos para preparar la piscina para el invierno y no tener que desperdiciar el agua. También, los productos químicos de desinfección para prolongar su vida útil o las bombas de velocidad variable, comentan en Fluidra.
Barcelona sigue siendo la ciudad más cara, pero Madrid se le acerca tras encadenar cinco meses consecutivos de subidas en la primera mitad del año, según el índice de precios de oferta de Idealista
Cartel de alquiler de una vivienda en Madrid. DAVID G. FOLGUEIRAS
El precio del alquiler en España se situó en junio en una media de 11 euros por metro cuadrado, superando su máximo histórico por séptimo trimestre consecutivo. Esa cifra supone que entre abril y junio las rentas crecieron un 2,8%, lo que supone una leve aceleración respecto al aumento del 2,4% que experimentaron en el primer trimestre del año. Así, hasta 25 capitales de provincia se encontraban en junio con los alquileres en su máximo histórico, según los datos del portal Idealista, que no refleja el precio final al que se cierran las operaciones (puesto que suele haber negociación entre propietarios e inquilinos) sino los precios de oferta que los arrendadores publican en la web.
Entre esas 25 ciudades se encuentra Madrid, que tras encadenar subidas en cinco de los seis primeros meses del año (en enero los precios se quedaron planos), se acerca más que nunca a Barcelona. En la capital el alquiler medio se sitúa en 16,1 euros por metro cuadrado mientras que en la ciudad catalana, que es la más cara de toda España, valen 16,5 euros por metro cuadrado. El acercamiento también se observa al analizar la variación interanual de precios en ambas metrópolis: mientras en la primera han crecido un 4,2% entre junio de 2018 y junio de 2019, en la segunda lo han hecho un 1,4%. En cualquier caso, Madrid sigue la senda de moderación que Barcelona lleva meses mostrando, ya que ese 4,2% de crecimiento interanual es el más bajo desde mayo de 2015 y hace solo un año seguía con aumentos a dos dígitos.
Ambas ciudades quedan, además, por debajo del crecimiento de precios del conjunto de España, que fue del 7,1% en el último año. En otras palabras, parece que de momento ha pasado el tiempo en que Madrid y Barcelona tiraban al alza de los precios, aunque ahora son otras ciudades de menor tamaño las que, tras años de estancamiento o bajadas, se han contagiado de esa espiral alcista y toman el relevo. Teruel (19,3%), Castellón (17%) y Ávila (14,9%) son las capitales donde más han subido los precios en el último año. Entre los diez municipios más poblados de España, solo Valencia y Murcia crecen por encima de la media.
Ciudades y comunidades en máximos
Murcia es precisamente una de las 25 capitales de provincia donde el alquiler acabó junio en su precio más alto de la serie histórica de Idealista, que arrancó en 2006 para la estadística nacional pero en algunas ciudades solo recoge datos desde después de la burbuja. Le acompañan en esa lista Almería, Granada, Huelva, Sevilla, Huesca, Teruel, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Segovia, Valladolid, Guadalajara, Toledo, Tarragona, Castellón, Vitoria, Badajoz, A Coruña, Ourense, Logroño, Madrid y Pamplona.
En el extremo opuesto se encuentra Ceuta, donde los precios de oferta son todavía un 20,6% inferiores al máximo registrado, que fue en marzo de 2012. Le siguen Ciudad Real (un 15,8% menos que en diciembre de 2010) y Melilla (un 10,9% menos que en junio de 2013).
Por comunidades autónomas, teniendo en cuenta no solo los precios de sus principales ciudades sino del conjunto de municipios, en seis la media de precios se encontraba al acabar junio en su máximo histórico. Son Madrid, Cataluña, Canarias, Castilla y León, País Vasco y Navarra. Por el contrario, en Cantabria (-40,5%), Asturias (-33,8%) y Galicia (-25,6%) los alquileres todavía se encuentran muy por debajo de sus máximos históricos, que en los tres casos se registraron antes del estallido de la burbuja.
A lo largo de su vida, un español tendrá que (o debería) asistir a decenas de juntas de vecinos. Unas veces será para que le pidan una derrama. Otras para acometer obras. Y unas más para cambiar a la junta directiva. Pues bien, en todos los casos, en todas las juntas y en todas las comunidades españolas, siempre sobresalen ciertos personajes singulares. ¿Los reconocen?
El desconfiado. Cuando llega el momento de la votación, siempre vota ‘No’. Da lo mismo si se trata de una rampa para el acceso de los mayores a las escaleras, una derrama o cambiar de socorrista. Esta clase de personajes son desconfiados por naturaleza y son felices fastidiando a los demás. Pero llega un día en que él es ‘el viejito’ que necesita una rampa y entonces… es la venganza de los vecinos.
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El paranoico. Este personaje piensa que el vecindario le odia por alguna razón desconocida y siempre sobresale en las juntas increpando a otros vecinos “porque sé lo que andas diciendo por ahí”. Este es el vecino que siempre acaba levantándose de su silla e insultando a otro vecino. Son los que convierten las juntas en acontecimientos desagradables.
La histérica. Tienen la voz muy chillona y solo van a las juntas a esperar la oportunidad para chillar. Sobresale cuando alguien hace una propuesta porque aprovecha el momento para gritar cosas como “¡tú eres un moroso así que mejor cállate!”, “¡pues es hora de que quites el trastero porque no está permitido”, o “¿ah sí? ¿Me lo estás diciendo a mí tú que has robado hasta las antenas de algunos coches?”.
El intrigante. Es el individuo que va repartiendo folletos entre los vecinos para denunciar extraños manejos ‘de la actual junta directiva’ o ‘del administrador’. En el pasado, este personaje fue presidente de la junta y ahora trata de demostrar que él fue el mejor. Enreda una y otra vez con las cuentas, y pone a unos vecinos contra otros.
El oidor. Encarna a la mayoría silenciosa. Son los vecinos que van, escuchan, votan y luego se retiran a sus casas moviendo la cabeza de un lado para otro y diciéndose en voz baja: “Dios mío, qué pandilla”.
El presidente sin carácter. Muchas veces, se postula para presidente una persona que en su vida no ha sido ni jefe, ni jefecillo, ni jefazo. Entonces encuentra la oportunidad de su vida, en el puesto de presidente (¡por fin!), pero no tiene carácter para controlar en una junta de vecinos al conspirador, a la histérica, al paranoico, al desconfiado…
El moroso. No solo jamás ha pagado la contribución de la comunidad de vecinos, sino que se presenta en las juntas con toda su cara para exigir mejores servicios, echar a los porteros, decir que el socorrista se la pasa todo el día ligando con las chicas, o que la calefacción no funciona.
El administrador ‘sospechoso’. Nadie se fía de cómo lleva las cuentas. Todos creen que mete mano en las caja. Y cada vez que se celebra una junta, siempre hay alguien que quiere cambiar al administrador de fincas porque es ‘sospechoso’. Y el administrador, que se sabe profesional, escucha callado todos los improperios porque ya ha estado en muchas juntas y sabe perfectamente cómo son todos estos ‘personajes’.
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